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El 17 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan de la Corte Este de Distrito de Nueva York sentenció a Genaro García Luna, policía estrella del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por delitos vinculados al narcotráfico. La noticia protagonizó titulares internacionales y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisa las posibilidades de solicitar su extradición. Sin embargo, el futuro del exfuncionario está en el limbo, pues busca la manera de apelar a la decisión ‘argumentando’ falsedad informativa e intereses políticos.
Independientemente de los procesos formales a los que pueda —o no— acceder, algo es cierto: en México ninguna investigación por corrupción de García Luna, sus colaboradores y beneficiarios ha llegado a juicio, como enfatizó el periodista Efra Tzuc (Quinto Elemento Lab).
Tras la sentencia de la Corte y a través de su cuenta de X, el expresidente Felipe Calderón tuvo el descaro de presumir que su necropolítica de ‘seguridad’ —una que dejó más de 70.000 personas asesinadas y más de 17.000 desaparecidas — “tuvo aciertos y errores” y que, pese a haber desestabilizado y recrudecido la violencia en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán, la volvería a implementar.
Con dichas declaraciones, parece que a Calderón y García Luna, su mano derecha y de quien, supuestamente “jamás tuvo evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas”, se les olvida que el periodo entre 2006 y 2012 estuvo marcado por gravísimas vulneraciones a derechos humanos como el asesinato de 72 migrantes (58 hombres, 14 mujeres) de centro y suramérica en Tamaulipas y la ejecución extrajudicial y revictimización de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de ingeniería del Tecnológico de Monterrey.
Esto, sin mencionar que en ese periodo la cifra de periodistas asesinades osciló entre 59 y 101 y que, durante todo el sexenio, activistas y ONG no dejaron de denunciar el aumento excesivo de casos de tortura a manos de las fuerzas armadas, la circulación ilícita de armas, desapariciones, lesiones con armas de fuego y desplazamientos forzados en Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila y Veracruz.
En el estado de excepción calderonista también hubo violencia contra defensores de derechos humanos. Entre 2006 y 2012, 22 personas defensoras y 5 de sus familiares fueron asesinades. Entre la población más vulnerada se encontraban las mujeres defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Impactos diferenciados de la “guerra contra el narcotráfico”: ¿se combatió la violencia contra las mujeres?
A lo largo de la administración calderonista, concretamente a partir de 2007, los homicidios de mujeres crecieron más de 200% y el feminicidio un 155%. Desde 2007 la violencia feminicida también presentó cambios en sus dinámicas: los asesinatos contra mujeres se presentaron con mayor frecuencia en el espacio público y fueron perpetrados con armas de fuego.
En 2010, las mujeres representaron el 54.3% de homicidios con arma de fuego; antes de ese año sólo 3 de cada 10 morían de esa manera, de acuerdo con las organizaciones Intersecta, Data Cívica, EQUIS. Justicia para las mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos.
De la indignante publicación de Calderón, hay un punto en el estamos de acuerdo: se trata de “un equipo completo de gobierno” detrás de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2006 y 2012.
Fue García Luna pero también fue Felipe Calderón; fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal vinculados al crimen organizado. Hasta finales de mayo de 2023, eran 61 los nombres que integraban la red de corrupción y violaciones a derechos humanos.
No olvidamos.
Justicia para las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, necroestrategia que sigue doliendo en cada rincón de México.
