Por 
Este jueves 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convalidó los cuestionables resultados electorales entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 28 de julio, que daban como ganador a Nicolás Maduro, a pesar de las acusaciones de fraude por parte de la oposición y la comunidad internacional. Pero, lejos de resolver o despejar las acusaciones de fraude, la falta de independencia del tribunal, controlado por magistrados afines al chavismo, al igual que el CNE, que sigue sin publicar la totalidad de las actas, suma un nuevo hito al clima de desconfianza.
Dos resultados: CNE y oposición
Cinco días después de las elecciones, el viernes 2 de agosto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela entregaba el segundo boletín de resultados. Según el CNE, con el 96,87% de las actas, Nicolás Maduro había obtenido el 51,95% de los votos mientras que el candidato de la opositora Plataforma de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, el 43,18%. Sin embargo, ese día Amoroso no presentó las actas, ni aceptó preguntas de la prensa.
Por su parte, la oposición, liderada por Maria Corina Machado, sostiene que el verdadero ganador por amplia mayoría fue Edmundo González y publicó una página web con los resultados y las actas recolectadas por ellos (24.952 actas, equivalentes al 81,7% de la totalidad), dando a González Urrutia como ganador con el 69% de los votos, contra un 30% de Maduro.
El miércoles 31 de julio, el candidato Presidente Maduro le pidió al Tribunal Supremo auditar las actas de las elecciones presidenciales y este lunes 5 de agosto, el CNE las entregó. El Tribunal Supremo de Justicia había citado a los 10 candidatos presidenciales el viernes 5 de agosto para participar en la verificación de los resultados, pero Edmundo no acudió a la convocatoria por su seguridad e integridad física. Finalmente, el 22 de agosto el TSJ convalidó los resultados y al día siguiente, el Ministerio Público emitió boleta de citación a Edmundo González por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, confirmando las reservas del candidato para no asistir a la verificación de resultados.
La veeduría internacional desconfía de los resultados del CNE
El Centro Carter, veedor de estas elecciones por invitación del mismo gobierno de Maduro, manifestó en un comunicado que estas elecciones no podían ser consideradas democráticas por no adecuarse a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral.
Por su parte la Misión de Observación Electoral de Colombia, analizó los datos de 21.952 de los registros publicados por la oposición, esto es el 73,1% del total de las actas y concluyó que “aún cuando la totalidad de la votación faltante recopilada por el CNE fuera a favor del candidato Presidente Nicolás Maduro, esta no sería suficiente para superar la votación de su contrincante”
Según el informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela incumplió varias etapas del cronograma electoral que incluían mecanismos de auditoría establecidos para disipar dudas sobre el sistema, entre ellas la auditoría de telecomunicaciones, la verificación ciudadana y la auditoría de datos electorales (verificación del banco de huellas dactilares).
Protestas y represión
Mientras tanto, la gente sigue saliendo masivamente a las calles a denunciar el fraude y la respuesta del gobierno ha sido una represión tan brutal que a la fecha deja al menos 24 personas muertas y más de 2.400 personas detenidas. Entre esas personas, defensoras y defensores de derechos humanos, como hemos denunciado. Maduro ha amenazado con enviar a manifestantes detenidos a cárceles de máxima seguridad y ha dicho que creará más cárceles para este fin. La persecución a activistas, anulación de sus pasaportes, amenazas de bloqueos a redes sociales (en su momento más conspiranoico, Maduro arremetió contra las redes sociales instando a desinstalar Instagram, TikTok y Whatsapp) y cortes de internet suman a la represión y vulneración de derechos por parte del régimen, que pierde cada vez más legitimidad a los ojos del mundo.
Un cónclave de izquierda que se diluye en la mediación
Mientras tanto, los presidentes Lula, Petro y AMLO han asumido una postura de diálogo, para algunes tibia, para otres estratégica, y aprovechado su cercanía con Maduro para pedir transparencia, que se presente la totalidad de las actas y auditoría internacional.
Estos mismos 3 países se abstuvieron de firmar una resolución de la OEA, organización de la que Venezuela no es miembro desde 2019. Tampoco se puede olvidar que Colombia comparte frontera con Venezuela y que apenas se está terminando de resolver la crisis fronteriza que dejó el cerco diplomático del gobierno pasado. Este bloque “negociador” ha recibido el respaldo del presidente chileno Gabriel Boric, la ex vicepresidenta argentina Cristina Fernández y hasta el presidente francés Emmanuel Macron. Tras la convalidación del TSJ, Gabriel Boric fue el primero y hasta el momento el único en pronunciarse en sus redes: “Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude”. Dos días después, los gobiernos de Brasil y Colombia emitieron una nueva declaración conjunta insistiendo en la publicación de las actas completas y datos verificables. Sorprendentemente no dicen nada sobre la represión y México no aparece firmando la declaración.
