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Este 27 de diciembre, la Ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, denunció presuntas violaciones a los derechos de las trabajadoras en varias empresas visitadas por inspectoras de Mintrabajo
“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp’s por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores”, dijo la Ministra.
Entre esas denuncias se mencionó a la empresa Seatech Internacional Inc., la misma que manufactura el atún Van Camps, el atún para la cadena de supermercados D1 y maquila para grandes supermercados. De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio, la empresa enfrenta 10 procesos activos, uno de ellos por presunta violación al artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo: “Por realizar retenciones o descuentos a los salarios de los trabajadores sin su autorización”. Ramírez denunció que empleadas de la compañía habrían tenido que utilizar pañales para no ocupar el baño durante sus jornadas laborales, pues ese tiempo sería descontado de sus pagos, entre otros 26 hallazgos de presuntas violaciones laborales que están siendo investigados.
Algunas horas más tarde, el Ministerio de Trabajo reveló los desprendibles de nómina de las empleadas en donde se señalan los descuentos por el tiempo ocupado en el baño.
La empresa respondió con un comunicado negando los señalamientos y asegurando que iniciarán acciones legales contra el Ministerio. Sin embargo, este no es el primer escándalo en el que la compañía de origen cartagenero se ve envuelta. Durante los últimos años, múltiples quejas por abuso laboral y precarias condiciones laborales han sido interpuestas contra la empresa que, en todas las ocasiones, ha asegurado que se tratan de acusaciones falsas.
Otros abusos contra empleadxs y persecución sindical
En 2010, la Red de Sindicatos de Colombia publicó un artículo en el que afirmó que de los más de 1.500 empleados que en ese momento pertenecían a la empresa Seatech Internacional Inc. en labores permanentes, únicamente 13 contaban con contratos fijos y todos los demás eran considerados como transitorios, incluso si llevaban más de 20 años en la empresa.
También durante el 2010, la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia (USTRIAL) acusó a Seatech de crear sistemas de contratación ilegal y, además, de perseguir a las organizaciones sindicales, lo que causó que la empresa despidiera a más de 120 empleadas, en su mayoría madres cabeza de hogar.
Estos dos hechos llevaron a que, en 2013, la empresa fuera sancionada por el Ministerio de Trabajo con una multa cercana a los 500 millones de pesos. Adicionalmente, se le exigió modificar el modelo de contratación y asegurar los derechos de sus trabajadores, garantizando también el ejercicio sindical.
En 2017, una investigación de Revista Semana reveló cómo Seatech Internacional se había escudado en la irregularidad de su producción para no terminar de garantizar medidas adecuadas para sus casi 2.000 empleados. En ese momento la empresa aseguró que ninguna de las acusaciones era cierta, y agregó que un grupo minoritario “se ha dedicado a hacerle mala prensa a la compañía y ha optado por una estrategia de difamación en vez del diálogo; el mismo grupo que obstaculizó el derecho al trabajo de la mayoría en el año 2015, cuando acudió a vías de hecho para tomarse la planta”. En esa ocasión, la “parada técnica por exceso de inventario” como la llamó la empresa, dio lugar al cierre y despido de empleados, con la promesa de reintegrarlos, esto motivó la protesta de trabajadorxs.
En julio de este año, hace 5 meses, la Escuela Nacional Sindical publicó testimonios de trabajadoras de la empresa Seatech que señalaron las condiciones laborales como precarias al punto de mencionar enfermedades derivadas de dichas condiciones, maltrato físico y emocional. Las mujeres en el video confirman que algunas hacen uso de pañales para evitar ir al baño, ya que estas salidas son descontadas como “tiempos muertos”; estos testimonios mencionan persecución sindical incluyendo amenazas de muerte.
Atún contaminado con mercurio
Durante estos años otro escándalo relacionado con la empresa multinacional salió a la luz pública: el atún procesado por esta compañía tendría un porcentaje de concentración de mercurio muy superior al límite establecido como salubre. Por ello, en 2018, el Invima y las autoridades sanitarias ordenaron a Seatech retirar un lote completo de atún que ya había salido al mercado dos años atrás.
La empresa se defendió diciendo que el consumo de una sola lata no implicaba peligro para el público y, también, que empezarían a implementar el mismo tipo de monitoreo usado por el Invima para contrarrestar los niveles de mercurio en sus productos. Además, aseguraron que “tal como lo dice el Invima, el consumo de una porción de atún con excedencias de mercurio no implica riesgo alguno para la salud. El mercurio es un elemento presente en todos los pescados de mar y no fruto de contaminación de agentes externos”.
