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En la película “The Drama”, Charlie (Robert Pattinson) y Emma (Zendaya) están muy enamorados y a punto de casarse cuando él descubre que, siendo adolescente, su prometida planeó un tiroteo escolar. Como consecuencia, perdió la audición en un oído por disparar un rifle cerca de su cabeza ensayando para su debacle, y no por causas congénitas como le había dicho. Al final, tanto Charlie como la audiencia del filme descubrimos que (viene un spoiler) el momento determinante que salvó a Emma de convertirse en asesina fue que accidentalmente consiguió hacer amigos dentro del colegio. Era una adolescente solitaria y, en esa soledad, planeó el tiroteo. Por suerte, conoce a un grupo de chicas y chicos que resultan ser activistas por los derechos humanos y, especialmente, en contra del porte de armas, que se reúnen en el mismo ámbito escolar. Emma quiere encajar, así que se convierte en una activista más, dejando de lado aquel plan macabro. Para sorpresa de su novio, y de buena parte del público que ha criticado la película, así de simple fue el factor decisivo.
Seguramente por eso, por el simple pero potente poder que tienen los ambientes escolares en las personas, es un lugar común que los jefes de Estado reconozcan el rol fundamental de la educación en la construcción de la sociedad. “El porvenir de un pueblo se construye en sus escuelas, colegios y universidades”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en su discurso de toma de posesión, y en eso se parece a sus antecesores. Ahora bien, lo que hace particular el pensamiento de De la Espriella en materia educativa es su enfoque especial en la tradición. “Mi Gobierno librará una batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”. Paradójicamente, De la Espriella había admitido públicamente ser ateo, pero en campaña empezó a mostrar una fuerte religiosidad.
Por su parte, el exministro de Educación Daniel Rojas, quien dirigió la cartera hasta el cambio de gobierno, le dijo a la revista Volcánicas: “Aquí hay un plan orquestado a nivel no solo nacional, sino internacional, un plan que se ejecuta muy bien”. Esta idea de Rojas se alinea con la teoría de Cas Mudde, politólogo holandés y profesor de la Universidad de Georgia, que ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar el populismo, y en su libro “La ultraderecha hoy” advierte que el resurgimiento del fascismo estuvo atravesado por la construcción de un enemigo. En el caso de los países europeos, la población migrante, y en el caso de América Latina, el movimiento por los derechos de las mujeres, las personas LGBTIQ+ y las maestras y maestros.
“Necesitan la construcción del enemigo interno, unas ciudadanías legítimas y otras ilegítimas. Necesitan vincular a los estudiantes de la educación pública, también a los maestros (como enemigos), porque su incidencia en la ideologización de los niños”. Que hoy el presidente de la república salga corriendo con una pistola y un boqui toqui en Santa Marta es algo que está muy bien planeado para hablarle al pueblo desde lo cultural. Les dice a las familias que es necesario proteger a sus hijos de que sean utilizados por bandas criminales, y que más bien sean educados por unos valores y principios muy tradicionales”, dice Rojas, quien cree que el discurso centrado en familia y los valores tradicionales es un instrumento para hacerse al poder y favorecer intereses privados.
Según Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, “evidentemente, De la Espriella no es una persona religiosa, ni cree en esos valores que profesa. Por eso se ve tan impostado y tiene que mostrarlo de maneras tan evidentes, casi caricaturescas y públicas, porque no es real. Lo que sí le gusta es el poder desmedido y sobre todo la plata. Si para eso tiene que usar la religión y la manipulación religiosa, lo hará. Esos valores y esas prácticas religiosas son un medio para alcanzar poder; no son un fin para la realización personal individual o colectiva”.
Sin embargo, en sus 50 días en el poder ejecutivo, el gobierno ha permanecido más bien silencioso frente a la educación, luego de la renuncia temprana de Viviane Morales como ministra de esa cartera. Mientras tanto, De la Espriella ha sido bastante ruidoso en el anuncio de medidas en otros temas: flexibilización del porte de armas por decreto, fin de las mesas de diálogo con grupos ilegales, alianzas con Estados Unidos, pero sobre educación ha dicho poco o nada.
