Por: An Flores*
En la última década Venezuela superó las 15.700 detenciones arbitrarias. Organizaciones como Amnistía Internacional, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han puntualizado que dicha aproximación corresponde a las detenciones por motivos políticos. En la llamada Pequeña Venecia la criminalización y privación de la libertad ocurren camino a la escuela, al trabajo o al mercado. Para Maite*, madre de seis hijos y una hija, la campaña de detenciones masivas e indiscriminadas es una realidad que atraviesa a su familia.
Maite tiene 57 años. “El próximo 12 de octubre cumplo los 58”, precisa. Aunque especialistas en medicina señalan que a su edad es posible contar con un equilibrio entre la salud física, mental y social, Maite desconfía del pronóstico. A diario nota su pérdida de peso y siempre siente cansancio. “Me ha llegado mucho más la vejez; he adelgazado bastante”, dice sobre la imagen que ve frente al espejo y cuando piensa en sus compañeras.
Maite es integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), una organización destinada a la demanda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el gobierno chavista. “Somos varias las madres que estamos en esta situación” asegura al pensar en las 2.400 personas detenidas—entre ellas infancias y adolescencias— después de las votaciones del 28 de julio de 2024. “Una cantidad sin precedentes en el país y en el mundo”, ha denunciado el Comité.
Sobre la jornada electoral que mantiene a Nicolás Maduro en la presidencia, asociaciones civiles nacionales e internacionales señalaron múltiples irregularidades —la falta de transparencia y neutralidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), por ejemplo— y vulneraciones a los derechos humanos derivadas de violencia policial en protestas, detenciones e incluso el desconocimiento del paradero de críticxs del régimen y militantes de la oposición (es decir: de quienes mostraban un apoyo a Edmundo González y María Corina Machado).
“El gobierno desató un dispositivo de represión masiva en sectores populares y de extrema pobreza”, resaltó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en una carta dirigida a la Casa de América, un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid. Después de nueve meses, Maite no tiene duda de que la crisis político-electoral impacta directamente a familias como la de ella: hogares que dependen económicamente de los miembros más jóvenes, quienes por lo general trabajan “botando basura o limpiando los patios de las casas”.
Venezuela tiene una inflación del 85%. En promedio, su gente percibe salarios que oscilan entre los 300 y 400 dólares, ingreso que está por debajo de lo necesario para cubrir los gastos de alimentación. Maite es originaria del estado de Zulia, uno de los territorios en los que el nivel de pobreza rebasa el 86%. Actualmente, no cuenta con un empleo; subsiste gracias al dinero que su hijo Rafael*, de 32 años, gana como comerciante. El panorama es más esperanzador que el de hace dos meses. Para entonces, Rafael estaba en la misma situación que su hermano mayor, Andrés* (33), padre de un niño de cuatro años y una bebé que aún no conoce.
El 2 de agosto de 2024 — “un día en el que no había protestas ni nada”, subraya la madre— los dos hermanos salieron al mercado. Iban a comprar frutas y verduras para abastecer el negocio de Rafael en Maracaibo. Guardias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron la camioneta en la que viajaban y les sembraron droga: “Les montaron un poco de caucho y botellas de morotones”, detalla Maite sobre los motivos de la detención.
Rafael y Andrés estuvieron tres semanas en el Comando Zona 11 y luego los trasladaron a la Cárcel de San Francisco de Yare, al centro norte del país. Cuando fueron detenidos arbitrariamente, Maite acompañaba a su hija Laura, que estaba hospitalizada tras sufrir un accidente en la rodilla.
No obstante, tiene claridad en las condiciones en las que sus hijos fueron privados de la libertad. “Después de tenerlos en el Comando casi un mes, los llevaron a la cárcel sin que ellos pudieran explicar [lo que había pasado] o sin que pudieran defenderse. Los trataron como terroristas, como una situación de odio. El señor del local en el que mi hijo [Rafael] hace las compras para su negocio tenía una cámara y ahí había un video y lo único que llevaban en la cesta eran frutas y verduras. Fueron los policías los que les tiraron caucho y las botellas de morotones”, reitera.
