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Después de solo 3 semanas en el cargo, Viviane Morales renuncia como Ministra de Educación por “una situación familiar inesperada” y Abelardo de la Espriella nombra en su lugar a la ultraconservadora Ilva Myriam Hoyos, una férrea opositora al aborto y al matrimonio igualitario reconocida por imponer su credo religioso por encima de las sentencias de la Corte Constitucional. La jurista que durante más de una década se dedicó a ponerle trabas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y acosar judicialmente a defensoras de derechos reproductivos desde la Procuraduría hoy queda al frente de la política educativa del país.
¿Quién es Ilva Myriam Hoyos?
Ilva Myriam Hoyos Castañeda es abogada egresada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá), doctora en Jurisprudencia por la misma universidad y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra (España). Antes de su paso por el Estado, fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana, además de jefe de la Oficina Jurídica de Inravisión y asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación. También presidió Red Futuro Colombia, una coalición de organizaciones opositoras al aborto, antes de llegar a la Procuraduría. A lo largo de su carrera se ha identificado públicamente con una visión jurídica ultraconservadora y católica, particularmente en temas de familia, sexualidad y reproducción.
En marzo de 2009, el entonces procurador general Alejandro Ordóñez la nombró Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, cargo que ocupó hasta su renuncia en septiembre de 2012. Antes de este nombramiento, Hoyos presidía Red Futuro Colombia, una coalición de organizaciones opositoras al aborto.
Ante la creación de la Clínica de la Mujer en Medellín por el entonces alcalde Alonso Salazar, emitió una resolución creando un “Grupo Especial de Trabajo” para hacer seguimiento al proyecto, alegando reportes ciudadanos y de medios sobre que el centro se destinaría a practicar abortos sin garantías de salud. Ante esa presión, sumada a la de sectores de la Iglesia y grupos antiaborto, el alcalde Salazar cedió y ordenó que la clínica no realizara abortos.
Por difundir información falsa en comunicados oficiales sobre la píldora del día después y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como decir que el aborto no era un derecho, que la anticoncepción de emergencia era abortiva, que la cátedra de educación en derechos sexuales y reproductivos era una “cátedra del aborto”, que el misoprostol no estaba aprobado por la OMS y que puede hacerse objeción de conciencia institucional, cuando solo las personas tenemos conciencia, fue demandada, junto con el procurador Ordóñez, en una tutela interpuesta por la activista y abogada Mónica Roa (que presentó la demanda que logró la despenalización del aborto en 3 causales en 2006) y 1.279 mujeres. En retaliación, Hoyos denunció penalmente a Mónica Roa, sentando un precedente grave de criminalización de una defensora de derechos humanos, desde la propia Procuraduría. Luego de esa denuncia, la defensora empezó a sufrir una serie de hostigamientos y ataques, incluidos disparos con arma de fuego, que provocaron su exilio. Mónica recordó ese episodio en entrevista con Volcánicas. En septiembre de 2012, luego de que la Corte Constitucional les ordenara rectificar esas declaraciones, presentó su renuncia al cargo, pero nunca se hizo efectiva y siguió como procuradora delegada hasta 2016. Ordoñez y Hoyos tuvieron que retractarse en medios de comunicación.
Hoyos también participó activamente en la discusión legislativa sobre el matrimonio igualitario en el Congreso, haciendo lobby en abril de 2013 contra el proyecto desde el propio recinto del Senado. Tras salir de la Procuraduría, mantuvo un rol activo en instancias eclesiásticas colombianas. Ha presidido el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).
