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El 9 de julio Argentina conmemora el Día de la Independencia. Con la gestión Milei, la fecha se vivió con un desfile militar que encontró sonrientes al presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, arriba de un tanque de guerra TAM 2C A2 del Ejército Argentino (fabricado en los años 70, pero modernizado recientemente junto a una empresa israelí). El mensaje belicista no buscó metáforas y esa mañana invernal, a través de la televización, se heló la conciencia de la mayoría de la sociedad argentina. Las acciones reivindicatorias del autoritarismo militar no se detienen.
En este contexto, el gobierno de Milei intervino la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Un acto ilegal y arbitrario, según lo define Gustavo Pons, su Vicerrector y que se inserta en un campo más amplio de ataque a los DD.HH.
Según un informe elaborado por Memoria Abierta y el CELS, en los primeros 6 meses del gobierno de Milei, se desmantelaron total o parcialmente políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia. “Todos estos retrocesos han venido acompañados de una serie de discursos por parte de máximos responsables del gobierno; vinculados a elogiar los indultos y las leyes de impunidad, legitimar la dictadura, plantear que la búsqueda de memoria es un acto de venganza que tendría como víctimas a los responsables de delitos de lesa humanidad”, explica Verónica Torras, Directora de Memoria Abierta.
En menos de 250 días de gobierno, Milei vació instancias fundamentales en la investigación y aporte de pruebas para los juicios por delitos de lesa humanidad, como una Mesa que funcionaba en la Agencia de Inteligencia para acceder a documentación relacionada a violaciones a los DD.HH. y el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas.
Como en otros sectores del Estado Nacional, dejó vacantes los cargos jerárquicos del Archivo Nacional de la Memoria y de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, paralizando las acciones que se venían haciendo. En particular, los hoy Sitios de Memoria fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; muchos de ellos, lugares donde las personas embarazadas fueron obligadas a parir, activando el delito de robo de bebés. Además, se cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado, trascendente para acompañar el trabajo comunitario que lleva adelante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, buscando a 392 personas que nacieron en cautiverio o fueron desaparecidas junto a sus familias.
Ayelén Colosimo, Subsecretaria de Investigación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, señala que existe una memoria negacionista del terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos. “Cuando pensamos en procesos de memoria sociales, siempre hay una memoria que es negacionista. Este hostigamiento hacia las Madres de Plaza de Mayo y hacia las políticas de memoria en general no nace con Javier Milei, sino que es un tipo de memoria que está presente desde la última dictadura y que en los últimos 20 años es una memoria subalterna”.
Desde que el Estado asumió la implementación de políticas públicas de memoria, los discursos antipolítica comenzaron a producir relatos difamatorios respecto al uso de recursos públicos para la promoción de la memoria, la verdad y la justicia.
En esta línea, el gobierno de Milei dispuso una auditoría integral de todas las reparaciones económicas para las víctimas del terrorismo de Estado que se encontraban en trámite. Según el Informe de Memoria Abierta y el CELS ascienden a 22.500 expedientes. Aunque esta política de auditoría se ha realizado durante todos los gobiernos previos, lo extraordinario de la gestión Milei es que suspendió el pago de todas las reparaciones ya aprobadas. Similar política tuvieron con la provisión de alimentos a comedores comunitarios que asisten a poblaciones vulnerables y con programas sociales de ayuda económica, instalando la sospecha sobre corrupción en las organizaciones de base y comunitarias, asociadas a estos subsidios.
Es que para la memoria negacionista, es válido que el Estado planifique y financie la desaparición de personas y el robo de bebés, pero cuestionable que investigue esos crímenes, o eduque en las Escuelas para la no repetición. Así, el gobierno nacional anunció que cambiará la ley de educación para «penar el adoctrinamiento en las escuelas», promoviendo la persecución y denuncia de docentes que aborden temáticas de derechos humanos. Este hostigamiento hacia educadores ya había sucedido con la presidencia de Mauricio Macri (2015 -2019) y se relaciona con la política actual del uruguayo Lacalle Pou, que retiró el concepto de ‘Terrorismo de Estado’ de las currículas educativas.
