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Dos días después de que el ultraliberal Javier Milei tomara posesión como Presidente de Argentina, este 12 de diciembre su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras 10 medidas económicas de su Gobierno. El objetivo, según Milei y Caputo, es reducir el déficit fiscal que es el causante de la alta inflación-que actualmente supera el 140% anual- y la pobreza en el país.
“El mensaje de estas medidas es que el Gobierno no está dispuesto a gastar más de lo que puede. Milei quiere demostrarle a los mercados y organismos internacionales que su prioridad es el déficit fiscal y que las finanzas públicas van a estar en orden”, explica Isabella Cota, periodista económica de El País.
Una de las decisiones es no renovar los contratos laborales de funcionarixs del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Aunque todavía se desconoce cuántas personas se verían impactadas por esta medida, se habla de cientos de trabajadores que quedarán sin trabajo.
Asimismo, genera incertidumbre pues no hay claridad sobre si la decisión respeta las cuotas laborales que existen para personas trans y con discapacidad en entidades públicas.
Otras medidas son suspender la publicidad institucional del Gobierno durante un año, y reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Todo esto implica un recorte de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos del Estado.
“Esto pudiera llevar a un gobierno más flexible y con ahorros importantes. Sin embargo, si la administración de Milei no hace las cosas bien y recorta de manera tajante sin analizar o estudiar, entonces esto va a generar una retracción del Estado en muchos frentes y esto puede ser muy negativo para la sociedad”, explica Cota.
Con esa idea de la austeridad, proponen también reducir al mínimo los envíos de fondos del Estado a las provincias, aquellos que dependen del Gobierno de turno y no de la ley. Además de no licitar más obras públicas nuevas, así como cancelar las licitaciones aprobadas que no hayan comenzado a desarrollarse.
Se reducirán los subsidios a la energía y el transporte, puntualmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “Si esto no se hace de una manera muy precisa, muy focalizada, definitivamente va a ser una medida que va a empobrecer a las personas más pobres en Argentina”, explica Cota.
Entre los mandatos más cuestionados está que se va a establecer el tipo de cambio oficial del dólar en 800 pesos -actualmente es de 400 pesos-, lo cual supone una devaluación de la moneda argentina de más del 50%. Esto va a ir acompañado de un aumento del impuesto a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones que no sean agropecuarias.
Cota expone que lxs principales afectadxs con la devaluación del peso argentino serán lxs argentinxs que compran productos o servicios importados, pues implica un recorte a la mitad de su poder adquisitivo en el exterior. También en la capacidad de ahorro de lxs ciudadanxs.
Aunque no hay certeza, expertes hablan de que las medidas impactarán, en gran medida, a las poblaciones pobres. Para Isabella Cota esto suele suceder cuando existen cambios fuertes en el sistema económico, pues es este grupo poblacional el que no cuenta con un “colchón sobre el cual caer”, no tienen ahorros ni otras opciones de trabajo.
“Las medidas están apuntando a generar un choque inflacionario por el cual la gente deje de comprar y se especula que bajaría la inflación. Se está haciendo sin ninguna red para los sectores menos favorecidos”, expone Sandra Chaher, comunicadora argentina feminista y presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.
En contraparte, las únicas medidas pensadas para los sectores vulnerables son duplicar la asistencia que se da a familias a través de la Asignación Universal por Hijo y aumentar la tarjeta alimentaria en un 50%. “La inflación va a subir mucho más que esa compensación leve sólo en dos sectores vulnerables de la población”, asegura Chaher. A su vez, se mantendrán los planes de ayuda social Potenciar Trabajo según el presupuesto de 2023 y sin intermediarios.
También se va a reemplazar el sistema de permisos de importaciones por uno que no requiera la aprobación de licencias. Se ha criticado que esta decisión parece una transferencia directa a importadores y exportadores. Isabella Cota explica que en realidad es una flexibilización del sistema. “Las críticas vienen desde los grandes interrogantes que quedan con esa propuesta, pues estamos hablando de un país que sigue teniendo escasez de dólares”, puntualiza.
Las organizaciones sociales y feministas temen por la población pobre de Argentina y les preocupa la ausencia de medidas con enfoque de género. A su vez, temen la posible represión que se avecina con las manifestaciones programadas para el 21 de diciembre exigiendo garantías.
No es la primera vez que Argentina atraviesa una crisis económica o sufre una devaluación marcada de su moneda, pero sí aumenta el temor que esto suceda en medio de un gobierno antiderechos, con pocas políticas sociales y que deja más preguntas que respuestas sobre cómo piensa estabilizar la economía del país.
