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Fátima y su hermano Daniel pasaron su infancia entre la literatura de fantasía y chistes que inventaban mientras jugaban en el patio de su casa. Cuando no se mecían en el columpio que les construyó Omar, su hermano mayor, platicaban sobre sus sagas favoritas, veían películas o ayudaban en el negocio de hamburguesas con el que Lorena, su mamá, completaba las finanzas de la familia.
A Fátima, además de la poesía de Rubén Darío, le apasionaba ir a la escuela. Era muy cercana a su maestra de química; ambas se ocupaban del mantenimiento de la biblioteca, mientras ella le compartía su interés por estudiar medicina. Desde hace una década, la familia Quintana Gutiérrez se ha encargado de que la exigencia de justicia para Fátima, de 12 años, y Daniel, de 16, resuene en cada rincón del país: un estruendo que parece ser sigiloso para un Estado que es permisivo y cómplice con la violencia feminicida. Un Estado que sigue sin garantizar la mínima certeza a las mujeres, adolescentes y niñas: la vida.
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Es 19 de diciembre de 2024. A unas cuantas horas de que lxs Quintana Gutiérrez sean desplazadxs por séptima vez, la señora Lorena se enteró de que el 29 de noviembre José Juan Hernández Tecruceño “El Pelón” (uno de los tres feminicidas de su hija) logró que los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia, José Pablo Pérez Villalba y Jorge Mario Montellano redujeran la sentencia en su contra.
La familia y sus defensas legales no recibieron ningún tipo de notificación. Sólo supieron que la decisión tomó más de cuatro horas de audiencia y que dos de los magistrados que otorgaron el amparo al feminicida se jubilaron un día después.
Otra de las pocas certezas que tenía Lorena en ese momento era que la pena no era algo seguro. “Son 70 años que no están firmes (…) Dentro de un año o dentro de dos le pueden volver a reducir la sentencia”, compartió la madre en una entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El actuar a discreción de las víctimas y a favor de los feminicidas por parte de los magistrados es el más reciente de una cadena de obstáculos, errores y atropellos en el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, que ha exhibido las innumerables deudas que mantiene el Estado mexicano y sus instancias ‘procuradoras de justicia’ en el combate y la atención al feminicidio infantil.
Su mamá entregó a los feminicidas a las autoridades y le fallaron
El 5 de febrero de 2015, Fátima salió de la secundaria y tomó el camión de regreso a su casa en La Lupita (Casas Viejas), Lerma (Edomex), en compañía de su amiga Salma. El trayecto desde la comunidad Santa María Zolotepec, donde se ubicaba la escuela, era máximo de media hora. Fátima nunca llegaba después de las tres de la tarde.
40 minutos de retraso provocaron que la señora Lorena, el señor Jesús y su hijo, Daniel (en ese entonces de 10 años) pidieran apoyo a la comunidad para encontrar a la niña. En el camino, Lorena se cruzó con Josué Misael Atayde Reyes, a quien conocía desde niño, y le preguntó si había visto a su hija. Él le dijo que no sabía nada de ella.
Jesús caminó cerca de la casa en la que Misael vivía con su hermano, Luis Ángel, y vio a “El Pelón”. El padre de Fátima pasó de largo; ninguno de los dos sujetos lo saludó, un gesto poco usual en un entorno en el que todxs se conocen. En medio de una bulla vecinal que aseguraba que a la niña se la habían robado, Salma le dijo a Lorena que el último lugar en el que vio a su amiga fue frente a la puerta de los Atayde Reyes.
Minutos después, Lorena encontró la sudadera de su hija, avisó a lxs vecinxs y cuando regresó al lugar también halló dinero, otras prendas de ropa y sangre. Su hijo menor, Daniel, estaba ahí y le pedía rescatar a su hermana.
José Juan intentó huir con Misael. Lorena intentó atraparlos, pero no pudo. Luego llegó la policía y mientras hablaba con la familia de la niña, lxs vecinxs de La Lupita (Casas Viejas) detuvieron a José Juan, Misael y Luis Ángel. Lorena pidió que los entregaran a las autoridades. Los trasladaron al Hospital de Toluca después de que lxs pobladorxs intentaron lincharlos.
