Por Carolina Rodríguez Mayo

El paro nacional en Colombia ha servido de plataforma para que las personas denuncien las múltiples injusticias que han tenido que encarar durante la pandemia, y la reforma tributaria caída fue solo un catalizador para que la gente saliera a la calle a gritar “no más”. Y este es, sin duda, un escenario óptimo para las personas negras, afrocolombianas y racializadas del país, que han denunciado desde hace años la negligencia del Gobierno y han advertido que la violencia (institucional, paramilitar, criminal y de narcotráfico) azota sus territorios. En las regiones con mayor población racializada del país, las violencias impiden que las personas vean sus derechos llegar a término: carecen de trabajos dignos, de planes de salud integral, de educación de calidad, entre muchos otros derechos incumplidos. Y sí, el paro ha dado un espacio para conversar sobre estos problemas, y el permanente olvido estatal, pero es esencial que recordemos que estas denuncias se han hecho desde tiempos inmemoriales. El asesinato a líderes sociales afrodescendientes y de pueblos originarios, por desgracia, no es un asunto de ahora, ni siquiera es un asunto de los últimos tres años. Desde el año 2016 han sido asesinados 289 líderes indígenas, 187 durante el gobierno de Iván Duque. De esos líderes, 20 han sido asesinados este año. Van, desde el 2016, 84 líderes afrocolombianos asesinados, 24 durante el presente gobierno, según el último reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
Uno de los símbolos más significativos del paro ha sido Puerto Resistencia en Cali, un lugar donde las personas han decidido, entre varias dinámicas, reunirse para mitigar los efectos negativos que ha tenido la pandemia en la comunidad. También ha dado espacio para fortalecer redes de apoyo a favor de las familias de personas que han sido asesinadas en fuegos cruzados, o asesinadas en circunstancias sospechosas, como es el caso de las madres de los jóvenes de Llano Verde, un barrio al oriente de Cali en donde fueron asesinados cinco menores, de entre 14 y 16 años (Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas) apenas el pasado 11 de Agosto de 2020.
Un grupo llamado Resistencia Antirracista se ha encargado de mantener una olla comunitaria funcionando en Puerto Resistencia para alimentar a las personas que están en primera línea, o las personas que se han visto afectadas por precarias situaciones laborales, agravadas por el Covid19. Este grupo, ejemplo absoluto de resistencia, se creó en el 2020 y una de sus consignas más importantes reza: “Es un privilegio educarte a ti mismo sobre el racismo en lugar de experimentarlo”. Las comunidades racializadas y afrodescendientes de Colombia no son ajenas a ese resistir, tan en auge por estos días. Al contrario. La resistencia ya resulta en un estilo de vida, algo que no puede continuar, ni les podemos exigir, y de lo que tenemos que hablar con urgencia.
Resistencia Antirracista estuvo el 3 de julio del 2020 en la Plazoleta Jairo Varela en un plantón por la dignidad del pueblo negro, un escenario que sirvió para señalar la falta de garantías sobre la Ley 70 de 1993 que, según el Ministerio de Cultura, “hace un reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva” pues, en ese entonces, se estaban presentando numerosos desalojos en la colonia nariñense. Aquel plantón tiene eco aún hoy en Puerto Resistencia, no es nuevo, no es de ahora, porque el racismo es estructural y sistemático en Cali. Las disparidades sociales y económicas que se presentan en la capital del Valle resultan ser los ingredientes perfectos para la olla a presión que explotó este año: un año en el que la gente negra y afrodescendiente se empeña en señalar que esto que vemos en las calles no surgió de la noche a la mañana.
Buenaventura, otro ejemplo de estas dinámicas, desde su fundación se ha visto envuelta en una economía extractivista que ha conducido a su población a pedir ayuda a gritos. Hemos sido testigos de que la respuesta del gobierno a este pedido por auxilio fue la militarización, además de mostrar con toda desvergüenza y transparencia que, de Buenaventura, les importa es el territorio y no la gente. Una ciudad donde se mueve el 70% de la mercancía del Pacífico y 60% de la mercancía del país, con un porcentaje de desempleo mayor al 31% , y olas y olas de violencia por causa del narcotráfico.
