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¿Qué le exigiría al wey que me violó?
Me he hecho la pregunta cientos de veces. Han pasado doce años desde que viví una violación sexual y me sigo cuestionando qué tendría que haber hecho en ese momento. Pienso si debí ir a denunciar, aunque no estaba segurx del nombre del sujeto que me agredió. También si debía quemarlo por redes, aunque en aquel tiempo no eran comunes las prácticas de “funar” o del “tendedero”.
Tengo claro que no lo he perdonado, ni pretendo hacerlo. No obstante, la idea sobre qué busco para hacer justicia no es para nada clara. Cada vez olvido más detalles de aquella noche, pero la inquietud resurge de manera cíclica con ciertas películas, noticias o conversaciones que me lo recuerdan. Tal vez mi debate se debe a un sentimiento de culpa por no ser le feminista anticarcelaria perfectx y saber cómo enfrentarme a la violencia. Me opongo al uso de los mecanismos estatales de castigo, pero no tengo la menor idea de qué hacer en cambio. ¿Qué quiero como justicia? ¿Qué quiero demandar?
La pregunta resurgió al escuchar la reciente discusión del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la Ciudad de México dentro de la Corte mexicana.
En marzo de 2020, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la iniciativa que creaba un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, propuesta por el ejecutivo local —la famosa Claudia Sheibaum—. Así, se ordenaba la creación de una base de datos para almacenar y hacer pública la información de las personas condenadas por los delitos de feminicidio, violación, trata de personas, turismo sexual y abuso contra infancias, durante su tiempo en y después de prisión (aunque la redacción de la ley no fue clara sobre cómo se calcularía el tiempo en que cada persona quedaría registrada). La reforma parte del supuesto de que las mujeres, después de conocer a un hombre, podrían ingresar a un sitio web y consultar si con quien interactúan ha ejercido una agresión sexual para evitar situaciones de riesgo y, con ello, prevenir un hecho de violencia de género.
El registro público es un ejemplo claro de un feminismo que, como lo plantea esta medida estatal, cree que el sistema penal resolverá la crisis de violencias machistas que vive el país.
La reforma de 2020 réplica los modelos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. También la adopción de dicha política en la Ciudad de México desencadenó una moda de pasar iniciativas similares en el resto de las legislaturas locales del país. Los estados de Baja California y Quintana Roo han aprobado la creación de registros públicos, los cuales ya están disponibles en internet. Por su parte, varias propuestas se han presentado en los congresos de Sinaloa, Querétaro, Zacatecas y en el congreso federal, aunque siguen en dictamen.
Semanas después de su aprobación en marzo de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su contraparte local, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), solicitaron juicios para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma. Es decir, la CNDH y CDHCM le pidieron a la SCJN aclarar si dicha reforma no iba en contra de nuestra Constitución, a lo que se llama Acción de Inconstitucionalidad. Con diferentes niveles de argumentación, ambas comisiones argumentaron que el Registro público de agresores sexuales constituye una violación a los derechos humanos.
Antes de ahondar sobre qué sucedió en la Corte, ¿yo qué hubiera hecho con un registro público? No me hubiera servido de nada saber que existe una base de datos pública cuando los operadores de justicia revictimizan como norma de operación y no hay manera de que las herramientas de atención a las violencias sean adaptadas para las juventudes maricas, jotas y disidentes. Tampoco me hubiera atraído el hecho de registrar a mi agresor, independientemente del estigma que se le imponga a él, cuando sé que haber denunciado provocaría que yo sea señalada como “la jota que se buscó problemas”.
Pero, cuando se aprobó la iniciativa de Ciudad de México en 2020, estaba muy distraída lidiando con una pandemia para pensar en lo mínimo sobre el registro. Sabía que varias organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra, pero no tenía el espacio mental para cuestionar cómo me sentía o qué implicaba dicha reforma. Olvidé el registro, pero resurgió. El tema me movió este 2023 cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió si era o no inconstitucional.
Los tuits y las discusiones en la radio me alteraban. Unas cuantas decían que la Corte no debía “dejar fuera” a los depredadores que van por la vida violando. Otras publicaban en redes que la reforma impone una pena doble a los agresores, lo cual viola los principios básicos del Estado de Derecho. Durante estas semanas, me sentía paralizada al ver los debates en redes.
Lo debo admitir, una base de datos de agresores ponía en ansiedad mi feminismo.