El beneficio de la duda no tardó en disiparse. Desde un primer momento, las instituciones privaron a la familia Quintana Gutiérrez del duelo. Lorena y Jesús pasaron días con testigxs y declaraciones en las que repitieron una y otra vez cómo encontraron a su hija. A Fátima la hirieron más de 90 veces en diferentes partes del cuerpo, la agredieron sexualmente y falleció por traumatismo craneoencefálico.
Aún con los apuntes forenses y otras pruebas presentadas por la propia familia, las autoridades se resistieron a catalogar el caso como feminicidio—tipificado en el Código Penal mexiquense desde 2012—, pues Fátima ‘no había tenido su primera menstruación’ y “era una niña”. Entre las tempranas negligencias metodológicas Lorena denunció que no se habían realizado “pruebas químicas y científicas más profundas” porque “la Procuraduría (ahora Fiscalía) y sus peritos no tenían tiras reactivas”, insumos básicos para el análisis de pruebas.
En los primeros dos años del feminicidio la negligencia de las autoridades se amplió con errores en el resguardo de la zona, la no expedición del acta del levantamiento de cuerpo, descripciones poco detalladas en la carpeta de investigación, la falta de análisis de unas prendas de ropa de “El Pelón” manchadas con sangre y demás trabas para realizar los tests de ADN bajo el ‘argumento’ de que se ‘estaban violando los derechos’ de los feminicidas.
La situación jurídica y penal de Misael ha expuesto los vacíos que existen en México sobre los feminicidios perpetrados por menores de edad
Después de 15 días hospitalizados, dos de los feminicidas —José Juan Hernández Tecruceño y Luis Ángel Atayde Reyes— fueron trasladados a prisión a la espera de juicio. Tras salir del hospital, el 23 de febrero de 2015, Misael fue puesto en libertad. Estuvo prófugo dos años y en 2017 le dictaron una condena de cinco años en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”. En junio de 2022, la familia de Fátima protestó en la sede del Poder Judicial del Estado de México para expresar su indignación frente a la liberación de Misael y la falta de medidas de reparación del daño.
Desde su expedición en junio de 2016, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) ha causado preocupación en familias y víctimas indirectas en casos como el de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez. Si bien el Gobierno de México ha asegurado que el propósito de esta ley es “establecer mecanismos, medidas de sanción, alternativas, así como definir órganos, autoridades e instituciones especializadas”, desde colectivos contra el feminicidio se ha expresado que hay inconsistencias que dan paso a la impunidad. La mayor observación ha sido respecto al artículo 145, que establece un máximo de cinco años de sentencia para delitos como homicidio calificado, violación tumultuaria, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.
Además del de Fátima, hay casos como el de Karen Alvarado Mosso (17 años) y su hermano, Erik (12), quienes fueron asesinadxs en Ecatepec, Edomex, el 4 de agosto de 2016, por su primo Luis “E”, de 17 años. Luis fue puesto en libertad en marzo de 2022, pero debía cumplir con la reparación del daño. Sacristana, madre Karen y Erik, ha denunciado que sólo le ofreció una bicicleta usada como garantía. “Para mí, esa ley (LNSIJPA) no sirve. Qué injusticia (…) Todavía de que le quitan la vida a un ser humano, que le producen un nivel de sufrimiento que no podemos imaginar, vuelven a la vida normal después de dos años… de cinco años. Para mí no es ningún beneficio esa ley. Los únicamente beneficiados son los asesinos” ha compartido la madre con la prensa nacional.
En una postura similar, Lorena Gutiérrez ha demandado de manera pública que las autoridades revisen cómo este tipo de instrumentos pueden entorpecer la búsqueda de justicia y ha insistido en que se reforme el Código Penal mexiquense. “Ellos [los feminicidas] tienen que ser castigados de acuerdo a la gravedad del delito que cometen porque ellos son plenamente conscientes de lo que hacen”, sostuvo en una entrevista con Milenio. “Son hijos de un sano sistema patriarcal que les ha enseñado que pueden disponer de la vida de las niñas y las mujeres porque en este país no pasa nada”, reiteró con Animal Político.
