Por Por María Paula Houghton M.D
Tanto mi profesión de ginecoobstetra, como mis vivencias personales, hacen que tenga especial interés en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que tengo una obligación ética, como profesional de la salud, de tener incidencia política en aras de que las legislaciones avancen, y las leyes progresivas se cumplan, en beneficio de todas las personas, especialmente las mujeres. Por eso hago parte del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y he sido prestadora directa de servicios de aborto en todos los trimestres.
Si bien la prioridad de nuestra lucha son los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables que sufren en su día a día las consecuencias de las leyes restrictivas, la penalización del aborto también nos afecta como profesionales de la salud, especialmente a los y las ginecobstetras, pues atenta en contra de nuestra libertad de profesión u oficio consagrada en la Constitución.
Desde mi ejercicio profesional he atendido las complicaciones del aborto inseguro y las innumerables barreras que tanto mujeres como médicos enfrentamos al momento de realizar un aborto, incluso dentro de las tres causales hasta ahora despenalizadas en Colombia. Por defender el derecho de las mujeres a elegir también he sido víctima directa de acoso y estigmatización en ambientes laborales y académicos, y estoy convencida de que las barreras que encuentran las mujeres que desean abortar, sumada a las complicaciones médicas del aborto inseguro y el estigma social, encuentran un asidero en que el aborto sigue siendo un delito consagrado en el código penal.
Prestamos servicios de aborto por razones de conciencia
Mientras que hay normas para proteger los derechos los objetores de conciencia, aun cuando muchas veces son obstructores de los derechos de las mujeres, incurriendo en prácticas ilegales como ordenar juntas médicas, decirles que no tienen derecho cuando sí lo tienen, exigirles valoraciones por psiquiatría e intentar persuadirlas con argumentos religiosos, entre otros, no hay legislación que proteja a las y los prestadores de salud del estigma asociado a la penalización parcial del aborto.
Los y las profesionales de la salud que son objetores de conciencia, que suelen referirse a nosotros con un lenguaje estigmatizante y violento por defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, parten de la falsa premisa de que solo quienes se niegan a practicar abortos defienden la vida, que solo ellos tienen conciencia. De hecho, muchos de ellos se hacen llamar “provida”. Pero esa premisa no coincide con la realidad. Está comprobado por cientos de estadísticas de diferentes países que la penalización no reduce los índices de aborto pero sí aumenta los índices de muertes maternas al inducirlas al aborto inseguro.
Las y los médicos que prestamos servicios de aborto, que hablamos a nuestras pacientes de sus derechos, y que hacemos una interpretación amplia de la causal salud, lo hacemos basados en postulados éticos del ejercicio de nuestra profesión, y lo hacemos por razones de conciencia, no por ausencia de ella.
Muchos colegas que se amparan en el juramento hipocrático para supuestamente “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, se olvidan de manera intencional de que la Declaración de Ginebra de 1948, que es la versión actualizada del juramento médico, eliminó el juramento de no proveer aborto o eutanasia y destacó otros tipo de valores más enfocados en la protección de la vida digna como “NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas” y “RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes”.
En concordancia con ello, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) menciona que “tras la debida consejería, las mujeres deben tener derecho de acceso al aborto inducido por medios médicos o quirúrgicos, y que los servicios sanitarios tienen la obligación de suministrar tales servicios con las máximas condiciones posibles de seguridad”. Entonces, amparados en estos principios, los y las profesionales que prestamos el servicio de aborto lo hacemos como la mejor forma de evitar las complicaciones del aborto inseguro y los efectos comprobados de la continuación forzada del embarazo, buscando el mayor beneficio de nuestra paciente (principio de beneficencia) para evitarle un daño (no maleficencia).
El estigma y el acoso
A pesar de que lo único que hacemos es cumplir la ley, y ayudar a nuestras pacientes, no es así como la sociedad nos ve, ni como nos ven nuestros propios colegas. Somos vistos y llamados “asesinos, mata bebés”. A un amigo profesor llegaron incluso a llamarlo Herodes. A pesar de que nosotros sabemos que no es así, que no estamos matando a nadie sino salvando vidas de mujeres, estas situaciones pueden llegar a afectar nuestra salud mental. De hecho, muchos compañeros que no son realmente objetores de conciencia, terminan diciendo que lo son para evitar el estigma y otros prefieren cambiarse de trabajo a uno en donde no se atienda este tipo de pacientes.
