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Camila, una niña de 8 años que vivía en Taxco, pasaría los días festivos con una amiga disfrutando de la primavera en una alberca inflable. El 27 de marzo salió de casa, pero ya no volvió. Su madre fue a la dirección de la que recibió la invitación y Ana Rosa ‘N’, mamá de la amiga, negó que la niña estuviera ahí.
A las pocas horas, la familia de Camila recibió una llamada telefónica en la que se le pidió dinero para la liberación de la menor. Al día siguiente, el 28 de marzo, el cuerpo de la pequeña fue localizado sin vida en la carretera Taxco-Cuernavaca, cerca de la caseta Zacapalco.
En ese inter —y mientras elementos de ‘seguridad’ centraban su atención en los preparativos del Jueves y Viernes Santo—, en redes sociales circularon videos de la y los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Camila: dos jóvenes de entre 17 y 25 años (Axel y Alejandro ‘N’), su madre (Ana Rosa ‘N’) y un taxista (José ‘N’).
Mientras la Fiscalía local daba largas sobre las órdenes de aprehensión, las autoridades en materia de ‘seguridad’ [1] presumían ‘cumplir con su trabajo’ y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda [2], se mantenía en silencio, vecinxs del barrio de La Florida se organizaron: protestaron, rodearon el domicilio e ingresaron a la vivienda de la y los presuntos responsables para hacer justicia por propia mano [lincharles].
Como consecuencia de la golpiza colectiva y la tentativa de quemarla, Ana Rosa ‘N’ falleció en el Ministerio Público la tarde del 28 de marzo. Los jóvenes se encuentran internados; su estado de salud es grave.
La no repetición es una medida de reparación que sigue sin ser una realidad para las víctimas de feminicidio infantil. Durante la Semana Santa de 2024, la negligencia de las autoridades guerrerenses fue tan evidente como la violencia, falta de ética y mercantilización que prevalece en los medios de comunicación en México.
El rol de los medios de comunicación en la ‘impartición de justicia’ por propia mano
Los linchamientos —entendidos como actos colectivos de violencia públicos e ilegales— no son un fenómeno nuevo, aislado y tampoco exclusivo de México. En Guatemala, Colombia y Ecuador también son un tema discutido. “Toda América Latina está llena de episodios similares, con las variantes del caso, pero con igual crueldad”, precisó el periodista Carlos Monsiváis en 2002.
En México, los orígenes de los linchamientos se remontan a 1897 [3] y, como lo recoge el trabajo de la socióloga Gema Kloppe-Santamaría, tuvieron un cambio importante entre 1940 y 1960. A esto se suma que en las últimas cuatro décadas, la incidencia de este fenómeno ha aumentado en estados como Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre 2016 y 2022, se registraron más de 1600 linchamientos en territorio nacional, un promedio mensual de 22.4 eventos de esta naturaleza. Hace cinco años, en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alertó que estos despliegues violentos podrían triplicarse como expresión del incremento de la inseguridad, la falta o deficiencia de la respuesta institucional y la promoción mediática. “Los linchamientos se traducen en el sentimiento de vivir en un Estado fallido, en donde el uso legítimo de la fuerza (…) da paso a la violencia privada”, resumió el órgano.
Guerrero es uno de los estados paralizados por la violencia. Desde 2014, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la entidad sureña es señalada por los elevadísimos índices de impunidad (se calcula entre el 98.5% y 100%), los reiterados llamados por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las altas tasas de homicidios en ciudades como Acapulco, Zihuatanejo e Iguala.
En Taxco de Alarcón —otra de las localidades guerrerenses con más casos de asesinatos—, el dominio del crimen organizado ha afectado gravemente a dueñxs de negocios y transportistas y se ha vuelto uno de los principales factores que vulneran el derecho a la educación. El pueblo mágico [3] —famoso por la joyería de plata— también ha protagonizado las preocupaciones de organizaciones y colectivas feministas por la negativa a declarar el mecanismo de alerta de género, pese a la prevalencia y el incremento del feminicidio y los delitos de índole sexual.
Espectacularizar la violencia: la rentabilidad de las coberturas mediáticas carentes de ética periodística
El caso de Camila está marcado por respuestas retardadas —y hasta desinteresadas— por parte de las autoridades municipales y estatales. “Las investigaciones del Estado han sido deficientes y eso es lo que ha provocado lo de los pobladores”, conversa la periodista y documentalista Gloria Piña con Volcánicas. Igualmente, los medios de comunicación contribuyen a la cadena de omisiones. “Lo que se ha intentado hacer es justificar la violencia”, sostiene.
En complemento a lo expresado por Piña, la CNDH subraya que “la simbiosis entre poder político, medios, policía y ciudadanía” es una de las características distintivas de los linchamientos. A dicha afirmación, Gema Kloppe-Santamaría agrega que el desarrollo y avance de las tecnologías transforman las dinámicas de difusión y circulación, ya que “ponen de manifiesto otra vía para acceder a nuevos códigos de información de manera más privativa y fragmentaria”, como explica la CNDH.
