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La destitución de José Jerí de la presidencia interina del Perú, a pocos meses de las elecciones, da cuenta de la inestabilidad política que ha marcado al país en las últimas décadas. Después del año 2000, el último de la dictadura fujimorista, 11 personas han ocupado la presidencia del Perú; solo 5 de ellas elegidas directamente por voto popular para el cargo; las otras 6 llegaron al cargo por sucesión constitucional o interinato. Únicamente 3 de los 5 presidentes electos por voto popular han completado el mandato constitucional. Solo en la última década, el Perú ha tenido 7 presidentes. De estos 7, 4 fueron destituidos por el Congreso por vacancia o juicio político, uno renunció antes de ser vacado y otro renunció por presión social. Este es el historial reciente de presidentes peruanos:
- Alberto Fujimori (1990 a 2000) fue vacado por el Congreso por “incapacidad moral permanente” en medio de un escándalo de corrupción.
- Valentín Paniagua (2000 a 2001) fue presidente interino tras la salida de Fujimori, no electo por voto popular.
- Alejandro Toledo (2001 a 2006) cumplió el periodo constitucional.
- Alan García (2006 a 2011) cumplió el periodo constitucional.
- Ollanta Humala (2011 a 2016) cumplió el periodo constitucional.
- Pedro Pablo Kuczynski (2016 a marzo 2018) renunció antes de ser vacado, ante un proceso de destitución en el Congreso. Aunque no ha sido condenado definitivamente, fue acusado por la Fiscalía de favorecer a Odebrecht en contratos públicos y enfrenta procesos judiciales por presunta colusión.
- Martín Vizcarra (marzo 2018 a noviembre 2020) fue destituido por vacancia constitucional por incapacidad moral permanente, por irregularidades cuando fue gobernador regional.
- Manuel Merino (noviembre 2020 a noviembre 2020) asumió interinamente tras la destitución de Vizcarra, pero renunció por presión social.
- Francisco Sagasti (noviembre 2020 a julio 2021) fue presidente interino designado tras la crisis de Merino y antes de las elecciones de ese año.
- Pedro Castillo (julio 2021 a diciembre 2022) fue destituido por el Congreso tras intentar cerrar el Parlamento y gobernar por decreto.
- Dina Boluarte (diciembre 2022 a octubre 2025) asumió la presidencia tras la destitución de Castillo, de quien era vicepresidenta, y fue vacada por incapacidad moral permanente en octubre 2025.
- José Jerí (octubre 2025 a febrero 2026) asumió por sucesión constitucional cuando Boluarte fue removida y fue destituido por el Congreso en febrero 2026 luego de acusaciones de reuniones clandestinas y corrupción.
Sin embargo, ninguno de los tres expresidentes que completaron el mandato constitucional estuvo exento de denuncias, todas relacionadas con el caso Odebrecht:
Alejandro Toledo (2001-2006) fue acusado de recibir grandes sumas (decenas de millones de dólares) para favorecer a Odebrecht en la concesión de la Carretera Interoceánica Sur; fue extraditado desde Estados Unidos y en 2024-2025 fue sentenciado a más de 20 años de prisión por corrupción vinculada al caso. Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado en 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos relacionados con financiamiento ilícito a sus campañas electorales, parte proveniente de Odebrecht. Alan García (2006-2011) fue investigado por presuntos sobornos de Odebrecht; en 2019 se suicidó cuando iba a ser detenido por las autoridades.
Entre los factores que explican la alta volatilidad presidencial en el Perú, la corrupción sobresale como el que más ha erosionado la legitimidad institucional. Las investigaciones derivadas del caso Odebrecht alcanzaron a varios expresidentes, alimentando la desconfianza ciudadana y debilitando la autoridad política de quienes gobiernan.
Por controversial que sea, la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, el mecanismo constitucional que permite destituir al presidente sin necesidad de una sentencia judicial definitiva, ha operado como herramienta de control político en la mayoría de los casos, a diferencia de otros países latinoamericanos donde las denuncias contra los presidentes no prosperan o derivan en rupturas autoritarias. En Perú, las salidas presidenciales han ocurrido en su mayoría mediante votaciones parlamentarias. Se trata de un sistema de pesos y contrapesos activo en el que el Congreso tiene capacidad real para frenar o destituir al Ejecutivo, lo que impide la consolidación de liderazgos hiperpresidencialistas. Lo cierto es que en el Perú el presidente no es intocable y puede ser removido fácilmente, pero también es cierto que el Congreso tiene una agenda propia y sus propios escándalos de corrupción. El resultado es una relación tensa y volátil entre Ejecutivo y Legislativo.
En ese contexto, la presidencia peruana se ha vuelto un cargo frágil y el Parlamento ha acumulado cada vez más poder a través de la figura de vacancia por incapacidad moral permanente, mientras que el país carece de estabilidad política prolongada y también de confianza ciudadana.