El 11 de julio, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, participó de una audiencia pública temática de la Comisión Interamericana de DD.HH. para plantear la situación argentina, preocupades por el desfinanciamiento de los Sitios de Memoria que dependen del Estado Nacional, la paralización de obras de conservación para proteger material de prueba y la precarización laboral de les trabajadores que todavía no fueron despedides.
No obstante, la alarma se extiende a otros países. Recientemente, en Perú, el Congreso aprobó la prescripción de los delitos de lesa humanidad. A pesar de la resolución de la CIDH de 2019, donde orienta los Principios sobre Políticas de Memoria, con excepción de Argentina y Uruguay, en el resto de los países de la región no hay leyes específicas. La característica general es que son iniciativas desde la sociedad civil -y no desde el Estado-, las que promueven las luchas por la memoria, verdad y justicia.
La lucha que nos parió
Las Madres de Plaza de Mayo son reconocidas en todo el mundo: esas mujeres con pañuelos blancos en la cabeza, que enfrentaban policías a caballo en medio de la dictadura militar que instaló la desaparición de personas. Mujeres que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en señoras de pelo blanco, compañeras de otras luchas, madres de todes. La gran mayoría se volvió militante a partir de la lucha por la aparición con vida de sus hijes, formándose con esos valores de solidaridad y transformación de las desigualdades.
“Después de 40 años de lucha de nuestra Asociación declaramos que no somos un organismo de Derechos Humanos. Somos una organización política, ahora con un proyecto nacional y popular de Liberación”, expresan en sus consignas. Quizá esto sea la piedra fundamental sobre la que se erige el odio hacia las Madres de Plaza de Mayo, que se hayan convertido en una organización política que disputa la construcción de sentidos del presente.
Abril de 1977. Luego de décadas de proscripción y persecución de las organizaciones populares, los sindicatos y el peronismo en general, la mayoría del movimiento popular se encuentra encarcelado, desaparecido o exiliado. Como táctica de supervivencia, la organización y la protesta social se ven reducidas a la mínima expresión.
En ese contexto, un puñado de Madres se concentra frente a la Casa de Gobierno. Es la Plaza de Mayo, que reivindica el mes que permitió la independencia política de la Corona española. Tenían en común la búsqueda de sus hijes y familiares. Un encuentro que se hizo marcha frente a la prohibición militar de concentración en la vía pública.
La historia fue muchas veces contada: prohibida la reunión de más de 2 personas en la calle, las Madres comienzan a circular en la Plaza sin retirarse. Como en otros tiempos, las mujeres fundan un círculo de confianza y potencia. Una espiral de memoria que lleva más de 2.400 encuentros, actualizándose cada jueves a las 15:30 en la Plaza de Mayo, resistiendo a las diversas formas en que sobrevive el terrorismo de Estado en Argentina.
La Universidad de las Madres: lucha y resistencia
En una Marcha de los jueves del año 2000, las Madres iniciaron la Universidad Popular, convencidas de que la formación y el debate de ideas era imprescindible para la comprensión del presente y la participación política. “En un momento no había ni título oficial. Nosotras íbamos a cursar con la presencia permanente de las Madres, con ellas compartiendo el espacio físico; era un espacio que nada tenía que ver con otras formaciones, cruzarnos a las Madres en la apertura de ciclos y en los pasillos”, recuerda una estudiante y graduada de la actual Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.
En 2014, gracias a la persistencia de las Madres, se obtuvo formalidad creando el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tuvo que pasar una década para que el Congreso de la Nación reconozca como Universidad Nacional a esta experiencia, en diciembre de 2023. Lamentablemente, con el advenimiento del nuevo gobierno de Milei, la Universidad no sólo no pudo gozar del ejercicio de la nueva institucionalidad sino que fue desfinanciada e intervenida.
