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El 26 de febrero de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el derecho de las mujeres trans a la no discriminación. Este hecho histórico fue gracias al trabajo de la Red de Juventudes Trans y la organización feminista EQUIS. Justicia para las Mujeres.
La decisión del máximo tribunal no solamente representa una victoria por el ordenamiento de la reparación de daños para las mujeres afectadas; también es un precedente para romper con prácticas legales tradicionales del derecho civil a través del entendimiento y la problematización de la discriminación en un contexto de violencia y desigualdad estructural, como subraya EQUIS.
Una década de lucha
El 25 de noviembre 2015, elementos de la empresa Protección Privada 2010 del Centro Comercial Reforma 222, en CDMX, discriminaron a las activistas Jessica Marjane, Lía García y Alessa Flores (QEPD)* negándoles el acceso a los sanitarios, exigiéndoles una identificación oficial y diciendo que su presencia podría afectar a las usuarias.
“Fueron perseguidas por elementos de seguridad con radios, criminalizándolas no sólo por ser trans, también por ser jóvenes, por su tonalidad de piel, por su perfilamiento racial, por su expresión de género, por no cumplir las supuestas expectativas al no estar vestidas ah doc […] Estamos hablando de racismo, clasismo [y] cis-sexismo”, detalló Lu Peláez, docente NB trans masculine en su columna para Animal Político. “Hubo muchísima violencia. Los guardias de seguridad comenzaron a alertar a las mujeres de que había hombres en el baño”, agrega Fátima Gamboa, directora general de EQUIS, en entrevista con Volcánicas
Este episodio y la falta de respuesta del servicio de atención a cliente provocaron que las activistas solicitaran la intervención del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que en 2016 convocó a las empresas involucradas a firmar un convenio para comprometerse a pedir disculpas públicamente. Sin embargo, esta medida no era suficiente. Además de no incluir una indemnización económica no consideraba medidas que pudieran ser aplicadas a casos similares. Es decir: no garantizaba la no repetición.
“Fue un procedimiento que terminó en una conciliación en donde la empresa de Reforma 222 y empresas del consorcio de plazas de Ciudad de México y el resto del país pactaron medidas de reparación […] Pero sabemos que tanto jueces locales como federales tienen un montón de sesgos y [lo que pasó] fue que se les negó la reparación y se le dijo a Lía que tenía que pagar los gastos y costos del juicio”, detalla Gamboa sobre la situación que desencadenó que EQUIS y la Red de Juventudes Trans interpusieran una demanda por daño psicológico y recurrieran a la Suprema Corte, que atrajo el caso en 2020.
“Argumentamos que era de relevancia nacional y desde un principio enfatizamos en que sería la primera vez en la que el Máximo Tribunal se pronunciara sobre el artículo primero constitucional, en el que está expresada la garantía de que la identidad de género no debe ser un factor por el que se discrimine a las personas”, sostiene la abogada previo a explicar por qué se optó por la vía civil, en lugar de la penal. “EQUIS es una organización con una postura antipunitiva y siempre tratamos de abrir otras alternativas para la búsqueda de justicia. Entre compañeras diseñamos una estrategia que partió de la pregunta: ‘¿Cómo podemos hacer que en México se proteja la identidad de género de las personas en los espacios públicos?’ Fue así como iniciamos el proceso con un juez civil y utilizamos la figura de reparación integral del daño”.
A la par de este proceso, la Red de Juventudes Trans realizó varias protestas y campañas para informar y denunciar la transfobia en espacios cotidianos. Una de ellas fue “Baños Sin Daños”.
Después de cinco años de haber atraído el caso, con cuatro votos a favor la SCJN tomó una decisión que, como resume EQUIS, se traduce en los siguientes avances:
- Reconoce la dimensión colectiva de la discriminación, estableciendo que cuando una persona trans es discriminada, el daño podría afectar a toda la comunidad.
- Garantizar una reparación económica para las víctimas, incluyendo una sanción a las empresas que discriminan, para prevenir futuros actos discriminatorios.
Sobre estos dos puntos, es importante tener en cuenta que el de Jessica, Lía y Alessa no fue el único caso en el que se señaló al Centro Comercial Reforma 222. En junio de 2022, Arlen Molina, periodista y creador de contenido, denunció lesbofobia y transfobia, luego de que elle/él y su pareja fueran detenidxs por un guardia que les dijo que “esas expresiones no estaban permitidas”, refiriéndose a un cartel que llevaban para la Marcha Lencha.
- Recordar que la identidad y expresión de género no pueden ser motivo de exclusión en ningún espacio.
Desde la perspectiva de Fátima Gamboa, la resolución de la Suprema Corte no sólo es un precedente por los logros y una estrategia civil que mantuvo a la reparación integral del daño en el centro. El carácter histórico también deriva del mensaje que da a la sociedad. “Por primera vez se dijo cómo se ve la discriminación para las personas de toda la diversidad, que todo el tiempo estamos caminando por la calle y nos niegan la entrada a un restaurante, nos sacan de plazas, museos y cines. Eso es muy importante: crear un estándar de discriminación […] Las personas que venimos de grupos históricamente discriminados (personas racializadas o que viven con discapacidad) no tendríamos que ser condenadas a pagar los gastos del proceso […] También abre la posibilidad de crear espacios públicos libres de violencia, crear espacios públicos libres de discriminación y no solamente para las mujeres trans, sino para todas las personas”, concluye.
Nota al pie
*El 13 de octubre de 2016 elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México encontraron sin vida y con signos de estrangulamiento a Alessa Flores, de 28 años, trabajadora sexual, defensora de derechos humanos y originaria de Tabasco, en el Hotel Caleta. Jessica fue quien reconoció el cuerpo de su amiga. Hasta octubre de 2024, el transfeminicida de Alessa seguía en libertad.