En mi caso, posterior a mi grado como especialista, trabajé en un hospital público de tercer nivel realizando abortos, entre otras funciones, y la mayoría de pacientes que llegaban eran de muy bajos recursos. Muchas eran mujeres provenientes de regiones apartadas geográficamente, a quienes se les había negado varias veces el aborto con argumentos falsos, con edades gestacionales avanzadas. La tensión fue creciendo entre el grupo de compañeros y al final fui estigmatizada en el medio laboral, llegando incluso a situaciones de acoso. Recuerdo especialmente cuando mi casillero fue vandalizado y le pusieron pegante a mi candado. Por el mismo tiempo, en el 2014, supe de otra compañera que trabajaba en otro hospital público, a quien le fue vandalizado su automóvil luego de una discusión con colegas sobre la interpretación de la causal salud en el caso de una paciente. Fue por esto, y por mi seguridad personal, que abandoné mi trabajo en el sector público. Actualmente, en el hospital donde yo trabajaba, existe una unidad especializada que atiende a estas pacientes y en donde seguramente ya no suceden este tipo de situaciones, pero es muy probable que en muchos otros centros de salud la estigmatización siga siendo la misma.
Por ejemplo, muchas instituciones privadas de Bogotá en donde hay servicio de Obstetricia, no se presta servicio de IVE pese a que se cuenta con todos los medios técnicos y el personal calificado y las pacientes suelen ser rechazadas porque “no se oferta este servicio”. La razón es que el estigma no solamente alcanza a los individuos, sino también a las instituciones. Nadie quiere que su institución sea conocida como un “abortadero” y, debido a que el estigma relacionado con el aborto “les baja estatus”, se consideraría un sitio de mala muerte así no lo sea. Existe una ruta para direccionar las pacientes a otras instituciones como Oriéntame y Profamilia, en donde tradicionalmente se realiza este procedimiento, pero las y los médicos de estas instituciones que se niegan a practicar abortos no tienen siquiera permitido ordenar los medicamentos para un aborto médico.
No es justo, ni proporcional, ser sometidos permanentemente al estigma, ser llamados “asesinos de niños”, ser señalados por nuestros colegas como quien trabaja en una actividad delictiva. Por esta situación, quienes hemos sido prestadores directos o abogamos por el derecho al aborto vemos limitadas nuestras opciones de empleo, dada la cantidad de instituciones prestadoras de salud de carácter confesional, o administradas por religiosos, en las cuales no solo se restringen los servicios de aborto sino inclusive los de anticoncepción. Para muchos de nosotros, parte de la oferta laboral en el oficio está limitada porque no podemos trabajar en donde se violan postulados éticos y en donde no podemos ofrecer a nuestras pacientes todas las opciones.
La formación en el área es insuficiente y estigmatizada
Otra dificultad que enfrentamos las y los profesionales, y que viola nuestro derecho al ejercicio libre de la profesión, es la falta de oferta en entrenamiento y formación que hay en Colombia en el tema de aborto. En la mayoría de universidades ni en el pregrado de medicina, ni en el posgrado de ginecobstetricia, los y las profesionales de la salud somos entrenados en las técnicas modernas y adecuadas para realizar un aborto inducido. Por eso, procedimientos obsoletos como el legrado son los más comunes en Colombia en lugar de emplear los más seguros y rápidos, como la aspiración. Cualquier capacitación relacionada al aborto es de inmediato estigmatizada y limitada a ámbitos reducidos. Recientemente, en los congresos académicos, el tema de aborto se ha ido posicionando y cada vez vemos más conferencias, pero en general se ocupan de la parte jurídica, ética o estadística, y en casi ninguno se habla de la parte técnica. Muchos colegas que conozco tuvieron que formarse en el exterior para aprender a realizar abortos con las mejores técnicas.
Tenemos la carga de decidir cuando el aborto es derecho y cuando es delito
También recae sobre nuestros hombros la carga constante de discernir cuando estamos prestando un servicio legal y en qué momento estamos cometiendo un delito, dada la dicotomía y el peso de la interpretación de las causales. El certificado médico del riesgo para la salud, aunque no debería ser así, opera en la práctica como un permiso o autorización para el aborto. Muchas veces los profesionales lo niegan, porque tienen miedo de estar enfrentados a un proceso judicial, y es que el riesgo es real. Si bien no contamos con cifras desglosadas, es claro que han sido judicializados médicos por el delito de aborto. La dicotomía entre derecho y delito genera todo el tiempo esta ambigüedad, sobre todo entre los y las colegas que no conocen la normativa a profundidad, y genera una carga desproporcionada para quienes ejercemos la medicina.
Nos movemos constantemente entre el riesgo de ser judicializados por delito de aborto y el deber de garantizar los derechos fundamentales de sus pacientes. Finalmente, la decisión o perspectiva que se toma en este caso es interpretativa sobre las causales, en especial la causal salud, y tiene la carga de lo que el médico considera moralmente correcto o incorrecto, de tal manera que quien termina decidiendo es el médico, y no la mujer. Muchas veces, producto de esta ambigüedad, muchos faltan al deber de guardar el secreto profesional, denunciando a sus pacientes, motivados por el temor de ser “cómplices” de un crimen y verse abocados a un proceso judicial, actuando contrariamente a los postulados éticos de la profesión.
Por nuestra libertad de profesión y oficio, por las mujeres y las niñas, nos unimos para exigir a la Corte Constitucional que elimine el delito de aborto del código penal.
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Por el derecho de decidir libre y sin ninguna clase de estigmatización. El feto no es un niño.