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Hay momentos en la historia política que solo se revelan con nitidez cuando el telón cae. No porque antes camináramos a ciegas ante los problemas, sino porque únicamente al cerrarse un ciclo se alcanza a dimensionar la verdadera complejidad de sus paradojas.
El panorama que el gobierno de Gustavo Petro le deja al feminismo colombiano es, justamente, una de las contradicciones más incómodas de nuestra historia reciente. Asistimos a un final desconcertante. El primer proyecto político que incorporó explícitamente apuestas y liderazgos feministas, que creó uno de los mecanismos de igualdad de género más ambiciosos de los que tengamos memoria e intentó institucionalizar una visión interseccional de la igualdad, se despide dejándonos ante un escenario de gran vulnerabilidad para nuestras propias agendas en la antesala de la llegada al poder de una nueva mayoría que ya empieza a coquetear abiertamente con iniciativas dispuestas a restringir y desmantelar los derechos que nos costó décadas conquistar.
Por generaciones, el movimiento feminista colombiano se dejó la piel en las calles para que la equidad dejara de ser un adorno marginal en los pasillos del poder. Sabíamos que no bastaba con la cosmética política de tener a más mujeres ocupando ministerios; exigíamos que el Estado reconociera que las deudas de género, étnicas, territoriales y de clase requerían estructura, presupuestos reales y capacidad de respuesta. Queríamos, en pocas palabras, que la dignidad de las mujeres dejara de depender de la buena voluntad del gobernante de turno para convertirse en una responsabilidad permanente del Estado.
Por eso, sería de una miopía y una injusticia histórica negar el peso político de este periodo. Nunca antes se había acogido nuestra agenda con tanta disposición desde las tarimas del poder, ni se había asumido el reto histórico de crear un Ministerio de la Igualdad. Y eso importa. Las instituciones también construyen realidad: nombran los dolores que antes se barrían debajo de la alfombra y alteran las prioridades de la tecnocracia. Gracias a esa apuesta, mujeres negras, indígenas, campesinas y lideresas territoriales históricamente expulsadas de la foto oficial ocuparon espacios que antes les estaban vedados. Borrar ese avance simbólico y material, incluso si para algunos sectores el balance final resulta insatisfactorio, sería un error de lectura que no nos podemos permitir. La intención de mantener y profundizar estas apuestas sigue siendo un faro necesario.
No deja de ser un giro perverso del destino que esta intemperie coincida, milimétricamente, con el inicio de la era de Abelardo de la Espriella. Nos quedamos sin la conducción estatal de la agenda de género y con la estructura institucional desmantelada, a las puertas del proyecto político más amenazante para las libertades de las mujeres en el último medio siglo. Y es que nos debería quedar claro que la narrativa del gobierno electo no pretende únicamente matizar las políticas de género; busca implosionar el consenso normativo que tardamos cincuenta años en edificar. El primer gobierno en el que logramos ocupar un lugar en el centro del poder es, por una cadena de desaciertos operativos, pero también por la insistencia en respaldar y proteger políticamente a figuras cuestionadas por violencia de género dentro del gobierno y del partido, el mismo que hoy nos deja vulnerables. Esta incoherencia ético-política terminó deslegitimando la apuesta oficial y trasladó de manera injusta el peso de la contradicción sobre el mismo movimiento social. A esto se sumó el progresivo aislamiento político que sufrió la vicepresidenta Francia Márquez, quien no solo había sido la principal promotora de la agenda de igualdad, sino el puente que movilizó el respaldo de los feminismos hacia este proyecto político. Al final, desde nuestros propios lugares de enunciación, algunas feministas sentimos que en varios momentos de este gobierno el movimiento social terminó siendo revictimizado. En medio de lo que debía ser nuestro avance institucional más importante, nos vimos obligadas a desgastarnos lidiando con el machismo interno de nuestros propios aliados, lo que terminó fracturando las defensas colectivas y exponiéndonos hoy al riesgo de un retroceso histórico.
