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El 28 de julio de 2024, familiares de Olivia Alejandra Negrete Áviles (madre de tres hijas y trabajadora doméstica), Mile Virginia Martin (modelo), Nadia Dominicque Vera Pérez (activista), Yesenia Atziri Quiroz Alfaro (maquillista) y Rubén Manuel Espinosa Becerril (fotoperiodista) se reunieron en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, para instalar un nuevo memorial y exigir avances respecto al multifeminicidio y homicidio en la colonia Narvarte, ocurridos el 31 de julio de 2015, durante la jefatura de Miguel Ángel Mancera y la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Menos de 48 horas después, el memorial fue retirado. No se sabe quién/quiénes estuvo/estuvieron detrás del acto ni a dónde fue trasladada la placa. Tal y como rescata la organización Artículo 19, este hecho se suma a un largo historial de revictimización y vulneraciones al derecho a la verdad, la memoria y la justicia.
¿Qué pasó en el Caso Narvarte?
Nadia compartía el departamento con Yesenia y Mile. Alejandra acababa de entrar a trabajar como empleada doméstica. El viernes 31 de julio de 2015, Ruben visitó a Nadia; eran amigues.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por la tarde, una de las víctimas permitió el acceso al departamento 401, en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, a tres sujetos: Daniel Gutiérrez Pacheco (que estuvo preso casi 10 años por violación calificada contra su exesposa), Abraham Torres Tranquilino (expolicía que incurrió en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tortura en un operativo en Tepito, detenido el 30 de agosto de 2015 y sentenciado a 315 años en prisión que paga actualmente en el Reclusorio Preventivo Oriente) y César Omar Martínez Zendejas (sentenciado a 315 años de prisión), quienes en un lapso de 50 minutos (entre las 14:00 y 15:00 hrs) golpearon, torturaron y asesinaron a Alejandra, Mile, Nadia, Yesenia y Rubén.
Según las autoridades, después de los crímenes, los multifeminicidas y homicidas regresaron e hicieron un desastre en la vivienda. Al salir, uno de ellos fue grabado llevando una maleta y otro abordó el automóvil de Mile. Alrededor de las 19:00 horas de ese mismo día, una vecina llamó a la Policía capitalina. Los cuerpos de Alejandra, Mile, Nadia, Yesenia y Rubén fueron hallados en diferentes partes de la casa (el baño, la recámara y la sala) con heridas de bala en la cabeza, lesiones con arma blanca (un pelapapas) y signos de asfixia y violencia sexual.
Desde 2015, las familias y sus defensas legales han expresado cierta desconfianza en la versión de la Procuraduría General. En los últimos tres años, se han acercado a las autoridades para compartir hallazgos que han encontrado en investigaciones independientes y han solicitado que se tome en consideración la participación de una cuarta persona: Alejandro N., que como reportó El País, presuntamente estuvo en el lugar de los hechos, pero no ha sido llamado a declarar. Medios nacionales han destacado que Alejandro N. es hijo de Luis Javier Saldaña, agente del Ministerio Público Auxiliar A de la Fiscalía capitalina. Además de no haber tomado acciones contra Alejandro N., las instituciones han extraviado evidencia relevante como registros telefónicos y objetos personales de las víctimas.
Violencia mediática: pieza protagónica en el Caso Narvarte
La filtración de las declaraciones ministeriales de Daniel Gutiérrez Pacheco, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas a medios como El Universal fue uno de los factores que ayudaron a construir una narrativa estigmatizante, primero, contra Mile y Yesenia, y luego contra Nadia y Rubén. En titulares y encabezados, medios digitales replicaron que Mile (quien presuntamente se hacía llamar Nicole) y Yesenia mantuvieron relaciones sexuales con los multifeminicidas y homicidas y que, mientras tanto, Ruben y Nadia consumían drogas como cannabis y cocaína.
También se dijo que Mile tenía una relación sentimental con Omar, que había regresado de Europa por problemas con el narcotráfico y que en México “conoció a connacionales dedicadas a la prostitución”. Asimismo, diarios de gran tiraje y cobertura nacional incurrieron en la publicación de datos sensibles y la circulación de fotografías con las que se hipersexualizó a Mile, sosteniendo así un discurso que, además de misógino, fue racista y xenófobo. Por ser colombiana, a Mile la relacionaron de manera directa y casi inmediata con delitos como el tráfico de estupefacientes.
Por supuesto, los medios (Reforma y La Razón, por citar dos ejemplos), en su cobertura, reprodujeron las mismas fallas que la Procuraduría: no analizar las contradicciones en las declaraciones de los detenidos ni tomar en cuenta la Recomendación 4/2017 con la que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pidió que no se ignorara que en la ejecución de los delitos pudo haber estado involucrada una cuarta persona.