Los 28 días de Viviane Morales y el resurgir de Ilva Myriam Hoyos
El nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación estuvo rodeado de fuertes críticas de activistas de derechos humanos, así como de voces independientes y otros sectores de la oposición, por su falta de experiencia en el tema educativo y por su historia como opositora de derechos de las personas LGBTIQ+. El 31 de agosto, Morales dejó una carta de renuncia argumentando “asuntos familiares” urgentes por atender, no sin antes dejar sentada su agenda. De hecho, en esos primeros días de gobierno fue de las ministras más conversadoras frente a la prensa. Después de su salida, De la Espriella emitió una orden que centraliza todas las comunicaciones en presidencia, prohibiendo a ministros y directivos dar entrevistas y declaraciones públicas por su cuenta sin previa autorización. Viviane Morales anunció una revisión de fondo de todos los materiales escolares del país, apuntando al programa de educación sexual, al que describió públicamente como una “campaña ‘woke’ que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos”.
En su reemplazo llega Ilva Myriam Hoyos Castañeda, con dos doctorados, uno en Jurisprudencia y otro en Derecho, este último en la Universidad de Navarra, y una carrera profesional entretejida con el Opus Dei y la jerarquía católica. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, del CELAM y de la Conferencia Episcopal, y auditora en el Sínodo de la Familia del Vaticano. Entre 2009 y 2016 fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia bajo Alejandro Ordóñez, un período que le dejó un expediente que permite entender hacia dónde mira: en 2012, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-627, le ordenó rectificar una comunicación oficial en la que tergiversó el alcance de un fallo sobre interrupción del embarazo. La tutela que originó esa sentencia la interpuso la abogada Mónica Roa, entonces directora de Women’s Link Worldwide, junto a más de 1.200 mujeres. Hoyos respondió presentando una denuncia penal por injuria contra la propia Roa, además de denuncias contra dos magistrados de la Corte por un fallo sobre acceso al aborto. En 2013, La Silla Vacía la fotografió haciendo cabildeo contra el matrimonio igualitario desde una curul del Senado, mensaje que terminó como parte de una queja presentada ante la CIDH por organizaciones que la acusaron de usar su poder disciplinario para perseguir a defensoras de derechos sexuales y reproductivos.
El decreto de los privados
En agosto del 2026, con Morales todavía a la cabeza, el gobierno radicó para comentarios ciudadanos un proyecto que modifica el Decreto 1075 de 2015, que regula el sistema educativo. Con la publicación del proyecto, la discusión pública en medios de comunicación y redes sociales se centró en el tema religioso. El expresidente Gustavo Petro, que había dejado el gobierno apenas unas semanas antes, comparó la medida con lo que, según él, le pasó a la salud colombiana con la intermediación privada, y fue más lejos al señalar a los beneficiarios, afirmando que las “iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa” se quedarían con “un sistema de embrutecimiento, ahí sí ideológico”. Un formateo para seres esclavos”.
El anuncio generó confusión y cuestionamientos por los riesgos que acarrearía que grupos religiosos puedan administrar colegios. Pero en realidad este debate va mucho más allá de eso, porque involucra a todos los privados y tampoco es nuevo que esto suceda, pero sí flexibiliza las condiciones para que esos privados puedan hacerse de instituciones educativas.
La norma, vigente desde el gobierno de Santos, ya permitía que colegios públicos fueran administrados por privados, como iglesias, pero bajo una condición estricta: el municipio o departamento tenía que demostrar primero que no contaba con capacidad suficiente, por ejemplo, infraestructura, plata, personal, para operar el colegio directamente. Que los privados pudieran administrar colegios era la excepción, no la regla.
Lo que pretende cambiar el nuevo borrador es que particulares, iglesias y organizaciones religiosas ya no tengan que demostrar esa insuficiencia. Los simpatizantes del gobierno se han defendido diciendo que aumentaron la exigencia de experiencia, pues el decreto establece que estos privados deben presentar cinco años de experiencia, y ahora la elevaron a diez. No obstante, antes solo se aceptaba experiencia específica en la prestación del servicio educativo. El borrador propuesto, en cambio, abre el abanico al permitir que se certifique también experiencia en administración en general, lo que facilita la entrada de una mayor diversidad de corporaciones o fundaciones privadas sin destreza en temas educativos.
