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Desde el regreso de la democracia a Argentina, la institucionalidad de género ha tenido lugar en la arquitectura gubernamental. Esos espacios significaron para las “feministas políticas” la posibilidad de empujar, desde adentro del Estado, marcos legislativos más favorables y políticas públicas que tiendan a revertir desigualdades. Han pasado gobiernos radicales, peronistas, alianzas políticas insólitas, gobiernos neoliberales: con distintos matices -y con más avances significativos en todas las gestiones en las que gobernó el peronismo- pero nunca había pasado, hasta hoy, que se “eliminara definitivamente” el área específica de género.
En la semana de un nuevo aniversario por Ni Una Menos, el gobierno de Javier Milei decidió disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el espacio dentro del organigrama estatal en el que había quedado reducido el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. “Se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer”, se titula el comunicado oficial. Con esta noticia alrededor de 600 trabajadoras quedan a la deriva y miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans a la intemperie sin políticas públicas que las asistan mientras la pobreza asciende al 55,5% y cada 35 horas hay una mujer víctima de femicidios.
La institucionalización feminista representa una revalorización, presupuesto y legitimidad para la agenda de género. “Se había avanzando en experiencias de atención integral que cuesta tanto que se avance en ese sentido. Cuando se pierde una política pública nacional se deslegitima como problemática social y esto derrama en las provincias. Nuestro rol como movimiento deberá tener un papel más determinante desde la sociedad civil”, dice a Volcánicas la socióloga Virginia Franganillo. Ella es una feminista política que conoce desde adentro y desde sus inicios las disputas por la institucionalización en este país: fue la primera presidenta del Consejo Nacional de la Mujer en 1992.
No fue de un día para el otro, ni tampoco una sorpresa. La amenaza de la motosierra de Milei sobre las políticas de género estaba desde la campaña electoral. Primero fue por la degradación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una Secretaria, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Hace dos semanas esa área había pasado a la cartera de Justicia hasta concluir en su disolución, que vino acompañada con la renuncia de Claudia Barcia, la ex fiscal que estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero. Tomó esa decisión indeclinable después de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp la noche del miércoles que la Subsecretaría “dejará de existir”.
“En algún lugar no sorprende la decisión del Poder Ejecutivo. Es sólo la reafirmación de una política promovida desde la campaña: no creen en la desigualdad estructural. No creen en las brechas ni las diferencias de género y sobre todo no creen en la obligación del Estado de tomar medidas para abordar esos problemas. Evidentemente tampoco conocen o les importa poco las obligaciones del Estado y deberán rendir cuentas de eso”, dice a Volcánicas, Natalia Gherardi del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
La parálisis de las políticas de género
Aunque ahora deja de existir formalmente, la gestión de estos seis meses estuvo estancada. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó esta semana el informe En estado de alerta. Monitoreo de políticas contra la violencia en Argentina entre diciembre – mayo de 2024 en el que detalla el estado de implementación de programas como Acompañar, la Línea 144, el Programa Acercar Derechos (PAD), entre otros. En sus páginas habla de la parálisis e interrupción de hecho de algunos programas de prevención y asistencia, la disminución de recursos humanos y financieros, un recorte del 33% del presupuesto de las políticas que apuntan a reducir la desigualdad de género, la caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar y del 25,52% del presupuesto de la Línea 144. El relevamiento da cuenta de cómo la capacidad de las instituciones se encuentra “gravemente afectada para brindar atención y protección”.
“A lo largo de estos meses han construido una no política con una enorme inestabilidad para les trabajadores, algunas tuvieron que renunciar y paulatinamente han dejado de renovar contratos. No sólo degrada y elimina la institucionalidad sino que además destruyó todos los programas de género y diversidad transferencia económica directa a personas en situación de violencia de género, programas de transferencia económica y técnica a la sociedad civil y a los gobiernos locales”, dice a Volcánicas, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta. La abogada quedará en la historia como la primera Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Argentina, creado en 2019 y con una breve duración de 4 años.
“El caso de Milei, a diferencia de otras ultraderechas que tienen como enemigo al feminismo, él plantea la eliminación del Estado. En el mismo día que dijo que quiere eliminar el Estado desde adentro, termina con lo último que quedaba del ex Ministerio de Mujeres”, dice Virginia Franganillo. Al mismo tiempo, ella se pregunta: “¿Para que nos servía una Subsecretaría que iba a estar inerme ya sin presupuesto? Con un discurso oficial que en relación a la violencia, niega la violencia por razón de género”. Para Franganillo las feministas argentinas estamos ante un enorme desafío que “implica fortalecer las redes existentes y una reorganización de nuestras propias luchas”.
