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“Ciudadano israelí en Taganga…”, “Ciudadano canadiense en Medellín…”, “Ciudadano estadounidense en Cartagena…”, titulan los medios de comunicación reafirmando el privilegio blanco de los agresores en cada nuevo caso de explotación sexual infantil que sale a la luz. Ante todo, sin importar los crímenes cometidos, cuando se habla de hombres blancos del norte global, ellos son “ciudadanos” y se les trata con humanidad y respeto, aunque continúen el legado colonial de sus antepasados, que no solo les garantiza los privilegios de los que gozan hoy, en términos económicos y sociales por haber nacido en el “primer mundo”, en detrimento y por cuenta del saqueo y la esclavización de los territorios del sur, incluyendo el territorio cuerpo como ha teorizado la feminista comunitaria Lorena Cabnal; cuerpos que al día de hoy explotan los hombres blancos del norte, bien sea para acumular riqueza o simplemente porque pueden.
Esos privilegios, que parecen remotos en relación a los hechos coloniales de 1492, son en realidad una continuación de esos hechos que hoy otorgan a esos hombres pasaporte azul para entrar y salir de los países del sur, y abusar y explotar sexualmente a menores de edad en total impunidad, sin levantar sospecha en Migración. Probablemente la policía esté muy ocupada haciéndole perder el tiempo, la dignidad y algún vuelo a gente racializada que intenta ejercer su derecho a migrar, y cuyo único crimen es tener un pasaporte del sur global, ese color de piel, esos rasgos faciales o ese hiyab. Por eso, para hablar de explotación sexual infantil, es indispensable hablar también de privilegio blanco.
¿Qué es el privilegio blanco?
El privilegio blanco no implica que una persona, solo por nacer blanca, goce de comodidades y lujos, o nunca tenga dificultades en la vida. El privilegio blanco tampoco depende exclusivamente del color de piel, pues algunas personas mestizas son leídas en ciertos contextos como blancas. Podemos entender el privilegio blanco desde la teoría fanoniana de “la zona del ser y la zona del no-ser”, que explica cómo las sociedades coloniales están divididas por una línea imaginaria y en la parte superior de la línea, en la zona del ser, habita la gente blanca en pleno reconocimiento de su humanidad, aunque sufra otras opresiones como la clase y el género, y por debajo de esa línea habitan las personas deshumanizadas, las personas que no pueden interpelar o negociar de ninguna manera con el poder. Por su parte, Reni Lodge explica el privilegio blanco como una “ausencia” de violencias cotidianas basadas en la idea de la raza, como el perfilamiento racial por parte de la policía, el temor a ser detenido en los aeropuertos o te nieguen la entrada a un país y un largo etc…
Privilegio blanco y explotación sexual
La explotación sexual infantil es un problema alarmante con casos ocurriendo a diario en todo el mundo, especialmente en países del sur global. Sin embargo, en Colombia, dos casos en Medellín han generado gran conmoción por cuenta tanto del proceder de las autoridades como de la cobertura mediática que ha llegado a retratar a los pedófilos como víctimas de las niñas explotadas. Esto fue lo que ocurrió el 11 de febrero del 2024, cuando “un ciudadano canadiense fue encontrado con una menor” en el hotel El Poblado. La policía acudió al llamado para localizar y capturar a una menor de edad que se había robado el celular y el computador del ciudadano canadiense. La menor fue encontrada con la agilidad que nunca se despliega a la hora de buscar a pedófilos y feminicidas, y fue tratada como una criminal adulta, mientras que el ciudadano canadiense fue tratado con el mayor cuidado, llevado al médico porque estaba “desorientado” y, posteriormente, se le explicó que no se puede tener sexo con menores de edad para después permitirle regresarse a su país en total impunidad. El tratamiento de la noticia se centró en afirmar que la niña lo drogó para robarle. Como la víctima no era perfecta, la opinión pública se volcó a la defensa del pedófilo y a la criminalización de la menor de edad.
