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La estigmatización y criminalización del aborto en Ecuador aumenta el riesgo de procedimientos inseguros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), apróximadamente cada hora, 7 mujeres ecuatorianas se ven forzadas a recurrir a abortos en condiciones desconocidas y riesgosas. . De hecho, la clandestinidad (que no es lo mismo que inseguridad, ojo) tampoco permite conocer con certeza la cifra total de abortos en el país ni las condiciones en que se practican todos.
En abril de 2021, mediante una sentencia, la Corte Constitucional del Ecuador, despenalizó el aborto solo en casos de embarazos resultado de una violación. Hasta ese momento, el aborto solo era permitido por violación a mujeres con alguna “discapacidad mental”. La Corte declaró la inconstitucionalidad por esta frase, considerándola contraria a los derechos de integridad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad e igualdad.
Sin embargo, en Ecuador el aborto consentido sigue siendo un delito castigado con penas de 6 meses a dos año para las mujeres, hombres trans y personas no binarias que decidan abortar. En el caso del personal de salud que practique el aborto consentido, las penas pueden ser de 1 a 3 años de prisión, con las únicas dos excepciones de embarazos causados por violencia sexual y embarazos que impliquen riesgo para la salud de la mujer o persona embarazada.
Para el 2022, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador identificó que cada día, 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por causas relacionadas con el aborto. Y en 2023 la Fiscalía General del Estado señaló que, durante los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido, siendo el 61% de ellas, mujeres.
Una nueva estrategia para despenalizar el aborto en Ecuador
Siguiendo el caso de éxito del Movimiento Causa Justa de Colombia, que logró la despenalización del aborto en su país hasta la semana 24 vía demanda de inconstitucionalidad del delito de aborto, el Movimiento Nacional Justa Libertad interpuso la demanda para eliminar el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece el aborto como delito y y penas de 1 a 3 años en casos de aborto consentido. Para las mujeres que consientan al aborto, las penas van de 6 meses a 2 años. En los casos en la mujer a la que se practique el aborto muera, las penas son de 7 a 10 años de prisión para quien lo practique (con consentimiento).
Justa Libertad nace con el propósito de despenalizar el derecho al aborto en Ecuador más allá de las causales, impulsado por 8 organizaciones sociales de derechos humanos: Surkuna, Las Comadres, Alianza de DDHH, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas. Todas ellas, destacadas por la defensa histórica de derechos humanos y la garantía de los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres en Ecuador. El movimiento también cuenta con el apoyo de líderes de opinión, activistas, artistas y entidades de la comunidad internacional. Al igual que ocurrió en Colombia, la estrategia no solo abarca la demanda de inconstitucionalidad sostenida por múltiples argumentos sólidos, sino toda una articulación nacional creciente y una conversación nacional pública en términos de derechos y salud. Está claro que sin la fuerza de la colectividad y la articulación, no es posible cambiar el marco jurídico y mucho menos el marco cultural.
El Movimiento, además de defender la despenalización total del aborto, también lucha porque se sigan las recomendaciones de los organismos de protección de Derechos Humanos frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el informe “¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir?: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador”, Human Rights Watch (HRW) declaró que la penalización del aborto viola los derechos de las mujeres y niñas y pone “en riesgo su vida y su salud”.
Un día antes de presentar la demanda, el Movimiento se movilizó frente a la Corte Constitucional de Quito, y en simultánea, otras organizaciones lo hicieron en Guayaquil, Cuenca, Machala, Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio como parte de las acciones simbólicas organizadas como parte de la iniciativa que llama a la urgencia por la despenalización.
¡PRIMERO FUERON LAS PIBAS, LUEGO LAS PARCERAS, DESPUÉS LAS MORRAS Y AHORA VIENEN LAS WAMBRAS! ¡AMÉRICA LATINA SERÁ TODA FEMINISTA Y ABORTISTA!
