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Este 30 de noviembre se llevó a cabo una audiencia pública por la Reforma Policial ante la comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de Colombia y se denunció la impunidad en los casos de violencia sexual en los que están involucrados policías.
La iniciativa fue impulsada por organizaciones sociales como Temblores, Mocao, FLD, Ilex acción jurídica, Cajar, Defender la libertad, Movice, la Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Esta audiencia se da en el marco de un Gobierno que tuvo como bandera de campaña la defensa de los derechos humanos y la justicia para las víctimas de violencia policial durante las masivas protestas que se realizaron entre 2020 y 2022 pidiendo reformas sociales y en contra de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque.
La violencia sexual cometida por policías, una de las mayores problemáticas en Colombia
Según Medicina Legal, entre 2020 y 2022 se documentaron 352 casos de violencia homicida, 20.895 casos de violencia física y 95 casos de violencia sexual. En ese mismo periodo, de acuerdo con Temblores, hubo un aumento de los casos casos de violencia sexual a integrantes de la fuerza pública y violencia física a uniformados afrodescendientes. Casos que fueron cometidos, presuntamente, por otros miembros de la institución.
Además, durante los cuatro años de gobierno de Duque se registró un aumento del abuso policial. Solo en 2021 el gasto en armas letales subió un 100%. En esta serie de violaciones, las personas indígenas y trans fueron quienes más sufrieron la violencia física mientras trabajaban.
Las organizaciones, durante la audiencia, fueron enfáticas en que aunque el 40% de los abusos policiales se dieron durante las protestas, este tipo de violencia también ocurre en el relacionamiento diario con la ciudadanía, especialmente en aquellos grupos marginalizados.
Juan Pablo Fonseca, de la organización Mocao, destacó que otras de las víctimas han sido quienes quedaron con trauma ocular por los ataques policiales. Por el momento se tiene registro de 48 casos hasta 2022. “No es solo una agresión, es un acto de tortura. Conlleva graves violaciones de derechos humanos”, dijo Fonseca.
Niquita Simón, de Colombia Diversa, aseguró que las violencias también han sido contra la comunidad LGBT+, principalmente en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. El 50% de las víctimas de violencia policial de esta población son personas trans y la mayoría de hechos son amenazas contra la vida.
Uno de los principales problemas, de acuerdo con Temblores, es que la seguridad ciudadana es un asunto que solo tiene competencia la Policía. En este sentido, hay un exceso de funciones en la institución. “Hay una exacerbada concentración de funciones de la Policía y el hacinamiento carcelario tiene un profundo efecto en la violación de los derechos humanos”, dijo Juan Carlos Upegui, del Ministerio de Justcia.
Preocupa también que hay una impunidad sistemática y estructural que, de acuerdo con Temblores, contribuye a que los hechos de violencia policial se repitan. Por ejemplo, en el caso de violencia física y sexual la impunidad es del 100%. “Todavía no hay verdad, no hay justicia, ni reparación. Sin eso no se puede dar una reforma que garantice la no repetición”, explicó Luz Amanda Guzmán, de la Secretaría Distrital del Gobierno.
Las exigencias de la ciudadanía
Ahora bien, Gómez enfatiza en que la reforma policial es clave para garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos por agentes del Estado. Asimismo, las organizaciones hicieron un llamado a eliminar el fuero penal militar en Colombia, que permite que miembros de las Fuerzas Militares y la Policía no sean juzgados como civiles, sino por jueces y tribunales militares, con arreglo al Código y leyes penales militares.
Las organizaciones, como Lazos de Dignidad, exigieron también medidas para la atención de los efectos en la salud mental de estas violencias. Luis Zamora, representante de esta organización, aseguró que los ataques policiales dañan proyectos de vida causando cuadros de ansiedad y depresión, para los que no existe una ruta de atención. También temor de estar en los lugares donde fueron violentados y pensamientos, ideas e intentos de suicidio.
“La sistematicidad de las violencias policiales se conforman como un discurso social que genera un terror generalizado que fragmenta el tejido social”, expresó Zamora durante la audiencia pública.
Por su parte, Pilar Sáenz, coordinadora de proyecto de la Fundación Carisma, aseguró que deben crearse estándares para que las autoridades no puedan adquirir equipos con capacidades ofensivas que se puedan usar en contra de la ciudadanía. También, a modo generalizado, enfatizaron en regular el uso de las labores de inteligencia, pues se han hecho perfilamientos de personas de forma indiscriminada.
“Tenemos que unir esfuerzos en erradicar el problema del perfilamiento sobre todo en clave racial y de género. Es algo que no nos podemos permitir como sociedad”, aseguró Upegui como representante del Ministerio de Justicia.
Desde la Liga internacional por mujeres por la paz hicieron un llamado a que esta reforma tenga en cuenta las desigualdades de género. “Debemos entender que en la militarización se encuentra la base de la estructura patriarcal que soporta las desigualdades e injusticias”, aseguraron.
Otra de las exigencias es la voluntad política para implementar estas reformas y hacerlo con un enfoque diferencial, sobre todo étnico racial y de género. “La responsabilidad del Estado implica dar cuenta de que existen fallas estructurales y en los objetivos de cuidado”, aseguró Juan David Gómez representante de la firma de abogados José Alvear Restrepo.
Urgen medidas para que las fuerzas militares y policiales dejen de ser perpetradores de violencias contra la ciudadanía.
