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Tras varios días de intensas lluvias e inundaciones, Córdoba y otros departamentos del Caribe y noroccidente colombiano enfrentan un momento crítico. Miles de personas han perdido sus hogares, bienes y medios de subsistencia. En respuesta a la gravedad de la situación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó este jueves la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Córdoba y otros siete departamentos del país (Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó).
La emergencia se originó la primera semana de febrero, con la llegada de un frente frío con lluvias inusualmente intensas para esta época del año. Ríos como el Sinú y sistemas de regulación hídrica superaron su capacidad, causando inundaciones devastadoras en municipios como Montería, Lorica, Cereté, San Pelayo y Tierralta. Según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las precipitaciones registraron aumentos de hasta 1.600% sobre lo esperado para febrero, desbordando infraestructuras y sistemas de prevención.
Las inundaciones han dejado decenas de miles de familias afectadas. Se estima que son más de 250.000 las personas damnificadas y 40.000 hectáreas de tierra afectadas. Al menos 14 personas han muerto. Aún es incalculable la destrucción de miles de viviendas, además de los graves daños a la infraestructura vial, servicios públicos y cultivos.
La medida quedó establecida en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, con vigencia de 30 días calendario, y permitirá al gobierno reasignar presupuesto, movilizar recursos, tomar decisiones excepcionales para atender la crisis sin la traba de trámites ordinarios, crear medidas de financiación extraordinarias, establecer contribuciones temporales y desarrollar acciones directas de atención, asistencia y reconstrucción en los territorios más afectados por las lluvias, inundaciones y daños ecológicos y sociales.
Aunque la situación se debe al fenómeno climático, el megaproyecto de la represa de Urrá ha sido señalado como factor agravante de la emergencia. Incluso el presidente Gustavo Petro, quien nació en este departamento, criticó públicamente la construcción y gestión de la represa.
La represa Urrá I
La represa Urrá I, construida a mediados de los noventas e inaugurada en el 2000 sobre el río Sinú, ha sido objeto de serios cuestionamientos por las afectaciones sociales y ambientales derivadas de su construcción. El embalse inundó territorios ancestrales del pueblo indígena Embera Katío del Alto Sinú, alteró sus formas tradicionales de pesca y sustento, y transformó de manera estructural el ecosistema del río, modificando sus ciclos naturales de creciente y sedimentación. Estas intervenciones no solo afectaron la biodiversidad de la cuenca, sino que también reconfiguraron la relación histórica entre las comunidades ribereñas y el agua, generando desplazamientos, disputas jurídicas y órdenes de protección por parte de la Corte Constitucional. Desde entonces, Urrá ha permanecido en el centro del debate sobre desarrollo energético, derechos territoriales y gestión ambiental en el Caribe colombiano.
La función principal del embalse es generar energía hidroeléctrica y regular el caudal de agua del río; sin embargo, ante la emergencia, Urrá aumentó las descargas hacia el río Sinú para evitar que el embalse se desbordara o pusiera en riesgo su infraestructura; esto implicó sacar más agua río abajo y aumentar el caudal del Sinú en zonas bajas. Es decir, que para proteger la seguridad de la infraestructura se contribuyó a la alta creciente aguas abajo en municipios como Montería o Lorica.
El Gobierno Nacional y varios expertos han señalado que el embalse estaba con niveles de agua más altos de lo recomendado, antes de que comenzaran las lluvias más intensas, lo que podría haber reducido su capacidad de contención ante la emergencia.
El pueblo Embera Katío ya lo había advertido
La historia de la represa Urrá no puede desligarse de uno de los episodios más dolorosos para el pueblo Embera Katío del Alto Sinú: el asesinato de su líder Kimy Pernía Domicó. A finales de los años noventa, Pernía se convirtió en una de las voces más visibles en la denuncia de los impactos sociales y ambientales del embalse, señalando la inundación de territorios ancestrales, la afectación de la pesca y el riesgo para la supervivencia cultural de su comunidad. En junio de 2001 fue desaparecido forzosamente en Tierralta, Córdoba; posteriormente se estableció que fue asesinado por las Autodefensas Gaitanitas de Colombia (AUC), estructuras paramilitares que operan en la región. Su muerte se ha convertido en un doloroso símbolo de la convergencia entre megaproyectos, disputa territorial y violencia armada en el Caribe colombiano, un trasfondo que hoy reaparece en el debate público cada vez que el río Sinú y la represa Urrá vuelven al centro de una emergencia.
Iniciativas ciudadanas
Artistas cordobesas como las cantantes Adriana Lucía y su hermana Martina la Peligrosa, la escritora Virginia Petro de León y su hermana, la periodista Irina Petro de León, en articulación con organizaciones sociales y sociedad civil, se encuentran movilizando recursos y ayuda humanitaria para quienes más lo necesitan, con iniciativas como Córdoba renace. Se reciben aportes en dinero en las llaves: IPD102 y DAVIPORROCK.
