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Al menos 12 hombres cisgénero en México declararon ser mujeres transgénero para obtener sus candidaturas. 10 de ellos consiguieron alcanzar diversos cargos. Mintieron para evadir el requisito de paridad de género que establece Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esta ley plantea que el 50% de las candidaturas deben ir a mujeres. Para no abandonar sus aspiraciones políticas, usurparon espacios que no les pertenecían. 8 hombres que incurrieron en esta trampa en Michoacán, ganaron la contienda:
- Alberto Orobio Arriaga (PAN, PRI): electo como “alcaldesa” de Ziracuaretiro
- Jorge Luis Estrada Garibay (PAN, PRI, PRD): electo como “alcaldesa” de Ecuandureo
- Ruben Torres García (PRD): electo como “alcaldesa” de Charapan
- José Enrique Mora Cárdenas (PRD): electo como “alcaldesa” de Purépero
- Apolonio Ureña Martínez (PT, PVEM, Morena): electo como “alcaldesa” de Tumbiscatío
- Octavio Chavez Aguirre (PT, PES): electo como “alcaldesa” de Lagunillas
- Daniel Herrera Martín del Campo (MC): electo como “alcaldesa” de Tanhuato
- Martín Alexander Escalera Bautista (MÁS): electo como “alcaldesa” de Peribán
No fue el único estado en el que ocurrió. En San Luis Potosí el Partido Verde registró a 3 hombres cis como mujeres trans: José Reyes Martínez Rojas, “candidata electa” a la presidencia municipal de Venado; Daniel Alfonso Zavala de la Rosa, aspirante a Villa de Arista y acreedor de una regiduría; y Roberto Carlos Medina Hernández excandidato a Vanegas. En las páginas 48 y 49 de un documento oficial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), injustificadamente se avalaron sus candidaturas:
“Por lo que hace a las candidaturas a presidencias municipales de Vanegas, Venado y Villa de Arista, las mismas corresponden a candidaturas que el instituto político ha identificado como de la diversidad sexual, y se observa que se autoadscriben al género femenino”.
Otro hombre más, Saulo Morales Guerrero, fue inscrito como una mujer transgénero ante el CEEPAC, pero por el PRD. Él perdió la elección.
Esta no es una práctica aislada sino una trampa recurrente que hacen los partidos mexicanos de todo el espectro político. Desde abril, Emiliano Calvo Calderón, excandidato al municipio de Quiroga en Michoacán con Movimiento Ciudadano, dio a conocer en un video que su partido le pidió firmar una carta en la que decía autopercibirse como una mujer transgénero. Él se negó:
“Creo que el yo postularme con una mentira sobre mi autopercepción como mujer podría incluso generar molestia dentro de la propia comunidad LGBTQ porque me parecería un exceso que actores políticos a los que se les está exigiendo que en sus distritos, sus municipios vayan mujeres simplemente firmen una carta de autopercepción como mujer y puedan acceder al cargo público”, reflexionó.
La Transcontingenta emitió un pronunciamiento. En él se sumaron a la petición del Observatorio de los derechos electorales de las personas trans en América Latina y el Caribe de “investigar y sancionar casos de suplantación de candidaturas LGBTIQ+”.
La comunidad transgénero no fue la única suplantada en estas elecciones. Julia Arcelia Olguin Serna de Morena fue electa como diputada en el distrito 2 de Zacatecas. El problema es que obtuvo su candidatura por una acción afirmativa dado que ella aseguró ser una persona afromexicana, sin aparentemente serlo. El caso de Jazmín Jaimes Albarran, aspirante a una diputación federal por PRI-PAN-PRD es similar. Ni siquiera en propaganda que compartió sobre su origen dice ser afromexicana.
Desde marzo, el INE detectó irregularidades en las postulaciones. El Instituto terminó por eliminar 23 candidaturas a personas que decían ser indígenas sin acreditar hablar ningún idioma originario, ni provenir de alguna comunidad. Además, borraron a 2 aspirantes del PT que se registraron como personas con discapacidad sin dar información adicional. El PT también perdió 2 candidaturas por otorgarle los puestos designados para migrantes a perfiles que no lo acreditaron. Morena igualmente colocó un perfil de forma incorrecta en esta última categoría.
En el último proceso electoral todos los partidos fueron culpables de contribuir al borrado de poblaciones históricamente marginadas. Las autoridades electorales no evitaron este abuso, porque no les importó, o por ignorancia que las hace incompetentes.
