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El pasado 5 de febrero, Rosaura fue asesinada con arma cortopuzante en su casa, en el estado de Hidalgo, localidad de Azoyatla, en Mineral de la Reforma. 3 de sus familiares, incluida su madre, también fueron asesinadxs en el ataque. El presunto feminicida y responsable de los otros crímenes sería su expareja, Marco Antonio N, un expolicía municipal. Aunque dejó de prestar servicio como policía desde hace 3 meses, ese día llegó a la casa con el uniforme de la corporación municipal y cometió el crimen. Después, intentó escapar en una camioneta, pero finalmente fue detenido por las autoridades.
Rosaura ya había advertido el riesgo que representaba su expareja y lo había denunciado el 13 de octubre de 2024 por violencia intrafamiliar y secuestro, después de privar de su libertad a la madre y al hermano de Rosaura, y herir a dos personas más. Rosaura le contó a las autoridades que era un hombre violento y peligroso, pero la única condición que puso la jueza fue que Marco Antonio N no podía acercarse a la víctima y suspendió el proceso contra el expolicía. Rosaura no estuvo de acuerdo, ella sabía que podría ser agredida nuevamente y así fue.
Tras un aplazamiento, la audiencia de imputación sería el próximo 10 de marzo por un segundo proceso, esta vez por violencia intrafamiliar equiparada que también denunció la víctima. Con las de Rosaura y su madre, en lo que va de 2025, Hidalgo ya suma 8 feminicidios. EL ESTADO LE SIGUE FALLANDO A LAS MUJERES QUE DENUNCIAN A SUS AGRESORES.
