El feminismo abolicionista que apoya a las trabajadoras sexuales

La exigencia de que nadie sea enjaulado es antigua. Décadas antes de que la población carcelaria de EE. UU. alcanzara los dos millones y el concepto de “encarcelamiento masivo” entrara en el léxico público, las organizadoras feministas antirracistas pidieron el fin de la criminalización y el confinamiento.

Hace unos años, mientras conversaba con una compañera feminista española blanca sobre cómo el feminismo debe abarcar otros frentes si busca liberar a todas las mujeres, me dijo: “el feminismo no es la madre de todas las luchas”. Eso me afectó demasiado, porque, como alguien que se identificaba como mujer en ese momento, estaba (y todavía estoy) afectada por otros problemas como la anti-negritud, el racismo y el capacitismo, no solo por la misoginia. Como joven feminista, no podía entender la posición de quienes decían que luchaban por las mujeres pero decidían al mismo tiempo que los hombres negros son todos violadores, que las sentencias más largas son la solución al sexismo y sus problemas y que el racismo es un tema de segundo plano. Para mí, el racismo fue y es todo. En ese entonces ya sabía que cada vez que to entraba a una tienda, los blancos no me veían como una mujer, sino como una criminal en potencia, de la misma manera que ven a los hombres negros, y que a mí me afectarán las mismas penas que las feministas pretenden aplicar a los hombres. 

Sin embargo, hay una razón por la cual el feminismo dominante está tan preocupado por castigar y encerrar a los infractores, y esa razón es la blancura. El Complejo Industrial Penitenciario (que abarca no solo prisiones sino también instituciones psiquiátricas, policíacas, gobiernos y control fronterizo) ya se ha discutido varias veces. Según el grupo abolicionista Critical Resistance: “El Complejo Industrial Penitenciario (PIC) es una frase que usamos para caracterizar los intereses superpuestos del gobierno y la industria que despliegan el monitoreo, la policía y el encarcelamiento como soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos”. Al identificar el PIC, podemos comprender mejor la vasta red de personas y organizaciones interesadas en el encarcelamiento masivo y cómo funciona para obstruir las prisiones y promover el encarcelamiento masivo. Fueron las mujeres fuertes, blancas (y predominantemente supremacistas blancas) quienes se organizaron para crear el movimiento feminista tal como lo conocemos hoy. Por lo tanto, no es casualidad que el feminismo contemporáneo trabaje para defender un Complejo Industrial Penitenciario ampliado, hasta el punto de pensar en cárceles feministas, como lo hizo Gloria Steinem en una carta al alcalde de Nueva York. En contraste con el feminismo por la abolición del trabajo sexual, nos referimos a ese movimiento pro PIC como feminismo carcelario.

Una ideología conocida como feminismo carcelario utiliza la legitimidad de los movimientos feministas para ampliar el alcance de la autoridad del Estado y defiende el sistema de justicia penal como el único, o principal, árbitro de la justicia por violencia de género. Esto se logra mediante el aumento de los gastos para la policía y las prisiones, la ampliación de las definiciones de actividad ilegal y la promoción de penas de prisión más largas. Esta perspectiva, sin embargo, pasa por alto el papel crucial que juega el estado tanto en la creación, como en la respuesta, a la violencia sexual y de género; El 40 % de los agentes de policía de EE. UU. también son abusadores domésticos, y el personal penitenciario es responsable del 50 % de todas las violaciones que ocurren en las cárceles y prisiones de todo el país. Según lxs organizadorxs de INCITE!: “la policía no solo no protege con frecuencia a las mujeres de color y a las personas trans de color de la violencia interpersonal y comunitaria, sino que también perpetra más violencia contra nosotras, incluso cuando responde a las llamadas de ayuda. Las mujeres inmigrantes que han llamado a la policía para intervenir en la violencia doméstica han sido arrestadas y deportadas”.

La socióloga feminista estadounidense Elizabeth Bernstein utilizó por primera vez el término “feminismo carcelario” en su artículo de 2007 La política sexual del “nuevo abolicionismo”. En su análisis del actual movimiento en contra la trata de personas en los EE. UU., Bernstein acuñó la frase para referirse a cierto tipo de activismo feminista que ve todos los tipos de trabajo sexual como trata sexual. Ella cree que esto es un paso atrás y que debilitará los derechos de las mujeres que trabajan en el negocio del sexo, desviando la atención de otras preocupaciones cruciales del feminismo y promoviendo la agenda neoliberal.