Obligaciones incumplidas
El repliegue es tal que coloca a la Argentina en un flashback de más de 40 años. En 1987 se había creado la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, que contenía una agenda de género bajo esa nomenclatura acorde a la época, la llave que habían encontrado las “feministas políticas”, en América Latina y el Caribe, para entrar a los gobiernos y hacer incidencia desde allí. En 1992 se creó el primer Consejo Nacional de la Mujer y ahí comienza el recorrido de la institucionalidad feminista.
Hasta ese entonces eran gestualidades o intenciones, ya después de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en 1995, con la Plataforma de Acción que emanó de la Conferencia de Beijing, los gobiernos se comprometieron a: “(i)Facilitar la formulación y aplicación de políticas gubernamentales sobre igualdad entre mujeres y hombres. (ii) Crear o fortalecer mecanismos nacionales u otros órganos gubernamentales sobre igualdad entre mujeres. (iii) Integrar perspectivas de género en legislaciones políticas, programas, y proyectos estatales. y (iv) Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y a la
evaluación desglosada por sexo”.
“Se desarma una institucionalidad específica de género, algo que desde el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983, que no sucedía. Es decir, que estamos en igual situación que en la época de la dictadura cívico-militar. El retroceso es tan voraz que ni siquiera están dejando en pie una institucionalidad mínima que permita cumplir con los compromisos legales y los compromisos que asumió el Estado nacional. No puede ser nunca a esta altura en pleno siglo XXI una decisión de un gobierno dejar sin políticas de género. Forma parte, sin lugar a dudas, de una política de la crueldad”, agrega Elizabeth Gómez Alcorta.
El Estado adhirió a compromisos internacionales como la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), de 1994 y la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), de 1980. Ante la noticia del cierre de la Subsecretaría, las expertas del Mecanismo de Seguimiento de esa Convención se pronunciaron y expresaron “profunda preocupación”. Ya en febrero, habían emitido un comunicado en el que compartieron su “preocupación” por el “retroceso en la institucionalidad de las mujeres” e instaron a la Argentina a garantizar la continuidad tanto de las instituciones como de las normas y mecanismos que protegen los derechos.
Por otra parte, si se observa la legislación local el gobierno está obligado a tener un área específica, por la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que rige en Argentina desde 2009.
La demonización del feminismo y el Ministerio como chivo expiatorio
En sus 4 años de gestión los números del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad son evidencia de acompañamiento. Aunque la problemática es tan estructural que no fue suficiente para que mermara la violencia machista, hubo un Estado que dio respuesta e hizo frente con políticas.
- Entre 2019 y 2023 la Línea 144, de atención y prevención, recibió más de 1 millón de comunicaciones y realizó 93.783 intervenciones frente a situaciones de violencias de género.
- Más de 350.00 mujeres y personas LGBTIQ+ recibieron apoyo económico y psicosocial a través del Programa Acompañar.
- Se financiaron 253 proyectos productivos de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género a través del Programa Producir.
- 234.710 personas del Sector Público Nacional fueron formadas en la Ley Micaela.
- Más de 30 mil mujeres y personas LGBTI+ fueron acompañadas y asistidas por los 59 equipos interdisciplinarios del Programa Acercar Derechos en todo el país.
- Se formalizó a más de 39 mil trabajadoras de Casas Particulares a través del Programa Registradas.
“Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos. Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”, dice el comunicado oficial del gobierno de Javier Milei que fue acompañado por la burla y festejo de distintos funcionarios oficiales. Estas acciones en un contexto hiperpolarizado no hacen más que generar entornos hostiles para las feministas.
La degradación de las áreas de género es una tendencia en Argentina. En 2019, con la creación del primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se habían abierto 315 áreas de género y diversidad municipales y provinciales en todo el territorio nacional y cinco provincias elevaron la jerarquía de sus áreas de género a rango de ministerio. Sin embargo, desde que asumió Milei, 4 provincias dieron marcha atrás y ahora redujeron sus ministerios a Secretarías. La provincia de Santa Fe es una de ellas: de Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad pasó a Secretaría de Género y Diversidad Sexual. Sus trabajadoras están en estado de asamblea permanente y denuncian el vaciamiento. Se enfrentan a más de 40 despidos inminentes.
Otras provincias pasaron de tener Secretarías o Subsecretaría o Direcciones. La única provincia que sostiene el rango ministerial es la de Buenos Aires: el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual continúa a cargo de Estela Díaz que va por su segundo mandato. Una rara avis para el contexto local es lo que sucedió en Ciudad de Buenos Aires donde se jerarquizó la Dirección General a la Mujer a Subsecretaría de la Mujer.
Hay un libro de Mónica Tarducci, Catalina Trebisacce y Karin Grammático, que salió en 2019, el plena efervescencia feminista tras el debate por el aborto en Argentina, que se titula “Cuando el feminismo era mala palabra”. Después de Ni Una Menos y la marea verde parecía que algo había cambiado para siempre -y es cierto-, que la demonización había quedado atrás. Sin embargo hoy en la era Milei el feminismo volvió a ser mala palabra.