Para Lydiette Carrión, periodista especializada en violencia contra las mujeres y autora de La Fosa del Agua (2018), el linchamiento mediático, además de omitir un análisis de las condiciones en las que se ejercen estos actos, expone con claridad algunos de los problemas estructurales del sistema de medios mexicano y en cómo estos se vuelven relevantes en la prevalencia de las narrativas revictimizantes sobre el feminicidio.
Respecto al manejo de la información, fueron evidentes las imprecisiones y los descuidos que pusieron en riesgo a la víctima e, incluso, a la y los presuntos responsables. “[Se publicó] mucha información sin confirmar, sólo con el ánimo de exaltar el linchamiento”, comparte a Volcánicas. “Y entiendo que el caso se estaba cubriendo en tiempo real”, dice.
La ‘inmediatez’ y primicia —ambas ligadas a un enfoque mercantil— dan cuenta de algunas de las dinámicas laborales [y de producción] que comprometen significativamente la ética periodística y, con ello, la integridad y dignidad de las personas involucradas.
En México —un país en el que las grandes empresas de medios se concentran en manos de dos familias y en el que predomina un modelo comercial—, las relaciones clientelares entre medios, partidos y gobiernos es histórica. Este vínculo se replica en las audiencias.
Durante décadas, la nota roja ha sido un punto de (des)encuentro entre la sociedad y la crueldad con la que convive a diario. Si bien cada vez son más lxs fotoperiodistas y profesionales de la prensa escrita que abordan la violencia de una manera más ética, respetuosa y sensible —como lo cuenta la reportera María Ruiz en su columna para Pie de Página—, algunos medios —y ahora creadorxs de contenido e influencers— despojan a este género de los criterios periodísticos para volverlo amarillista y, sobre todo, monetizable.
La priorización de elementos narrativos y visuales del true crime —ficcionalidad, espectacularización y descontextualización, por mencionar algunos— le caen como anillo al dedo a la crisis de derechos humanos por las que atraviesa México. Somos conscientes de la situación precaria en la que se ejerce el periodismo en el país —la raquítica remuneración provoca que al menos un 41% de les colegas se vea orillado a buscar un segundo empleo—; pero también tenemos claridad sobre cuáles son los vicios con los que los medios de comunicación entorpecen los procesos de acceso a la verdad y justicia.
Como bien recuperan Lydiette Carrión y Gloria Piña en el diálogo con Volcánicas, durante la Semana Santa, en redes (especialmente X), fueron identificables las negligencias mediáticas que revictimizaron a la familia de Camila (particularmente su madre) y con las que se vulneró el derecho al debido proceso de la y los presuntos responsables. “[Hubo] una divulgación excesiva de información de las familias”, dice Piña. “Se compartieron cuentas de redes sociales y fotografías de menores de edad, aludiendo a que se está haciendo justicia social”, aclara.
Paradójicamente, los silencios son expresivos; transparentan posturas y exhiben prácticas de las que, al parecer, algunos medios y comunicadorxs no tienen intención de deslindarse. Pese a la existencia de leyes de protección integral y regulación audiovisual, iniciativas para tipificar la violencia mediática y manuales para evitar y erradicar la misoginia de los contenidos, imágenes y audiovisuales de Ana Rosa ‘N’ con los pechos descubiertos y en los que se escuchan insultos de índole sexual fueron replicados por salas de redacción.
“[Tanto medios como cuentas de redes sociales] sacaron videos de ella siendo linchada ya sin playera. Eso fue terrible [porque] nosotras también fuimos sometidas a la violencia con esos videos. Este es un caso que describe una violencia terrible contra una niña de 8 años. Además de la idea simbólica de que la ‘justicia’ es la violencia física y sexual que interpusieron a la probable perpetradora”, ahonda Carrión. “Como medios, debemos hacer una diferenciación entre información divulgada sin consentimiento y sin una medida de protección a las personas de las que se está hablando”, enfatiza Piña.
La situación del feminicidio infantil en México, ¿contamos con mecanismos suficientes para proteger la vida de las niñas?
México suscribe la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994) y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) [4] y cuenta con leyes contra la violencia de género (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2006; y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007 [5]). En su marco normativo también destacan leyes e instrumentos jurídicos que protegen los derechos de las infancias (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014) y de las víctimas (Ley General de Víctimas, 2013 y el Código Nacional de Procedimientos Penales).
Referente al funcionamiento de los medios, anexo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014), Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (2014), Ley Ingrid (2021), los Lineamientos Generales sobre la Defensa de los Derechos de las Audiencias (2016) y la tipificación de la violencia mediática en algunas entidades, México tiene en su historial la sentencia de la Corte IDH del Caso González y otras (mejor conocido como Campo Algodonero) que, además de condenar al Estado por la impunidad en los feminicidios perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua desde 1993, problematiza las narrativas de los medios y la opinión pública.
No obstante, historias como la de Camila muestran que el sistema de comunicación mexicano continúa con coberturas poco —o nada— éticas sobre el feminicidio infantil. El tratamiento ‘informativo’ de los crímenes de odio contra niñas y adolescentes conserva constantes como las filtraciones, el amarillismo, el dolorismo y los abordajes machistas, pero suele estar marcado por aspectos diferenciales. Uno de ellos es la gravedad de la exposición de datos sensibles y el desconocimiento de los criterios de la Alerta AMBER [6].
