marzo 15, 2024

¿Y nuestro  derecho a espacios académicos seguros?: FCPyS (UNAM) despide a profesora que impartía materia contra la violencia de género

La incorporación de una asignatura contra la violencia de género al plan de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) fue uno de los logros del movimiento estudiantil y docente contra el acoso sexual. Sin embargo, el despido injustificado de la profesora Esperanza Basurto levanta sospechas sobre el ‘verdadero’ rol de la UNAM en el combate a la violencia contra las mujeres.

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“El caso de la profesora Esperanza Basurto es muy emblemático porque está abriendo una herida en direcciones que en años recientes han sacudido a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, reflexiona en conversación con Volcánicas la socióloga Teresa Rodríguez de la Vega sobre la dudosa postura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) frente a la demanda histórica de erradicar la violencia de género en las aulas. 

A través de una carta publicada en Facebook, el 15 de enero de 2024, Esperanza Basurto Alcalde, docente e investigadora experta en movimientos feministas, anunció que no impartiría las asignaturas “Las perspectivas de género en el análisis de las Relaciones Internacionales” y “Violencia contra las mujeres: genealogías, actualidad y resistencias”, de las que estuvo a cargo durante 9 y 7 semestres consecutivos. 

Sobre el despido, la también participante en Jornadas Ecofeministas denunció que la FCPyS —actualmente bajo la dirección de Carola García Calderón y con Patricia Martínez Torreblanca como Secretaria General— únicamente ‘argumentó’ que, por ser “profesora de asignatura, no tenía ninguna garantía recontratación”.  

“Tenemos un estilo de gobernar muy lamentable”, dice Rodríguez de la Vega. “[La FCPyS] reproduce los peores vicios de la vida universitaria”. Tal y como se lee en los artículos 29-44 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios divide a su planta docente en dos categorías: de carrera y de asignatura. 

Lxs profesorxs e investigadorxs de carrera —que pueden ser asociadxs o titulares en los niveles A, B y C— dedican a la institución “medio tiempo o tiempo completo en la realización de labores académicas”. Por su parte, lxs profesorxs de asignatura —que representan más del 60% de la UNAM y del 70% en la FCPyS— son remuneradxs con base al número de horas que tengan frente a grupo. 

Dicha estructura ha provocado una crisis de derechos laborales. Sin embargo, la universidad no tiene intención de responder a la problemática. Paralelo al incremento de la dependencia del trabajo temporal, lxs docentes han protestado contra la precarización, misma que se ha expresado a través de  falta de acceso a la seguridad social, jornadas de trabajo extendidas, adeudos y desigualdad salarial

Sobre este último rubro, en octubre de 2023, medios nacionales reportaron que sólo el 1% del profesorado recibe los mejores salarios. La movilización del hashtag #UNAMNoPaga (2021-2022) propició conversaciones como la de la existencia de una “burocracia dorada”, grupo de 85 funcionarixs —que van desde el equipo cercano al rector, directores de institutos y facultades hasta docentes e investigadorxs— que percibe un sueldo de más de $90.000 mensuales y que, en algunos casos, se aproxima al ingreso del presidente de México ($122.257, según datos de julio de 2023). 

Mientras tanto, el salario fijo promedio de 29.000 profesorxs de asignatura oscila entre los $108 y $110 por hora. Para que les docentes cuenten con $8000 al mes, necesitan, por lo menos, 5 grupos a la semana. 

Al retirar a la profesora Esperanza Basurto, la FCPyS “está lanzando un muy mal mensaje al cuerpo entero de la universidad”, afirma Rodríguez de la Vega. La administración no sólo expone las dinámicas añejas y corruptas que vulneran el derecho al trabajo digno; también levanta sospechas sobre su verdadero rol —no el que presume— en la lucha contra la violencia de género. 

El movimiento universitario contra el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres

Las universitarias siempre han estado en las primeras filas de la movilización social. No obstante, 2016 marcó un precedente para las estudiantes y profesoras de la UNAM. En medio del incremento de las protestas contra la violencia feminicida en Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla y Ciudad de México, el paro feminista de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) expresó el hartazgo al interior de las aulas. 

