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“Wendy también era menor de edad y ella no va a regresar en cinco años”, se lee en una de las pancartas con las que colectivas de madres de víctimas de feminicidio tapizan los Juzgados Para Adolescentes Zinacantepec, en Estado de México. Wendy tenía 16 años cuando su pareja, Fredy, a unos meses de cumplir los 17, la asesinó.
La tarde del 20 de marzo de 2021, la joven pidió permiso para salir al centro de Xonacatlán con su novio. A las pocas horas, Fredy volvió a la casa de Wendy y le dijo a su mamá que su hija se había apartado de él porque había recibido una llamada de su tía. Desde el principio él intentó deslindarse de ‘cualquier cosa que pudiera pasar’ y contó una versión que fue desmentida con pruebas que solicitó la familia.
Después de dos días en los que amistades, vecinos y seres queridos apoyaron a Guadalupe y Héctor, madre y padre de Wendy, en las labores de búsqueda, una conocida dio aviso sobre la localización del cuerpo de la joven en un charco de aguas negras en el paraje de La Manga, cercano a la casa de Fredy. A Wendy la encontraron con los pies desnudos y la ropa rasgada.
La investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio, pero las autoridades incurrieron en irregularidades: no hubo apoyo en la difusión de los boletines de búsqueda, los policías de Xonacatlán hicieron caso omiso a la denuncia de desaparición, algunos funcionarios sugirieron que Wendy estaba en una fiesta y otros dijeron que se había caído y ahogado.
Además de la revictimización institucional y el incumplimiento de protocolos, en los últimos cuatro años Guadalupe y Héctor se han enfrentado a la misma incertidumbre que sienten las familias de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez (5 de febrero de 2015, Lerma, Edomex), Karen Alvarado Mosso (4 de agosto de 2016, Ecatepec, Edomex), “Magui” Ramírez (16 de enero de 2020, San Miguelito, Aguascalientes) y Jalix Rubio Telésforo (26 de marzo de 2022, Temoaya, Edomex) : ¿Qué pasa con el acceso a la justicia cuando los feminicidas de sus hijas, en un máximo de cinco años, son puestos en libertad?
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Las debilidades de la reforma en el sistema de justicia de adolescentes
“No es posible que las autoridades les permitan a los feminicidas gozar de privilegios que ellos mismos le arrebataron a las víctimas. Es indignante y doloroso. Cinco años es una burla”, dice Guadalupe Sevilla sobre la sentencia en el caso de Wendy. Después de dos años de estar prófugo, en marzo de 2023, Fredy fue detenido, vinculado a proceso e ingresado al Centro de Internamiento para Adolescentes en Zinacantepec. Semanas después, en mayo, fue declarado culpable del feminicidio y se le condenó a cinco años de prisión, plazo máximo que establece el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) .
Expedida en junio de 2016, la LNSIJPA se considera la segunda etapa formativa del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) y, por su complementariedad con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), representa un hito en la homologación del régimen jurídico, como resalta la Dra. en Derecho Alicia Beatriz Azzolini Bincaz (UNAM).
El Gobierno de México ha destacado que el propósito de esta legislación es “establecer y definir mecanismos, medidas de sanción, alternativas, órganos, autoridades e instituciones especializadas”. Como explica Juan Martín Pérez García (coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe) a Volcánicas “las y los adolescentes tienen un sistema de justicia diferenciado del mundo adulto por el nivel de desarrollo personal y de recursos, pues todavía hay dependencia psicológica y económica de su entorno inmediato”.
Sobre la reforma de 2016, Ximena Ugarte (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, IMDHD) agrega que no solamente tiene que ver con un enfoque diferencial en las sanciones. “También plantea la posibilidad de que estas poblaciones (12 y menores de 18 años), a las que algunas personas les llaman adolescentes y otras jóvenes adultos, puedan participar en sus actividades y estar en una medida de internamiento en su propia casa o con un familiar”, detalla la abogada, quien pese a explicar que la LNSIJPA “es un mecanismo de política pública planteado en el marco de estándares internacionales del interés superior de infancias y adolescencias” enfatiza que ha representado obstáculos para las familias de víctimas de feminicidio, ya que “las ha dejado más desprotegidas”.
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Estas preocupaciones son compartidas por Perla Blas, coordinadora del colectivo Aquí Estamos. “[Las víctimas indirectas] quedan en una mayor vulnerabilidad porque muchas de ellas tienen como vecinos a los feminicidas o a sus familiares cerca de la zona. Muchas veces tienen que estarse cuidando de amenazas y vivir en incertidumbre. En ningún lado tienen seguridad. Tienen que estar vagando de aquí para allá y en medio de una batalla que parece interminable”, ahonda sobre una problemática en la que el Estado mexicano es deficiente, como reitera Guadalupe Sevilla, mamá de Wendy, en entrevista con Volcánicas.
“Nos hemos tenido que enfrentar a las burlas de los papás del feminicida de mi hija, incluso en audiencias. Tenemos un botón de pánico, pero está desactivado. [Instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV] deberían brindarnos seguridad porque esta persona saldrá [de la cárcel] en un par de años y [las autoridades] no se ponen a pensar eso, en que mi familia y yo corremos peligro porque [los feminicidas] nos agarran coraje. Las cosas no terminan con las sentencias. Las familias tememos por nuestras vidas”.
“Empezamos a investigar a finales de 2018 y a recabar más información cuanti y cualitativa a partir de 2019. En esa primera etapa no identificamos como foco rojo esta situación. Pero desde 2022 hemos observado un aumento de los casos y hemos detectado que [los perpetradores] no se limitan a los novios o las exparejas. Hay otras relaciones, como las de parentesco, en las que son hermanos o hermanastros. También tenemos datos que apuntan que el rango de edad de la comisión de este delito es entre los 15 y 17 años”, precisa Blas sobre el incremento de los feminicidios contra menores de edad cometidos por menores de edad en los últimos tres años.
