junio 22, 2023

Centros de procesamiento de migrantes llegan a Colombia: alerta por los derechos humanos

Este 19 de junio comenzó en Colombia la fase inicial de implementación de las Oficinas de Movilidad Segura (SMO), o los llamados centros de procesamiento de migrantes, producto de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y el colombiano. ¿De qué se trata esta medida y qué implicaciones tiene en términos de derechos humanos para las personas migrantes?

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Los centros, anunciados por el presidente Joe Biden en abril, buscan, al menos en el papel, que las personas migrantes puedan acceder a algunas vías legales de migración, programas de reunificación familiar y permisos laborales. Desde el 12 de junio inició el funcionamiento de estos centros en Guatemala, para personas de dicho país, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y en Costa Rica, que atiende solicitudes de venezolanos y nicaragüenses. 

Para el caso de Colombia, las oficinas no atenderán colombianos, sino a migrantes provenientes de Venezuela, Haití y Cuba que llegan para hacer el tránsito hacia Estados Unidos. Por ahora no se sabe dónde estarán ubicadas ni cuántas citas habrá disponibles por día. 

El gobierno estadounidense, por su parte, aclaró que las oficinas “identificarían, registrarían y categorizarán las razones de la migración irregular y canalizarían a quienes califiquen por vías legales desde Colombia hacia los Estados Unidos”.

En caso de ser aprobados, según explicó BBC, las personas migrantes serán referidas para ser admitidas en un campo de refugiados o para que sean procesadas a través de un mecanismo legal como los permisos de estadía. España y Canadá mostraron su disposición para recibir a personas referidas en estos centros. 

La primera fase es un ‘piloto’ de seis meses “recibiendo las solicitudes de los migrantes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares que, a la fecha, se encuentran presentes en el país, y aconsejándoles sobre seguridad, regularidad y vías legales para la migración”, según indicó un comunicado de la Casa Blanca.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en Estados Unidos, aseguró que espera que en estos centros, que estarán gestionados por organizaciones internacionales aliadas de Estados Unidos, como la Oficina de la ONU para los refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de Migraciones, se procesen al menos 5.000 y 6.000 migrantes al mes. 

Lo que está en juego

Aunque los centros de procesamiento de migrantes parecen la opción adecuada para migrar de forma legal a Estados Unidos, son también un espacio propenso a la violación de derechos de los migrantes.

Por ejemplo, en el centro alterno de procesamiento de migrantes en Texas se registró en junio de este año el colapso de sus instalaciones por superar, seis veces, la capacidad de acogida con un total de 750 migrantes. 

Gemma Fernández, abogada de la ONG Women’s Link, asegura que son varias las preocupaciones que han generado estos centros de procesamiento, en el caso de Libia y Mauritania donde se desarrollan procesos para personas africanas que buscan migrar a Europa. 

“Es una táctica de externalización de fronteras de la Unión Europea. Significa que cada vez la frontera  está más alejada de las personas. El objetivo es impedir que la gente llegue a los territorios para evitar a su vez que tengan acceso a ciertos derechos y que luego sea más difícil deportar a estas personas a sus países”, asegura la experta. 

Reconoce, a su vez, que aunque en la retórica parecen lugares con buenas intenciones, en la práctica representan riesgos. En los casos de África hay reportes de personas que duran meses o años esperando una respuesta y quedan “atascados” en un país distinto a su lugar de origen y donde, en muchos casos, tampoco tienen permiso de permanencia. 

Asimismo, la abogada expone que Estados Unidos, así como Europa, delega la tarea a terceros, como África y América Latina, “de tramitar todas estas solicitudes en estos países que son como la puerta de atrás. Les deja hacer el trabajo sucio a cambio de algún dinero. En Europa, por ejemplo, estos centros se han incluido en las ayudas por cooperación internacional”

“La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros externalizan la detención a terceros países como parte de una estrategia para impedir el ingreso de migrantes a cualquier costo. Esto provoca que los migrantes sean detenidos y sometidos a violaciones manifiestas de los derechos humanos en países de tránsito en Europa Oriental, los Balcanes, Asia Occidental y África”, expone un estudio de Transnational Institute y Stop Wapenhandel. 

La situación es más compleja en los centros de internamiento o detención que se ubican en el territorio del Estado al que los migrantes buscan llegar. Por ejemplo, el pasado 27 de marzo, el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, se incendió y murieron 40 migrantes. Para ese momento, estaban ingresadas 68 personas, de seis nacionalidades, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración de México. La mayoría de Guatemala, Honduras y Venezuela. 

Este centro es utilizado para albergar a migrantes que intentan cruzar ilegalmente y son elegibles a ser deportados. Las investigaciones sobre lo que ocurrió esa noche todavía se están adelantando. Solo en 2022, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, reportó 2,76 millones de personas detenidas en esta frontera. 

