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La victoria de Lula representa una victoria para la región y para Brasil en materia de Derechos Humanos y Derechos Ambientales, no obstante, el presidente electo, no está exento de cometer errores en este nuevo gobierno así como en los anteriores. Esta columna no es una carta de amor ciega a su trayectoria, pero sí busca reconocer a Lula como pionero en una conversación explícita sobre raza y género a la que hasta ahora están llegando otros gobiernos de Suramérica, como es el caso de Colombia y Chile.
El presidente electo de Brasil recibe un país polarizado, que tuvo que atravesar por terribles tragedias como resultado de la desinformación y la negligencia gubernamental. Muchas personas manifestaron sentirse invisibilizadas por el gobierno de Bolsonaro, en especial las personas racializadas quienes fueron las más golpeadas por la necropolítica de la desinformación y el anticientificismo médico que propagó Bolsonaro. No podemos olvidar que Brasil tiene el segundo puesto mundial, debajo de Estados Unidos, de muertes por Covid con más de medio millón de muertos. Lo anterior es relevante para esta conversación, porque uno de los grandes caballitos de batalla a los que le apuesta Lula está ligado a políticas que respeten y ponderen la vida; algo que Bolsonaro despreció con su accionar durante el momento más álgido de la pandemia.
Hablar de antirracismo implica hablar de transformación, encarar decisiones tomadas con una perspectiva que tenga en cuenta la historia y los contextos de las comunidades racializadas. El antirracismo aboga, sobre todo, por ver el rol de la raza en la manera en que las sociedades se construyen, algo en lo que el actual presidente de Brasil tiene experiencia, como lo documenta Rebecca Lemos Igreja: “el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva dio seguimiento a las iniciativas que buscaban promover la igualdad racial. Al comienzo de su mandato, en julio de 2004, se creó la Secretaría de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad (SECAD) vinculada al MEC. Más tarde se instituyó la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR), con rango de ministerio.” Estas políticas fueron usadas a favor del crecimiento del país en su primer periodo como mandatario y se ve reflejado en el actual plan de gobierno.
Recordemos que el antirracismo propone, especialmente, en su actuar político, cerrar brechas de desigualdad cuyas raíces se encuentran en el racismo estructural. Una conversación especialmente espinosa en el país más grande de Suramérica, pues no podemos obviar que fue también el último país de la región en abolir la esclavitud. Sin embargo, Brasil en los dos primeros mandatos de Lula (2003 – 2006 y 2007 – 2010) se dio a la titánica tarea de crear políticas diferenciadas para las personas negras y de pueblos originarios con el objetivo de atender las inequidades que atraviesan a estas comunidades, debido al racismo institucional y el rezago del pensamiento colonial. Uno de los logros más aplaudidos y recordados del mandatario electo fue el significativo crecimiento económico que tuvo el país cuando estuvo a su cargo y la erradicación de la pobreza que, como podemos inferir, afecta especialmente a las comunidades racializadas.
Su proyecto Bolsa familia benefició, según Telesur Tv, a 12.7 millones de hogares que recibieron 80 USD mensuales, esto repercutió en una de las estadísticas más importantes de su gobierno: haber sacado de la pobreza a 29 millones de personas de Brasil. Al respecto, la periodista Cecilia Barría, señala: “según el Banco Mundial, entre 2001 y 2011, el PIB per cápita de Brasil creció un 32%, mientras que la desigualdad disminuyó un 9,4% y el porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema se redujo a la mitad”. Es necesario decir que desde el principio Lula reconocía que esa pobreza y pobreza extrema la encabezaban personas racializadas, pues alrededor del 75% de la población más pobre de Brasil se reconocía como negra o parda (podríamos equiparar el reconocimiento de pardo a quien se reconoce como afrodescendiente en Colombia; con la diferencia de que ese término está muy relacionado con el fenotipo de la persona). Estas cifras fueron también insumo para apalancar su reelección, ya que muchas personas en Brasil desean volver a ver a su país con un crecimiento anual del PIB de 4,1%, como ocurrió mientras él fue presidente.