La construcción agresiva del sistema penitenciario, que ha permitido y justificado el encarcelamiento masivo, también fue impulsada por campañas feministas carcelarias, como la exigencia de sentencias más largas para quienes cometen crimenes sexuales, u organizaciones como af3irm o CATW que activamente buscan penas mas largas para consumidores del trabajo sexual. Las prisiones están abarrotadas hasta el punto de su capacidad en todo el mundo y los reclusos han soportado durante mucho tiempo circunstancias terribles y estándares de atención médica descaradamente inferiores. Debido a que las cárceles se han convertido en caldo de cultivo para el virus durante la pandemia por COVID-19 en los Estados Unidos, los efectos fatales de estas enfermedades preexistentes han salido a la luz. En comparación con la población general, las instalaciones penitenciarias tienen tasas de infección y muerte desproporcionadamente altas debido a la falta de acceso a artículos de higiene personal, equipo de desinfección adecuado y la incapacidad de los reclusos para distanciarse físicamente. Los sobrevivientes que buscan justicia y asistencia por violencia doméstica en medio de la crisis de salud pública ahora además deben tener en cuenta que ir a la policía y denunciar a su abusador puede resultar en el arresto y posible ejecución de esa persona. Llamar a la policía es ahora una opción aún más arriesgada.

La autora feminista Lola Olufemi señala que los feminismos carcelarios han “hecho mucho para desinfectar la imagen de la vigilancia, reduciendo la capacidad de las personas para cuestionar por qué el Estado ha elegido este enfoque de ley y orden (para la pandemia) en lugar de garantizar que los sobrevivientes y las comunidades enteras reciban los recursos necesarios, las redes de seguridad y el apoyo financiero que pueden mantenerlos a salvo, y hacer que el distanciamiento social sea una posibilidad”. Además, explica que el feminismo carcelario “nos pide que confiemos en el gobierno y su enfoque, lo que implícitamente significa confiar en la carcelería. Al negarse a dar una respuesta más allá de la policía, el feminismo carcelario atrapa a las sobrevivientes que no pueden y no quieren involucrarse con el sistema de justicia penal en situaciones de las que no pueden escapar”.

Uno de los componentes claves del feminismo carcelario es la persecución de las trabajadoras sexuales con la llamada abolición del trabajo sexual para una supuesta “liberación de las mujeres explotadas”. Es cierto que las trabajadoras sexuales son explotadas, pero lo son de la misma manera que las trabajadoras domésticas, e incluso cualquiera en la cadena de la clase trabajadora. No hay mano de obra no explotadora bajo el capitalismo y todos ponemos nuestro cuerpo en el juego. Pero ¿por qué las feministas carcelarias están tan obsesionadas con las trabajadoras sexuales?

Esto no es un accidente. La mayoría de las personas negras no tenían acceso a recursos o empleo cuando terminó la esclavitud, por lo que muchas de ellas recurrieron al trabajo sexual para llegar a fin de mes. La policía, que era una consecuencia natural del sistema de vigilancia de la esclavitud, los observó y los atacó.

El trabajo sexual está penalizado en todo Estados Unidos, por lo general como un delito menor. De manera similar a la forma en que Estados Unidos trata y criminaliza el consumo de drogas, la vigilancia del trabajo sexual exacerba el estigma, compromete el acceso a los recursos, justifica la violencia y está impregnada de disparidades raciales. Las mujeres de color, especialmente las niñas y mujeres negras cisgénero y transgénero, son las más vulnerables. Debido a que el trabajo sexual y el tráfico sexual son confundidos, las intervenciones se centran en abolir la industria del sexo en lugar de eliminar los problemas estructurales que impulsan la explotación.

Las fuerzas del orden con frecuencia se involucran en actos de violencia contra las trabajadoras sexuales, incluidos el perfilamiento, los registros al desnudo, el descarte de condones y las relaciones sexuales forzadas y bajo coacción. Un historial de uso de drogas y trabajo sexual hace que alguien sea más susceptible a la agresión sexual por parte de las fuerzas del orden. Las mujeres negras son vistas como objetivos principales porque están sobrecontroladas, son pobres y residen en áreas racialmente segregadas.

La violencia sexual es el segundo caso de mala conducta policial denunciado con mayor frecuencia después del uso de la fuerza, a pesar de que las agresiones sexuales no se denuncian gravemente. Según la Oficina de Programas de Justicia de Estados Unidos, el 32% por ciento de las personas transgénero negras informan haber sido agredidas sexualmente mientras están bajo custodia policial o en la cárcel. Según un estudio diferente, llamado Trabajo significativo (Meaningful Work), aproximadamente el 40 % de las personas transgénero negras y negras multirraciales que se han involucrado en actividades sexuales han experimentado acoso, violencia y arresto generalizados.