A su vez, Women’s Link ha emitido varias alertas sobre los riesgos que sufren las mujeres que entran a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En 2017, denunciaron que en uno de estos lugares en Algeciras, en España, estaban sufriendo trato “inhumano, degradante y discriminatorio”. Aunque los hombres fueron trasladados a otros centros con mejores condiciones, a ellas les tocó quedarse en un edificio con humedad, poca luz natural, sin acceso a elementos de cuidado menstrual y siendo encerradas en celdas en las noches. 

Para 2012 la misma organización denunció que en estos centros estaban siendo detenidas mujeres víctimas de trata. En ese año identificaron a 21 mujeres en una situación similar y a las que intentaron deportar en diferentes ocasiones sin hacer una identificación apropiada de su caso. 

La experta reconoce que a lo largo del trayecto migratorio se registran violencias de género, en su mayoría físicas y sexuales. También son espacios donde han documentado “muchas separaciones familiares a las mujeres que viajan con sus hijos o mujeres embarazadas que dan a luz en estos centros y se les separa de sus hijos”. 

Sobre los centros de procesamiento ubicados en América Latina, Fernández destaca que dejan las mismas dudas sin resolver que se dan en los de África; como la falta de claridad en la regulación y la autoridad sobre estos lugares. Es decir, quién respondería ante denuncias por malos tratos, atención diferenciada a mujeres u otro tipo de violaciones de derechos a migrantes. 

Tampoco hay claridad sobre los tiempos de tramitación de las solicitudes, el  periodo máximo de estancia, la opción de apelación ante una decisión negativa y otras precisiones de carácter procedimental.

Otras medidas para regular la migración hacia Estados Unidos 

Estos centros de procesamiento hacen parte de una meta que se planteó el gobierno de Joe Biden para lograr regular la migración hacia Estados Unidos. Entre otro de los cambios está la implementación del Título 8. Una normativa que no es nueva, pues existe desde 1940, y estípula que las personas migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera de forma ilegal. 

La ley empezó a regir desde el 12 de mayo, fecha en que llegó a su fin la aplicación del Título 42 en Estados Unidos, una política de salud pública que justificaba la expulsión de personas inmigrantes indocumentadas de forma expedita por el marco de la pandemia por covid-19. 

A través de un comunicado, el pasado 1 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó que durante la primera mitad del año fiscal 2023 regresaron “a 225.483 personas, frente a 170.896 durante el mismo período el año anterior”, y expulsaron “a más de 440.000 personas bajo la orden de salud pública del Título 42 durante el mismo período”.

Con el Título 8 la persona que es expulsada tiene una prohibición de admisión a Estados Unidos por al menos 5 años y se enfrentaría a un proceso penal si intenta cruzar la frontera, de nuevo, de forma ilegal. También puede ser arrestada y procesada para una deportación rápida. Tampoco sería elegible para pedir asilo.

Además de quienes no tengan una causa de asilo, con el Título 8 se puede deportar a cualquier persona extranjera que un agente del DHS considere inadmisible, de acuerdo con la Ley de Inmigración. También a personas que fueron deportadas anteriormente y no cumplieron el tiempo de sanción, a quienes hayan cometido crímenes o delitos que los conviertan en una amenaza a la seguridad pública, a quienes cometieron delitos de bajeza moral y cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral. Así como a personas que tengan múltiples condenas penales. 

¿Cómo funcionarían los centros?

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, las personas solicitantes deben ingresar a la página de Movilidad Segura, confirmar que tienen 18 años y tener una de las nacionalidades que aplican para cada centro. 

En la plataforma les pedirán información personal como nombre completo y fecha de nacimiento. Deben adjuntar una foto de su rostro o una imagen de su documento de identidad. Con ese primer formulario, la persona deberá agregar a los familiares que lo acompañan en su solicitud de asilo. 

Después, la plataforma hará algunas preguntas de protección para verificar que se cumplan los requisitos. Desde las oficinas se revisará cada solicitud y se pondrán en contacto con los solicitantes elegibles. Algunos recibirán opciones de vías legales para migrar y otros podrán programar una cita. 

Aunque falta claridad sobre los detalles de cómo van a operar estos centros en Colombia, es cierto que se necesitan medidas y protocolos que no expongan a la población migrante a violaciones de sus derechos, recordemos que las personas migrantes a nivel social y gubernamental, son reconocidas como sujetos vulnerables por la facilidad con la que pueden abusar de sus derechos por el temor que tienen de ser denunciados o deportados. 

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Autor

  • Mariana Guerrero

    Periodista, politóloga en formación y feminista. Trabajó como periodista en EL TIEMPO y Portafolio. Integrante de la décima generación de la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO. Ha colaborado para medios como Rutas del Conflicto y Pacifista en temas de conflicto armado. También ha sido correctora de estilo para Dos Latinas y la Comisión de la Verdad. Con experiencia y afinidad en la investigación de temas de género, conflictos socioambientales, posconflicto y derechos humanos. Nominada en 2022 al premio Otto de Greiff por un especial multimedia sobre la persecución y el asesinato a lideres y lideresas afro e indígenas del Norte del Cauca.

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