Anexo a las omisiones informativas, la violencia mediática en razón de género en el Caso Narvarte se expresó a través del tratamiento periodístico diferencial. Hasta el 2 de agosto de 2015, gran parte de la prensa estaba centrada en el asesinato de Rubén. Si bien se hablaba de cuatro mujeres asesinadas, todavía no había un interés por saber sus identidades y, mucho menos, el caso se planteaba como una expresión de la gravísima violencia feminicida que caracterizaba a la gestión del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, las disparidades en la cobertura también fueron notorias en el reporteo de las historias de las mujeres. A Nadia Vera se le narró, primordialmente, a través de su amistad con Rubén. Sin embargo —con todo y las narrativas criminalizantes hacia los activismos— la opinión pública tuvo una imagen positiva de ella, como una líder social que denunció los abusos de poder de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz vinculado a proceso por delitos como lavado de dinero y desaparición forzada.
Por el contrario, la construcción mediática de Yesenia Quiroz se sostuvo en acusaciones de presuntos vínculos familiares con el crimen organizado en Michoacán, el edadismo y la desvalorización de las actividades que realizaba: en algunas notas se le describió como maquillista, y en otras como estudiante de belleza o demostradora. Así como a Mile, parte de su aparición en medios partió de un discurso antitrabajo sexual, sexista y clasista, pues en algunas notas el abordaje se centró en ‘cómo Yesenia había podido ponerse implantes en los glúteos si su novio era un dueño de cremerías’.
En el caso de Alejandra Negrete Áviles la violencia mediática, además de la misoginia, consistió en una invisibilización e, incluso, en intentos por querer dejarla en el anonimato. En los primeros días sólo se mencionó su nombre de pila. Fuera de la esfera mediática tradicional, entre el 8 y 21 de agosto de 2015, a la par de las publicaciones de periodistas independientes que cubrieron protestas en memoria de Nadia Vera y Rubén Espinosa, usuarixs de redes sociales (particularmente Twitter) realizaron la campaña #YoTeNombro para visibilizar que la familia de Alejandra también estaba en duelo y en los reclamos por la verdad y la justicia.
En esas mismas fechas, revista Proceso y Animal Político intentaron trazar un rostro más claro de quién fue Alejandra: la mayor de cinco hermanas, conocida como “la guerrera” entre sus círculos más cercanos”, madre soltera de tres hijas de 23, 22 y 13 años y una mujer muy amiguera. Vivía en Naucalpan, pero así como les más de 1 millón 720 mil mexiquenses, a diario se trasladaba a CDMX en busca de oportunidades laborales. Antes de entrar a trabajar como empleada doméstica con Yesenia y Mile era ayudante en un comedor industrial cercano al Metro Chabacano. Estaba ahorrando para la fiesta de XV años de su hija; quería bailar canciones de Juan Gabriel con ella.
“Todos comenzaron a llamarla ‘la doméstica’. Nadie se puso a pensar que ella tenía una vida, una familia [y] amigos. La vida de mi hermana valía tanto como la del fotógrafo y la de la activista, pero la discriminaron”, sostuvo Diana, hermana menor de Alejandra, en una entrevista.
El 31 de julio de 2015, Alejandra se vería con amigxs al salir del trabajo. Fueron esas amistades las que la buscaron cuando no volvió a casa. Su familia, que vivía en Zumpango, tuvo que esperar hasta el amanecer para trasladarse a la capital y escuchar cómo el fiscal Rodolfo Ríos Garza informó sobre la identidad de Alejandra de manera discriminatoria, como recuerda su hermana Diana.
Así como otras familias que continúan exigiendo justicia, la de Diana ha recibido información a cuentagotas —la mayor parte de las veces se enteran por la televisión antes de tener un aviso por parte de las autoridades— y ha tenido que buscar el apoyo legal y económico por cuenta propia.
Ciudad de México: ¿capital que respeta el derecho a la libertad de prensa, expresión y manifestación?
Nadia Vera y Rubén Espinosa se conocieron en Xalapa, Veracruz. Era 2012, año en el que con todo y las movilizaciones y acciones políticas del #YoSoy132, los señalamientos por la emergencia feminicida en Estado de México y el reclamo de que “Atenco no se olvida”, Enrique Peña Nieto fue electo y, con ello, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a la silla presidencial.
Para ese entonces, también se expresaba preocupación por el aumento de la inseguridad, los casos de desaparición forzada, represiones y detenciones arbitrarias en la administración, igual priista, de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. La violencia en el estado jarocho provocó que en noviembre de 2014 Nadia se mudara a CDMX y que siete meses después, en junio de 2015, Rubén tomara el mismo rumbo.
El 30 de julio de 2015, Nadia y Rubén se reunieron en el departamento que ella compartía con Mile y Yesenia para platicar, comer y beber cerveza. La tarde del 1 de agosto, colegas de FotoRepoterosMX y Periodistas de a Pie confirmaron con la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría que él era una de las víctimas del Caso Narvarte.
