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Lo que comenzó como una investigación y denuncia de irregularidades en la formación de cirujanos plásticos en Colombia hace una década se volcó a una campaña sostenida de acoso, amenazas y hostigamiento judicial. Volcánicas tuvo acceso a los correos amenazantes y documentos del caso que constituyen acoso judicial machista contra la periodista. Los hostigamientos incluyen seguimiento físico y mensajes que atacan su apariencia física y sus capacidades profesionales, reforzando estereotipos patriarcales. Un diferencial que se debe nombrar, pues no se ataca solo el ejercicio periodístico de denuncia, sino a la periodista, por ser mujer.
En 2015, la periodista Lorena Beltrán fue víctima del médico Francisco Sales Puccini, al realizarse una reducción mamaria. Después del procedimiento, Beltrán descubrió que el médico tenía un título de la Universidad Veiga de Almeida, en Brasil, que había sido convalidado en tiempo récord. Junto a la periodista Johana Fuentes, encontraron que al menos 42 médicos colombianos habrían obtenido presuntamente títulos de corta duración en Brasil, convalidados por el Ministerio de Educación de Colombia como especialidades.
En 2017, Beltrán inició un proceso civil contra Sales Puccini, que fue decidido a su favor en segunda instancia. En esa decisión se ordenó al médico indemnizarla económicamente por los perjuicios ocasionados. Posteriormente, el médico se acogió a un proceso de insolvencia, por lo que aún no ha sido reparada.
De manera paralela, y como resultado de las remisiones realizadas por el Ministerio de Educación a la Fiscalía, en 2017 seis de los médicos incluidos en el listado fueron imputados por fraude procesal y falsedad en documento privado; esas investigaciones culminaron con condenas en segunda instancia en 2023. Otros 11 médicos fueron condenados en primera instancia; de ellos, 8 fueron absueltos por duda en segunda instancia en diciembre de 2025. Los 25 restantes, aunque mencionados en la investigación periodística, no han sido llamados a juicio.
En mayo de 2025, Lorena Beltrán y la también periodista Johana Fuentes publicaron un video con la actualización del caso en sus redes sociales, recordando los nombres de los 42 médicos cuyos expedientes fueron remitidos a Fiscalía por el Ministerio de Educación, haciendo énfasis en los 25 que aún no habían sido llamados a juicio. Tras la publicación del video, se desató una nueva ola de hostigamientos y acciones judiciales en su contra, intensificando un patrón de litigio que ya se venía presentando a lo largo de los últimos años.
Correos amenazantes
Beltrán y Fuentes empezaron a recibir mensajes anónimos cargados de misoginia, humillación corporal y referencias a vigilancia. El 8 de septiembre Fuentes recibió un correo electrónico desconocido que decía:
“¿Por qué se viene un programa a nivel internacional que no la deja muy bien parada a usted y a Lorena Beltrán?. Por distorsionar información difamatoria. Una cosa es dar un “replay” y otra cosa es afirmar algo falso sin confirmar! Las tengo vigiladas! Y esto no es amenaza es advertencia o como dirían ustedes “libertad de expresión”.
El 26 de septiembre las periodistas recibieron un correo desde una dirección que simula ser un correo de la Universidad Veiga de Almeida, refiriéndose a uno de los médicos cuyos títulos fueron cuestionados y remitidos a la Fiscalía por el Ministerio de Educación y que no ha sido condenado ni llamado a juicio. Se trata de Ismael Romero, el médico mencionado en el reporte Coronell del periodista Daniel Coronell, el 4 de febrero, y quien ya estuvo arrestado en Estados Unidos en 2014 por ejercer sin licencia. Volcánicas tuvo acceso a este y otros correos amenazantes:
“El Dr. Ismael Romero nos autorizó a enviar toda esta información y la decisión final del juez a todos nuestros médicos asociados y a todos los canales relacionados. Lo siento por ustedes, Lorena Beltrán y Johana Fuentes, sus carreras están en declive. El próximo video que vamos a presentar es con los directores de la UVA. Pronto llegará la demanda legal de Brasil y EE. UU”, decía el mensaje.