Además de dar continuidad a las demandas del colectivo Alí Somos Todas [1], alumnas y profesoras —a través de tendederos , micrófonos abiertos y asambleas— aseguraron no estar dispuestas a compartir espacios con sus agresores. El actuar de las mujeres organizadas fue una pieza clave para la publicación del Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la Universidad Autónoma de México

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#JusticiaParaTodas / Foto: An Flores

Al año siguiente, el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio (3 de mayo de 2017), perpetrado en Ciudad Universitaria (CU) por el trabajador de la UNAM Jorge Luis Hernández González, expuso la urgencia de acciones articuladas y de una lucha acuerpada. La FCPyS fue el punto de partida de una marcha que expresaría el encono frente a la tibieza —el silencio y la complicidad— de la Rectoría y las instancias universitarias que, se supone, abogan por los derechos de las mujeres

El grito de Ni Una Menos fue por Lesvy, su mamá, la activista Araceli Osorio, y las jóvenes que no se sentían seguras en las instalaciones de las facultades, preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). El 30 agosto de 2017, en sesión con el Consejo Universitario, Araceli Osorio recordó a las autoridades de la UNAM que una de sus responsabilidades es la garantía de medidas de no repetición. Sin embargo, la “mejor institución educativa del país” mantuvo como deuda el acceso a espacios libres de violencia. 

Para 2019, año en el que la marcha del glitter marcó un antes y un después en los feminismos mexicanos, las omisiones en la desaparición de la alumna de la FFyL Mariela Vanessa Díaz Valverde, las irregularidades en la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México [2], el ataque con un cutter a una estudiante de Azcapotzalco, la denuncia de agresiones sexuales en la Facultad de Ciencias, dos planteles del CCH (Sur y Vallejo) y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán provocaron que los colectivos “separatistas”, “anarquistas” y “disidentes” tomaran las instalaciones de las facultades de Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Artes y Diseño, Psicología, Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras. 

En el caso particular de la FCPyS, el movimiento contra la violencia sexual y de género también estuvo motivado por las fallas de los botones de auxilio/emergencia en los sanitarios [3] y la intimidación que recibieron algunas estudiantes al denunciar el hecho y participar en un cacerolazo. Otro antecedente fue la permisividad frente a los discursos de odio. 

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Secretaría de “Abusos” Escolares (FCPyS, UNAM) / Foto: An Flores

En vísperas del decreto de la alerta sanitaria por COVID-19 en México (30 de marzo de 2020), el entonces rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el presidente Andrés Manuel López Obrador intentaron deslegitimar los activismos. Ambos se esforzaron por posicionar una narrativa en la que las estudiantes y profesoras fueran unas “desestabilizadoras de las instancias educativas”, ‘provocadoras con intereses ajenos’ y protagonistas de una “mano negra” en un grupo ‘minoritario’ y ‘autoritario’

Espacios seguros y dignos: la complicidad entre alumnas y docentes

Entre reuniones, mesas de diálogo, la organización de talleres de acompañamiento psicológico y la redacción del Pliego de Exigencias de la Asamblea Separatista , las profesoras de la FCPyS acuerparon una pedagogía de la transgresión y formaron “Acá estamos”: una evocación muy clara al legado de bell hooks. El colectivo no sólo fue una expresión de apoyo a las alumnas y exalumnas que denunciaron algún tipo de violencia en los tendederos o redes sociales. También fue una muestra de que durante décadas la prestigiosa universidad ha sido copartícipe de la negación de la dignidad de las mujeres. 

“Hubo ese momento bonito de complicidad”, recuerda Rodríguez de la Vega al hablar de las sesiones en las que la comunidad se mostró indignada frente a la consolidación de un “acoso sistemático” y permitido. “Encontramos a una generación de chavas que dijeron: ‘¡Basta!’ a lo que nosotras también sufrimos cotidiana y silenciosamente cuando éramos estudiantes”, detalla. Algunas heridas necesitan abrirse para empezar a sanar. 

