May 29, 2025

La lucha de las colectivas feministas y LGBT+ frente a la persecución gubernamental en Venezuela

Cinco activistas de organizaciones y colectivas en Venezuela hablaron con Volcánicas sobre cómo la ley anti-ong afecta sus labores humanitarias.

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Portada: Isabella Londoño

Los meses transcurren y Mauricio* todavía sueña con el día en el que pueda regresar a Venezuela. “Esta no fue una decisión libre, yo no quería irme, no me veía por fuera de mi país”, cuenta desde la distancia. Su papel como activista de los derechos LGBT+ lo llevó a ser uno de los líderes que han sido detenidos de forma arbitraria y torturados por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el exilio, Mauricio* recuerda que tras su detención pasó dos meses en completa clandestinidad y fue ahí cuando pidió ayuda para salir del país. 

Volcánicas habló con cinco activistas de organizaciones y colectivas venezolanas que protegen los derechos de las mujeres y población LGBT+ sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro y su persecución gubernamental afectan sus labores sociales. 

El 15 de agosto de 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela, conformada en su mayoría por bancada chavista, aprobó por unanimidad la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, conocida como la Ley Anti-ONG, una medida presentada por el ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, que busca silenciar a las organizaciones que con una mirada crítica denuncian las violaciones a los derechos humanos en el país. 

Desde el pasado 15 de febrero comenzó a regir el primer plazo para que las ONGs se registren nuevamente y le suministren al Estado venezolano toda la documentación sobre su estructura contable y financiera. “En un contexto democrático y de libertades, las organizaciones estaríamos felices de publicar esto, pero lo que hace es exponernos, exponer nuestra seguridad y la de nuestros beneficiarios”, menciona Cris*, activista no binarie que trabaja para una organización que protege los derechos de las personas LGBT+, mujeres víctimas de violencias basadas en género y personas que viven con VIH en Mérida y otras ciudades de Venezuela. 

colectivo contra detenciones arbitrarias en venezuela nicolás maduro

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Tres meses después de iniciado el plazo, Mauricio* explica que a finales de mayo “todavía la mayoría de organizaciones de derechos humanos no tienen información sobre el estatus de su organización. No saben si los documentos están siendo aceptados, no saben si les van a pedir más requisitos de lo que ya les han pedido”. 

Carolina* pertenece a una colectiva feminista y LGBT+ en Caracas con enfoque en salud sexual y reproductiva. También es acompañante de mujeres víctimas de violencia de género y personas LGBT+ que han sido discriminadas. “Dos organizaciones LGBT+ ya cerraron”, cuenta. “Cuando lees esta ley tiene unos requisitos administrativos muy inalcanzables para organizaciones y colectivas. Hay una sección en la que mencionan que puede venir una persona que el gobierno mande para hacer parte y entrar a la organización”, explica.

El 10 de enero de este año, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en medio de acusaciones por parte de la ciudadanía y la comunidad internacional que cuestionaron la legitimidad de su victoria en las elecciones del 28 de julio de 2024, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador de la contienda a Maduro con el 51.2% de los votos. 

“Hoy la libertad de expresión es casi que nula. Es muy difícil, es muy complicado, porque ahora existen mecanismos que atentan contra la libertad de expresión, la libre asociación. Todo es una amenaza para ellos y todo es terrorismo”, asegura la activista tras el aumento de las protestas y el aumento de la represión tras las elecciones presidenciales. 

A medida que la represión se intensifica, Carolina* cuenta que cada vez hay menos articulación entre las organizaciones feministas y LBGT+, muchas han preferido cerrar o disminuir su incidencia por el miedo a ser perseguidxs. Además, explica que no solo es una persecución hacia lxs activistas, sino también a cualquier persona que exprese su diversidad en el espacio público. “Cualquier persona que está en la calle y sale de noche, viene la policía o los paras, lxs golpean y se lxs llevan a El Helicoide1 ”, cuenta. 

“Aquí hay una realidad: quienes sostenemos a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de la discriminación, de la transfobia y homofobia, somos las organizaciones, y poner nuestro trabajo en las manos del Estado, que ya nos dijo que es bastante represivo, pone en riesgo también a las víctimas”, afirma Carolina*.

En conversación con Volcánicas, Nina Chaparro González, abogada especialista en derecho constitucional, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Bristol (Inglaterra) y coordinadora del Programa de Fortalecimiento a la Sociedad Civil de Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales en Colombia, explica las implicaciones de esta medida para aquellas organizaciones que defienden los derechos humanos en medio de la represión.

“Esta ley en Venezuela representa un grave riesgo para organizaciones que defienden los derechos de mujeres y población LGBT+, al restringir su financiamiento, facilitar su criminalización y aumentar su vulnerabilidad frente al Estado. Esta situación es aún más grave en un país donde las personas LGBT+ carecen de derechos fundamentales como el matrimonio igualitario, la identidad de género o protecciones antidiscriminatorias”, explica la abogada.  

Artículo 26 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la que se establece la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientode las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.