En su plan de gobierno incluye reafirmar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios y que las personas negras y afrodescendientes mantengan las cuotas de inclusión para tener cupos universitarios. Este tipo de propuestas no son nuevas para Lula, en sus gobiernos pasados se hablaba de personas que han sido centro de exclusión de forma sistemática, un reconocimiento que puso en la mesa el tema de que las personas excluidas no llegaron allí por azar. En el proyecto Pro-uni , como lo anota la Doctora Gladys Barreyro, se hizo la siguiente caracterización: “El grupo aquí denominado de los excluidos se refiere a los destinatarios de las políticas de ampliación y democratización del acceso, implementadas durante el primer gobierno de Lula, que pretenden compensar desigualdades de renta familiar, escuela de origen de la enseñanza media y raza/color/etnia, cuestiones que habían sido colocadas en el Programa de Gobierno.” Entonces, implementar políticas públicas diferenciadas supone un efecto en la economía nacional teniendo en cuenta que la raza y la etnicidad tienen una inferencia directa en el crecimiento económico de una comunidad. Las políticas diferenciadas fueron una movida antirracista que no solo fue exitosa, cambió el paisaje de la clase media en Brasil. Las cuotas universitarias únicamente destinadas a estudiantes afrodescendientes e indígenas tuvieron resultados que disminuyeron significativas brechas de acceso a la educación, según la organización Contranarrativas: “en 2008 (Lula) aprobó el proyecto universal de cuotas raciales en las universidades para estudiantes negrxs, indígenas, racializadxs y periféricxs provenientes de escuelas públicas. Entre el 2010 y el 2020 el ingreso de estudiantes negrxs aumentó un 400% y el de estudiantes indígenas un 842%.” Esto aumentó la clase media, que llegó a un 51% de la población, lo cual tuvo un efecto positivo en la construcción de identidad nacional y en la estabilidad macroeconómica. El acceso a educación universitaria tuvo una repercusión transformadora en el panorama económico de la población brasilera, pues el incremento de la clase media, antes mencionado, fue el resultado de una educación menos centralizada y que se dio a la tarea de beneficiar a las comunidades racializadas y étnicas con quienes se tiene una deuda histórica enorme, sobre todo, cuando se habla de formación académica y profesional.
En Colombia,el Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez Mina, es en parte un eco de las iniciativas que Lula implementó para atender a la pluriculturalidad de su país, como lo hizo a través del Ministerio de Igualdad Racial que fundó en el 2002. Este tipo de iniciativas influenciaron las pasadas elecciones y le dieron la victoria a Lula; a la vez que impactó a otros gobiernos de izquierda que también quieren entender la necesidad de atender los Derechos Humanos en sus países. Chile, por su parte, persigue el reconocimiento diferenciado entre las experiencias de género, por ejemplo, Antonia Orellana, ministra de la Mujer y equidad de género, hace parte del legado que dejó el presidente de Brasil con sus políticas de discriminación positiva. En Chile la ministra reconoce que las diferentes políticas de género pueden conducir a maneras más coherentes y duraderas para atacar la desigualdad. Algo que reconoció Lula en su momento con la implementación de Bolsa familia como lo explica Thomas Traumann: “las familias recibían una ayuda económica que era entregada directamente a las mujeres, una fórmula que también se aplicó en otros programas de entrega de viviendas o tierras, las cuales quedaban inscritas a nombre de las mujeres, algo considerado como un punto clave del éxito de esas iniciativas”. Entonces, el actual presidente de Brasil contribuyó a que se viera en las mujeres un pilar para el desarrollo de políticas de justicia social, como lo demostró con su Bolsa familia que implicaba no solo que las mujeres fueran quienes más recibieran aquellos auxilios estatales; sino que eran, además, con quienes se podía hacer campaña de fortalecimiento financiero, administrativo y de bienestar social.
En este momento de la historia Suramérica tiene una oportunidad única de unir esfuerzos para encontrar en la colectividad formas de resistir contra el cambio climático, la xenofobia, la derechización de Europa, el racismo estructural y la violencia patriarcal. Hay en los nuevos gobiernos de izquierda una serie de principios compartidos en los que se pondera la vida y en los que se procura mirar a sus comunidades de manera más contextualizada. Por supuesto, el reconocimiento de que se necesitan políticas antirracistas y antipatriarcales será clave para que se vean cambios reales en las economías de cada país, algo que Lula probó que se puede alcanzar. No es un salto de fe, ni es bueno tampoco poner ni a su gobierno ni a él en ningún pedestal; sin embargo, no podemos negar que es urgente nombrar y tomar acciones frente al racismo y el sexismo como dos de los grandes problemas que aquejan a este continente, nombrarlos con todas sus letras y reconocer que se deben encaminar esfuerzos y políticas públicas para desarraigarlos de las apuestas que hoy hace la región