Los gringos no saben qué hacer
Por su parte, los Estados Unidos a través del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, respaldó los resultados difundidos por la oposición, pero luego salieron a decir que todavía no estaban reconociendo el triunfo de González, y es que eso ya pasó y no salió bien (Circa Guaidó 2019). Es claro que Estados Unidos tiene intereses petroleros y además elecciones en noviembre con una crisis energética entre los puntos más álgidos dentro de su economía. Se teme que tras la convalidación del TSJ, Estados Unidos esté analizando nuevas sanciones contra Venezuela.
¿Y ahora qué sigue?
Para nadie es un secreto que el involucramiento de la comunidad internacional en la crisis poselectoral, bien sea promoviendo sanciones o llamando al diálogo para intentar una salida negociada, sigue distintos intereses. Lo cierto es que ya pasó el tiempo de espera para que el CNE entregara las totalidad de las actas y su autoproclamado triunfo fuera reconocido, al menos por sus aliados Colombia, Brasil y México. Sin ese reconocimiento, a Maduro le queda el apoyo de Bolivia, Nicaragua, Cuba, Irán y dos potencias mundiales: Rusia, China.
Maduro insiste en que todo esto se trata de un intento de golpe de Estado. Maria Corina y Edmundo hicieron un llamado a las Fuerzas Militares para que respalden al pueblo venezolano. Varixs analistas coinciden en que lo único que podría servir sería una auditoría internacional, que es lo que ha pedido el gobierno de Colombia y otros gobiernos de la región. Sin embargo, cada vez es mayor la duda sobre los resultados pero, lejos de una confrontación violenta, la estrategia del cónclave de izquierda se decanta por insistir en una transición pacífica. ¿Por qué? Porque de lo contrario Maduro es capaz de desatar una guerra civil. Él sabe que está acorralado y tiene dos salidas: una negociada y atornillarse seis años más, a punta de más violencia.
Y es claro que nadie quiere más violencia. Es claro también que Maria Corina es sionista y derechista y que Maduro tampoco ha respetado derechos fundamentales pero Venezuela ya no se debate entre izquierda y derecha si no entre democracia y autoritarismo. Al final, toda concentración de poder, autoritarismo y violación de derechos debe ser rechazada. El futuro del régimen de Maduro es cada vez más incierto.
Desde Volcánicas condenamos la brutal represión del régimen y las violaciones a los derechos humanos registradas por medios y organizaciones defensoras de derechos humanos que también sufren la censura y persecución del gobierno de Maduro. Reiteramos nuestro llamado a garantizar el derecho a la protesta, a la vida y a la libertad de expresión en Venezuela y rechazamos los actos de racismo que se han registrado en el marco de las protestas.
LÍNEA DE TIEMPO
A continuación una línea de tiempo con los principales hechos desde la jornada electoral a la fecha.
28 de julio. Jornada electoral. Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de que la oposición, liderada por Edmundo González, denunció fraude, afirmando haber ganado con una amplia ventaja. Este sería el tercer mandato de Maduro. Las elecciones han sido cuestionadas por observadores internacionales por su falta de transparencia e integridad democrática.
29 de julio. Inicio de las protestas. El descontento del pueblo venezolano llenó las calles de Venezuela. Ejerciendo el derecho a la legítima protesta, manifestantes derribaron estatuas de Hugo Chávez. También fueron derrumbadas estatuas de autoridades indígenas en actos señalados de racismo. El régimen respondió con una represión brutal y violación al derecho a la legítima protesta. Miles de personas fueron detenidas y al menos 20 personas han sido asesinadas.
30 de julio – mes de agosto. Las protestas se intensificaron, así como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. Aumentan los llamados a garantizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión, a garantizar los derechos humanos y a cesar la represión.
31 de julio. Maduro le pide al Tribunal Supremo de Justicia auditar las actas de las elecciones presidenciales.
5 de agosto. El CNE entrega las actas al Tribunal Supremo de Justicia. El TSJ había citado a los 10 candidatos presidenciales para participar en la verificación de los resultados. Edmundo no acudió a la convocatoria.
Agosto 17: Protestas en todo el mundo. Miles de personas protestaron en Venezuela y en distintas ciudades del mundo denunciando fraude electoral. Mientras tanto, Maduro invitó a sus seguidores a salir a las calles para apoyarlo.
Agosto 22: El TSJ convalida los resultados del CNE y la cuestionada reelección de Maduro.
Agosto 23: El Ministerio Público emitió una boleta de citación a Edmundo González por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
