
La reciente denuncia hecha por Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio de Interior, que decidió hablar públicamente sobre el acoso que vivió a manos del que muy seguramente se convertirá en presidente de la Sociedad de Activos Especiales y que además acaba de dejar de ser viceministro de interior, Diego Cancino, ha vuelto a levantar una ampolla gigantesca.
Porque no es la primera vez que funcionarios de este gobierno son señalados por violencias basadas en género, y, seguramente, no será la última. Por eso es que los casos de Hollman Morris, Mauricio Lizcano, Armando Benedetti, Alex Florez y ahora de Andrés Hernández y Diego Cancino se han ido acumulando.
Por supuesto, de inmediato usuarios en redes saltaron a decir o bien que ella debía presentar todas las pruebas de lo que había vivido, o que debió llevar el caso en privado porque “eso es sólo una herramienta para la cacería que se está dando en contra de este gobierno”.
¿Pero sí?
Pues no. Por un lado, las víctimas están protegidas plenamente en su derecho a la denuncia gracias a la sentencia T-452 de la Corte Constitucional. Y, por el otro, esto no es una cacería de brujas sino un problema sistemático. Justo eso fue lo que nos contó Viviana Vargas Vives, abogada feminista y actual coordinadora de género y diversidad del Ministerio de Interior en el más reciente episodio de La Semanaria.
También hablamos con Mónica Godoy, antropóloga feminista y defensora de derechos humanos, con Lina Morales, abogada integrante de la red jurídica feminista, quienes nos recordaron por qué el escrache es un proceso protegido en Colombia. Y hablamos con Viviana Vargas, la mujer que decidió hacer uso de la denuncia pública para hablar de la violencia ejercida en su contra por Cancino.