Ante este escenario el impulso inmediato de muchos sectores del progresismo será el de cerrar filas y guardar silencio para no darle armas a la ultraderecha. Sin embargo, precisamente porque la amenaza es histórica, la honestidad política nos obliga a mirar de frente las profundas grietas que atravesó la propuesta, pues de lo contrario seremos incapaces de defenderla e incluso de profundizar en una mejor versión de ella. La verdad es que hay que decirlo con franqueza; el Ministerio de la Igualdad terminó concentrando expectativas casi mesiánicas e imposibles de cumplir en el corto plazo de un mandato. A ese desafío original se le sumaron problemas de diseño, una compleja parálisis en la gestión que afectó la ejecución presupuestal, tensiones políticas internas y nombramientos que en algunos casos, chocaban con los mínimos éticos que el feminismo ha defendido durante décadas. Tampoco podemos ignorar que el propio presidente, con sus discursos y decisiones cotidianas, reprodujo en ocasiones, lógicas verticales de poder que resultan contradictorias con una lectura feminista de la democracia. Todo eso pasó, y tener la capacidad de nombrarlo ratifica que el disenso constructivo es parte de nuestra esencia.
Sin embargo, simplificar este balance reduciéndolo a un inventario de escándalos mediáticos es una salida demasiado perezosa. Detrás del ruido, en el día a día, hubo funcionarias comprometidas, equipos técnicos rigurosos y esfuerzos genuinos por sembrar capacidades estatales donde antes el Estado nunca había existido. La realidad es mucho más rica y matizada de lo que pretenden pintarnos. Y es ahí, en ese terreno de luces y sombras, donde emerge el dilema que todavía nos cuesta discutir con honestidad colectiva.
Durante estos años quedamos atrapadas en una falsa dicotomía sobre cuál debía ser el lugar de los feminismos frente al gobierno. Si levantábamos la voz para criticar los desaciertos, se nos acusaba de “hacerle el juego a la oposición” o de encarnar un feminismo burgués e incapaz de comprender el momento histórico. Pero si decidíamos que la crítica debía priorizar los canales internos para no demeritar la apuesta, aparecía la acusación inversa: se nos señalaba de ser un feminismo burocratizado, domesticado y capturado por el poder. Ambas etiquetas son profundamente injustas porque ignoran la encrucijada real que fracturó al movimiento.
No estábamos debatiendo simplemente sobre la simpatía o antipatía hacia un mandatario; nos estábamos jugando el futuro de la agenda de género en la arquitectura institucional colombiana. Muchas sabíamos perfectamente que las contradicciones debían señalarse. Pero también sabíamos cuánto había costado abrir una grieta en el Estado. Éramos conscientes de que una ruptura pública permanente con el primer gobierno que asumía nuestra apuesta podía ser utilizada por los sectores conservadores para deslegitimar no solo a esta administración, sino la idea misma de que el feminismo tiene derecho a habitar el Estado. Ese cálculo político existió y pesó. El dilema era infinitamente más complejo que la caricatura barata entre feministas complacientes y traidoras.
Hoy, con el desenlace sobre la mesa, la conversación tiene que cambiar de eje. Ya no importa solo el gobierno que empaca maletas, sino el Estado que nos queda. Los derechos no se defienden solo con discursos desde las tarimas; se sostienen con instituciones sólidas, presupuestos reales y autoridades técnicas que resistan los vaivenes políticos.
Una entidad no solo muere cuando la ley la borra; también desaparece cuando se le quita autoridad y se diluyen sus tareas. El verdadero peligro de este cierre de ciclo es que quedamos desprotegidas por partida doble: el Ministerio de la Igualdad enfrenta su liquidación definitiva y el andamiaje institucional que existía antes de su creación ya fue desarmado. Estamos en un limbo institucional absoluto. Nadie sabe con certeza quién conducirá las políticas de equidad, qué pasará con los recursos asignados o quién asumirá el mando de una agenda que se quedó sin techo justo antes de la tormenta.
