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Este 7 de agosto, la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia tuvo varias apuestas simbólicas; dos de las más claras fueron la familia y la religión. Un rabino, un pastor evangélico, un capellán y un cardenal participaron de un segmento de “invocación y alabanza” que puso en tensión los límites del Estado laico.
En un segundo momento, fuera del auditorio universitario donde se realizó la invocación y alabanza, ya en Batallón Pichincha, monseñor José Roberto Ospina Leongómez, obispo emérito de Buga y actual administrador apostólico del Obispado Castrense de Colombia, realizó una “invocación a Dios”.
“El obispo José Roberto Ospina, quien recitó una oración en la posesión del presidente @ABDELAESPRIELLA, fue denunciado en 2007 por abuso sexual de menores. El Vaticano lo protegió”, trinó el periodista Juan Pablo Barrientos, jefe de la Unidad Investigativa de Casa Macondo y autor de la trilogía de investigación periodística sobre los abusos sexuales y el encubrimiento en el seno de la Iglesia católica en Colombia: Dejad que los niños vengan a mí (2019), Este es el cordero de Dios (2021) y El archivo secreto (2023); los dos primeros libros han sufrido múltiples intentos de censura por vía judicial. En el último libro de la trilogía, coescrito junto al periodista Miguel Estupiñán, Ospina aparece como uno de los tres obispos colombianos mencionados en la lista de 585 sacerdotes denunciados por abuso sexual en Colombia.
La denuncia de José Antonio Tavera
El nombre de Ospina aparece, desde 2006, en un caso de abuso sexual eclesial. Ese año, José Antonio Tavera, exalumno del Instituto Tihamer Toth de Bogotá, denunció públicamente a los sacerdotes Efraín Rozo Rincón, Germán Pinilla Monroy y al propio Ospina, por hechos presuntamente cometidos a finales de los setenta, cuando el denunciante tenía 13 años y Ospina era seminarista. La W Radio divulgó una grabación en la que Rozo admite haber abusado de dos seminaristas adolescentes bajo su dirección espiritual; uno de ellos era su sobrino, el otro era Tavera, el denunciante.
Ospina negó las acusaciones y afirmó que los documentos que las sustentaban no eran auténticos; el entonces canciller de la Arquidiócesis de Bogotá respaldó esa versión y el cardenal Pedro Rubiano Sáenz ordenó un peritaje grafológico. Ospina nunca fue imputado ni condenado, y en 2009, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, un segundo denunciante se retractó. El proceso contra Rozo y cuatro superiores acusados de encubrimiento fue cerrado por prescripción, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal Eclesiástico, que admitió que, “fueran los hechos verdaderos o falsos, el paso del tiempo bastaba para eximir al sacerdote”.
Actualmente, Ospina administra el Obispado Castrense, la jurisdicción que atiende a las Fuerzas Militares y depende económicamente del Ministerio de Defensa: una diócesis que en 2022 fue condenada en la vía civil por el caso de un sacerdote suyo sentenciado por abusar de dos menores, y que se negó a ofrecer a las víctimas las disculpas públicas que ordenó el juez.