El 16 de agosto de 2024, un día después de aprobarse la Ley anti-ONG en Venezuela, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, también dijo que “la aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva”.

Piquer afirmó que, con estas nuevas restricciones, la garantía de sus derechos se vuelve algo “casi imposible” y representa una exclusión estructural de esta población. “En un contexto de falta de garantía de derechos en materia de género, esta ley debilita aún más a la sociedad civil que aboga por estos derechos y con ello reduce la posibilidad de avanzar en su reconocimiento”, agregó Piquer.

Gabriela* pertenece a una iniciativa feminista en Caracas. Desde allí abre espacios educativos en los que las mujeres tienen la oportunidad de hablar sobre sus feminismos, sus luchas y los derechos en Venezuela, un país en el que el aborto todavía es un delito con penas desde los seis meses hasta los dos años de prisión para las mujeres, hombres trans y personas no binarias que decidan practicarlo. 

Aquellas mujeres que deciden acompañar a otras en sus interrupciones voluntarias del embarazo también corren el riesgo de ser perseguidas. “Hace unos tres o cuatro años tuvimos una situación muy compleja en Venezuela, donde una compañera que acompañó a una niña violada de 13 años estuvo presa justamente por acompañarla. Eso fue todo un tema en Venezuela y eso hizo que mucha gente se asustara, dejara de acompañar y de prestar servicios. Son muy pocas las organizaciones en este momento que se encargan de acompañar”, explica Gabriela*.

Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, Gabriela* cuenta que: “prevalece una autocensura importantísima y me duele decirlo. Creo que en todo mi entorno hemos tenido que callarnos, no poder hacer las denuncias que en otro momento habríamos estado haciendo o hacerlas de otra manera, bajar un poco la voz, ser menos visibles en redes sociales y bajar el tono, porque sabemos que nuestra seguridad peligra. Gente muy cercana ha estado secuestrada, presa, perseguida, o se han tenido que ir del país en estos meses”. Desde entonces, Gabriela* ha tenido que dar un paso atrás en su activismo para protegerse a sí misma.  

***

A nueve horas y media por carretera desde Caracas se llega a Mérida, una ciudad ubicada en la parte central de la cordillera de los Andes. Desde allí también hablan de la discriminación, el incremento de la represión y persecución hacia las organizaciones sociales en los últimos meses por parte del Estado, especialmente tras la más reciente posesión de Nicolás Maduro. 

“Desde 2020 para acá, muchos funcionarios del Estado venezolano, incluyendo al propio Nicolás Maduro, han hecho comentarios criminalizantes y discursos de odio contra personas LGBT+. El fiscal General de la República llamó en su momento ‘aberraciones’ a las personas trans y no binarias”, recuerda Cris* sobre este problema que se agudizó todavía más durante la campaña presidencial de Maduro en 2023 con las iglesias evangelistas fundamentalistas que “jugaron un rol bastante acusador y tuvieron cancha o luz verde para difundir sus mensajes de odio basados en ideologías religiosas”.

En medio de este panorama, Cris* menciona que la Ley anti ONG “es una ironía”, teniendo en cuenta que el Estado venezolano no comparte información sobre el porcentaje de personas que padecen ciertas enfermedades. “No sabemos cuántas personas viven en el país con VIH, no sabemos la prevalencia de la malaria, ni del cáncer de mama. Ni siquiera hay cifras de denuncias ante el Ministerio Público sobre violencias basadas en género, pero aún así las ONGs tenemos que ser transparentes con el Estado y entregarles toda nuestra información”, cuestiona Cris* frente a las cifras de sanidad.    

La operación ‘tun tun’ y el miedo a ser perseguides

Mientras la Ley Anti ONG avanza y las organizaciones continúan a la espera de una respuesta tras la entrega de su documentación, lxs activistas cuentan con dos preocupaciones extra: su seguridad informática y que sean detenides por la policía venezolana con la Operación ‘tun tun’, nombre dado por el oficialismo, que responde a las detenciones masivas de manifestantes y opositores tras las elecciones del 28 de julio de 2024. 

El operativo suele realizarse a través de grupos de WhatsApp. Si unx de lxs integrantes comparte una publicación que cuestione al gobierno de Nicolás Maduro y hay alguien afín al oficialismo, puede acusar a la persona ante el Estado y decir que está incitando al odio y al terrorismo. “Le dicen ‘tun tun’ porque te tocan la puerta de tu casa y te piden salir”, explica Carolina* sobre esta medida.   

Angélica* hace parte de un observatorio que documenta, sistematiza y denuncia casos de violencia o discriminación hacia la población LGBT+ en Caracas ante la ausencia de cifras oficiales. Desde allí cuenta los cuidados digitales que debe poner en práctica ella y la organización a la que pertenece para evitar señalamientos del gobierno de Maduro. 

