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Su belleza crepuscular, su pelaje canela y la altura con la que salta sobre las ramas le han otorgado el título de “la criatura mágica de los bosques”. El venado de cola blanca habita en distintas latitudes del continente, desde las provincias canadienses hasta las zonas montañosas de Sudamérica. Para los pueblos mayas —en México asentados en Yucatán, Campeche y Quintana Roo— esta especie es sagrada, pues se le relaciona con la lluvia y la fertilidad.
Sin embargo, empresas privadas ofrecen tours de cacería. $10.000 por ingresar a cubiertas forestales y asesinar al “ciervo trofeo”. Si la caza no es ‘exitosa’, el tour y la invasión al hábitat de pinos y robles cuesta $2.000.
El venado de cola blanca no sólo se enfrenta a emprendimientos cuya ‘sostenibilidad’ y riqueza se basan en la crueldad animal y el ecocidio. En la península sur, estos animales— y al menos unas 262 especies más— también se encuentran en riesgo por el desarrollo inmobiliario irregular.
A mediados de mayo de este año, vecinxs de Playa del Carmen, en Quintana Roo, reportaron al 911 el atropellamiento de un ciervo. El predio en el que se hirió a la cría estaba rodeado de excavaciones, árboles tumbados, material de construcción y tractores. Según comunicados oficiales, el ciervo recibió atención médica y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) siguió los protocolos en el manejo de fauna silvestre protegida.
La zona, en la que se desarrolla un complejo turístico a cargo del corporativo Awa Signature Playacar, fue clausurada. No obstante, vecinxs y organizaciones se manifestaron. No sólo se trató del atropellamiento; también denunciaron la muerte de tres venados y la devastación de más de tres mil metros cuadrados de selva. Además acusaron que las instituciones gubernamentales no implementan planes de manejo ambiental, ni programas o acciones de reubicación de la fauna silvestre.
La destrucción territorial ha provocado el desplazamiento de venados, coatíes, mapaches e iguanas de cola espinosa. Cuando los animales han intentado volver a sus hogares han perdido a sus crías, sido lastimados o asesinados por los vehículos de construcción.
Días después de las protestas, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) frenó 70 desarrollos inmobiliarios por no contar con los permisos establecidos en normativas como la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Acciones Urbanísticas y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Sedetus, explicó en rueda de prensa que las acciones contra las inmobiliarias van desde las actas de inspección, hasta denuncias penales. En esas mismas fechas, el subsecretario de la Sedetus, David Alejandro Tapia Aguilar, presentó el Portal Ciudadano del Sistema Inmobiliario de Quintana Roo, plataforma digital que tiene como propósito evitar el fraude en el sector.
Claves para entender lo que sucede en el sur mexicano
“Un sello [de clausura] no sirve de nada si después no hay un seguimiento. Y, desgraciadamente, el seguimiento es algo que muy pocas veces vemos”, comparte a Volcánicas Donají, integrante de la organización Amigos de Solimán, sobre cómo las rutas institucionales siguen sin ser suficientes para la complejidad de esta problemática.
Más del 30% del territorio de Quintana Roo está declarado como área protegida. Al ser el hogar de más de 7938 especies de animales y plantas, esta entidad se perfila como prioritaria para el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vigente desde 1993.
Pero lleva más de dos décadas como uno de los focos rojos de la urbanización acelerada y no planificada, así como del crecimiento desmedido de las zonas hoteleras en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Holbox. Tan sólo entre 1993 y 2011, se construyeron 10.000 habitaciones, propiedad de cadenas como Cid Resorts, H10 Hotels, Excellence Rivera Cancún, Paradisus Resort y NH Hoteles.
La pandemia por COVID-19 también es un factor relevante. Como parte de las estrategias de recuperación económica, el gobierno y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se empeñaron en hacer del estado el mejor destino del Caribe a partir de la marina para yates, campos de golf y condominios de lujo.
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En los últimos cinco años el ecolavado (prácticas engañosas a las que recurren empresas o gobiernos para mantener y aumentar sus beneficios bajo la falacia de que contribuyen al desarrollo sostenible) ha sido otro componente a considerar. Donají explica: “Han sido cambios muy fuertes, sobre todo en las zonas costeras y terrenos de alta plusvalía, que están destinados principalmente al turismo o para que la gente extranjera que tiene más poder adquisitivo que las familias mexicanas vengan y tengan el departamento de sus sueños, junto a la naturaleza, haciéndoles sentir que están comprando algo totalmente ecológico”.
Viridiana Maldonado, fundadora y coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), destaca que el desarrollo inmobiliario irregular ha encontrado beneficiosos los megaproyectos promocionados con discursos de ecolavado, como sucedió con el Tren Maya.
En 2018, casi al comenzar su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la construcción y el funcionamiento de esta infraestructura ferroviaria —que abarca Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán— sería responsable con el medio ambiente, pues no habría deforestación.