Respecto al rol de la televisión, la radio y el periodismo digital, el colectivo Aquí estamos ha identificado que el tratamiento mediático del feminicidio infantil —además de la revictimización secundaria de les familiares (particularmente de las madres, como ocurrió con el secretario de seguridad Doroteo Eugenio Vázquez que responsabilizó a la madre de Camila)— mantiene otros patrones:
- Toman como única fuente informes oficiales de instancias como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
- Los medios suelen presentar los crímenes de odio contra niñas y adolescentes como hechos aislados. Por lo general, no investigan si las víctimas sufrían de violencia en su hogar, escuela o colonia. Tampoco hacen énfasis en el silencio que guardan vecinxs, profesorxs o conocidxs. No hay un registro de la “indiferencia social”, resumen.
Sumado a ello, el tratamiento se limita a reportar que la problemática ha aumentado en los últimos años. Actualmente, trabajos como el de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ofrecen datos que permiten empezar a esbozar las particularidades del feminicidio infantil (por ejemplo, perpetradores, lugares y la estadística mensual), pero la contextualización y ,sobre todo, humanización de la información y las historias siguen siendo muy escasas.
- Pocos son lxs periodistas que abordan el feminicidio infantil a la par de la posible relación [7] que tiene con otros delitos como el de la desaparición. Respecto a este punto, es plausible mencionar que otra de las omisiones mediáticas ha sido la limitadísima —por no decir inexistente— difusión que se le ha dado a instrumentos como el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos, vigente desde julio de 2021.
En México, el acceso a la justicia para las familias de víctimas de feminicidio infantil también se ve obstaculizado por la tendencia a clasificar este tipo de violencia únicamente como homicidio calificado, la falta de homologación de los códigos penales y sistemas jurídicos y mediáticos carentes de una perspectiva de género y la niñez.
La denuncia de los feminicidios de Ángela (2015), Lupita (2017), Valeria (2017), Dayana (2017), Ana (2018) y Fátima (2020) acentuaron la urgencia de que la no repetición fuera una realidad para las niñas y adolescentes. No obstante, desde cada recoveco social, esta sigue siendo una deuda que se amplifica y sostiene con medios de comunicación e instancias de ‘justicia’ que se niegan a contar historias dignas, libres de discriminación y distanciadas de una de las causas y consecuencias de la crisis de derechos humanos en el país: la espectacularización de la violencia.
Ni Una Menos.
Notas
[1] La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, concretamente.
[2] Mientras medios de comunicación locales y nacionales reportaban lo que sucedía en Taxco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Sánchez Salgado ocupó su cuenta de X para la promoción turística del estado. El propio alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo declaró que en varias ocasiones intentó comunicarse con la funcionaria, pero no atendió. Fue hasta el 29 de marzo cuando Salgado Pineda “condenó energéticamente el artero crimen del que fue víctima Camila”. En su hilo en X también negó las acusaciones de omisión asegurando que “desde los primeros momentos” trabajó con la Secretaría General de Gobierno y solicitó una “investigación expedita, pronta y efectiva” a la Fiscalía de Guerrero.
[2] En el Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, la CNDH retomó que el antropólogo social Claudio Lomnitz (2015) asocia esta fecha con Arnulfo Arroyo, un hombre que fue detenido por un ataque contra el expresidente [dictador] Porfirio Díaz y presuntamente asesinado a puñaladas por 21 sujetos.
[3] La Secretaría de Turismo (Sectur) ocupa este concepto para referirse a “lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos”. Durante muchos años (especialmente desde el gobierno genocida de Felipe Calderón, 2006-2012), expertxs de distintas disciplinas han expresado una postura crítica respecto al Plan de Pueblos Mágicos. Para estados como Michoacán, Guerrero y Guanajuato, la excesiva promoción turística ha tomado como eje la omisión de la desenfrenada violencia que golpea a sus territorios.
[4] El apartado J de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing se enfoca en el papel que deberían desempeñar los medios de comunicación en el combate a la violencia hacia las mujeres.
[5] Que se extiende y complementa con las leyes locales de protección integral
[6] La Alerta AMBER es una herramienta dirigida a la búsqueda de infancias y adolescencias. Es independiente de las denuncias y los procesos penales y su alcance puede ser estatal, nacional o internacional, como se explica en el sitio web de la Fiscalía General de la República.
[7] En comunicación con EMEEQUIS, la directora de la Redim, Tania Ramírez puntualizó que se debe tener cuidado al establecer el vínculo entre el feminicidio infantil y otros delitos como el de la desaparición, que es una de las directrices del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos. “Cuando hablamos de desaparición de personas y por supuesto de niñez y adolescencia, la presunción de búsqueda con vida tiene que ser un principio inamovible. Debemos hablar de la desaparición de niñas y adolescentes sin dar por sentado que culminan en feminicidios y esto es por muchos motivos, pero el principal es el respeto a las familias que están buscando”, aclaró.