Otro caso que acaparó la atención de la opinión pública ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando Timothy Alan Livingston, un estadounidense de 36 años, fue encontrado en el Hotel Gotham en Medellín con dos menores de edad, de 12 y 13 años, “presuntamente” en actos sexuales. Sin embargo, la policía lo dejó ir por falta de pruebas. El ciudadano estadounidense alcanzó a huir a Miami pero la indignación fue tal que las instituciones se vieron en la necesidad de informar que harían algo al respecto y el hotel fue cerrado definitivamente, aunque quién sabe si lo abran con otro nombre. El presidente Gustavo Petro se refirió al caso en su cuenta de Twitter, pidiendo la extradición de Livingston, y hasta agentes del FBI llegaron a Medellín para investigar, después de que Livingston pudiera entrar a Estados Unidos y no hubiera agente migratorio que lo detuviera. Otro caso es el de Stefan Andrés Correa, ciudadano estadounidense de 42 años, que ingresó 45 veces a Colombia para cometer crímenes contra menores y, de no ser por la indignación pública y mediática, quizás nunca lo hubieran detenido. Pero poder haber entrado 45 veces a un país del sur global para explotar sexualmente de menores de edad con total impunidad, tiene que ver con el privilegio blanco.
Mientras tanto, Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, no ha dejado de estigmatizar y criminalizar el trabajo sexual, equiparándolo a la trata de personas y a la explotación sexual infantil, exponiendo la explotación como una “crisis de valores desde la familia”, como si no se tratara de un problema estructural que tiene sus raíces en las desigualdades históricas de un sistema colonial que mata de hambre a la niñez. A Gutiérrez se le ocurrió que “suspender por seis meses la demanda y solicitud de servicios sexuales o actividades afines en el espacio público del parque El Poblado, el parque Lleras, Provenza y otras zonas aledañas”, era la manera de combatir la explotación sexual infantil. Me pregunto, ¿cómo será el perfilamiento policial? ¿El objetivo es combatir la explotación sexual infantil o criminalizar a trabajadoras sexuales? Lo único que es claro es que la persecución será contra las trabajadoras sexuales: personas adultas que deciden ejercer el trabajo sexual porque les resulta mejor remunerado que ejercer otros trabajo, ya sean formales o precarizados.
En esa misma línea, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, decretó el “Plan Titán 24” que consiste en ubicar retenes policiales en todas las entradas de la muralla del Centro Histórico de la ciudad, para prohibirle la entrada a las personas racializadas, a menos que sean trabajadores formales del sector turístico, y hacer perfilamiento a las trabajadoras sexuales. Una vez más me pregunto ¿cuál será el filtro o criterio de la policía para reservarse el derecho de admisión? Pues es claro que a ningún hombre blanco se le van a prohibir entrar al Centro Histórico de Cartagena; por descarte, las mujeres negras, leídas como prostitutas bajo el perfilamiento policial, no podemos disfrutar libremente de un paseo en el centro de Cartagena. En lugar de buscar a las niñas negras desaparecidas por las redes de trata, la maquinaria del estado ha decidido movilizar toda su fuerza para estigmatizar, hostigar y excluir a los cuerpos racializados. No es raro entonces que sean comentarios racistas, misóginos y putofóbicos los que inundan las redes sociales cada vez que sale a la luz un nuevo caso.
Entre tanto, cuando Timothy Alan Livingston fue encontrado en el hotel con dos menores de 12 y 13 años y se regresó impune a su país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quedó a cargo de las niñas y después se supo que las niñas habían huido de la entidad. Una vez más, las víctimas no eran perfectas y los comentarios de la opinión pública se volcaron de manera alarmante a la defensa del hombre blanco acusado de pedofilia. Nuestra sociedad volvió a demostrar que el odio a las trabajadoras sexuales es tan grande como su doble moral y comentarios pedófilos inundaron las publicaciones de esta noticia, tratando al igual que Livington, a menores de 12 y 13 años como si no lo fueran.