La narrativa la mantuvo el Fonatur, cuyo exdirector general Javier May Rodríguez (ahora gobernador de Tabasco) dijo que se implementaría un programa para plantar 500 millones de árboles frutales (Sembrando Vida), además de ampliar las áreas protegidas y contar con medidas de preservación de los cenotes y ríos subterráneos. La realidad es distinta.
“El boom inmobiliario ha sido una constante. Pero notamos que a partir de la llegada del Tren Maya se exacerbó”, enfatiza Viridiana sobre una problemática que se suma a otras denuncias hechas por organizaciones, pobladorxs y defensorxs del territorio respecto al Tren Maya: la deforestación de al menos 6659 hectáreas (más de siete millones de árboles, según una solicitud de información presentada por Animal Político), el fragmento de corredores biológicos esenciales, la falta de protocolos para atender a especies como iguanas, tarántulas, murciélagos y tortugas, desabasto de agua en la zona arqueológica de Calakmul e irregularidades en las licitaciones —no contar con un trazo definitivo de la ruta, por ejemplo—.
“La especulación inmobiliaria incrementó muchísimo porque se pensó que iba a haber más fuentes de empleo y atractivos turísticos. Pero se dio muy poca atención a lo que implicaba el proyecto a gran escala y a largo plazo”, agrega Viridiana previo a puntualizar que otras trampas de ecolavado que tienen que ver con la construcción de fraccionamientos son los supuestos proyectos energéticos sustentables.
“Estamos muy a favor de que se cambie la matriz energética y por supuesto debe haber un proceso de transición. En lo que no estamos de acuerdo es que ese proceso de transición esté replicando las mismas violaciones de derechos humanos y ambientales que la energía fósil, que es precisamente lo que está pasando en la península sur. Hay proyectos de energía solar, la instalación de paneles a gran escala, que están implicando el desmonte de las selvas”, explica.
El costo de los paraísos sofisticados (y sobreexplotados)
Tras el coronavirus, México se convirtió en el país latinoamericano con más nómadas digitales (personas que, al trabajar de manera remota, cambian de ubicación con frecuencia). Según datos de la firma Restart, este segmento poblacional —que ingresó como turista y sin registrarse en el fisco (es decir: su actividad no es monitoreada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)— se triplicó.
Entre 2020 y 2025, CDMX, Playa del Carmen, Cancún, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Cozumel, Sayulita, Guadalajara, San Miguel de Allende, Holbox, Islas Mujeres, Zihuatanejo , Tulum, La Paz y Mérida ya no solo se perfilaron como principales atractivos turísticos sino también como destinos principales para lxs nómadas digitales.
De estos 15 lugares, 7 se ubican en la península sur, donde el vínculo entre el desarrollo inmobiliario irregular, la turistificación y la gentrificación es observable. “Esta parte del país, especialmente Quintana Roo, lleva 50 años creciendo exponencial y desordenadamente, obedeciendo a lógicas desarrollistas. Esto ha provocado que, de alguna manera, no se analicen a los ecosistemas como se debe, si es viable o no seguir con las construcciones. Lo que vemos es que la política se ha centrado en análisis simplistas” comenta Viridiana Maldonado.
Bajo dicho panorama, Donají recuerda que no se pueden omitir las ventajas que han encontrado las corporaciones hoteleras y de bienes raíces. Consorcios como The Tribe se anuncian como una opción para acceder a una “comunidad eco-chic con espacios cuidadosamente diseñados para nómadas digitales”, cerca de playas y cenotes por una módica cantidad que arranca en los 138.860 dólares ($2638977.23 pesos mexicanos aproximadamente). En plataformas como Airbnb también es diversa la oferta de espacios catalogados como paraísos para nómadas digitales e inversionistas que buscan terrenos y viviendas con “sofisticación y estilo”.
El levantamiento irregular, la venta y renta de estas construcciones han provocado altos niveles de contaminación en el agua y la falta de un servicio público. “En Tulum no tenemos alcantarillado, el suministro es a través de pipas. Los edificios que tienen más de cuarenta y tantos departamentos requieren de muchísima agua, que, además, cuando es residual se va al subsuelo porque no hay plantas de tratamiento en esos fraccionamientos”, detalla Donají sobre una situación que afecta a otros lugares de Quintana Roo, como Playa del Carmen, Cancún y Bahía Chetumal, donde autoridades y los Servicios Estatales de Salud han reportado la incidencia de enfermedades gastrointestinales y de la piel por la mala calidad del recurso hídrico.
Por supuesto, la contaminación no se reduce al agua y no sólo afecta a los seres humanos. Donají cuenta que en Bahía Solimán, presumida como “el secreto mejor guardado de la Riviera Maya”, los departamentos suelen tener los balcones iluminados. La contaminación lumínica ha afectado principalmente a las tortugas marinas, especie que, según el propio Gobierno mexicano, está en peligro de extinción. “Las luces artificiales las desorienta tanto que cuando van a anidar, se ven obligadas a salir de su hábitat. Y las crías que acaban de nacer, en vez de seguir la luz natural de la luna y las estrellas, siguen las de los edificios y es en ese recorrido que son aplastadas o se caen a las albercas”, precisa.