“Ya en las campañas y debates presidenciales, atacó y desprestigió a la Universidad. Incluso funcionarios y legisladores han hecho varias menciones en desprestigio de nuestra Universidad. Hay algo de un ataque y un posicionamiento político ideológico que antecede a la asunción de su gobierno”, explica Mariela Canessa, Secretaria General de la Asociación Docente ADUNMa.
Con 7 carreras universitarias, un programa de formación en cárceles, grupos de investigación en funcionamiento y una Especialización en Estudios Sociales y Políticos con orientación en DD.HH., la Universidad desde el 1 de enero no recibe su presupuesto del Estado Nacional. Les trabajadores no cobran sus salarios y no hay fondos para comprar insumos de limpieza, pagar internet ni los seguros necesarios para la presencialidad. “Es la única Universidad en América que está construida desde el sentido de los DD.HH., todas las carreras están edificadas con esa matriz, con prácticas territoriales. Todos los procesos están sustanciados a través de la historia de las Madres de Plaza de Mayo y evidentemente eso es algo que enerva al Ejecutivo y esta es su respuesta por fuera del sistema legal”, reflexiona Gustavo PonsVicerrector Académico de la institución.
De acuerdo a la normativa vigente, como la Universidad fue creada por Ley del poder legislativo, tiene derecho a conformar sus claustros y no puede ser intervenida por el gobierno de Milei. El mismo Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a les rectores de todas las Universidades Nacionales, se ha pronunciado sobre el ataque en un comunicado: “reivindicamos la autonomía y el cogobierno universitario y reclamamos el respeto de la voluntad de la propia comunidad universitaria”.
Prácticas reivindicatorias
La historia de la memoria es también la historia del negacionismo y el relativismo. Que no fueron 30.000 les desaparecides, que eran grupos terroristas extremistas, que no estaban desaparecides sino de viaje y así una catarata de explicaciones fantásticas que se renuevan de acuerdo al público y el momento histórico. “La Memoria siempre está en disputa. Lo que nos preocupa es que esos discursos negacionistas, relativistas o de reivindicación abierta de la última dictadura, provengan de las propias autoridades”, dice Torras.
Diciembre de 1977. Luego de meses de inteligencia e infiltración en Madres de Plaza de Mayo, Alfredo Astiz, teniente de fragata Argentina, cumplía con uno de sus objetivos: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Poncelas, fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas junto a otras personas que se reunían en un espacio de la Iglesia de Santa Cruz. Tiempo después, gracias a la lucha incansable de los organismos de derechos humanos y las políticas de memoria, pudo saberse que Astiz se había infiltrado en las Madres simulando ser familiar de una persona desaparecida. Era joven y blanco (también fascista, sólo que las Madres no lo sabían).
Después del desfile militar que dio Milei arriba de un tanque de guerra, diputados y diputadas de La Libertad Avanza, la fuerza política oficialista, decidió visitar en la cárcel al represor Astiz. Llevan en sus maletines un proyecto de Ley que sigue intentando amnistiar a los asesinos de las Madres de Plaza de Mayo, quienes robaron bebés y arrojaron personas vivas al Río de La Plata en ‘Los vuelos de la Muerte’.
No hace falta imaginar conspiraciones, la operación es trasparente y evidente: atacar a las Madres de Plaza de Mayo por su significado social e histórico, reivindicar a quienes las eliminaron materialmente y frenar el proceso de memoria en la sociedad. “Entendemos que el gobierno negacionista de Javier Milei nos está interviniendo para cerrarnos. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en pos de defender nuestra Universidad, defender el sueño de las Madres de Plaza de Mayo”, manifiesta Colosimo.
Esa lucha que parieron las Madres, hoy sostiene las clases en la virtualidad y sin un centavo. “No hubo un solo curso de las 7 carreras que se haya cerrado, lo digo para poner en valor el compromiso docente y no docente, hay un amor al espacio que no puede ser explicado de otra forma que no sea la historia de las Madres de Plaza de Mayo”, reflexiona Pons sobre la intervención.