“El contexto de la represión posterior a las elecciones implicó también mucho control y cuidado en cuanto a la higiene digital de cada una de las personas del equipo. Llegamos a tener chats que no duraban más de 30 minutos y se eliminaban, cambiar los nombres que tenemos de compañerxs de trabajo en nuestro teléfono pensando en que si alguien sale a la calle y te retienen en algún momento, debemos proteger lo más que se pueda la integridad de quienes forman parte del equipo”, explica Angélica*, quien comenta que dos miembros del observatorio han sido retenidos y a uno de ellos le anularon su pasaporte. 

Mientras tanto, Cris* suele salir de su casa sin celular por miedo a que le retengan en la calle y revisen su información relacionada con derechos humanos. También decidió cerrar sus redes sociales para evitar cualquier rastro suyo en el mundo digital. “Nos sumamos a esto de borrar chats constantemente, de programar chats que se borren cada tres horas y no participar en grupos de derechos humanos. Cuando viajamos, hay que depurar todo el teléfono y cualquier conexión, incluso fotos, que te puedan mandar memes de algo político y que te revise un militar, eso es literalmente ponerte los grilletes”, revela Cris*, quien tampoco publica nada en sus historias de Whatsapp o cualquier otra acción que pueda considerarse como peligrosa o contraria al gobierno. 

“Queda constancia de que nuestra labor, nuestra voz y nuestras iniciativas son cada día más importantes. Esto lo debemos entender como algo circunstancial. Este no es nuestro destino y si sirve de algo, este contexto nos permite construir resiliencia, repensar nuestras estructuras y sobre todo construir comunidades donde podamos existir, donde podamos sobrevivir y donde podamos cobijarnos en solidaridad y en dignidad hasta que el sol vuelva a salir nuevamente”, finaliza Cris*, quien se despide a través de la pantalla desde Mérida. 

Vivir en el exilio: el testimonio de Mauricio*

“Hoy, estando afuera, mantengo algunos esquemas de seguridad por miedo. No he podido abandonar el miedo, el miedo no me ha abandonado”, menciona desde la lejanía Mauricio*, uno de lxs tantos activistas de derechos humanos que salieron de su tierra sin una fecha de regreso como consecuencia de la persecución del gobierno venezolano. 

A finales de 2024, Mauricio* fue detenido y desaparecido forzosamente de forma arbitraria por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Durante aproximadamente ocho horas, nadie sabía nada de él: “estuve todo el tiempo encapuchado y esposado. Además, sufrí amenazas de índole de violencia sexual y de tortura, tratos crueles y violencia psicológica”. Mauricio* recuerda que mientras fue trasladado en un vehículo tras su detención, el DGCIM reprodujo dos veces una canción que fue utilizada durante una campaña de terror, y que al llegar a la sede militar, lo interrogaron y lo amenazaron a él y a su familia. “Ese día sentí que me robaron la paz”, agrega con su voz entrecortada. 

Momentos después de su detención, las redes sociales de organizaciones de derechos humanos en Venezuela y Latinoamérica exigieron la libertad de Mauricio*. Él cuenta que gracias a la difusión, su liberación se hizo posible esa misma noche: “fue muy bonito ver la cantidad de gente solidaria”.

Luego de su liberación, fueron dos meses en los que Mauricio* vivió en completa clandestinidad en Venezuela. “Sentía que mi vida estaba en pausa. Seguían los casos de persecución, había un montón de violencia y yo no podía hacer nada, no podía ni tuitear, no podía buscar apoyo, no podía ni siquiera consolar a mis amigxs que estaban viviendo lo que estaba viviendo”, cuenta.

No me acostumbro. Es muy difícil lidiar con la imposición de tener que huir para poder sobrevivir. En Venezuela vivimos bajo un sistema que no nos deja de otra, que las únicas opciones son huir o esconderte y guardar silencio”, dice Mauricio* desde el exilio.

Mientras las detenciones de opositores y activistas se intensificaron tras las elecciones regionales y legislativas del domingo 25 de mayo, Mauricio* hace un llamado a que la crisis humanitaria que enfrenta su país no pase desapercibida: “lamentablemente, si siguen las cosas como están sucediendo, el movimiento de derechos humanos va a desaparecer y con eso se va a borrar la evidencia de lo que están viviendo las mujeres, las personas LGBT+ y con discapacidad. Más que seguir dando testimonio de algo es pedir encarecidamente que no dejemos que la crisis en Venezuela sea una crisis olvidada”. 

1 El Helicoide es un centro de detención administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) donde se encuentran presxs políticxs y han tenido denuncias por violaciones de derechos humanos. 

Los testimonios presentados en este reportaje son resultado de entrevistas directas. Estos documentos están protegidos por el secreto profesional y han sido editados con criterio periodístico para garantizar su legibilidad. Los nombres de las personas que ofrecieron su relato fueron cambiados para respetar su privacidad y evitar represalias en su contra*

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Autor

  • Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Se desempeñó como periodista investigativa de Escarbadata, la línea de datos en Cuestión Pública. Allí hizo parte del equipo de Juego de Votos, la investigación sobre la ruta del dinero, los contratos y las fichas de los clanes políticos, en su disputa por las elecciones del 2022. Fue periodista cultural en Vanguardia, periódico regional de Santander.

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