Victoria Avendaño, de la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de Fecode, ubica el decreto dentro de un patrón más amplio que el sindicato dice llevar meses documentando. Según dijo a la Revista Volcánicas, “la presentación de una resolución para reformar el decreto donde se plantea la entrega de contratos a grupos religiosos y particulares a través de contratos con recursos públicos, es una muestra de lo que pretenden hacer en este sentido. Fecode seguirá exigiendo en las calles y en las mesas de trabajo la financiación y administración de la educación pública por parte del Estado. Están buscando la privatización de la educación, desfinanciar aún más la educación pública y atentar contra la autonomía escolar y la libertad de cátedra“.
El exministro Rojas conecta el decreto con algo más grande que él mismo ayudó a construir. Se trata del Plan Decenal de Educación, que costó trece meses de diálogo territorial en los 32 departamentos, con la participación de más de cinco mil instituciones educativas y 60 universidades públicas, y que fijó, como principio rector, la educación como derecho y no como servicio. Para Rojas, el decreto no es un ajuste técnico sino una forma de desmontar esa arquitectura desde la base. “Cualquier persona puede abrir una iglesia de garaje y puede administrar un colegio y recibir los beneficios del Estado y no rendirle cuentas al Ministerio de Educación”.
¿Está en riesgo la autonomía universitaria?
En su alocución presidencial del 13 de septiembre, De la Espriella anunció un “nuevo protocolo nacional” para las universidades públicas, con la Policía Nacional como “primera autoridad operativa”, facultada para actuar “cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas”. No se quedó ahí, también se aventuró a redefinir a su manera el significado de autonomía. “La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la constitución”. Pero como el significado de las palabras no puede simplemente cambiarse por orden presidencial, la Defensoría del Pueblo le pidió que aclarara los alcances de la medida, advirtiendo que podría “restringir la protesta”.
El sociólogo Óscar Arango Gaviria, que coordina desde hace diez años la mesa de gobernabilidad y paz del sistema universitario estatal —una instancia que agrupa a las 34 universidades públicas del país—, explicó a Volcánicas por qué hay que prestarle especial atención ese matiz de “autonomía en materia de orden público”.
Antes de 1991, recuerda, los rectores eran designados casi directamente desde la presidencia de la República, y la Iglesia tenía voz y voto en los consejos superiores universitarios. La Constitución del 91 cambió eso, pues conformó consejos superiores con representación de trabajadores, docentes, estudiantes, egresados y el sector gremial, y dejó en manos de cada universidad, por virtud de su autonomía, decisiones que hoy varían de una institución a otra. El nombramiento de rectores, por ejemplo, en la mayoría de universidades se hace con participación de la comunidad universitaria mediante ternas, y que en la Universidad de Nariño llega incluso a elección libre y directa de estudiantes, profesores y trabajadores.
Ese entramado es el que el nuevo protocolo tocaría en su punto más sensible. “Hasta hoy”, explica Arango, “el ingreso de la fuerza pública debe contar con la autorización expresa de las autoridades universitarias, pero hoy todo indica que ese ingreso ya no tendrá que contar ni con la autorización de rectoría, ni siquiera del consejo universitario.”
La Comisión de la Verdad, creada en virtud del Acuerdo de Paz, investigó minuciosamente lo ocurrido en la universidad colombiana durante el conflicto armado y señaló que cinco universidades son sujetas de derechos por haber sido víctimas directas, con estudiantes, profesores y trabajadores asesinados. Eso significa que las aulas de, al menos, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Atlántico, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Nariño, saben lo que sucede cuando se transgrede la autonomía universitaria.
“Hay mucho temor en la comunidad universitaria”, dice Arango. Y tiene sentido, porque mientras se escribe este reportaje, ya hay protestas en la Universidad Industrial de Santander. Arango anticipa que esta será “una de las discusiones más importantes del resto del año en las universidades”.
La batalla del miedo
A pesar de los riesgos en materia de autonomía universitaria, o de la privatización de la educación, lo cierto es que muchas familias en Colombia están de acuerdo con las medidas del gobierno, prueba de ello es que eligieron a De la Espriella como presidente. La sección comentarios del mandatario se inunda de aportes como “al fin volvió el orden”, o “solo yo sé qué es lo mejor para mis hijos”. Mudde asegura en su libro que el miedo es instrumentalizado por los nuevos fascismos para implementar este tipo de políticas.