Al respecto, la doctora Tania Ramírez Hernández (Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim) ha dicho que el sistema de justicia mexicano ha fallado en el caso de Fátima, pero también en “la estrategia de atención a que niñas, niños y adolescentes no estén enfrentándose a esta dinámica y no crezcan aprendiendo esta forma de violencia machista”.
No se protege a las víctimas indirectas de feminicidio
En junio de 2017 medios locales como El Sol de Toluca hicieron una cobertura a favor de José Juan Hernández Tecruceño, luego de que la jueza Janet Patiño García determinara que no había pruebas condenatorias en su contra y que la familia del feminicida había denunciado irregularidades en el proceso. La jueza Patiño García también sustentó la absolución —y consiguiente libertad— de Hernández Tecruceño en la presentación de ocho videos que, además de contradecir las versiones de lxs testigxs, no fueron sometidos a los protocolos de la Fiscalía.
“No existía certeza sobre su origen. No se presentó ninguna constancia de la presencia de la autoridad al momento de la extracción del material, ni fue sometido a análisis periciales”, explicó Ximena Ugarte, en ese entonces asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Tras este suceso, las defensas legales de la familia y organizaciones conformaron un grupo de peritos especializados en informática, sistemas de seguridad, perimetría y mediciones aritméticas que indicaron que los videos “eran archivos ejecutables” y que habían sido grabados antes del 5 de febrero de 2015.
Fue hasta el 12 de octubre de 2021, más de seis años después del feminicidio de Fátima, que el Poder Judicial del Estado de México dictó sentencia de pena vitalicia (es decir: una reclusión indefinida) a Hernández Tecruceño. Ese día, las autoridades mexiquenses aseguraron que la condena “tenía el fin de enviar un mensaje claro” y que era el resultado de “una estrecha mancomunidad con las organizaciones de la sociedad civil, la familia y el Poder Judicial” local. En tres años la claridad del mensaje se fue desdibujando y en noviembre de 2024, con la decisión de los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia, José Pablo Pérez Villalba, Jorge Mario Montellano de reducir la sentencia condenatoria, se hizo eco a una de las realidades más dolorosas para México: la violencia feminicida tiene cómplices.
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Después de dos años de audiencias, la familia de Fátima se enteró que José Juan pertenecía a la delincuencia organizada, que su padre era policía municipal de Naucalpan y su abuelo exmilitar. Testimonios de vecinxs también detallaron que “El Pelón” “distribuía estupefacientes entre los jóvenes de la comunidad” y vendía “el producto desde Toluca hasta Lerma”.
Desde el principio, Lorena, Jesús y sus hijxs empezaron a recibir amenazas y solicitaron una custodia de 24 horas que, además de ser retirada a los cinco meses, fue deficiente. “A veces nos dejaban patrullas pero con las llantas ponchadas o luego les quitaban las llantas y las subían en tabiques o una patrulla con la batería descargada. Y policías sin armas”, contó Lorena Gutiérrez a Volcánicas en noviembre de 2024.
Conforme las investigaciones avanzaron, la familia de Fátima atravesó múltiples episodios de violencia: amenazas de muerte por parte de los feminicidas y sus familiares, incluso en presencia de las autoridades, llamadas telefónicas intimidantes a su hijo menor, burlas en las audiencias, amedrentamientos a Jesús en su espacio de trabajo, robo y una balacera en su casa.
La violencia también causó que fuera más difícil contar con testigxs. “Las familias de Luis Ángel, Misael y José Juan subían al barrio esporádicamente para amenazar a la gente. Pasaban en camionetas a toda velocidad por el camino principal y los amenazaban. Empezaron a tener miedo y a ya no querer declarar, no querer ir a audiencias”, ahondó Lorena en la misma conversación con Volcánicas.
Los constantes atentados contra la integridad física y emocional provocaron que la de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez pasara a ser una de las familias desplazadas en México. Desde 2020, Lorena también lleva a las marchas una fotografía de su hijo Daniel, quien falleció por negligencias médicas del Hospital Materno Infantil, Hospital Psiquiátrico y el Hospital Universitario en Nuevo León.