En el comité Nacional de Paz una lideresa oriunda de Riosucio, Chocó, Yolanda Perea, trabaja por los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Ella es también un ejemplo claro de la batalla por reconocer la negligencia estatal y las desigualdades que han sido denunciadas por las comunidades afrodescendientes y originarias durante años. Yolanda Perea señala la gravedad del incumplimiento de los acuerdos de paz -uno de los punto más importantes del paro-, ya que da paso al asesinato impune de líderes sociales, como ocurrió en marzo con María Bernarda Juajibioy y su nieta en el Putumayo.
Entender que la voz de pueblo no se ha escuchado, es uno de los grandes objetivos de Yolanda, quien, desde su fundación Arrópame con tu esperanza, busca vincular a las personas que fueron víctimas de violencia sexual a dinámicas que les permitan salir del círculo de la violencia, garantizar la no repetición, y apoyarse en la rejuntancia. En 1997 Yolanda perdió a su mamá, Ricardina Perea, otra lideresa social que levantó las manos buscando un Chocó pacífico, un Chocó con oportunidades laborales para las mujeres, un Chocó libre de abusos. Por eso Yolanda tampoco baja los brazos y continúa convocando a la comunidad a través de acciones simbólicas como el tejer, para reparar el tejido social herido por la violencia. Este paro, según la delegada para la paz, ha facilitado que escuchemos a las comunidades étnicas sobre las desigualdades que tienen que aguantar: “Este paro ha significado la lucha de aquellos que no están, pero que los que estamos seguimos insistiendo por ellos y levantando las banderas en alto”.

El Movimiento Social de Mujeres en Cali se suma a las voces que sirven de testimonio de que el paro nacional trasciende las coyunturas que trajo la pandemia. En su manifiesto, emitido el 15 de mayo, se propone integrar a las conversaciones nacionales a las mujeres negras, de comunidades originarias y campesinas. En él también se pide que se entienda desde el cuidado el rol de cada persona en el proyecto nacional y que se nutran los dirigentes y las instituciones de los saberes ancestrales y la filosofía Ubuntu del soy porque somos. Que se entienda y se respete el poder de la colectividad. Se rechaza la violencia machista, se rechaza, sobretodo, el silencio sobre esa violencia ejercida contra los pueblos:
“Las mujeres, madres y comadres sabemos de dolores, de respirar y pujar, de esperar y ofrendar. Por eso nuestra sensibilidad y experiencia deben estar en todos los escenarios de negociación. Sabemos que ni es muy tarde, ni es imposible. Esta ciudad nos conoce, protagonizamos una de las revoluciones más profundas de los tiempos, sabemos que sin violencia somos imparables”.
Es fundamental destacar que este manifiesto no es una retahíla de peticiones, es también una cadena de propuestas que señala la importancia de los roles de las mujeres negras, las mujeres indígenas y las mujeres campesinas en cada espacio que haga política pública. Es una manera contundente de manifestar que el diálogo con las mujeres es un pilar para ver resultados reales y concretos en pro del bienestar común, en aras de entender las intersecciones que cruzan a quienes han hablado de sus derechos desde siempre.
El paro nos está obligando a ver que hay centenares, miles de peticiones ignoradas. Nos está obligando a entender que nunca se trató únicamente de la reforma tributaria y que este paro tiene raíces viejas y profundas para muchas comunidades. Dorelly Villareal, parte del grupo Resistencia Antirracista, invita a que: “no cierren los ojos ante las injusticias frente a las personas negras”. Lo que está pasando no nace de un vacío ni de una inconformidad singular. Afuera muchas personas llevan resistiendo y luchando para tener una vida mejor, muchas personas racializadas llevan en este clamor incalculables días. Que el camino que está abriendo el paro nacional sea el correcto para dimensionar el daño que le hace el racismo a nuestro país y lo relevante que es escuchar a las comunidades originarias y afrodescendientes.
Es uno de los escritos con más poder sobre unas acciones reales.
Me encanta el argumento, la fuerza y la decisión
Que se conozca, intérprete y acepte el abuso contra los pueblos originarios en nuestro territorio. Excelente labor.