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Aunque haya asegurado ser, posiblemente, el hombre más preparado de su generación y haberse autonombrado “el mejor Fiscal de la historia”, Francisco Barbosa sale de su periodo en la Fiscalía de Colombia con cifras alarmantes de impunidad en todos los delitos. Por supuesto, las cifras alrededor de las violencias basadas en género (VBG) no son la excepción.
Organizaciones como la Casa de la Mujer y Temblores han solicitado, reiteradamente, que se de atención urgente a este tipo de delitos que, contrario a disminuir, han venido aumentando con los años. En 2023, la Fundación Pares publicó un informe que mostró que en el país ocurre más de un feminicidio al día y que estos, a su vez, alcanzan un 90% de impunidad.
A este llamado también se unió la Procuraduría, que evidenció cómo la violencia sexual contra niñas y adolescentes había aumentado gravemente durante el 2023 superando los 11 mil registros. En su informe, la Procuraduría señala que la mayoría de casos no son procesados por la justicia, aunque se conozca al agresor y, adicionalmente, que el agresor pertenezca al mismo círculo familiar de la víctima.
“Existe un sistema que no facilita la denuncia, que lleva a la revictimización y que, además, expone a la víctima a saber que no será reparada”, asegura Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer. Para Sánchez es vital que exista una reestructuración en la atención y procesamiento de estos delitos: “pues hasta el momento no hemos visto ni una Fiscalía, ni un sistema de justicia que realmente se preocupe por las violencias basadas en género”.
Muchas advertencias y poca acción
No han sido pocas las organizaciones que han advertido el panorama alarmante de las violencias basadas en género en Colombia. En 2023 ONU Mujeres solicitó al Gobierno Nacional, que coordinara las acciones necesarias para reconocer la Violencia de Género contra mujeres en política como un tópico urgente. En la advertencia, esta oficina de las Naciones Unidas advirtió que la violencia contra las mujeres en política no sólo se vivía en espacios de elecciones. Sin embargo, es un delito también marcado por el subregistro y la impunidad, pues aunque es cotidiano, casi ningún caso de este tipo de violencia es atendido.
Tampoco hubo atención suficiente a la violencia intrafamiliar. De acuerdo con la Procuraduría, durante 2023 ocurrieron más de 36 mil registros en todo el país. Sin embargo, estos tampoco fueron resueltos efectivamente. Señalan también que en este delito el 76% de las víctimas son mujeres y que en más del 80% de las ocasiones, el victimario pertenece a su propia familia o círculo más cercano. Por la falta de estructura para la atención, en la mayoría de los casos, las mujeres se ven obligadas a seguir compartiendo con su abusador.
Tampoco hubo atención a los casos de violencia homicida y transfemicida contra la población trans, tampoco la hubo para otros tipos de violencias contra personas LGBT+. El observatorio de Caribe Afirmativo encontró que, para 2022, los casos de asesinatos contra esta comunidad superaron el 90% de impunidad pues, la mayoría, quedaron en proceso de archivo.
Para Sebastián Lanz, codirector de Temblores ONG, buena parte de lo que sucede con la violencia basada en género es que la Fiscalía, más concretamente el Fiscal de turno, no ha querido modificar la manera en que se tipifican este tipo de delitos: “Hemos identificado que los fiscales tipifican estas conductas como simples abusos de poder o como simples injurias por vías de hecho y esto es un factor que aumenta no solamente el nivel de su registro sino consecuentemente también el nivel pues de impunidad de este tipo de delitos”.
¿Una justicia torpe?
Para Lanz, el llamado urgente está en que se entienda que debe existir una Fiscalía que esté comprometida de verdad con: “no solamente investigar y acusar este tipo de conductas, sino con tipificarlas adecuadamente. Tenemos una arquitectura en materia penal bastante amplia, que permite tipificar conductas acorde a los hechos denunciados por parte de las víctimas, pero esto no sucede en la práctica y esto aumenta el nivel de revictimización por parte de los funcionarios hacia las personas que acuden a las instancias legales y jurídicas a denunciar”.
A su voz se une Olga Amparo Sánchez, quien además asegura que la oferta para acceder a las medidas de prevención, protección y denuncia se concentran en las zonas urbanas. Esto no sólo dificulta más que se imparta justicia, sino que, además, no permite tener un panorama ni siquiera cercano a las dimensiones reales de las violencias basadas en género en Colombia.
Lxs representantes de las dos organizaciones están de acuerdo en que es urgente que la nueva Fiscalía centralice la atención a la violencia de género y que, sobre todo, la Corte permita que se dé la elección de la nueva Fiscal. Temblores ha hecho llamados reiterados a que se consolide, y pronto, la elección de la nueva Fiscal: “Nosotros esperamos que exista una elección de Fiscal pronto. Que este nuevo rumbo que tome la Fiscalía se tome en serio y pongan el centro de la mesa los derechos de las víctimas, que las conductas sean tipificadas de manera adecuada y que el ente acusador e investigador pueda llevar a cabo las tareas que constitucionalmente le han sido asignadas para reducir todos los índices de impunidad, reducir el subregistro y también promover de esta forma un Estado de Derecho que tenga como centro los derechos humanos, la justicia y la paz”, asegura Lanz.
¿Y la nueva Fiscal, qué?
No es sólo que la Corte Suprema esté patinando con sus votos para elegir a la nueva Fiscal –esto pese a que, de acuerdo con diversos sectores, las tres mujeres nominadas tienen algunos de los mejores perfiles que se han presentado en la historia para este cargo. Por ejemplo, el llamado hecho por Ana Bejarano, quien aseguró que: “Desde muchos sectores legítimos y respetuosos de la sociedad civil colombiana proviene el justo reclamo de que se elija una nueva fiscal”–.
Es, también, que han ocurrido acusaciones machistas. Ejemplo de esto lo dio Jaime Arrubla, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Bolivariana y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Según Arrubla: “Si a usted le envían una terna de gente muy clara, muy prestante, que conoce el Estado, pues eso facilita, pero cuando le envían una terna de tres señoras que conocen el oficio, pero no nos olvidemos que el Fiscal General de la Nación tiene uno cargo de los más altos cargos de la Nación. No es una persona que va a llevar expedientes, estas tres personas están enseñadas a llevar expedientes”.
Para Olga Amparo Sánchez ese puede ser uno de los principales motivos por los que la Corte ha demorado su decisión –y, desde este 12 de febrero, ha dejado la Fiscalía en manos de Martha Mancera, quien fue la vicefiscal durante el periodo de Barbosa y ha sido fuertemente cuestionada por sus favorecimientos en varios casos de narcotráfico y corrupción política–.
Sánchez considera que las cosas siempre han sido más sencillas cuando los candidatos son hombres y que, en definitiva, la historia sería otra si los candidatos fueran hombres: “Las prácticas y expresiones de patriarcalismo manifiestas con la terna plantean un problema que la sociedad y el Estado colombiano no enfrentan. A las mujeres no se les otorga legitimidad ni autoridad. Siempre tenemos que exigirnos más porque nuestras experiencias, conocimiento, capacidades y habilidades están déficit en relación con la de los varones. Es como si siempre nos faltara algo para llegar a la meta, porque algo nos queda faltando. El referente del conocimiento y de la experiencia es masculino. Me pregunto si el señor Jaime Arrubla hubiera hecho el mismo comentario si la terna fuera de varones con el mismo perfil. Me temo que no”.
