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Desde muy joven Juana Quispe se había dedicado a la defensa e los derechos de su población, llegando a ser elegida como secretaria general y portavoz y, luego, en la presidenta de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de la Paz “Bartolina Sisa”. En 2010, tras presentarse en las elecciones municipales, se convirtió en la primera mujer concejala de Ancoraimes. Fue aquí cuando comenzó la discriminación y violencia en su contra. El 13 de marzo de 2012, el cuerpo de Juana Quispe fue encontrado con signos de estrangulamiento en Orkojahuira, un municipio de La Paz. Quispe interpuso distintas denuncias contra Huanca y declaró estar siendo presionada y amenazada para dejar de ejercer su cargo.
Dos días antes, Quispe había participado en un evento organizado por la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) donde expresó que había recibido amenazas en las que le decían que le harían “justicia comunitaria”. “Dicen que me van a matar y me van a quemar”, denunció. Esta no era la primera vez que se pronunciaba sobre los hostigamientos que Huanca y allegados a su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), efectuaban en su contra. En 2011 advirtió haber recibido amenazas de muerte y anunció que estaba “dispuesta a morir” y no rendirse.
En un principio, la Fiscalía General del Estado de Bolivia rechazó las denuncias de feminicidio, alegando que Quispe había sido víctima de un robo. Sin embargo, ninguna de sus pertenencias fueron hurtadas y se encontraron al lado de su cuerpo. Por esto, Josefina Velasquez Correa, presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), se pronunció contra las trabas y las demoras de la investigación por feminicidio. “Ella vivió el acoso y la violencia física y lo denunció. Al hacerlo nuestra hermana sufrió el acoso de parte de su alcalde y colegas concejales […] Le dijeron que iba a pagar con su vida; y se cumplió”, señaló.
Su asesinato impulsó la creación de la Ley 243 de Protección contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia con el fin de establecer “mecanismos de prevención, atención y sanción” contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Sin embargo, tuvieron que pasar cerca de 12 años para que los responsables de este crimen fueran sancionados.
Fue hasta el 11 de enero de este año que Inés Tola, jueza titular del Tribunal leyó la fundamentación en la que se impuso la pena máxima del país a Félix Huanca y Pastor Cutile. El juicio comenzó en febrero de 2023 y finalizó este 9 de enero tras el aplazamiento del veredicto por razones personales de la jueza. En este, también se condenó a la exconcejala Basilia Ramos Calisaya a 15 años de prisión por encubrimiento y a Exalta Arismendi Villavicencio a dos años por los cuales recibió perdón judicial.
“Por fin se ha hecho justicia, que su alma descanse en paz”, manifestó Margarita Quispe, hermana de Juana, tras atender al juicio y escuchar la sentencia. Además de que la condena llega 11 años tarde, todavía se encuentra en primera instancia, por lo que se teme que pueda ser apelada y termine con la reducción de la pena para los culpables.
