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Guaymango (Valle de las ranas en náhuatl) es un municipio salvadoreño y fronterizo con Guatemala. Es septiembre de 2023; sus habitantes saben que las lluvias —aunque alborotadas— están por marcar distancia con la franja costera. Se aproxima la estación más seca.
Las juventudes se organizan y aprovechan su fascinación por las tonalidades rojizas de sus tierras y siembran curiosidades, anhelos, dilemas y alternativas que florecen en un grito paralelo a la supervivencia de los bosques salados —resultado del carbono azul— que les rodean “¡Somos naturaleza defendiéndose!”, exclaman.
Detrás de las y los jóvenes que asisten a la Escuela de Derechos Humanos para fortalecer la lucha ambientalista, está Sara Guardado, quien antes de ser presidenta de la Asociación de Mujeres La Colmena Guaymango —así llamada por el trabajo de articulado y coordinado entre sus 300 integrantes para el desarrollo y fortalecimiento del conocimiento— y miembro de la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y del Medio Ambiente de Ahuachapán (Mesama), fue una chiquilla curiosa y segura de sus intenciones.
Nació y creció en una familia que le transmitió la importancia del respeto hacia la naturaleza. “Si me provee de alimento, yo tengo que proveer también a los demás”, repite como filosofía. Las tardes con su abuelo —ya fuera cortando naranjas o dirigiendo la ruta de los toros y caballos— le hicieron acuerpar la consigna: “defendemos nuestro entorno porque defendemos la vida, nuestros medios y a nuestra comunidad”.
A sus 53 años Sara está convencida de que las juventudes son el presente y el futuro. Su historia es ejemplo de ello. Además de aprender de su abuelo —“que no era activista ni ambientalista”—, se inspiró en su madre y en cómo “siempre tenía algo para ofrecer” cuando llegaba gente a su casa.
En su paso a la adolescencia, Sara abrazó las cualidades que hoy la configuran como lideresa. “Siempre me gustó que todo mundo me hiciera atención y caso”, relata entre risas que resuenan en las infancias y juventudes que en alguno de los municipios vecinos —Jujutla, Concepción de Ataco, San Pedro Puxtla o Acajutla— se involucran en la Red de Monitoreo Climático Comunitario.
“¿Por qué no sólo mujeres? ¿Por qué no crear algo en donde sólo estemos mujeres, en donde participemos y seamos libres para hablar?”: estas fueron las preguntas que inspiraron la creación de la Asociación de Mujeres La Colmena Guaymango
En retrospectiva, la lideresa de Guaymango reconoce que los activismos pueden surgir de la inspiración, pero su experiencia la convence de que involucrarse en las luchas está ligado a las necesidades. “¿Cuáles son los problemas que tenemos aquí?”, se preguntó con otras mujeres que a inicios de los 2000 ya alertaban sobre la falta de políticas de seguridad y soberanía alimentaria.
La formación de Sara fue en un hogar en el que su mamá tuvo un papel clave en la comunicación local y desde el bachillerato participó en colectivos mixtos para la defensa del agua. Paralelamente, se dio cuenta de que su comunidad se enfrentaba a un gran obstáculo: el machismo. “A las mujeres no se les permitía mucho andar en las reuniones o tocar algunos temas”, manifiesta. Pero ahora son las que trabajan “para cuidar lo que queda”.
En El Salvador, el activismo ambientalista y del territorio, además de patrones culturales apegados a los roles de género, se ve amenazado por el acecho de las autoridades. Como bien recupera la confederación Oxfam, en 2020, el país se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú, primer tratado que establece disposiciones específicas para la promoción y protección de los derechos de las y los defensores del medio ambiente.
Al interior y exterior de los municipios, las lideresas son testigos de cómo las violencias tienen “impactos distintos entre hombres y mujeres”. Desde hace muchos años —con mayor ímpetu desde 2016, año en el que el feminicidio de la activista hondureña Berta Cáceres estuvo motivado por su trabajo en la defensa del territorio—, organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos (IM-Defensoras) han denunciado la persecución, el hostigamiento, los desalojos, la criminalización judicial y las campañas de difamación y desprestigio con el género como categoría central.
Al pensar en ella, en sus compañeras y en el trabajo que realizan en Ahuachapán, Sara concluye que la violencia diferencial se relaciona directamente con el cuerpo y con cómo históricamente se les ha vulnerado desde lo que consideran su primer territorio. “Nosotras defendemos con nuestro cuerpo; es lo primero que ponemos”, afirma. “Somos las que estamos en primera línea”.
El cuerpo no conoce el silencio. Lo atraviesan todas las actividades transformadoras, incluido el trauma. Replica lo que ve, escucha y siente. En El Salvador —uno de los cinco países de Latinoamérica con mayor incidencia feminicida de activistas ambientales, según datos recopilados por IM-Defensoras entre 2016 y 2021— el carácter aleccionador de la violencia desgarra. Las demandas de justicia por Dina Yaseni Puentes—lideresa de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador asesinada el 9 de agosto de 2018 en el caserío las Mesas de Jujutla— siguen tiñendo los pétalos de los hibiscos y las polinesias de Ahuachapán.
Ser huésped del dolor tiene un impacto individual y colectivo. Las mujeres salvadoreñas —así como las guatemaltecas, nicaragüenses, mexicanas y hondureñas— guardan luto y memoria por las suyas.