¿Cómo es la defensa del territorio en estas condiciones?
El vínculo entre gentrificación, turistificación y desarrollo inmobiliario irregular es amplio y atraviesa negativamente las capacidades de organización frente a las afectaciones ambientales. Donají piensa en Tulum y expresa: “Generalmente, los departamentos que se venden no están habitados por las personas que los compran porque lo que buscan es una inversión que les reditúe. Es gente que viene una o dos veces al año. Ahí tienes una primera ruptura en el tejido social del lugar. Es muy difícil establecer relaciones de comunidad porque sólo les conoces cuando hay que hacer el pago de la cuota vecinal”.
Si bien la península sur atraviesa por una situación compleja y obstaculizada, las resistencias y luchas locales no dan tregua. Espacios colaborativos como Jaltún y Memorias de Nómada han documentado acciones ciudadanas de contrapeso a las problemáticas territoriales: las comisarías mayas contra la gentrificación en los Barrios Mágicos de Mérida, el activismo ambiental contra el proyecto Cuarto Muelle en Cozumel, la recuperación de 612 hectáreas selváticas en Chocholá y las denuncias formales por la privatización de las playas.
Desde la perspectiva de Donají, es fundamental que las comunidades no marquen distancia con su su entorno; que haya una vigilancia constante y activa de lo que sucede con las especies animales y de flores con las que comparten hogar, como las iguanas de cola espinosa, lagarto por el que integrantes de Amigos de Soliman redactaron y entregaron una carta a la administración municipal.
Donají detalla que la mayor parte del trabajo de este tipo de grupos es realizado por “ciudadanxs voluntarixs” que, de poco en poco y colectivamente, escuchan y aprenden de distintos temas: desde los que tienen que ver con el cuidado animal hasta el paso a paso de los procesos jurídicos.
“Siempre encuentras gente talentosísima. Hay muchísima gente que está dispuesta a compartir todo su conocimiento y a capacitarnos en lo que se necesite”, dice sobre el apoyo que ella y sus compañerxs han encontrado para llevar a cabo un programa para el cuidado de la anidación y el nacimiento de las tortugas marinas en Tulum y Akumal. “También empezamos a colaborar con personas que llegaron a México con la convicción de cuidar la naturaleza y que son biólogos o buzos. Trabajamos en un catálogo para informar sobre la riqueza de las especies que nos sirvió para crear una base de datos bastante grande a la que se pueden acercar lxs ciudadanxs. Intentamos recuperar el tejido social”, añade.
Una dinámica similar guía la labor de TerraVida, la organización fundada por Viridiana Maldonado. “Somos un grupo mayoritario de abogadas. Nos dedicamos a acompañar procesos de defensa del medio ambiente y el territorio; lo hacemos al lado de pueblos y comunidades indígenas. Tenemos un trabajo histórico en Yucatán, pero también visibilizamos procesos organizativos en otras partes del país”, detalla.
Articulaciones locales como las de Amigos de Solimán y TerraVida han abierto la posibilidad de ampliar su labor e incidir en otros espacios, como los legislativos. Actualmente, en el sur de México —concretamente en el estado de Quintana Roo— está activo el movimiento Cuatro X Once, iniciativa ciudadana en la que están involucrados 11 municipios que abogan por la urbanización responsable, vivienda digna y naturaleza protegida a través del impulso de cuatro leyes: Tajamar (protección de los manglares, cenotes, humedales y ríos subterráneos), Pok Ta Pok (realización de estudios sobre la carga ambiental de las zonas donde se asignan los usos de suelo para la construcción), movilidad sustentable (para aumentar la eficiencia y seguridad de los desplazamientos de lxs ciudadanxs) y Solimán (con el objetivo de vincular la Ley de Asentamientos Humanos con el Código Penal).
De acuerdo con Antonella Vázquez, fundadora de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), el movimiento Cuatro X Once es también resultado de los activismos ambientales y territoriales de los últimos ocho años, mismos que han señalado las deficiencias de los programas de desarrollo urbano. Al pensar en la respuesta que ha tenido por parte de otras regiones del país, la abogada rescata la narrativa que se ha querido impulsar: “Siempre hemos dicho que estos son temas son, o deberían ser, del interés de todas las personas. Se trata del medio ambiente; cada victoria es una victoria a favor de todas y todos”.
Viridiana Maldonado comparte esta postura y agrega que mirar al sur de México implica acuerpar a las poblaciones que, durante décadas, cerca o lejos de las zonas costeras, han protegido hogares que comparten con otras especies: “En su mayoría, las personas defensoras del territorio son abuelas y abuelos. Las juventudes también están jugando un papel predominante en la difusión de las iniciativas”, concluye.