El 2 de septiembre la Policía Federal argentina impidió la circulación de estudiantes y trabajadores a la Universidad; además, durante el operativo quedó encerrada su máxima autoridad, Cristina Caamaño. La oleada de repudios tuvo repercusión nacional y una concentración en la puerta de la institución obligó a la policía a retirarse. Policía y Universidad sólo se han visto juntas en épocas de dictadura militar.
La Memoria está viva
La Memoria es un proceso vivo que se mantiene vigente en la práctica cotidiana. “Nos parece que es momento para activar la fuerza social. Este es un proceso que nos parece que tiene que ser preservado por toda la sociedad para plantear una línea roja en relación a lo que no queremos que se vuelva a repetir. No es un tema sólo de las víctimas o de las organizaciones de derechos humanos”, dice Verónica Torras de Memoria Abierta.
Cuando se multiplica por las pantallas la imagen de Milei con una motosierra, lejos de imaginar un tecnócrata que vino para reducir el Estado, se me aparece la imagen del colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien vive en la impunidad después de haber ordenado el descuartizamiento del pueblo campesino a chorros de sangre y motosierra. Quizá lo más peligroso del argentino no sea que vino a destruir un orden de cosas existente, sino que todo lo hace en nombre de la libertad. La libertad de odiar y la libertad de eliminar, que es una forma libre de describir al fascismo.
En septiembre se cumplen 2 años del intento de asesinato a la entonces Vicepresidenta (2019-2023) Cristina Fernández de Kirchner, la única presidenta mujer elegida por el voto popular (2007-2015) que tuvo Argentina. Personas comunas, sin poder económico ni político pero integrantes de un grupo que se hace llamar Revolución Federal, quisieron asesinarla.
Este atentado se dió en un contexto de movilización política de seguidores de Cristina, que permanecían frente a su casa en señal de apoyo. Los discursos de odio que circulaban en redes sociales contra estas organizaciones eran muy explícitos. Por su parte, las corporaciones mediáticas no hacen más que acrecentar una visión de imposibilidad de la convivencia de la diversidad. Los discursos antiderechos y de odio encuentran materialidad en la violencia política.
El límite de esta violencia – esa línea roja de la que habla Verónica – es la motosierra, no la simbólica, ridiculizada por casi todos los sectores políticos de oposición a Milei, sino la que habilita la eliminación física del adversario político como la política. Por algo a Uribe Vélez le llaman El Matarife.
La memoria es un deseo. Un deseo de curar. Una cura para el dolor colectivo que representa no saber qué sucedió con la vida de una generación. Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, dijo una vez que teníamos que poder contar la historia de todes: cómo fueron sus días, dónde estuvieron, dónde se encuentran, qué pasó con les que nacieron en cautiverio, dónde viven hoy, qué nombre usan. El deseo profundo y colectivo de saber qué fue de elles, el que moviliza en la Memoria y la búsqueda de la Verdad.
“Estamos en una permanencia pacífica del Edificio, no estamos haciendo una toma, no estamos imposibilitándole el paso a nadie, estamos cuidando a nuestra Universidad y hay un gran apoyo de docentes, no docentes y estudiantes en sostener esta defensa”, afirma Ayelén Colosimo, docente de la Universidad Madres de Plaza de Plaza. Así como desde la Universidad resisten al ahogo financiero y la intervención ilegal, desde el 12 de diciembre, un centenar de organizaciones sociales, sindicales y de DD.HH. presentaron la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.
Y así, experiencias comunitarias de ejercicio de la Memoria se desparraman por todo el mapa. Al fin de cuentas, fue la memoria oral, familiar, cotidiana, la que ha permitido llegar al presente. A esa Memoria se la cuida como hacen los feminismos. ¿O alguien podrá creer que es casualidad que quienes resistieron todos estos años de lucha contra la impunidad hayan sido mujeres y Madres? Cuidadoras de la vida por decisión política, poniendo el cuerpo centenario cada jueves, levantando lo colectivo como potencia de vida.
