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La violencia ligada al narcotráfico en Latinoamérica ha escalado a niveles alarmantes, esto es lo que señala el informe más reciente del Crisis Group llamado “Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina”. Países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y México enfrentan una crisis de seguridad en la que el crimen organizado ha tomado el control de territorios, imponiendo su propia ley a través de extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados. La respuesta estatal, basada en el uso de la fuerza, ha sido insuficiente para frenar la expansión de estos grupos, que continúan explotando economías ilegales y sembrando el miedo en comunidades vulnerables.
La investigación señala que los modelos tradicionales de seguridad han fracasado, y eso ha permitido que las redes criminales se infiltren en las instituciones y que la corrupción debilite aún más la capacidad del Estado.
Porque la violencia es, sobre todo, estructural. La falta de oportunidades económicas y la desigualdad han facilitado el reclutamiento de jóvenes en las filas del narcotráfico, convirtiendo a muchas ciudades, pueblos y municipios en zonas donde la población civil es la principal víctima. En este contexto, las estrategias para reducir la violencia requieren enfoques más amplios que combinen justicia, desarrollo social y reformas institucionales.
Las mujeres y las infancias han sido objetivo de una violencia sistemática en este escenario. En varias de las zonas controladas por el crimen organizado, las mujeres son vistas como propiedad de los grupos armados y utilizadas para demostrar su poder. La violencia sexual, el feminicidio y el reclutamiento forzado de niñas y adolescentes son tácticas recurrentes en la dinámica del narcotráfico. A esto se suma la carga económica que enfrentan muchas mujeres, quienes deben sostener a sus familias mientras son extorsionadas o amenazadas por bandas criminales.
El informe destaca además el impacto de esta crisis en las infancias, muchas de las cuales crecen en entornos donde la violencia es la norma. Los niños y adolescentes no solo son víctimas directas de los enfrentamientos y desplazamientos, sino que también son reclutados desde edades tempranas por los carteles y pandillas. La falta de acceso a educación y el abandono estatal los deja expuestos a un sistema en el que la violencia se convierte en el único camino viable de supervivencia. La urgencia de atender esta problemática es innegable, y cualquier estrategia de pacificación en la región debe poner en el centro la protección de estas poblaciones.
En el episodio más reciente de La Semanaria hablamos con Elizabeth Dickinson, una de las principales investigadoras de este informe, además de ser analista senior del Crisis Group, y con Karol Noroña, periodista ecuatoriana que ha dedicado sus agendas a cubrir el impacto del crimen organizado y la militarización en Ecuador, para entender mejor cómo nuestras naciones continúan siendo sometidas al flagelo de la violencia del narcotráfico y de las economías ilegales.