En el mismo correo se adjuntaron documentos acusando a las periodistas de orquestar una campaña de desprestigio, de obtener sus títulos universitarios de forma irregular, de “traficar títulos falsos”. Beltrán es llamada “asesina”, por supuestamente provocar, con su trabajo de denuncia, un aborto a la esposa del médico.
En julio de 2025, Romero les pidió una rectificación del video y, posteriormente, presentó una tutela contra ambas, que fue declarada improcedente en primera instancia, pero el fallo fue revocado en segunda instancia, obligando a las periodistas a hacer una rectificación pública. En este segundo fallo, el juez sostiene que las periodistas afirman en el video que este médico tenía un título ilegal; sin embargo, esto no es lo que se dice en el video.
Ese mismo día, justo después de publicar la rectificación que les exigía el fallo en segunda instancia, las periodistas recibieron otro correo con copia al abogado de este médico, que incluía ataques misóginos y referencias al físico de las periodistas; las llamaba deformes, feas y mal vestidas. El correo tenía por asunto “Video que no cumple con las órdenes del juez”, y advertía que las periodistas estaban siendo seguidas y observadas. Volcánicas tuvo acceso a estos correos:
“Por cierto, estuvimos muy cerquita en un concierto hace poco, y te faltan arreglitos, eres muy feita”. “En este momento estamos hospedándonos cerca a tu casa, decidimos rentar aquí para poder estar pendientes de que tan pronto salgas nuestros investigadores estén pendientes para hacerte las preguntas aclaratorias. Y esto no es ilegal ni hostigamiento, como seguramente lo quieres hacer pasar”.
En este correo se vuelve a tildar a Beltrán de asesina: “Espero entiendan que estoy exigiendo los derechos y haciendo justicia por mi hijo muerto, el cual necesito que Lorena asuma que es una asesina mentirosa, mitómana, y frustrada” y se amenaza a las periodistas con una campaña de difamación: “Yo puedo someter que usted es prepago, dicen las lenguas que, amante de un narco, como la duda lo deja entrever, y aclaro repito los que he escuchado en testimonio anónimo. (…)” , “prefieren que lo hagamos por la vía legal y esta semana presentemos todas las pruebas para desmentirlas por todo el daño que han hecho en los últimos años. Además de las pruebas que las vinculan con cartelera y redes ilegales”.
Los mensajes fueron enviados desde una dirección electrónica que coincide con la utilizada por el médico en documentos aportados dentro del proceso que adelantó contra Lorena en Estados Unidos.
Seguimiento físico
La defensa de Lorena Beltrán recibió información de terceros sobre la existencia de un grupo de WhatsApp en el que participarían algunos cirujanos previamente cuestionados. Según la información conocida, en ese espacio se habrían compartido imágenes captadas a pocos metros de su lugar de trabajo. De acuerdo con esos reportes, el material habría sido enviado por Leonardo Vargas Mendoza, quien para ese momento se desempeñaba como contratista del Senado de la República, entidad donde Beltrán trabajaba. Esta información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía para su respectiva verificación.
Acoso judicial
Además de la tutela que interpuso el médico contra las periodistas, Beltrán ha sido sujeta de una “lluvia de tutelas” (cuatro en un solo mes), por parte de otros médicos con títulos cuestionados; esta seguidilla de tutelas constituye acoso judicial.
Varias de estas tutelas fueron aceptadas por jueces sin que Beltrán fuera notificada por los canales formales. En algunos casos se ha manejado un correo incorrecto de Beltrán, de modo que la periodista no recibiera las notificaciones formales; en una ocasión, estuvo a punto del desacato, puesto que nunca recibió los avisos en su correo oficial ni por medio de sus canales de contacto formales. Beltrán se ha enterado de los fallos porque un número desconocido le envió el documento por WhatsApp, como ella misma dejó registrado en su solicitud de nulidad, que luego fue rechazada. Esa falta de notificación la dejó en absoluta indefensión, impidiéndole responder. Aun así, los despachos dieron por ciertas las afirmaciones de los médicos, violando el derecho de Beltrán a su defensa. Beltrán se ha visto obligada a revisar constantemente la página de la Rama Judicial para hacer seguimiento de esta serie de procesos, que tienen por objetivo el desgaste y el silenciamiento de la periodista, y que afectan su salud mental.
