Del cielo llueven abortos no deseados: Colombia y el glifosato

Por Paula Vargas

Es poco lo que Claudia Medina recuerda de su madre, Yaneth Valderrama. Siendo una niña pequeña la perdió junto con la ilusión del hermano que en unos meses llegaría a la familia. Yaneth, con veintiocho años y cuatro meses de embarazo, fue rociada por glifosato mientras lavaba ropa en una quebrada cercana a su casa. Esa noche empezó la pesadilla de toda la familia. En dos días Yaneth sufrió un aborto involuntario y seis meses después, perdió la vida.

“Hubiera querido crecer con mi mamá. Aprender con ella muchas de las cosas que tuve que aprender sola. Y eso es irreparable. Y entre más uno crece, es más difícil entender que por acabar con un cultivo acabaron con dos vidas: la de mi mamá y la de mi hermano”. 

El Estado no solamente viola nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos cuando nos impone, de manera forzada, una maternidad que no deseamos y que no estamos listas para asumir, sino que también viola este derecho cuando, queriendo tener hijos, no nos garantiza un embarazo seguro o, peor aún, cuando nos obliga a abortar, como le ocurrió a Yaneth.

El debate sobre retomar las aspersiones con glifosato está más latente que nunca. En las protestas del paro nacional son muchas las personas que reclaman que se descarte el uso de este herbicida por sus efectos en el medio ambiente y la salud de las comunidades. Mientras tanto, el presidente, Iván Duque, está tomando pasos de gigante para volver a activar esta estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, abandonada en el pasado en el gobierno de Juan Manuel Santos ante la numerosa evidencia de los daños que causa.

Y es así como hoy, la reactivación de la fumigación con glifosato en Colombia depende apenas de unos pocos trámites administrativos que esperan estén listos en un par de meses. Por eso también es urgente volver a advertir sobre los efectos de este herbicida en la salud de los colombianos, pero especialmente en la salud reproductiva de las mujeres.

¿Qué es el glifosato y qué está pasando con este herbicida en el mundo?

El glifosato es un herbicida creado por la compañía Monsanto en los años 70 que, todavía hoy, se utiliza en agricultura y jardinería para acabar con la maleza. Este herbicida es de “amplio espectro” y “no selectivo”, lo que quiere decir que mata a la mayoría de las plantas con las que tiene contacto, indiscriminadamente.

Desde el año 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el glifosato como “posible cancerígeno” para los seres humanos, a raíz de la evidencia de que es cancerígeno para los animales. Alex Blair, coordinador del grupo de científicos de la OMS, afirmó que luego de la revisión de numerosos estudios la evidencia apuntaba, claramente, a los posibles efectos cancerígenos de este producto.

Más tarde, en el 2018, una corte de Estados Unidos condenó a Monsanto al pago 290 millones de dólares por los daños causados a Dewayne Johnson, por no advertir que el herbicida era cancerígeno. El señor Johnson estuvo expuesto al glifosato durante dos años y luego fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin. Tras esta condena, el periódico New York Times publicó en el 2020 que Monsanto tuvo que conciliar alrededor de 95,000 demandas de personas que, luego de usar el herbicida, sufrieron de este mismo tipo de cáncer. Las conciliaciones le costaron a Monsanto 10,000 millones de dólares.

A raíz del pronunciamiento de la OMS, y de las condenas contra Monsanto, algunos países han prohibido o limitado el uso del glifosato. Francia, por ejemplo, anunció que para el 2021 prohibiría totalmente su uso salvo para situaciones excepcionales. Alemania, por su parte, anunció que el uso de este herbicida será eliminado totalmente para el 2024. Otros países que han prohibido el uso del glifosato son Tailandia, Emiratos Árabes, Vietnam, Portugal, México y Dinamarca, entre otros.

¿Y en Colombia?

El uso del glifosato como estrategia para acabar con los cultivos ilícitos en Colombia, empezó a finales de la década de los 70. Desde entonces, el Consejo Nacional de Plaguicidas dio concepto negativo al uso de este herbicida pero, aún así, se impuso la iniciativa del gobierno de Julio Cesar Turbay como estrategia de reacción al crecimiento del narcotráfico en el país.

En el 2008, Ecuador presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por las afectaciones en su territorio fronterizo por las fumigaciones con glifosato en Colombia. En su demanda, el Estado ecuatoriano afirmó que “Ecuador tiene pruebas contundentes de que las aspersiones colombianas traspasaron la frontera y afectaron seriamente la salud de la poblaciones y animales, así como sus cultivos”.

En el 2017, el personero municipal de Nóvita, Chocó, le pidió a la Corte Constitucional suspender las aspersiones con glifosato para garantizar los derechos a la salud y a la identidad étnica de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pidió, además, que se les indemnizara para recuperar los cultivos legales que se habían afectado por el glifosato y que eran fundamentales para su subsistencia porque, no nos podemos olvidar, el glifosato es “de amplio espectro” y “no selectivo”: no solamente acaba con las matas de coca, acaba con todo.