De enero a abril de 2020 [4], las alumnas y profesoras que estuvieron en la toma esbozaron un plan a largo, corto y mediano plazo. El reclamo era tajante: la universidad necesitaba un cambio estructural. Para el mes de junio ya había claridad y consenso sobre la incorporación de una materia que, además de un recorrido político por los feminismos y sus respectivas propuestas, facilitara diálogos basados en la confianza, la reparación de daños y la no repetición. 

“Fuimos pioneras de esta realidad”, señala Rodríguez de la Vega al asegurar que el movimiento contra el acoso y la violencia sexual también representó un cambio en la participación al interior de la facultad. “[Las discusiones ] se hicieron en espacios horizontales y de trabajo colegiado. Nos encontramos con [una oportunidad] que nos recordó la grandísima importancia de un trabajo que no esté mediado por instancias jerárquicas y burocráticas. Fue un espacio de cooperación intelectual por el bien común”, precisa.  

“La asignatura [Violencia contra las mujeres: genealogías, actualidad y resistencias] es hija, nieta  [y] fruto de la digna rabia”, sostiene Esperanza Basurto. Su construcción colectiva  [y combativa] en las aulas no sólo responde a la necesidad de que la perspectiva de género sea transversal en los planes de estudio. 

Desde el rubro académico, la socióloga y también docente de la FCPyS, Márgara Millán, especifica que la materia requiere de “un seguimiento interdisciplinario”. Por ello,  de manera obligatoria, “cruza las cinco carreras” de la facultad: Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública y Antropología. “Las y los estudiantes tienen que cursarla antes de inscribirse al sexto semestre”, puntualiza. Sumado a estar presente en las cinco disciplinas, la impartición debía nutrirse de acciones paralelas como los talleres y cursos de actualización para la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y la División de Estudios Profesionales (Depro).

Además, se estableció que las docentes a cargo contaran con formación y acercamiento a los temas de género. “Puede que una persona que nunca ha trabajado asuntos de género sea muy buena en lo que hace y en su área de estudio”, comparte Esperanza. “Pero esta materia tiene un carácter político y vivencial muy importante y por eso también fue pensada como un espacio en el que nos sintamos seguras”. 

Las irregularidades de la FCPyS en el combate a la violencia de género

En noviembre de 2020, la Junta de Gobierno de la Universidad designó a Carola García Calderón como directora de la FCPyS. Durante los semestres en los que la UNAM continuó con las clases en línea, “se empezó a innovar el sentido pedagógico a través de una retroalimentación constante y con la incorporación Violencia contra las mujeres: genealogías, actualidad y resistencias a la tira de materias”, relata Millán.

Pero con el regreso a la presencialidad —la FCPyS retomó actividades a mediados de 2022—, la administración en turno empezó a mostrar su falta de compromiso con los acuerdos establecidos con profesoras y estudiantes. “Detecté cierto disgusto cuando expresamos que, por ser de carácter obligatorio, la materia debía pasar de 5 a 11 grupos”, recapitula Millán. “[Luego empezaron] a imponer a profesoras [para que impartan la asignatura] sin que se cumplan los mecanismos que ya habíamos consensuado”, acusa.  

En conversación con Volcánicas, Esperanza Basurto comenta que su despido [injustificado] se suma a otras omisiones que hacen dudar sobre el compromiso de las autoridades educativas en cuanto al trabajo con perspectiva de género y feminismo.

“Hay tres situaciones que son ejemplo de que no se están respetando los pactos. La primera es que [se habían acordado] actividades [de sensibilización] para las estudiantes de nuevo ingreso y para todo el personal administrativo. La segunda tiene que ver con [la manera en la que funciona] la política de la UNAM. A estas alturas, ya tenemos claras las directrices: debemos tener materias de género, comisiones de igualdad de género en las facultades y orientadoras comunitarias. Lo que hemos visto en estos cuatro años es que se han retrasado las actividades y que, además, hay una falta de difusión en las convocatorias, lo cual se ve reflejado en la falta de representación.

