Por 
Desde principios de enero de 2026, la Patagonia argentina enfrenta una nueva crisis de incendios forestales que han consumido ya más de 5.500 hectáreas, y continúan expandiéndose. Más de 3.000 turistas fueron evacuadxs.
Los incendios comenzaron cerca de Puerto Patriada, provincia de Chubut, el 5 de enero, y se propagaron rápidamente debido a condiciones climáticas adversas: altas temperaturas, sequía prolongada y vientos intensos que favorecen el avance del fuego. Las autoridades han señalado que algunos de los incendios podrían haber sido provocados deliberadamente y están investigando tras detectar acelerantes en uno de los focos. Sin embargo, la recurrencia de los incendios en la Patagonia también advierte falta de prevención, concientización y políticas públicas de protección al medioambiente y ordenamiento forestal. La sequía y los vientos habrían propagado las llamas con extrema fuerza y rapidez en una zona densa y de difícil acceso.
Aunque varios focos han sido contenidos o controlados con trabajo de brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y aeronaves hidrantes, otros siguen activos en Chubut, Santa Cruz y Río Negro, siendo Chubut el frente más crítico, con viviendas destruidas y bosques nativos en fuego. Se ha declarado alerta por peligro extremo de incendios en varias provincias del sur argentino y se han implementado evacuaciones preventivas.
Las comunidades, fauna y ecosistemas sufren graves afectaciones. Parques nacionales y zonas protegidas han sufrido daños en bosques, matorrales y pastizales. Pero los incendios forestales no solo destruyen bosques y pastizales, sino que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, reducen la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono y ponen en riesgo especies únicas y paisajes protegidos.
Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno de Chile ofreció apoyo para colaborar en las labores de control y extinción de las llamas.
Negacionismo de Estado
El Presidente de Argentina, Javier Milei, ha cuestionado la existencia del cambio climático como producto de la actividad humana, describiéndolo como un “ciclo natural” más que un fenómeno provocado por los humanos, insinuando que las políticas climáticas son una “mentira socialista”, contradiciendo el consenso científico global sobre causas humanas del calentamiento. Milei también ha dejado claro que prioriza la economía y la atracción de inversiones antes que la protección ambiental, impulsando reformas para flexibilizar normas ambientales en pos de proyectos extractivos (minería, petróleo, gas, litio). El Gobierno ha mostrado negacionismo frente a acuerdos globales como la Agenda 2030 de la ONU y la acción climática internacional, incluso retirando negociadores argentinos de conferencias climáticas y generando dudas sobre la continuidad de compromisos como el Acuerdo de París. La visión del Gobierno es que la naturaleza debe “servir al desarrollo humano y económico”, un enfoque que difiere del paradigma de desarrollo sostenible tradicional apoyado por la mayor parte de la comunidad científica y ambiental.
Milei redujo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a una subsecretaría, recortando el presupuesto ambiental, debilitando áreas clave como conservación de bosques, parques nacionales y manejo del fuego y, en general, el aparato estatal dedicado a temas ambientales. Según análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre 2023 y 2025 las partidas ambientales cayeron en términos reales entre alrededor de 34 % y 81 %, lo que en el agregado da una caída cercana al 70 % de los recursos disponibles para ambiente en ese período. Todo esto responde a una misma lógica política: priorizar la inversión y el extractivismo por sobre la protección ambiental. En un contexto de crisis climática, esta combinación profundiza la vulnerabilidad de los ecosistemas argentinos frente a desastres cada vez más frecuentes.
¿Qué pasa con la Ley de Tierras?
En 2023, Milei intentó derogar la Ley de Tierras (Ley 26.737), buscando eliminar los límites a la compra y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, argumentando que esas restricciones afectaban la inversión y la libertad económica.
Hay quienes creen que los incendios provocados estarían relacionados con esto, pero la Justicia declaró inconstitucional ese punto del decreto, por lo que la norma sigue vigente.
Estigmatización al pueblo mapuche en 2025
En febrero de 2025, el gobierno argentino bajo el presidente Javier Milei estigmatizó al pueblo mapuche al declarar formalmente a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista y vincularla a los incendios de ese verano en la Patagonia. Autoridades como la ministra de Seguridad y voceros oficiales replicaron que los incendios tenían un componente “terrorista” o de intencionalidad humana, atribuible a grupos mapuche o a lo que algunos funcionarios llamaron “falsos mapuches”.
Estos señalamientos infundados solo contribuyeron a la criminalización de pueblos originarios y a minimizar la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas de prevención, cuidado y atención de incendios forestales.
Los incendios en la Patagonia demandan atención urgente, recursos y un gobierno que deje de escudarse en buscar responsabilizar a terceros y entienda que la emergencia climática no es una amenaza, es una realidad y que es SU responsabilidad la prevención y atención de estos incendios, que van a seguir ocurriendo, y serán más graves a medida que no se revierta la desfinanciación y el desmantelamiento de las políticas ambientales.