Esta fragilidad coincide con el desembarco de un gobierno cuya postura dogmática frente al feminismo nunca ha sido un secreto. Desde la campaña electoral, la nueva mayoría anunció sin ambigüedades la mirada con la que abordaría nuestras agendas; sin embargo, se nos quiso convencer de que aquellas amenazas políticas eran mero histrionismo o exageraciones que no debíamos tomarnos en serio. Tantos electores del futuro presidente, sobre todo aquellos que tuvieron que hacer maromas ideológicas para justificar su voto por un candidato de ultraderecha, nos invitaron a la condescendencia, a tratar sus propias propuestas como ruidos de tarima. Pero nunca fue paranoia: las cartas estuvieron sobre la mesa desde el primer día y nosotras tuvimos el acierto ético de tomárnoslas en serio. Tan real es la hostilidad que, incluso antes de la posesión presidencial, los liderazgos de su bancada en el Congreso de la República ya mueven proyectos de ley para prohibir totalmente el aborto. La regresión no es una hipótesis de futuro, es una agenda en marcha que ya nos muestra sus primeras ejecuciones y frente a la cual debemos anticiparnos con cautela estratégica.
Pero el peligro de esta transición no radica únicamente en las reformas legales que logren tramitar o las que logren bloquear, sino en el desplazamiento sutil de la deliberación democrática por una suerte de “mística” de Estado. Las recientes imágenes del “retiro espiritual” del presidente electo y su gabinete dejan de ser una anécdota de fe privada para convertirse en una alerta política que merece toda nuestra atención. Ver al futuro equipo ministerial en plegaria colectiva sosteniendo biblias idénticas bajo la tipografía oficial del partido de gobierno, es la representación material de un proyecto que parecería buscar regir desde el dogma y no desde la laicidad institucional o la evidencia científica.
Cuando la creencia religiosa deja de ser un ejercicio legítimo de libertad individual y coloniza los espacios de la alta política, las conquistas ciudadanas de las mujeres y de las disidencias sexuales y de género, corren el riesgo de ser leídas como ofensas morales y perder su exigibilidad jurídica. El eco de El cuento de la criada deja de ser una referencia de la literatura especulativa para volverse una advertencia tangible sobre cómo se erosionan los derechos desde sus cimientos. Como advertía Margaret Atwood en esa distopía, “ningún orden cambia de golpe: en una bañera que se calienta poco a poco, puedes morir hervida antes de que te des cuenta.” En Colombia, el agua ya empezó a calentarse.
Por supuesto que el feminismo sabrá resistir. Lo hemos hecho siempre; llevamos décadas organizando el desacuerdo y defendiendo el cuerpo frente a la hostilidad del orden establecido. Pero cometeríamos un error estratégico si creemos que el único desafío que nos convoca ahora es aguantar el golpe. El verdadero desafío será reconstruir y profundizar.
Nos queda la tarea de volver a levantar una institucionalidad que sea capaz de sobrevivir a los gobernantes de turno. Necesitamos blindar las políticas públicas de igualdad de tal forma que dejen de ser un terreno en disputa que dependa exclusivamente de la voluntad política de quien ocupe la Presidencia. El imperativo histórico es convertir la agenda feminista, de una vez por todas, en una política de Estado irreversible, y que no dependa meramente de la simpatía o afinidad de un periodo de gobierno.
Quizá esa sea la lección más valiosa que nos deja el cierre de este ciclo: el éxito de una agenda de igualdad no puede medirse jamás por su capacidad para inaugurar instituciones. Su éxito real se mide por su capacidad de quedar en pie y seguir funcionando cuando quienes llegan al poder ya no creen en ellas. Esa es la inmensa tarea que hoy tenemos por delante. Un trabajo de tejido colectivo que, con toda probabilidad, será mucho más difícil y cuesta arriba que el que iniciamos con tanta ilusión hace cuatro años, pero cuyo valor simbólico inicial sigue siendo un paso del que ya no hay marcha atrás.