La unidad de género, que se creó en 2019, no ha funcionado como un órgano colegiado. Tampoco han habido reuniones periódicas con la comunidad y las orientadoras. En la página web de la facultad hay una listado de las personas que no han hecho los cursos. Y, finalmente, la tercera se vincula a la no atención de las demandas estudiantiles. [Se habían agendado] unas reuniones con una comisión de alumnas, pero [la institución] pospuso las fechas. [Estas acciones] incluso llegan a infantilizar a las estudiantes porque [las autoridades] les dicen que no conocen la normativa de la universidad y que no son representativas de la comunidad. Entonces, esto termina por menoscabar el reconocimiento de las profesoras y estudiantes como actoras políticas”. 

A lo anterior, Márgara Millán agrega que otra de las fallas organizativas de la unidad de género es que “no hay un apoyo real” para que pueda operar correcta y efectivamente [5]. Respecto a la decisión de la FCPyS de retirar a Esperanza Basurto de la plantilla, Teresa Rodríguez de la Vega comenta que “es una estrategia muy clara para socavar la vena crítica de la institución”, pues saca ventaja de la problemática —y desigual— estructura de la UNAM. “Les cuesta más trabajo perseguir a las profesoras de tiempo completo y hacerlas objeto de represalias”, dice.

En respuesta, las docentes, acuerpadas por sus alumnas, se han negado a guardar silencio. Han cuestionado los procesos del Consejo Técnico y la Comisión de Formación en Género. No tienen la mínima intención de esconder sus observaciones sobre las dinámicas —y relaciones— detrás del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA) y la Dirección. “No se nos está respetando como feministas y no se nos respeta como profesoras de asignatura”, lamenta Esmeralda. En sus palabras se reitera que  la cautela, el desaliento y la herida siguen ahí. 

En pleno 2024, alumnas, exalumnas, periodistas, comunicólogas, antropólogas, sociólogas e internacionalistas formadas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) continuamos denunciando violencia física, psicológica y sexual por parte de sus profesores y personal administrativo. Mientras tanto, la institución, despide, sin justificación, a una de las profesoras que impulsó la asignatura desde el principio. Decisiones, dicen las autoridades. Simulación y complicidad patriarcal se llama. 

Notas al pie 

[1] El nombre del colectivo fue en memoria de Alí Cuevas Castrejón, estudiante de Letras Clásicas y víctima de feminicidio a manos de su pareja, Oswaldo Morgan Colón. 

[2] Que tuvo su primera versión el 29 de agosto de 2016

[3] En 2016, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) instaló 60 botones de auxilio para prevenir delitos al interior de las instalaciones. Según el protocolo de la UNAM, los botones fueron una medida para actuar en caso de emergencia médica, actos de violencia, hostigamiento, acoso o “cualquier otra situación en la que se sienta vulnerada la seguridad”. Si se trata de un asunto de violencia hacia las mujeres, este se remite a las oficina jurídica. 

[4] El 30 de abril de 2020, las Mujeres Organizadas de la FCPyS comunicaron su retiro de la facultad por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia. A lo largo de tres meses, las chicas que estuvieron en la toma denunciaron intimidaciones de todo tipo.

[5] En su sitio web, la FCPyS explica que la Unidad de Género (UG) tiene cuatro funciones: 

  1. Contribuir en la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia de género cometidos por o contra los miembros de la comunidad de la Facultad.
  2. Orientar y acompañar a las personas víctimas de violencia en razón de género en los espacios universitarios. 
  3. Informar sobre la política institucional para crear espacios libres de violencia de género y sobre los procesos de atención y denuncia.
  4. Promover y participar en la creación de espacios y ambientes libres de violencia de género.
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Autor

  • An Flores

    Comunicadox política graduadx de la UNAM, especializadæ en regulación de medios audiovisuales y usos sociopolíticos de la tecnología. Colabora de manera independiente en periodismo musical a través de su newsletter “Music for the Vampires” y ha contribuido a medios como Indie Rocks!, Radio Nopal, Sound & Vision y Vibras. Su cobertura incluye la escena musical alternativa/under/goth, así como temas de justicia reproductiva, movilización social, políticas afectivas y gestión de recursos públicos, especialmente en salud. Además, es fundadorx de ALAIT (Aborto Legal, Acompañado e Informado para Todes), un proyecto para contrarrestar la desinformación sobre el aborto.

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