Maltrato animal y presunta pesca ilegal
En agosto de este año, el Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, abrió un proceso sancionatorio ambiental contra Seatech tras confirmar maltrato animal por parte de funcionarios de esta empresa contra polluelos de aves silvestres, desprendiendo de manera arbitraria los nidos de los árboles y podando las ramas donde anidaban. La empresa se justificó explicando que realizan estas podas varias veces al año para evitar que las ramas obstruyan las cámaras de seguridad y que las heces de las aves contaminen el producto que fabrican. La EPA le impuso a la empresa un sello de suspensión temporal de actividades e inició el proceso sancionatorio ambiental.
La empresa explicó a la comisión técnica del EPA, que cada 3 o 4 meses realizaban podas para evitar que los árboles tapen las cámaras de seguridad y para que las aves no aniden en las ramas, ya que los trabajadores que procesan el atún se contaminan con las heces de las aves, lo cual representa un riesgo de contaminación para los productos alimenticios que producen.
Además, según una investigación de Cuestión Pública, flotas de Seatech operan en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí, colindante con Malpelo,en el mar Pacífico, donde la pesca industrial no está permitida, por lo que la empresa podría estar incurriendo en pesca ilegal.
Abusos y discriminación – una opinión exper
El tema ha causado revuelo en la opinión pública. Algunos medios y periodistas han desmentido las denuncias, apegándose únicamente al comunicado oficial de Seatech, omitiendo el largo historial de denuncias y los antecedentes de la empresa, y hay quienes creen que no le correspondía a la ministra hacer esta denuncia.
Consultamos a la abogada María Fernanda Jiménez Sarmiento de la Red Jurídica Feminista sobre el caso. De acuerdo con la abogada, ninguna empresa pública ni privada puede prohibirle a sus trabajadores, o puede descontarle a sus trabajadores dinero de su salario, por hacer sus necesidades fisiológicas o por detenerse 5 o 10 minutos en su labor:. “En efecto, se están violando derechos humanos, derechos laborales y se está jugando con la vida y con la salud y la integridad de los trabajadores. Ahora, esto también hay que verlo desde una perspectiva de género porque sin duda se están vulnerando en su mayoría derechos de mujeres. Lamentablemente, desde siempre, cuando son las mujeres las trabajadoras, suelen ser más vulnerables a que se les violen sus derechos laborales y sus derechos humanos”.
La abogada agrega: “Uno tiene necesidades fisiológicas, las mujeres tenemos una necesidad adicional y es que nosotras menstruamos y el cambio de las toallas o copas menstruales tiene cierta demora y no por eso nos pueden descontar días del salario y no por el hecho de ser mujeres y de demorarnos más en el sanitario de lo que se demoraría un hombre pueden sancionarnos y quitarnos derechos laborales. En efecto, es un acto discriminatorio, es una violación a los derechos humanos y a los derechos laborales, no está bien, tiene que ser sancionado y el Estado en efecto se tiene que encargar de utilizar mecanismos para evitar que las empresas realicen estas prácticas. Estamos hablando de empresas que se aprovechan de la vulnerabilidad de sus trabajadoras”.
Sobre si era competencia de la ministra hacer la denuncia o no, Jiménez responde: “¿Quién más que la ministra del Trabajo para denunciar que se están vulnerando los derechos de las trabajadoras y trabajadores? Si no es la ministra la que se pone la 10 y la que dice vamos a combatir las irregularidades que se están presentando en el sistema y las irregularidades que se están presentando en una empresa y vamos a alzar la voz por los trabajadores, pues entonces ¿quién más? Desde ese punto de vista yo siento que no veo nada de malo en la denuncia. Ya sí lo vemos desde un punto de vista sancionatorio de que en efecto si esto está sucediendo dentro de esta empresa y ya existen investigaciones y ya existen pruebas de que esto es así, pues obviamente uno desde el lado sancionatorio tiene que tener cuidado con las manifestaciones públicas que hace siendo un representante estatal porque podrías viciar el procedimiento, Porque si la ministra tiene esa información y la obtuvo, sea como sea que haya obtenido la información, pues ella tiene que tener en cuenta que es una entidad estatal y que como entidad estatal la información no solamente la puede utilizar para escarnio público, sino que también la debe utilizar de las maneras adecuadas para sancionar estas prácticas que están cometiendo dentro de esta empresa y para salvaguardar los derechos de estas trabajadoras”.