Constantemente, la presidencia de Nicolás Maduro presume de una policía eficiente. Pero testimonios como el de Maite desmienten tales declaraciones. “[Las fuerzas de seguridad] no respetan los derechos humanos en Venezuela. Una anda con miedo en la calle porque te quitan el teléfono para revisar si estás diciendo algo de los políticos. Revisan tu Facebook, Instagram, todo. También te extorsionan. Si no les das 60 o 70 dólares no te entregan tu teléfono. Esto no se veía en mi época”, acusa.
Para obtener su libertad, Rafael tuvo que solicitar los servicios de una abogada privada que le cobró 100 dólares. Este no ha sido el caso de su hermano Andrés. Aunque las autoridades no han encontrado pruebas en su contra — “no traía nada en los bolsillos. Él sólo venía de su trabajo”, insiste Maite—, continúa en la cárcel, no tiene comunicación con su hijo y a su bebé, que recientemente cumplió los seis meses de edad, nunca la ha visto.
Mundialmente se habla de Venezuela como “el peor sitio de América para envejecer”. Las y los adultos mayores —un estimado de entre cuatro y cinco millones de personas— demandan pensiones que, al menos, les permitan comprar sus medicinas y alimentos. Están exhaustxs de planificar con exactitud los 22 dólares mensuales que reciben y de recordar años en los que la paz no era un privilegio o un lujo.
Maite piensa en adultas mayores que, por necesidad, se aferran a sus negocios de bisutería o venta de abarrotes y expresa preocupación por una situación laboral que es incierta para las y los más jóvenes. Al igual que Rafael, su hija Laura, que es madre soltera, trabaja en Maracaibo. “Está en un restaurante y cobra cinco dólares. No le alcanza para nada”, comenta.
La distancia que separa a Maite y a otras madres que se han acercado o involucrado en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de los pronósticos de una vejez digna también está marcada por la crisis carcelaria que golpea a su país. A diario, Maite lamenta las condiciones en las que está su hijo Andrés. Sabe que las prisiones venezolanas se encuentran entre las más violentas de América Latina y que la falta de sentencias y respeto al debido proceso es uno de los motivos detrás de la sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Maite rara vez tiene descanso: se la pasa pensando en si Andrés comió o no. “Nos dicen que adentro no reciben suficiente alimento. Les llegan a dar una arepita, mortadelas con gusanos y arroz sin sal, como si fuera comida para perros. Varios han perdido mucho peso. La comida se las dan semicocinada y eso provoca que se enfermen del estómago. [A nosotras, los guardias de seguridad nos] dejan pasar nada más un kilo de chocolate y un paquete con 10 galletas. Ya no dejan pasar pan, queso, ni guayaba”.
Al tener presentes a otras madres y esposas en la misma situación —muchas de ellas de Tocuyito, localidad que ha sido señalado por el abandono a las poblaciones privadas de la libertad—, Maite denuncia que algunas de sus compañeras han sido maltratadas por los funcionarios y otras no se han encontrado en la posibilidad económica de visitar a sus muchachos.
“Yo lo único que le pido a [Nicolás] Maduro es que tome conciencia; que se ponga en el corazón de nosotras y que suelte a todos esos jóvenes. No solo lo digo por mis hijos; lo digo por todos esos muchachos que los agarraron ahí en la calle y que ahora están recibiendo tortura”, platica a bordo de un autobús que pasa cerca de un mercado. El paisaje sonoro es el mismo que el de aquel 2 de agosto de 2024, cuando Rafael y Andrés sólo planeaban comprar frutas y verduras para llevar comida a su hogar.
Nota al pie
* La escritura de este texto fue gracias a la gestión de la entrevista, a cargo de la periodista Valeria Quiroga.
* Los testimonios presentados en este reportaje son resultado de entrevistas directas. Estos documentos están protegidos por el secreto profesional y han sido editados con criterio periodístico para garantizar su legibilidad. Los nombres de las personas que ofrecieron su relato fueron cambiados para respetar su privacidad y evitar represalias en su contra.