Los feminismos carcelarios contra el trabajo sexual abusan del marco de las feministas negras para perseguirlas. El “abolicionismo” fue originalmente un movimiento global de activistas, en su mayoría negros, para abolir el sistema carcelario/policial/prisión/esclavitud y las feministas blancas tomaron ese nombre y lo aplicaron al feminismo carcelario. Hay un gran énfasis en la vigilancia, incluida la vigilancia fronteriza, como la “solución” al trabajo sexual. Este es el caso incluso de algunos países de izquierda: “En Uruguay, la policía no ha sido una preocupación prioritaria en materia de gestión pública. Al contrario, desde siempre se ha asumido que la misma es el actor principal de la seguridad y en ella se han delegado las funciones esenciales para la prevención y el control del delito”, escribe Rafael Paternain. Las instituciones policiales y fronterizas pueden parecer naturales o inevitables, pero son invenciones recientes. Sus formas modernas datan sólo del siglo XIX, y una mirada a su historia ilumina su presente.

Como reacción a una clase obrera urbana inquieta que se agitaba contra las malas condiciones laborales y de vida, se establecieron fuerzas policiales profesionalizadas en el norte de los Estados Unidos y el Reino Unido a principios del siglo XIX. Para evitar la creación de mártires de la clase trabajadora, y una mayor radicalización del público, el estado buscó un mecanismo para poner fin a las crecientes reuniones, mítines y huelgas sin que eso implicara “enviar al ejército”, como describe el historiador David Whitehouse. Con el fin de salvaguardar los intereses del capitalismo y el estado, la policía fue creada para infligir una violencia mayoritariamente no letal. La situación actual no es tan diferente, con casos como el McDonalds, en donde la policía, utilizando el “permiso del presidente de McDonald” como justificación, detuvo a varios empleados del restaurante que exigían más salarios.

Los controles de inmigración de hoy también son en gran medida un producto del siglo XIX. Se basan en ideas de inferioridad racial propagadas por los europeos blancos para justificar la esclavitud y el colonialismo. Los refugiados judíos que llegaron a Gran Bretaña en las décadas de 1880 y 1890 se encontraron con un aumento del antisemitismo: los tratados antisemitas afirmaban en ese momento que “el tráfico de blancas se lleva a cabo en todas partes por judíos”. Este pánico racista condujo a la promulgación de la Ley de extranjería de 1905, que contenía las primeras medidas contra la inmigración reconociblemente modernas en Gran Bretaña. En Estados Unidos las primeras restricciones federales a la inmigración incluyeron la Ley Page de 1875, la Ley de exclusión de chinos de 1882 y la Ley Scott de 1888, dirigidas a los inmigrantes chinos (en particular a las trabajadoras sexuales) y dedicaron recursos sustanciales a tratar de distinguir a las esposas de las prostitutas.

El feminismo carcelario ocupa un lugar preponderante en los debates sobre el comercio sexual. Las comentaristas feministas pronuncian que “debemos fortalecer el aparato policial”; que la criminalización es “la única manera” de acabar con el comercio sexual y que cierta criminalización puede ser relativamente “benigna”. La feminista contra la prostitución estadounidense Catherine MacKinnon, incluso escribe con aprobación ambivalente sobre el “tiempo breve en la cárcel” para las prostitutas sobre la base de que la cárcel puede ser “un respiro de los proxenetas y la calle”. Cita a feministas de ideas afines que argumentan que “la cárcel es lo más parecido que muchas mujeres que ejercen la prostitución tienen a un refugio para mujeres maltratadas” y que, “teniendo en cuenta la ausencia de cualquier otro refugio o refugio, la cárcel proporciona un refugio seguro temporal”.

Sobre su tiempo en prisión, la Dra. Angela Yvonne Davis dijo en una entrevista:

“Una de las cosas que recuerdo muy claramente de mi encarcelamiento en Nueva York hace veintisiete años es que arrestaban continuamente a un gran número de trabajadoras sexuales. Durante mis seis semanas en la Casa de Detención de Mujeres de Nueva York, me sorprendió el hecho de que los jueces tenían muchas más probabilidades de liberar a las prostitutas blancas bajo su propia responsabilidad que a las prostitutas negras o puertorriqueñas. Casi el noventa por ciento de los presos en esta cárcel, algunos de los cuales esperaban juicio como yo y otros cumplían sentencias, eran mujeres de color. Las mujeres hablaron mucho sobre las diversas formas en que se manifestaba el racismo en el sistema de justicia penal. Hablaron sobre la forma en que la raza determinaba quién iba a la cárcel y quién se quedaba en la cárcel y quién no. Durante el poco tiempo que estuve allí, vi entrar a un número significativo de mujeres blancas acusadas de prostitución. La mayoría de las veces serían liberados en cuestión de horas”.