A raíz de esta solicitud, la Corte ordenó tutelar los derechos fundamentales a la consulta previa, la salud y un ambiente sano y ordenó que no se reanudaran las fumigaciones con glifosato, sino hasta cumplir con las siguientes condiciones: i.) La regulación tiene que ser diseñada por entidades diferentes a las que ejecutarían el programa de erradicación de cultivos. ii.) Se deben revisar de manera frecuente los riesgos que surjan con la aspersión iii.) Se tiene que hacer una evaluación imparcial de los riesgos a la salud y al medio ambiente.

Desde inicios de su gobierno, el presidente Iván Duque ha insistido en volver al uso del glifosato como estrategia para acabar con los cultivos ilícitos. Esto se ha traducido en una fuerte campaña mediática a favor del uso del herbicida, y en avanzar en los pasos requeridos por la Corte en su sentencia del 2017.  

Esto llevó al gobierno a emitir, el pasado mes de abril, el Decreto que regularía el inicio de las fumigaciones por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, aún están pendientes algunos conceptos favorables tanto del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Salud como del Instituto Nacional de Salud. De acuerdo con El Espectador, el estudio contratado por el Ministerio de Salud, y desarrollado por la Universidad de Córdoba, concluye que: “Aunque este herbicida puede ser levemente tóxico, dependiendo de la exposición, la cantidad, la fórmula, el surfactante, el contacto, entre otros factores a largo plazo, puede llegar a tener alto impacto para la salud”.

Además de la sentencia de la Corte Constitucional, el gobierno tendrá el reto de darle cumplimiento a las órdenes de otros jueces que también se han pronunciado sobre la erradicación de cultivos a través del glifosato. La última de estas sentencias, publicada el 11 de mayo de este año por el Tribunal Superior de Pasto, le ordenó al Gobierno suspender su programa de erradicación forzada, hasta tanto no se hicieran todos los procesos de consulta previa con las comunidades afrodescendientes e indígenas del pacífico nariñense.  

El glifosato y los derechos reproductivos.

El análisis sobre los daños que puede ocasionar el glifosato en la salud, no es ajeno a la salud reproductiva. Por esta razón, en el 2020, el Centro de Derechos Reproductivos y la Universidad del Valle hicieron un estudio sistemático de revisión de 79 trabajos de investigación, de todo el mundo, sobre los efectos que tiene el glifosato sobre la salud reproductiva.

Este estudio se enfocó en tres tipos de trabajo de investigación: aquellos que analizaban el impacto del glifosato en humanos, otros en células y, por último, en animales. Sobre los hallazgos el médico Fabián Méndez, PHD en epidemiología de la Universidad Johns Hopkins, explicó que en los humanos “casi la mitad (no la mayoría) de los estudios reportaron algún efecto en la salud reproductiva”. En cambio, los estudios sobre células y con animales fueron contundentes: “Los estudios mostraron asociación entre la exposición al glifosato y algún efecto extrapolable a la fertilidad de la mujer. Estos efectos fueron observados principalmente en útero y ovario”.

Por su parte, el Centro de Derechos Reproductivos afirmó que: “los principales hallazgos del estudio evidenciaron que existe “una clara consistencia a favor de los efectos nocivos del glifosato en la salud reproductiva”. Dentro de los efectos que señala el Centro, están daños en la fertilidad, abortos involuntarios, efectos en los nacimientos y daños en segundas generaciones.

En el 2019, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia emitió un pronunciamiento solicitando parar el uso del glifosato con base en evidencia en el aumento de las tasas de cáncer, trastornos del neurodesarrollo de los fetos, abortos no deseados y defectos congénitos.

Debido a que los estudios sobre los efectos del glifosato en humanos se dividen entre aquellos en donde se afirma que este herbicida causa daños y aquellos que afirman que esto no es así, el Centro de Derechos Reproductivos, la Universidad del Valle y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, invocan el principio de precaución a la hora de valorar la evidencia. Este principio, que hace parte del derecho internacional y nacional, afirma que cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir los daños.

“y el veneno cayó del cielo”: Los casos de Yaneth y Doris.

El 28 de septiembre de 1998, en Solita, Caquetá, Yaneth Valderrama estaba en la quebrada lavando la ropa de su familia. En ese momento, tres avionetas de la Policía Nacional descendieron para fumigar con glifosato las matas de cocaína que estaban cerca. Aunque ella corrió para refugiarse, las avionetas fueron más rápidas y la empaparon de glifosato.

Cuenta su esposo, que esa misma noche Yaneth, que para ese momento tenía cuatro meses de embarazo, empezó a sentir fuertes cólicos por lo que salieron de urgencia al puesto de salud más cercano. Dos días después, Yaneth sufrió de un aborto espontáneo seguido por síntomas que continuaron empeorando. Según describe su esposo, era evidente la degeneración de su estado físico: “ella se iba secando. Estaba acabadita, acabadita y de mal color”. Seis meses después, Yaneth falleció.   

