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Los incendios en la Patagonia sobrepasan ya las 12.000 hectáreas arrasadas. El gobierno de Javier Milei insiste en hacer acusaciones infundadas contra el pueblo mapuche por los incendios forestales en la Patagonia mientras desplaza el foco de las causas estructurales (crisis climática, desmantelamiento del Estado y la política pública de prevención y manejo forestal, falta de atención a la emergencia en los primeros días) a un enemigo interno.
El domingo 11 de enero, el Ministerio de Seguridad publicó: “En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego. Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental. El Ministerio de Seguridad Nacional identificará, detendrá y llevará a la Justicia a los responsables”.
Un día después, el lunes 12, la senadora y exministra de Seguridad publicó en su cuenta personal: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”.
Ese mismo día comenzaron allanamientos irregulares a viviendas de habitantes de la zona afectada pertenencientes al pueblo mapuche, víctimas directas del incendio, que perdieron sus casas y animales, buscando incriminarlas.
La estigmatización no es nueva.
La Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad impulsan una narrativa que asocia al pueblo mapuche con “terrorismo” y “atentados incendiarios” desde finales de 2024 y comienzos de 2025. El 14 de febrero de 2025, el Ejecutivo inscribió a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como “organización terrorista” y la acusó de provocar incendios en la Patagonia. La decisión quedó formalizada por una resolución del Ministerio de Seguridad (RAM fue incorporada al RePET, el registro de personas y entidades vinculadas a terrorismo). En marzo de ese mismo año, el gobernador de Chubut en la Patagonia argentina, Ignacio Torres, imputó la responsabilidad de los incendios a las comunidades mapuches, a pesar de la falta de pruebas. Todo sin ningún tipo de respaldo judicial.
Especulación y pugna territorial
El 9 de diciembre de 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno impulsará la derogación de la reforma de 2020 a la Ley de Manejo del Fuego que impone restricciones por 30 a 60 años para cambiar uso y destino de superficies incendiadas: “Se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio” y lo atribuyó a una “ley” que, a su juicio, “atenta directamente contra la producción”.
La ley que hoy rige (Ley 27.604, que modificó la 26.815) establece que, ante incendios en bosques nativos o implantados, áreas protegidas y humedales, se prohíbe por 60 años modificar el uso/destino y avanzar con determinados procesos de subdivisión y emprendimientos inmobiliarios, entre otras limitaciones. Para otros tipos de superficies (zonas agropecuarias, pastizales, interfaz urbano-rural), fija prohibiciones por 30 años, incluyendo emprendimientos inmobiliarios y cambios de actividad agropecuaria respecto del uso previo.
Mientras el gobierno refuerza el relato de seguridad planteando al pueblo mapuche como enemigo interno, impulsa la derogación de una reforma que evitaba la especulación posterior a los incendios en tierras quemadas. La reforma de 2020 fue defendida, precisamente, como una herramienta para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.
Muchas de las zonas incendiadas están en territorios con disputas históricas entre grandes propietarios privados, tierras públicas y protegidas y comunidades indígenas. Por ello, en 2006 fue sancionada la Ley 26.160, QUE declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas, suspende desalojos de comunidades indígenas mientras dure la emergencia y ordena al Estado realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios indígenas. La Ley fue prorrogada varias veces (2009, 2013, 2017, 2021) hasta el 23 de noviembre de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei decidió no prorrogarla más, dejando desprotegidas a las comunidades y territorios que la ley buscaba proteger.
Sin la Ley 26.160 vigente, el escenario posterior a un incendio (cuando se discute el uso de la tierra) queda más desregulado y las comunidades indígenas son las más afectadas; a esto se suma la política de estigmatización del gobierno actual, que sigue sin asumir su responsabilidad como directo responsable de la desfinanciación y falta de atención oportuna que pudo haber controlado mejor los incendios en un primer momento.
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