Entre las coberturas revictimizantes de Alejandra, Mile y Yesenia, periodistas recordaron que Rubén —fotógrafo durante la campaña de Javier Duarte en 2010— fue testigo de la represión gubernamental; había sido violentado (desde amenazas de muerte, hasta agresiones policiales y robo de su equipo) y denunciado al entonces secretario de seguridad, Arturo Bermúdez Zúrita (apodado “El Capitán Tormenta”).
Con Nadia, involucrada en los activismos, fue una historia similar. El historial de violencia en su contra incluyó golpes, amenazas con arma de fuego, levantamientos en una patrulla y un allanamiento a su casa. En las manifestaciones por Ayotzinapa (2014), Nadia alertó sobre el predominio del narcotráfico (especialmente de Los Zetas) en Veracruz y en enero de 2015 responsabilizó a Javier Duarte —igual señalado de vínculos con el crimen organizado— y su gabinete sobre cualquier cosa que le pudiera suceder.
Desde los primeros días del Caso Narvarte, periodistas, ONG y activistas demandaron que la violencia estatal se considerara como una línea de investigación y que se indagara la posible participación de Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zúrita, también con acusaciones por presunta desaparición de personas y enriquecimiento ilícito.
Nueve años del Caso Narvarte: el Estado sigue siendo negligente en la atención al feminicidio y la violencia contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos
Para 2024, parte de la narrativa mediática ha cambiado. Más diarios impresos y nativos digitales han intentado reconstruir los retratos de las víctimas y se han acercado a sus familias y amistades para escuchar y dar difusión a sus preocupaciones.
A lo largo de 9 años, periodistas feministas han logrado que las editoriales se refieran al Caso Narvarte como un multifeminicidio. Algunos medios de comunicación también subrayan las omisiones que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México detectó en el —no— proceder de las autoridades (particularmente la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia), tales como no haber informado de inmediato a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas.
Igualmente, el pronunciamiento de la dependencia de derechos humanos capitalina ayudó a que parte del discurso mediático y de la opinión pública se alejara de una cobertura tendenciosa basada en estereotipos de género y discursos discriminatorios por nacionalidad y condición socioeconómica.
Sin embargo, la labor periodística y —sobre todo— de organizaciones y proyectos de la sociedad civil como Artículo 19, el Centro Prodh y Experiencias para la memoria han dado seguimiento al larguísimo, agotador e indignante historial de revictimización y atropellos al derecho a la verdad, memoria y justicia. Aniversario con aniversario seguimos planteando las mismas y más preguntas:
- ¿Ya se nos olvidó que el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza pidió a lxs reporterxs que asistieran a una reunión extraoficial sin cámara, ni micrófonos y que, además ‘le bajaran el tono’ a sus notas?
- ¿Qué ha pasado con la carpeta de investigación que tomó como hipótesis la trata de personas en el Caso Narvarte?
- ¿Por qué si desde mayo de 2021 la Unidad de Análisis y Contextos de Delitos de Género de la FGJ-CDMX sospecha de la presunta actividad de una red de trata vinculado al multifeminicidio y homicidio no se han hecho más reportes al respecto?
- ¿Cómo es que funcionarios como Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de CDMX, han logrado desdibujar los señalamientos de presunta obstaculización en las investigaciones?
- ¿Qué ha sucedido con la Plataforma de Seguimiento al Caso Narvarte, que cuenta con un comité integrado por periodistas especialistas?
- ¿Por qué Ernestina Godoy Ramos fue nombrada Consejera Jurídica de la Presidencia de Claudia Sheinbaum si cuando fue fiscal prometió a las familias resolver el caso en un año [y no lo cumplió]?
- ¿Se sabe si ya hay alguna persona detenida o al menos señalada de manera puntual por haber espiado con Pegasus a la abogada Karla Micheel Salas Ramírez y el abogado David Peña Rodríguez, que asumieron la representación legal de tres víctimas del multifeminicidio y homicidio en agosto de 2015?
- ¿Quién y cómo se protege a las familias de las víctimas?
- ¿Por qué en México, uno de los países del mundo más peligrosos para lxs defensorxs de derechos humanos, señalado por asesinatos, amenazas, intimidación y acoso judicial como prácticas sistemáticas contra lxs periodistas y en el que más de 10 mujeres son asesinadas al día, hay una resistencia institucional y estatal tan fuerte a considerar como líneas de investigación que coloquen al Caso Narvarte como una expresión de la altísima violencia contra las mujeres, la prensa y lxs activistas?
- ¿Ya nos acostumbramos a la práctica que sostiene el vínculo Gobierno-medios: convertir en un caso de nota roja lo que podía ser uno de violencia política?
- ¿En México de verdad existe una voluntad por respetar y garantizar —o tan siquiera reconocer— el derecho a la verdad, la memoria y la justicia?
Nueve años de incertidumbre y procesos abrumadores no delinean el mejor panorama. Pero seguiremos aquí para que sus nombres sean mencionados en coberturas dignas, procesos judiciales y reclamos de la sociedad civil.
Ni Una Menos
No se mata la verdad matando periodistas ni defensorxs de derechos humanos.
