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La tarde del 20 de junio de 2024, presuntos sicarios asesinaron con arma de fuego a María del Socorro Barrera Sánchez, mientras se encontraba en un autolavado del barrio Los Reyes en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Además de exintegrante de la Policía Municipal y extitular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género durante la administración de Irene Olea, María del Socorro era testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación por la detención arbitraria, privación de la libertad, violencia sexual y tortura de las hermanas y periodistas Natalie y Michelle Hoyos López en marzo de 2023.
En la conferencia de prensa del 26 de junio, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Daniel Cruz Luna, confirmó que la policía de la entidad estaba encargada de las medidas de protección (recorridos aleatorios y llamadas) de la testigo. Sin embargo, no contaba con vigilancia 24 horas.
Aunque medios como Reporte Índigo abordaron al asesinato de María del Socorro Barrera como resultado de haberse opuesto a un robo, el ataque contra la exservidora pública no puede considerarse como un hecho aislado. El Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Javier Aquino Limón, subrayó que Barrera Sánchez fue asesinada días antes de brindar declaración. A través de su cuenta de X, Michelle Hoyos López detalló que la audiencia estaba programada para el 24 de junio. “Que esto no quede en el olvido y exista justicia” demandó.
Asimismo, la estratega política Ruby Soriano escribió en su columna para El Popular que “la ejecución y el feminicidio de María del Socorro Barrera Sánchez (…) va hilando acciones de abuso de poder e impunidad que conducen a la Presidenta Municipal morenista Irene Olea”. Mientras medios locales señalaron que María del Socorro ya había sido amenazada, el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” expresó preocupación por lo sucedido y exigió a las autoridades de Puebla que se brinden medidas de seguridad a Natalie y Michelle. A su vez, el gobernador de la entidad, Salomón Céspedes, aseguró que las autoridades darán con los responsables del homicidio.
El caso de las periodistas Hoyos López
Para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres (8M), en 2023, colectivas de Izúcar de Matamoros organizaron distintas actividades. El 10 de marzo, activistas feministas pintaron siluetas de mujeres para concientizar sobre la violencia de género. A esta acción fueron invitadas Natalie (periodista) y Michelle (reportera gráfica), ambas colaboradoras del medio Enlace Noticias. Al terminar la actividad, las hermanas llevaron a una activista a su casa.
Antes de llegar al domicilio de la compañera, entre 15 y 18 elementos de la policía municipal de Izúcar de Matamoros las detuvieron arbitrariamente, agredieron y amenazaron. Los uniformados justificaron sus acciones en que “eran órdenes de la jefa”. Natalie, Michelle y otras tres activistas fueron trasladadas a la Subcomandancia de Seguridad Sur, ubicada en una zona alejada del centro de Izúcar, donde estuvieron privadas de su libertad e incomunicadas cinco horas. Además de agresiones verbales y golpes, las periodistas y activistas fueron violentadas sexualmente. Los policías las tocaron lascivamente y las obligaron a quitarse la ropa. También fueron víctimas de violencia psicológica, pues se burlaban de ellas diciéndoles que tendrían que escribir una noticia sobre su propio caso de tortura. Al respecto, la Universidad Iberoamericana (Ibero Puebla) agregó que fueron interrogadas sobre los nombres de quienes participaron en las actividades conmemorativas por el 8M y sólo se les liberó cuando pagaron una multa de $3800 pesos mexicanos “por ensuciar las calles”.
La institución educativa solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. A este pronunciamiento se sumaron la colectiva Marea Púrpura y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) con el llamado a las autoridades estatales y la denuncia de violaciones a los derechos humanos de las compañeras durante la administración de Irene Olea. En ese entonces, según reporta el diario local Urbano Puebla, María del Socorro Barrera Sánchez era miembro de la Policía Municipal y atestiguó las agresiones contra las periodistas y activistas.
En enero de 2024, 10 meses después de los hechos, Natalie Hoyos López denunció que, pese al involucramiento de la Fiscalía General de la República, los policías se mantenían activos. “A ninguno dieron de baja ni lo separaron del cargo”, compartió.
Fue apenas a mediados de febrero de este año, cuando la FGR presentó cargos contra 16 servidores públicos de Izúcar de Matamoros, que se inició juicio contra Irene Olea por presuntamente haber ordenado las agresiones contra las periodistas y activistas. Además de la presidenta municipal, se señaló la presunta responsabilidad de Marco Antonio Enríquez Ramírez (secretario de Seguridad Pública) y el juez Jesús Venancio Castro. Hasta el 24 de junio de 2024, 6 personas han sido imputadas (cinco hombres y una mujer: Abel Israel N, Víctor Manuel N, Alberto Jonathan N, José Abraham N y Jesús Gabriel N y Mariela N) por el caso de Michelle y Natalie, de acuerdo con el diario local Poblanerías.
Igualmente, medios como La Jornada Oriente y Reto Diario comunicaron que la violencia contra las hermanas Hoyos López podría ser también una agresión hacia su padre, Miguel Ángel Hoyos Bravo, periodista que ha mantenido una postura muy crítica respecto a la administración de Irene Olea en Izúcar de Matamoros.
A la fecha, Natalie y Michelle mantienen dos procesos judiciales ante la FGR: uno por falsificación de información y ejercicio indebido de funciones, y otro por tortura. Su búsqueda por acceder a la justicia y reparación de daños se ha visto obstaculizada por la protección que la Policía Municipal ha brindado a lxs servidores públicxs presuntamente involucradxs en su caso (especialmente a Irene Olea).
El asesinato de María del Socorro Barrera Sánchez y el aplazamiento de la audiencia por el delito de tortura contra Natalie y Michelle Hoyos López son sólo dos de las situaciones que exhiben el nivel de impunidad en Puebla (calculado en 94.9%, según Periódico Central ), estado que desde hace varios años (especialmente con el inicio de la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta) ha reportado el incremento y la intensificación de criminalización del Movimiento Feminista y que en mayo de este año ocupó el tercer lugar a nivel nacional con más agresiones a periodistas.
