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El 22 de enero de 2004 la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-025 de ese mismo año, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la situación de las víctimas de desplazamiento forzado en el país. A través de este mecanismo, la Corte reconoció la necesidad de una atención preferente y diferencial para las víctimas de este fenómeno en Colombia, además de admitir que la falta de acciones para repararlas y atenderlas volvía al Estado cómplice y admisor de la vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada.
Las víctimas de desplazamiento forzado, antes de que la sentencia se hiciera vigente, no tenían medidas de atención que garantizaran su reparación, llegando en 2002 a presentar tutelas ante la Corte Constitucional que fueron rechazadas en múltiples ocasiones. De acuerdo con Relief Web, para julio del 2003, había 269.693 personas desplazadas, una cifra que año a año incrementaba velozmente.
No fue hasta el 2003 que, habiendo recibido más de 1.150 tutelas de familias desplazadas, la Corte decidió comenzar el análisis e identificación de las falencias estructurales detrás del desplazamiento forzado. Natalia Ángel, quien actualmente preside la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia, señaló que en el estudio de la Corte se encontró que “la política pública estaba desfinanciada, las entidades no estaban articuladas para atender a esa población y, en general, había grandes barreras para la garantía de los derechos que la Constitución consagra”. Fue en ese momento que el ECI fue declarado.
¿Qué implicaciones tiene la declaración del Estado de Cosas Inconstitucionales?
La figura del ECI es un mecanismo que se usa cuando la Corte Constitucional decide que se han cumplido los requisitos para hacerle frente a una situación grave. Algunos de estos requisitos son la violación recurrente y masiva de derechos fundamentales de una población específica, especialmente por problemas ligados al incumplimiento por parte de las autoridades y la necesidad de emplear medidas generales para hacerle frente a la situación.
Para el caso de desplazamiento forzado en Colombia se tenía a una población heterogénea, en la que algunos de los grupos más afectados eran mujeres, poblaciones afro e indígenas. Además, en ese entonces, como ahora, las dinámicas de desplazamiento respondían al conflicto armado y a la violencia.
La medida en la realidad del contexto Colombiano. ¿Ha funcionado?
El ECI influyó en el desarrollo e implementación de nuevas medidas para la identificación y el registro de las cifras de desplazamiento forzado en Colombia y la atención a las víctimas, como lo es el Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), y un presupuesto específico dirigido a la atención y reparación de víctimas. Sin embargo, el problema de raíz sigue latente.
Natalia Ángel explicó que para las mujeres, el panorama tras el desplazamiento forzado es especialmente preocupante. Al tener en cuenta el número de hogares con jefatura femenina de población desplazada, la cifra es de 63,4% hogares frente a los 46,7% hogares que no han sufrido este flagelo, según las cifras de la Comisión de Seguimiento.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) identificó que entre enero y diciembre del 2023 se presentaron 63.503 personas desplazadas forzosamente en 137 eventos. El 52,86% de estos hogares pertenecen a pueblos étnicos.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo hizo una crítica a los resultados del ECI con respecto a población indígena. Aunque esta estuvo dirigida hacia la falta de garantías de los pueblos Jiw y Nukak frente al desplazamiento y la pérdida del territorio, la Defensoría exigió “una acción estatal efectiva, completa y permanente”, señalando la necesidad de acabar con los rezagos de las medidas cautelares urgentes.
Entre enero de 2016 y agosto de 2023, Indepaz registró 1.324.964 eventos de desplazamiento masivo en el país. 131.447 de estos afectaron directamente a comunidades indígenas y 339.551 a comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras. Es decir, 35,5% de la población desplazada pertenece a población vulnerable.
Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) registró en el informe ‘Una nación desplazada’ que un poco más del 50% de la población desplazada, del total de casi seis millones y medio registrados, fueron mujeres. Pese a que las cifras muestran una violencia distintiva hacia mujeres y pueblos étnicos, al día de hoy no podemos asegurar que las medidas, como el ECI, estén teniendo la celeridad necesaria. Seguimos esperando justicia y reparación para todas las mujeres, población étnica y LGTB víctimas del conflicto armado en Colombia.