Iván Cancino, abogado de Beltrán, afirma: “Hay muchas, muchas tutelas que están mal notificadas y ella solo se entera cuando ya hay un fallo de primera instancia en donde dicen que guardó silencio. Claro, guardó silencio porque se notificó mal. Entonces nosotros pusimos una tutela contra tutela, que es muy raro que se gane, pero ¿cómo sería el error que nos dieron la razón de que estaba mal notificada y de que era improcedente?”. Y agrega: “Además del acoso, vienen las amenazas, los seguimientos, los correos raros y la circulación de fotos para tratar de dañar el buen nombre de Lorena, diciendo que le hicieron rectificar. En menos de una semana, presentaron cinco tutelas y solicitudes de retractación por parte de los médicos implicados y las notificaron de forma irregular. Las resolvieron sin siquiera vincular a Lorena y por eso nos ha tocado tutela contra tutela, pero la mayoría las hemos podido ganar”.
Las tutelas han sido interpuestas por Mario Alexander Sánchez Moreno (fallada en contra de Beltrán sin notificarle, obligándola a interponer “una tutela contra la tutela”), Gener Alejandro Fajardo Ruiz (tutela negada en primera y segunda instancia), María Elena Zapata Molina (no admitida) y Alejandro Mejía López (también fallada en contra de Beltrán sin notificarle, llevándola a interponer otra “tutela en contra de la tutela”, que obligó al juez a notificarla debidamente).
Desde entonces, Beltrán ha recibido cuatro nuevas solicitudes de rectificación y una petición de orden judicial para medidas de protección en contra de ella en Estados Unidos por supuesto stalkeo. En la petición se denuncia a Beltrán por “abuso físico”, “amenazar con dañar al peticionario” y con “haber usado armas como pistolas o cuchillos para amenazar al peticionario” y por tener una “historia criminal de violencia”. La petición no aporta prueba alguna para estas acusaciones y en cambio presenta la investigación periodística de Beltrán como stalkeo y acoso cibernético. Uno de los aspectos más preocupantes de esta última acción judicial es que Beltrán haya sido notificada en su nueva dirección de residencia, información que no era pública.
Este último caso llegó ante un juzgado estadounidense, pero el médico peticionario no presentó evidencia para respaldar sus alegatos, por lo que el 27 de enero de este año, la jueza encargada lo desestimó. Beltrán fue notificada de esto en una corte de Estados Unidos a finales de enero.
A pesar de haber salido victoriosa frente a esta acusación, la periodista tuvo que gastar más de US$6000 en su defensa. Esto es una consecuencia deliberada del acoso judicial; muchas de las acciones judiciales se interponen, no porque tengan una oportunidad de ganar ante un estrado, sino para agobiar y desgastar emocional y económicamente a la víctima del acoso.
“La salud mental de ella, de sus padres, la intranquilidad, porque, obviamente, aunque ella tenga un abogado que se preocupe, le quitan mucha tranquilidad mental. Las amenazas eran reales, tan reales que nosotros las denunciamos, y de esta manera la desplazaron [del país]”, dice Cancino.
Para prevenir este tipo de acoso no sirven las medidas de protección tradicionales: ”Todas las medidas son darles un celular y un chaleco antibalas, que frente a esto no sirve de nada”, explica el abogado.
El costo del acoso
Lorena Beltrán salió de Colombia buscando alejarse del acoso judicial que estaba recibiendo en el país. Sin embargo, se conoció su nueva dirección en Estados Unidos y el acoso continuó en este país. Aunque ganó el caso, su representación legal le costó casi 6 mil dólares, por lo que tuvo que abrir una Vaki para cubrir ese monto. Para apoyarla, haz clic en este enlace.
