Por 
El 16 de mayo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el estado de El Salvador es responsable de la desaparición forzada de la activista Patricia Emilie Cuéllar Sandoval durante el conflicto armado (1980-1992).
Desde 1975, Patricia Cuéllar militó en los movimientos cristianos. Entre 1979 y 1980 fue secretaria de la Oficina del Socorro Jurídico, institución creada para apoyar a familiares y víctimas de desaparición y tortura. El día de su desaparición (28 de julio de 1982), también desaparecieron su padre, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, empleada doméstica de la familia.
El 27 de julio de 1982, Patricia denunció que, mientras viajaba en auto por las calles de San Salvador, cuerpos de seguridad vestidos de civiles la persiguieron. De acuerdo con la Corte IDH, la violencia contra la activista es rastreable desde 1978. Entre agosto y septiembre de ese año, 50 agentes de la Policía Nacional (también vestidos de civiles) allanaron su domicilio y la fotografiaron. Casi 2 años después, el 5 de julio de 1980, elementos de las Fuerzas Armadas entraron a la fuerza a su lugar de trabajo.
Por más de 4 décadas, familiares de Patricia, Mauricio y Julia denunciaron que las 3 desapariciones fueron planificadas por el Ejército salvadoreño y los escuadrones de ultraderecha que consideraban al movimiento cristiano un grupo subversivo por su labor en la defensa de los derechos humanos.
Pero el caso de Patricia y su familia no es aislado. Entre 1980 y 1991, la desaparición forzada fue una de las mayores violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Como parte de la firma de los acuerdos de paz (1989-1992), en julio de 1992 se creó la Comisión de la Verdad para investigar casos como el de Patricia, Mauricio y Julia. Esperamos que el estado salvadoreño reconozca y cumpla sus responsabilidades con otras familias y víctimas indirectas del conflicto armado y garantice su derecho al acceso a la verdad, justicia y reparación.