Volvamos al momento en que Morales anunció la revisión de materiales escolares por sospechar que alguien quería “apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos”. La premisa detrás de esa frase, y detrás de buena parte de la trayectoria de Hoyos en la Procuraduría, es que hablar de sexualidad o de diversidad en el aula puede torcer algo en un niño que, de otra forma, habría crecido distinto. Ese temor sintoniza con algunas personas. Enrique Chaux, doctor en pedagogía de la Universidad de Harvard y profesor de la Universidad de los Andes, que lleva años midiendo con evidencia qué funciona y qué no en la formación de la niñez colombiana dice: “me preocupa especialmente cuando la así llamada batalla o guerra cultural está basada en concepciones erradas, como que la educación sexual puede cambiar la orientación sexual de niñas, niños y adolescentes.” Chaux hace una invitación, ante las dudas, a remitirse a la investigación científica, agregando que el desarrollo de competencias socioemocionales en las escuelas mejora la convivencia y también el desempeño académico. “Debemos basarnos en esa evidencia y no en creencias falsas”.
Ahora volvamos al decreto de los privados. Su lógica, cuando se le quita el ropaje técnico, es que si al Estado no le está yendo bien, es mejor que mejor vengan los privados o las iglesias a administrar los colegios. Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, nos ofrece una salida completamente distinta a ese mismo problema. Cuando hay preocupación legítima por cómo se está enseñando educación sexual, dice, “Red PaPaz se ha ofrecido para revisar con sus expertos si hay temas en que puedan estar dando una formación inapropiada a niñas y niños”. Eso significa revisar el contenido caso a caso sin desmontar los criterios sobre quién administra y cómo lo hace. También asegura que el reto del país no es reducir la educación integral de la sexualidad ni tercerizarla, sino “ampliar esta implementación […] con un activo involucramiento de las familias en estos procesos.” Familias y colegio “en llave”, dice Piñeros. Para ella, ninguno reemplaza al otro.
Finalmente, volvamos a la promesa original del presidente: “mi Gobierno librará una batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina…” Luz Alcira Granada, Secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez, le hace a esa afirmación una pregunta necesaria. “¿Cuáles valores? Porque palabras como familia, libertad, respeto, responsabilidad o protección de la infancia pueden ser compartidas por personas ideológicamente muy diferentes. El desacuerdo comienza cuando una determinada interpretación de esos valores se presenta como la única moralmente aceptable. En educación, la principal preocupación debería ser no que las familias transmitan valores —todas lo hacen y tienen derecho a hacerlo—, sino que una “batalla cultural” convierta la escuela en un campo para decidir cuáles niñas, niños, adolescentes o familias son considerados “normales” y cuáles quedan por fuera. Me parece mucho más productivo preguntarnos qué valores humanos mínimos podemos compartir aun teniendo profundas diferencias políticas y religiosas. Hablo de la dignidad humana, la honestidad, la solidaridad, el rechazo a la violencia y el acoso, y la capacidad para dialogar y respetar a quien vive o cree diferente”.
En la misma línea, Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Gaat, cree que “lo que está en juego no es simplemente si se habla o no de género. Lo que está en juego es si la escuela va a reproducir prejuicios o va a formar personas capaces de vivir en una sociedad plural, democrática y respetuosa de los derechos humanos donde las infancias y adolescencias puedan crecer en una sociedad sin miedo a ser y a expresarse libremente”.
Y quizás por eso la escena final de “The Drama” incomodó tanto a algunas personas en redes sociales. Nadie, ni el colegio, ni la familia de Emma, ni ninguna autoridad pública, vio venir el tiroteo, y nadie tampoco fue el héroe que lo evitó con un decreto. Lo que la salvó, y de paso a toda la comunidad educativa, fue que un grupo de compañeros de colegio, sin proponérselo, la dejó entrar a su comunidad. Esos compañeros podían reunirse en las instalaciones del colegio, el ambiente escolar funcionó para dar esa compañía necesaria. Con una ministra nueva, un decreto en borrador y un protocolo militar sin resolver, vale la pena preguntarse si todas esas medidas, y las que vienen, van a dejar espacio para que alguien que lo necesite, en algún salón de clase de este país, encuentre un lugar distinto a las armas en donde pueda encajar.
