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Días antes de que el huracán Beryl entrara a la península sur de México, el 3 de julio, el creador de contenido Sergio Andree publicó fotografías y videos del resguardo de yates en los manglares de Nichupté y Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Usuarixs de redes sociales expresaron indignación frente a la hipocresía e ironía de las élites económicas (particularmente de la industria inmobiliaria y hotelera), pues especialmente después de la pandemia por COVID-19, el gobierno quintanarroense y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se han empeñado en hacer del estado el mejor destino del Caribe a partir de la marina para yates, campos de golf y condominios de lujo.
El reclamo colectivo no fue exagerado y tampoco aislado. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en las últimas dos décadas, el mundo ha perdido el 25% de sus manglares, árboles que, además del hogar de especies endémicas, son fundamentales para la reducción de riesgos ambientales en las regiones costeras.
Actualmente, México se encuentra entre los 10 países con mayores problemas de deforestación y desde hace 14 años catalogó a los manglares como una especie amenazada en la Norma Oficial Mexicana -NOM-059-SEMARNAT-2010. Sumado a ello, a principios de los 2000 especialistas identificaron a los estados del sureste (particularmente Quintana Roo) como focos rojos por factores como la urbanización acelerada y no planificada, el sector turístico y la pasividad-permisividad institucional frente a proyectos que comprometen a la naturaleza.
Tal y como lo reportó la abogada e integrante del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, por sus siglas en inglés), Jennifer Roberti, en 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción de un centro urbano-turístico y el hotel Manglar Tajamar y, con ello, la tala en la zona. Esta preocupación se mantuvo e intensificó en 2008, cuando el Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental (OCVA) denunció que el diputado priista Eduardo Elías Espinosa Abuxaqpi presentó una iniciativa de ley para destruir los manglares; esto a partir de una reforma a la Ley General de Vida Silvestre (2000) para que esta fuera más flexible para la infraestructura.
A los pocos meses, en enero de 2009, la propuesta ecocida de Espinosa Abuxaqpi tuvo resonancia en Colima, con el senador, también priista, Rogelio Rueda Sánchez, quien además quiso modificar el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (1988) para “exceptuar discrecionalmente el requisito de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a aquellas obras y actividades en manglares cuya utilidad pública, y aportación al desarrollo económico nacional o regional, fueran evidentes”.
En 2016, año en el que se reportó que el norte de Quintana Roo había perdido el 55% de su superficie manglar, el Grupo Ecologista del Mayab denunció que grúas y camiones cortaron árboles para edificar una basílica, plazas comerciales y más de 3000 viviendas, lo que se tradujo en afectaciones significativas para especies como cocodrilos, serpientes y garzas.
Ese mismo año, medios locales alertaron sobre la situación de riesgo de Nizuc, pues el ayuntamiento de Benito Juárez daba luz verde al proyecto hotelero Riviera Cancún (de la empresa MX RIUSA II) para no solamente atentar contra los manglares, sino también contra el hogar de manatíes y tortugas. Al impacto ambiental se sumaron irregularidades en la expedición de permisos de construcción e información falsa. Asimismo, el proyecto hotelero fue sólo una de las caras de las múltiples violaciones a la Ley General de Vida Silvestre (2000) y las deficiencias del Plan de Desarrollo Urbano 2014-2030.
Dentro de las zonas que han causado preocupación entre les ambientalistas también se encuentra Puerto Morelos, ciudad ubicada entre los centros turísticos de Cancún y Playa del Carmen. Por más de 15 años se ha alertado sobre el crecimiento desmedido de las zonas hoteleras.
En el periodo transcurrido entre la administración de Mario Villanueva y Félix González Canto (1993-2011), se construyeron 10.000 habitaciones de hotel, propiedad de cadenas como Cid Resorts, H10 Hotels, Excellence Rivera Cancún, Paradisus Resort y NH Hoteles. Las concesiones a estos consorcios no sólo han dependido de los gobiernos locales; la Procuraduría Federal de ‘Protección’ al Medio Ambiente (Profepa) y la propia secretaría han sido cómplices al no tomar acciones o pronunciamientos al respecto.
Mientras tanto, en Yucatán se ha reportado “una degradación hormiga” de manglares en Dzilam de Bravo, Celestún y Sisal. Así como en Quintana Roo, esta situación encuentra como una de sus causales la construcción de desarrollos inmobiliarios y hoteleros de lujo. La tala ilegal también juega un papel relevante en la pérdida de entre 20.000 y 30.000 hectáreas de manglar en esta entidad del sur.
En 2019, medios yucatecos agregaron que las decisiones ambientales poco informadas de gobiernos locales como el del municipio de San Felipe son otro factor a tomar en cuenta. Si bien la situación de degradación de los manglares yucatecos es preocupante, colectivos y defensores ambientalistas encuentran cierto optimismo en las acciones dirigidas a la restauración y recuperación.
Por ejemplo, desde 2010, en el puerto pesquero de Chelem, un grupo de 18 mujeres mayas llamadas Las Chelemeras han reforestado más de 50 hectáreas mediante la construcción de canales y la limpieza de las vías fluviales. En el sureste, Tabasco es otro de los estados en los que comunidades como la del Ejido Úrsulo Galván limpian canales y ríos, hacen rondas de vigilancia para evitar la tala ilegal y rescatan especies como tortugas y tepezcuintles.
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En México, los estados de la península sur exponen algunos de los rasgos de la turistificación. Es decir: “del conjunto de impactos o efectos negativos de la masificación turística”, como lo define la Fundación del Español Urgente (Fundéu) . Aunque este es un concepto que todavía está a debate, su abordaje crítico ha ayudado a explicar problemáticas como los desplazamientos socioespaciales (entre ellos la gentrificación) y, como se ha expuesto hasta ahora, la depredación incontrolada de la naturaleza.
El sector turístico, en alianza con gobiernos locales y empresas dedicadas a la cultura y el deporte, se han esforzado por promocionar a los manglares como populares destinos ‘sustentables’ para amantes de actividades recreativas como el senderismo, la observación de aves o el buceo. El discurso también se ha centrado en el apoyo a las economías locales.
No obstante, organizaciones, activistas y defensores del territorio han exigido no perder de vista ni dejar de denunciar y organizarse contra el papel protagónico de empresas e inversores que no tienen intenciones de reconocer y mucho menos respetar una agenda ambientalista y que, además, aprovechan la laxitud de las instituciones en el (no) cumplimiento de las leyes.
Los manglares —claves para preservar y mejorar la calidad del agua, reducir la erosión costera, asegurar la supervivencia de plantas y animales e incluso proteger a sus poblaciones de los desastres naturales— no sólo se ven amenazados por los contaminantes industriales, los desechos plásticos y los impactos del cambio climático. Las comunidades que los protegen también se enfrentan a élites que los destruyen u ocupan como estacionamiento para sus yates.