Entre e 15 de abril y el 30 de mayo de 1999, la Policía antinarcóticos hizo una fumigación masiva con glifosato en el municipio de Chaparral, Tolima. Como consecuencia del viento, el herbicida cayó indiscriminadamente sobre las casas, los animales, los cultivos y las fuentes de agua. El resultado fue que veintiséis personas ingirieron el pesticida presente en el agua que tomaron, incluida Doris Alape, quien para este momento tenía siete meses de embarazo.

El estado físico de Doris también se deterioró y varios días después dio a luz a su hijo, estando aún a meses de tener un embarazo a término. El hijo de Doris estuvo varios días en cuidados intensivos y luego murió. La salud de Doris siguió en declive, hasta el punto de incapacitarla, de forma permanente, para hacer cualquier trabajo.

Tanto el caso de Yaneth, como el de Doris, ya fueron admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso de admisión tomó diez años y, según lo explica el abogado Rodrigo Uprimmny, este tiempo puede llegar a ser tan prolongado, entre otras cosas, porque antes de admitir un caso la Comisión reúne indicios suficientes sobre la responsabilidad del Estado.

El falso dilema con el herbicida.

El presidente Iván Duque ha insistido desde el comienzo de su gobierno en reiniciar las aspersiones con glifosato como estrategia para reducir los cultivos ilícitos. De acuerdo con sus diferentes Ministros de Defensa, dejar de utilizar el glifosato incrementa los cultivos ilícitos y el narcotráfico, teniendo graves efectos sobre la seguridad, la democracia, la vida y el medio ambiente.

Los argumentos del gobierno parten de la premisa de que utilizar el glifosato es eficiente para su propósito de acabar con el narcotráfico. Por eso, al poner en la balanza las afectaciones que este herbicida pueda causar en la salud, frente a los beneficios que se obtienen en su lucha contra los cultivos ilícitos, la respuesta es optar por seguir asperjando. Sin embargo, diferentes estudios demuestran que el glifosato es un mecanismo ineficiente y excesivamente costoso en el propósito de acabar con la mata de coca.

En un reciente estudio de Pascual Restrepo de MIT, y Sandra Rozo de UCLA, se encontró que por cada hectárea asperjada con glifosato, los cultivos ilícitos se reducen en cerca de 0,035 hectáreas. Esto quiere decir que para eliminar una hectárea cultivada con coca mediante las aspersiones con glifosato, hay que fumigar casi 30 hectáreas.

Existen también datos que muestran cómo el uso del glifosato no disminuye ni a corto, ni a mediano plazo, el número de hectáreas sembradas. Por ejemplo, el departamento de Nariño fue asperjado regularmente entre el 2005 y el 2014. En el 2005, el número de hectáreas de coca en el departamento era de 13,875, mientras que en el 2014 (casi diez años después) el número de hectáreas de coca era de 17,285. No solamente no disminuyeron las hectáreas sembradas, sino que aumentaron.

Como el caso del departamento de Nariño, existen otros iguales: departamentos en los que el uso de glifosato no tuvo ninguna efectividad a mediano y largo plazo.

De manera que es falso el dilema que plantea el gobierno entre tener que decidir sobre el incremento de hectáreas de coca sembradas y asperjar con glifosato.

La maternidad será, cuando sea deseada.   

El derecho que tenemos las mujeres a vivir dignamente se traduce en tener la posibilidad de elegir cómo vivir nuestra vida. Tener proyectos, ilusiones y planes y que el hecho de ser mujeres no evite que los podamos alcanzar. El Estado tiene que ser un aliado para que esto ocurra desde la protección de la salud y los derechos reproductivos. Esto implica, no solamente darle opciones a las mujeres que dentro de sus planes no quieren ser madres, sino también en garantizar que las mujeres que sí tienen esta ilusión la puedan llevar a término de una manera saludable.

Cuando el gobierno implementa la aspersión de glifosato como estrategia para acabar con los cultivos ilícitos, está poniendo en riesgo la fertilidad de las mujeres, su posibilidad de tener un embarazo y parto seguro y el nacimiento de bebés saludables. Arrebatarle a las mujeres, y a sus familias, esta posibilidad, atenta contra su derecho básico a la dignidad humana.

Y sí, los estudios pueden arrojar conclusiones diferentes. “Que sí, que puede causarle daños a los humanos”. “Que no, que realmente no se puede saber con certeza”. No importa. Para eso existe el principio de precaución que es claro en decirnos que ante los riesgos de un daño permanente, la “falta de absoluta certeza científica” no es razón para dejar de tomar acciones para evitar ese daño.

De lo que sí hay certeza, es que el glifosato es ineficiente para acabar con los cultivos ilícitos. Entonces ¿para qué insistir?. Sabemos que puede causar daño. Sabemos que no funciona. ¿Y con todo y eso seguir usando este veneno como bandera política?.

El aborto parece indignarles hasta que es consecuencia del uso de glifosato.

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