Desde sus inicios y cuando apenas eran 5, para las integrantes de la Asociación de Mujeres La Colmena Guaymango —hablamos del año 2007— establecer y socializar estrategias de autocuidado fue un tema prioritario. Tienen claros los propósitos de campañas de difamación en las que se les sexualiza y se les presenta como traidoras de los roles de género: corporaciones, oligarquías locales, políticos, grupos de poder quieren callarlas, poner en duda su integridad, cuestionar su liderazgo y, eventualmente, desarticular la movilización. Pero ellas —“las protectoras ancestrales de la tierra, el agua y el bosque”, dice Lydia Alpizar en representación de IM-Defensoras— no tienen la mínima intención de ceder.
Aunque el golpeteo de los cuerpos de agua y la fragancia de las hojas de los robles siempre son sus mejores guías y acompañantes, en Ahuachapán las mujeres no caminan solas. Se reúnen, rentan transportes privados, evitan tener un rostro único frente a la prensa, son cuidadosas con los discursos que comparten con los medios de comunicación y hablan de cuidados digitales. Se sostienen entre ellas. Se sostienen para ellas y para las que siguen sus pasos.
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El acuerpamiento de las luchas también se ve atravesado por las vulnerabilidades que comparten con el resto de su comunidad. Las activistas del medio ambiente y del territorio son “generadoras de cambio” en sus contextos más próximos. Defienden la vida y se aferran a un futuro más justo y digno.
Mientras algunas plantan cara a proyectos extractivistas en mineras y ríos como Paz y Lempa, otras recorren El Salvador para acompañar a juventudes interesadas en la soberanía alimentaria y su correspondencia con la valorización del trabajo de los cuidados, el acceso a los recursos naturales y el rechazo a las dinámicas capitalistas, colonizadoras, patriarcales y productivistas.
Las campesinas, las lideresas indígenas y las ecofeministas lo tienen claro: la soberanía alimentaria y la soberanía del cuerpo se complementan en el acto de crear, de producir y de vivir dignamente, como lo han susurrado las compañeras de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador (AMPDE).
Las defensoras del medio ambiente y el territorio cosechan la vida. Mujeres como Sara proponen e implementan alternativas de contrapeso a la violencia económica —que entre sus consecuencias destaca el alza de precios en los productos de la canasta básica— y, a la vez, recuerdan que en sus luchas siempre están presentes “la familia, la pareja y la comunidad”.
La historia de Sara demuestra que las juventudes han sido y son fundamentales para el pasado, el presente y el futuro de sus comunidades. De niña la inspiraba la relación de reciprocidad entre su abuelo y la naturaleza y la calidez con la que su mamá recibía a quienes llevaban o recogían alimentos. Ahora disfruta ver que las pequeñas acompañan a sus madres, padres, hermanes u otres familiares a talleres sobre el funcionamiento de los pluviómetros e hidrómetros, instrumentos que ayudan a saber cómo y cuándo producir. “Los tenemos en nuestras casas”, cuenta. “Medimos las temperaturas y la lluvia. Vemos los pronósticos del tiempo para [así] proteger nuestros huertos agroecológicos, [que] son nuestros medios de vida y parte de la sostenibilidad”, puntualiza.
Para Sara, las infancias nunca han estado fuera. “El futuro es desde que nacemos. Lo primero que respiramos es el oxígeno y está contaminado. Entonces, no es algo que nos vaya a afectar en 10 o 15 años. [Es importante] que los jóvenes no sientan que [solamente] son el futuro. Los jóvenes son el presente y están sufriendo los mismos impactos que los adultos”, subraya.
El planeta está en ebullición. El aumento de las temperaturas —cada vez más frecuente y mayor, advierte la Organización Meteorológica Mundial—, la explotación y los saqueos de las empresas (in)habitan todos los rincones que encuentran a su paso. En El Salvador, la soberanía alimentaria no sólo tiene que ver con proyectos políticos de justicia o autodeterminación. Es un menester que exige la naturaleza.
Frente la contaminación de los ríos y lagos —en un 90%, informan medios locales—, la toxicidad del aire por el plomo y la erosión de los manglares, las mujeres dan continuidad a lo que aprendieron de sus abuelas, madres, amigas y compañeras.
Algunas, como Sara, continúan con métodos de pesca que no comprometan la calidad del agua. “Llevaban masa o [algo] de comida; la ponían [sobre las piedras] y los camarones llegaban. No había necesidad de alterar el caudal del río o de su biodiversidad”, relata. Otras, las que cuidan del ganado, rechazan el uso de abono y el encierro de los animales. Gallinas y pollos salían por la noche y se alimentaban de hierbas aromáticas mientras las mujeres intercambiaban sus técnicas para sembrar en peroles y guacales.
En Ahuachapán el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio sistema de alimentación y de producción—como lo expone el anteproyecto de Ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional—no sólo se defiende con “abastecerse de manera pacífica”. Las mujeres exigen que instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería cumplan con sus responsabilidades —”que si se va a talar en el área forestal, supervisen”, demanda Sara—, organizan campañas de reforestación, limpian las cuencas y siembran candelita de manglar. Cosechan vida y también siembran esperanza; persiguen un futuro menos hostil.
Es cierto: los huracanes, las sequías y las inundaciones en El Salvador cada vez revelan con más fuerza los efectos del cambio climático, los procesos de urbanización y los proyectos de empresarios y políticos que amenazan los ecosistemas.
Sin embargo, entre las cenizas del Chingo y las corrientes del Río Goascorán florece un combate que lleva el nombre de jóvenes que, como Sara y otras lideresas de Ahuachapán, son el presente. ¿Qué gesto más rebelde que organizar, defender y dignificar la vida en un sistema que se niega a garantizar un mañana?