Como se documentó en la investigación ¿Qué pasa con las familias obligadas a abandonar su hogar después de un feminicidio?, la desprotección a las víctimas indirectas sigue siendo una de las caras más visibles —pero poco documentadas— de las negligencias del Estado mexicano en el combate a la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Además de lxs Quintana Gutiérrez, en el Edomex las familias de Mariana Lima Buendía y Fernanda Sánchez Velarde han sido desplazadas. Entre 2006 y 2024, Guerrero, Chihuahua, Morelos, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Jalisco se sumaron a las entidades en las que víctimas indirectas de feminicidio han sido desplazadas forzadamente y solicitado medidas de protección.
En estos 10 años la historia de la familia Quintana Gutiérrez también ha exhibido las principales falencias institucionales en materia: la falta de lugares de refugio específicos y los subregistros estadísticos por parte de dependencias clave como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las Fiscalías.
Por Fátima. Por las niñas y adolescentes. Por todas
“Después de lo de Fátima hubo otras muertes muy cerca; otros feminicidios. La doctora Jessica Sevilla fue asesinada y tirada muy cerca de donde nosotros vivíamos. Luego, a dos jovencitos de la secundaria del pueblito que sigue, como a unos 10 minutos de La Lupita. Mataron al jovencito y a la muchachita la violaron (…) Hacia la comunidad de San Martín asesinaron a una señora”, dijo Lorena Gutiérrez a Volcánicas en noviembre de 2024.
Las violencias contra las mujeres en Edomex no han parado. Desde hace una década, el mismo tiempo que la familia de Fátima lleva luchando, se declaró la primera Alerta de Violencia de Género en 11 municipios (Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco) y cuatro años después, en 2019, se implementó el mismo mecanismo por el incremento tan significativo de la desaparición de niñas y adolescentes.
Es 5 de febrero de 2025. Hace un par de días, el portal de Las Equilibristas denunció que el Estado de México sigue ocupando el primer lugar en feminicidos en todo el país. Familiares, colectivas y activistas denuncian que el gobierno de Delfina Gómez no les escucha. Al parecer, la presumida transición histórica de una administración priista a una morenista no se ha reflejado en la vida de las mujeres. El estado encabeza la lista, a nivel nacional, en donde las mujeres corren más riesgo de ser víctimas de feminicidio. Hay un fuerte recelo en la declaración de la gobernadora en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz. “¡Avanzamos en el combate de la violencia hacia las mujeres!”, aseguró.
Es 5 de febrero de 2025. En los años en los que Lorena y Jesús han grabado la memoria de Fátima y Daniel por cada esquina del país, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pidió disculpas a las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, por “agravios institucionales” en la atención de desaparición y feminicidio. Sobrevivientes y organizaciones también han señalado que la no repetición sigue sin ser una realidad para las mexiquenses: las autoridades todavía se rehúsan a adoptar la perspectiva de género en los casos de Verónica Monroy, Salma Correa, Fernanda Sabalza y Martha Téllez.
Es 5 de febrero de 2025. Hace cuatro años, en 2021, la Redim alertó que la violencia feminicida contra niñas y adolescentes aumentó un 122%. Edomex se encuentra en la mira de nosotras porque, aparentemente, para las autoridades no es relevante la relación que especialistas han encontrado entre la desaparición, la trata y el feminicidio de niñas y adolescentes.
Es 5 de febrero de 2025 y las exigencias de justicia por Ángela (2015), Lupita (2017), Valeria (2017), Dayana (2017), Ana (2018), Victoria, Alexandra, Laura, Giselle (2019), Fátima , Elsy , Alisson (2020), Wendy, Ilse, Alejandra, (2021) y Camila (2024) hacen eco al estruendo con el que la familia Quintana Gutiérrez le exige al Estado y la sociedad alejarse del sigilo con el que intentan ocultar las complicidades que garantizan la impunidad en el feminicidio de niñas y adolescentes: coberturas poco —o nada— éticas, revictimización secundaria de les familiares, presentar los crímenes de odio como hechos aislados y clasificar este tipo de violencia únicamente como homicidio calificado, el desconocimiento de los criterios de la Alerta AMBER, la falta de homologación de los códigos penales y sistemas jurídicos y mediáticos carentes de una perspectiva de género y la niñez.
NI UNA MENOS. NI UNA MÁS.