A la brevedad de las medidas privativas, la coordinadora de Aquí Estamos suma que la LNSIJPA no contempla las particularidades del feminicidio, lo que también ha provocado que se juzgue a los perpetradores como homicidas y, por ende, profundice el subregistro en los crímenes de odio contra mujeres. Por su parte, al reflexionar en casos como el de Jalix Rubio Telésforo, Ximena Ugarte señala que los enfoques de los procesos penales suelen ser limitados.
“En el sistema de justicia para adolescentes quien lleva toda la investigación es un Ministerio Público especializado, pero todo está muy enfocado en el perpetrador, el adolescente o adulto joven […] Las víctimas de personas menores de 18 años quedan al azar porque los ministerios públicos de este sistema no tienen otros enfoques, como el de género, interculturalidad o diversidad sexual. No tienen un enfoque para las víctimas”.
Madres como la de Fátima Quintana, Karen y Erik Mosso, Lorena Gutiérrez y Sacrisanta Mosso, también han enfatizado que los vacíos de la LNSIJPA se traducen en “beneficios para los asesinos” y constituyen un mensaje profundamente permisivo y cómplice con la violencia patriarcal. “Una constante que vemos es que el hombre comete un feminicidio porque sabe que puede y que no va a pasar nada”, añade Perla Blas para recordar que en México la impunidad en este delito es del 76% y que de los 299 feminicidios de niñas y adolescentes registrados por Aquí Estamos sólo ha habido ocho sentencias.
Discusiones necesarias sobre la reparación del daño: escuchar las demandas de las víctimas indirectas de feminicidio
Además de la desprotección en la que quedan las familias cuando los feminicidas salen de prisión y la falta de enfoques integrales de los ministerios del sistema de justicia para adolescentes, lo que ha llevado a colectivos de madres a exigir la modificación de los Códigos Penales locales para sancionar acorde a la gravedad del delito es el tema de la reparación del daño, central en la Ley General de Víctimas (2013) y derecho reconocido en el artículo primero constitucional, como recupera Ximena Ugarte.
Si bien el artículo 60 de la LNSIJPA menciona que “la persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima u ofendido” mediante el trabajo material, el pago en dinero o especie o el pago en dinero con cargo a los ingresos laborales, casos como el de Sacrisanta Mosso, que ha denunciado que el feminicida de su hija Karen y homicida de su hijo Erik, su sobrino Luis “E”, sólo le ofreció una bicicleta usada como garantía, sigue evidenciando las fallas en esta medida.
“La reparación integral del daño es un problema generalizado del sistema penal y es muy complejo […] Lo que pasa con esta situación en específico es que seguramente una persona menor de 18 años no va a tener los recursos económicos para pagar una reparación […] Me parece que un debate interesante en materia es que si se trata de una reparación monetaria sea trasladada esa obligación […] Es una discusión muy relevante porque, finalmente, la conducta es individual […] Si estamos hablando de un nuevo sistema de justicia para adolescentes o de un sistema en particular, pensemos también en cómo un adolescente o adulto joven podría acercarse a una medida de no repetición o compensación”, profundiza Ugarte.
Desde la perspectiva de Claudia Alarcón Zaragoza, investigadora especialista en juventudes y prevención del delito, las conversaciones respecto a estas medidas tienen que encontrarse en el centro, pues “pensar en el daño nos permite ver todo lo que omite el Estado con las poblaciones afectadas y las políticas públicas que no han respondido a sus necesidades”. Al respecto, Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, rescata que una de las deficiencias de la LNSIJPA es que el Estado mexicano “no ha cumplido con su compromiso institucional de contar con medidas socioeducativas contra la violencia hacia las mujeres”.
Alarcón Zaragoza agrega que es necesario que se cuenten con análisis más robustos y situados. “Si pensamos en adolescentes que están cometiendo delitos de alto impacto en los últimos cinco años, hablamos de que las cifras crecieron exponencialmente […] La experiencia del delito es cada vez más violenta […] Hay que ver qué es lo que está pasando en el contexto nacional y en el contexto de la cotidianidad y dejar de pensar que el mundo de las y los adolescentes es un mundo aislado”.
Por su parte, Ximena Ugarte y Perla Blas insisten en que no se deben minimizar las preocupaciones y demandas de los colectivos de madres y familias de víctimas de feminicidio. Es urgente facilitar espacios de diálogo en los que se problematice que, pese a su importancia en los marcos normativos, la LNSIJPA está representando un obstáculo en el acceso a la justicia.
“Opino que se debería generar un análisis de la penalidad cuando hablamos de delitos graves. No con eso estoy diciendo que [a los perpetradores menores de edad] se les juzgue como adultos. Pero sí debería haber una diferenciación por la gravedad del delito, por su impacto público y social”, sostiene la asesora jurídica del IMDHD.
“Es necesario que se reforme la LNSIJPA porque el contexto social de violencia está cambiando […] También es importante replantear la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). Hemos insistido en que le hace falta un apartado específico para los feminicidios que cometen menores de edad contra las menores de edad […] El argumento de las penas máximas de cinco años es que [los feminicidas] tienen derecho a rehacer su vida, a reivindicarse en sociedad y ser personas de bien, [pero] la respuesta de las familias de las víctimas es que sus hijas tenían derecho a vivir y ellos se lo quitaron […] Por eso las mamás siempre están al pendiente, para verificar que [las autoridades] no les salgan con alguna cosa. Ellas no descansan. Para ellas, las cosas no terminan cuando meten a la cárcel a los feminicidas”, recalca la coordinadora de Aquí Estamos.