Siempre he pensado que una de las maneras más sencillas de explicar las relaciones de poder y subordinación sin que la gente entre en negación de las desigualdades es poniendo el ejemplo de la relación de poder entre una persona menor de edad y una adulta, ya sea esta desconocida, pariente, madre o padre de la menor, siendo esta última relación de subordinación la más aceptada en la sociedad. Pero el reconocimiento de esa vulnerabilidad parece no tener validez y sentido cuando se trata de infancias empobrecidas y racializadas. Para algunas personas, hay niños y niñas que valen menos, que no son infancias, que dejan de serlo para ser consideradas “terroristas”, “guerrilleras”, o “putas a las que les gusta la vida fácil”, para justificar su explotación o asesinato.
En ese sentido, desde una visión clasista y doblemoralista cuando “la víctima no es perfecta” y el victimario es un ciudadano que goza de privilegio blanco, la sociedad llega a justificar lo injustificable, a quitarle responsabilidad al agresor para culpar a la víctima o a su madre, porque el cuidado de estas niñas y niños siempre es responsabilidad exclusiva de sus madres, los padres ni entran en la ecuación y el Estado, menos. Como si estas infancias en su condición de vulnerabilidad y subalternidad propia de la minoría de edad tuvieran la posibilidad de “elegir o decidir” salir de un hogar amoroso y seguro, con dignas condiciones materiales de existencia y comida, gracias a una sociedad saludable y justa que garantiza la dignidad y la vida, para alegremente irse a la guerra o ser explotadas sexualmente. Entonces, ese ejemplo de las relaciones de poder entre personas adultas y menores deja de funcionar porque solo tiene sentido cuando se habla de una niñez humana, blanca, de clase media-alta para la que el riesgo de habitar la calle, pasar hambre y caer en una red de trata sexual o el en reclutamiento forzado para la guerra es casi inexistente.
Privilegio blanco también es la atención mediática que reciben los casos, el despliegue policial y de otras instituciones cuando la víctima es, o imaginamos que es, una persona blanca. Por eso, no es de extrañar que la indignación nacional se concentre en el caso de una ciudad como Medellín, que en el imaginario de la nación es una ciudad blanca, y que se ha empeñado en negar a sus ciudananos negros e indígenas, ignorando los casos de ciudades como Cartagena, donde niñas negras son raptadas, explotadas y desaparecidas con fines de trata, como se presume ocurrió con Alexandrith Sarmarmiento, una adolescente negra desparecida en marzo del 2021. A pesar de la férrea lucha del Movimiento de Mujeres Negras de Cartagena, las instituciones han sido ineficientes y revictimizantes con el caso de Alexandrith.
Si la sociedad colombiana prefiere ignorar la relación de poder evidente entre un hombre blanco ciudadano de algún país del norte y una niña de 12 años empobrecida de las periferias del sur global, ¿qué podemos esperar de las demás relaciones de poder posibles como la raza? Todo acto sexual con menores de edad es violencia sexual, no es “turismo sexual” ni “prostitución infantil”. SOLO LAS PERSONAS ADULTAS PUEDEN DECIDIR EJERCER EL TRABAJO SEXUAL. Las niñas no pueden decidir ejercer el trabajo sexual, ni ningún otro trabajo, SIEMPRE LO DECIDE ALGUIEN MÁS POR ELLAS, personas adultas, una sociedad que debió cuidarlas y por acción u omisión les ha fallado, un pedófilo que tenía el poder y los privilegios para abusarla e impunemente lo ha logrado, y un estado que sostiene las desigualdades coloniales negándoles condiciones materiales dignas de existencia.
Para acabar con la explotación sexual infantil hay que acabar con las desigualdades económicas, políticas y sociales entre los ciudadanos del norte y el sur global, entre hombres y mujeres, entre los centros y las periferias. Para acabar con la explotación sexual infantil hay que acabar con el privilegio blanco.