El debate en la Corte mexicana tomó dos días. La (controversial) ministra Yasmín Esquivel, quien propuso la propuesta inicial sobre cómo resolver el juicio, y el ministro Arturo Zaldívar (tiktoker y autonombrado feminista) estaban a favor del registro. La presidente de la Corte —ícono para muchas abogadas—, Norma Piña y la ministra Margarita Ríos Farjat estaban parcialmente a favor, solo pedían que la base no fuera de consulta pública. El resto de los seis ministros y una ministra, Loreta Ortiz, que es la integrante más reciente de la SCJN, estaban en contra de la reforma y pedían que se declarara completamente su inconstitucionalidad por distintos argumentos. La audiencia de este circo judicial entendió que la votación no lograría declarar la inconstitucionalidad de toda la reforma, pues cualquier decisión requiere una aprobación de cuando menos 8 de 11 votos. También sabíamos que lxs ministrxs no estaban dispuestxs a establecer un consenso.
Hasta la tercera sesión, se dio a conocer la votación. El único punto que logró la mayoría necesaria fue sobre el tema del carácter público de la base. Es decir, el pleno de la SCJN decidió que el registro seguirá existiendo, pero solo las autoridades podrán consultarlo.
Tengo claro que escuchar a lxs ministrxs me desagradó. Me decepciona que nadie retomara alguna de las ideas del feminismo anticarcelario, de aquel feminismo que propone erradicar la violencia de género a la vez que luchamos contra la violencia que ejerce el Estado (prisión, vigilancia, policía, milicias, etc.).* De aquel feminismo que apuesta por acciones comunitarias y trabaja en dos horizontes temporales, uno a corto plazo para atender la violencia inmediata y otro a largo plazo para transformar las causas que permiten y promueven hechos violentos.
También me decepciona que lxs once ministrxs de la SCJN tuvieran como único punto en común decir que la situación de la violencia contra las mujeres, niños y niñas es grave, por lo cual se puede entender la “buena intención” del congreso de la Ciudad de México para aprobar dicha reforma. No creo que el registro pueda pasar solo por buena fe. Existe evidencia de los países con modelos similares que demuestra que no tienen efectos para prevenir la violencia sexual. Además, hay cientos de críticas, desde la academia y sociedad civil, que exponen los impactos negativos de este tipo de políticas públicas, como la criminalización de la sexualidad juvenil.
Partiendo del desagrado y decepción a los debates alrededor del registro de agresores, encuentro una oportunidad para pensar en una respuesta incompleta a mi pregunta inicial.
Debo ser sincera, me puedo nombrar cien veces anticarcelarix, pero no puedo lograr sentarme a escribir estas palabras. Miro mi teclado y tengo una saturación de ideas que me bloquean de teclear. Un recuerdo incómodo me impulsa, a la vez que me detiene de compartir estas ideas. Tal vez hago este ensayo para liberarme de este dolor o puede ser que sea pura motivación después de ver Women Talking.
Reflexionando sobre los debates de la SCJN tengo claro que no quiero que el hombre que me violó sea excluido de las calles o que portee un cartel que diga “violador” encima de su cabeza. Para mí, justicia no será generar un archivo digital que sirva para estigmatizar a las personas y sus familias por un tiempo indeterminado y que cristaliza las categorías “agresor” y “víctima”. Necesitamos acciones transformativas para sanar y reparar a las comunidades, poniendo en el centro a la persona que sufrió el acto violento con miras a restituir sus derechos.
La justicia no será promover una política que fortalece la capacidad de los gobiernos para vigilar y rastrear a las personas. Más bien, se debería reformar el sistema de justicia para que permita que cada persona que vivió un hecho victimizante pueda proponer qué busca cada una de ellas como restitución de derechos y reparación integral de daños.
Tampoco creo que la justicia sea hacer una política que suponga, o más bien obligue, que cada una de nosotras, si no queremos sufrir un hecho violento, tome el celular para buscar a los hombres con los que interactúa en una base de datos. Si el gobierno está interesado en el bienestar y cuidado de las mujeres, deberá diseñar e implementar políticas sociales que eliminen las relaciones de poder que posibilitan la violencia sexual contra mujeres, infancias y personas de la diversidad sexogenérica. Por ejemplo, amaría que la energía que invierten en políticas punitivistas se destinara a luchar por una educación sexual centrada en el placer, que diera estrategias para cuidarnos y vivir en plenitud nuestra sexualidad.
Por el momento, puedo decir con seguridad que un registro de agresores sexuales no es justicia. Si la policía no me cuida, menos lo hará una base de datos.
Mis palabras no son nuevas. Escribo plasmando las conversaciones con todas aquellas camaradas que creemos en un mundo sin cárceles. También este texto hace eco de las enseñanzas de Erica R. Meiners y otras mentoras anticarcelarias. Pero, a la par, mis palabras sí son nuevas porque es la primera vez que pienso en las preguntas que me he hecho después de la violación. Este texto destraba una pregunta que me persigue y espero que, para quien lo lea, sea una invitación para imaginar realidades posibles sin violencia.
Nota: * La SCJN resolvió el juicio en febrero de 2023. A la fecha, no está disponible el texto de la sentencia, con el cual podemos conocer qué argumentos incluyeron o no en la redacción final.