También afirmó que el trabajo sexual debe ser despenalizado:

“La continua criminalización de la industria del sexo es en parte responsable del creciente número de mujeres que ingresan a las cárceles y prisiones. Este fenómeno de expansión exponencial de las poblaciones carcelarias es parte del complejo industrial penitenciario emergente. No solo las poblaciones de cárceles y prisiones están aumentando a un ritmo increíble, sino que las corporaciones capitalistas ahora también tienen un mayor interés en la industria del castigo. Se están construyendo más prisiones, más empresas utilizan mano de obra penitenciaria, se privatizan más prisiones. Al mismo tiempo, más mujeres van a prisión, se crean más espacios para mujeres y, como resultado, un número cada vez mayor de mujeres irá a prisión en el futuro”.

Estados Unidos tiene la tasa más alta de encarcelamiento de mujeres en el mundo. Solo el 4 % de la población femenina mundial vive en los EE. UU., pero los EE. UU. representan más del 30 % de todas las mujeres encarceladas. Entre 1977 y 2004, el número de mujeres en las cárceles de los Estados Unidos hizo que se ampliara el sistema penitenciario en general. Los legisladores y las autoridades penitenciarias utilizan cada vez más la “sensibilidad de género”, la noción de que las prisiones pueden diseñarse para responder a las necesidades de las mujeres y los niños, para ampliar los presupuestos penitenciarios y justificar la construcción de prisiones.

Las mujeres, especialmente las mujeres y niñas racializadas, son habitualmente criminalizadas por sobrevivir. En 1975, Dessie Woods fue procesada por defenderse de una violación por parte de un hombre blanco en la zona rural de Georgia. Hoy vemos el legado de criminalizar la supervivencia y los sobrevivientes en los casos de Marissa Alexander, Bresha Meadows y muchos otros. Casi el  60% de las personas en prisiones de mujeres en todo el país, y hasta el 94% de algunas poblaciones de prisiones de mujeres, tienen antecedentes de abuso físico o sexual antes de ser encarceladas. Las mujeres negras tienen casi tres veces más probabilidades de morir a manos de una pareja actual o expareja que otras mujeres.

Lamentablemente, el feminismo carcelario ha ganado popularidad a pesar de que la policía, y el sistema de justicia penal en general, son perpetradores clave de la violencia contra las mujeres. El encarcelamiento y la vigilancia socavan la justicia reproductiva y económica, poniendo en peligro a mujeres y niños a través del distanciamiento y la expulsión, la violencia policial y servicios inadecuados de salud mental y reproductiva para mujeres embarazadas en prisión. El encarcelamiento crea precariedad económica al drenar los recursos de las familias (a través del sistema de fianzas, el precio exorbitante de las llamadas telefónicas de la prisión, la pérdida de ingresos y empleos debido a las fechas en los tribunales y otros requisitos procesales de castigo penal, multas, etc.), socavando las perspectivas de empleo, y subvirtiendo los derechos de los trabajadores.

El feminismo anticarcelario revela que el poder punitivo está anclado en los enfoques patriarcales de la seguridad y la violencia, de ahí la necesidad de desviar las respuestas a la violencia estatal e interpersonal del estado carcelario al potencial transformador de las respuestas comunitarias arraigadas en el cuidado.

La política anticapitalista también jugó un papel clave, ya que las feministas anticarcelarias identificaron la expansión del poder estatal punitivo como algo entrelazado a las agendas del capitalismo racial, el proceso de derivar valor de la identidad racial de otros, daña a los individuos afectados y a la sociedad en su conjunto, como bien lo definió Cedric Robinson.  Al centrarse en las experiencias de mujeres criminalizadas y encarceladas, esta formación feminista reveló cómo disciplinar el género y la sexualidad de racializados fue crucial en la producción del poder carcelario, empujando al floreciente movimiento abolicionista de las prisiones a integrar la política feminista.

Al mismo tiempo, las feministas anticarcelarias y antipoliciales desafiaron las tendencias liberales del movimiento feminista dominante que no logró cuestionar cómo el patriarcado estaba entrelazado con otros sistemas de opresión y cómo la violencia de género interpersonal se situaba dentro de las estructuras de violencia estatal.

El estado carcelario también amenaza los futuros feministas al consumir recursos que de otro modo se dedicarían a la vida social: cuidado de niños, medio ambiente, educación, vivienda, atención médica y otras instituciones que producen seguridad material y dignidad. La organización feminista abolicionista por la que luchamos contrarresta fundamentalmente la lógica y las prácticas del “feminismo carcelario”, la corriente de la política feminista que sostiene que la mejor estrategia para remediar la violencia sexual, y otras formas de violencia interpersonal de género, es aumentar el poder punitivo del Estado.

El Feminismo Abolicionista del sistema carcelario y punitivista nos invita a plantearnos el mundo que queremos y cómo podríamos organizarnos para construirlo. Sostiene que la violencia interpersonal y estructural deben abordarse juntas, combinando el análisis crítico con la praxis para la transformación social, en lugar del castigo por el control social. Un mundo libre real sería aquel en el que no existen prisiones y en el que la justicia no equivale a enjaular a los demás.

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