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Mientras desde algunos sectores sociales y políticos no paran de llover las críticas, otros aseguran que son las Cortes y el Senado quienes se han encargado de sepultar varias de las apuestas hechas por el presidente Gustavo Petro durante su administración.
En Volcánicas analizamos seis puntos claves entre las reformas propuestas por el actual presidente colombiano y cómo estos puntos han afectado, o no, a las mujeres y a las personas LGBT+: Las banderas del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la Reforma a la Salud, el proyecto de la Paz Total, la Reforma Pensional, la Reforma Agraria y la asignación de tierras, además de los proyectos de las Reformas Tributarias y su impacto sobre la pobreza multidimensional.
- Ministerio de la Igualdad (luego Ministerio de la Igualdad y la Equidad)
La ley que creó la cartera que estaría a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el 8 de mayo de este año por vicios de trámite. La Ley 2281 de 2023, con la que se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, fue una de las propuestas principales de la entonces campaña presidencial de Márquez, que se mantuvo como proyecto político al convertirse en la fórmula vicepresidencial del presidente Gustavo Petro en 2022. A pesar de la decisión de la Corte, hasta junio de 2026 el Gobierno tendrá que acudir al Congreso de la República para subsanar los vicios que fueron encontrados y jugarse la continuación del Ministerio.
Dentro de los cargos presentados por el tribunal para justificar la inconstitucionalidad de MinIgualdad, la Corte encontró que la ley es inexequible porque no se analizó el impacto fiscal de la iniciativa, como lo exige el artículo 7º de la Ley 819 de 2003. Además, también argumenta que la ley vulnera el requisito de precisión para la concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República, puesto que no se establecieron criterios claros para la adscripción y vinculación de entidades al Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.
Los demandantes que insistieron en frenar las facultades de este nuevo Ministerio fueron varios congresistas del Centro Democrático como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe y José Jaime Uscátegui.
El propósito de este Ministerio está encaminado a eliminar la desigualdades económicas, políticas y sociales en Colombia. Además, plantea defender a las poblaciones vulnerables, específicamente a los que cuentan con una especial protección constitucional y a los grupos que históricamente han sido discriminados o
marginados. En cuanto a los enfoques diversos, MinIgualdad busca adoptar en sus políticas y programas enfoques de derechos, de género, diferencial, étnico-racial e interseccional.
Por su parte, a través del proyecto ‘Presupuestos para la Igualdad’, una alianza entre MinIgualdad, ONU Mujeres y la Embajada de Canadá, el pasado mes de julio presentaron los resultados en los que anunciaron el impacto en la vida de las mujeres luego de casi dos años de su implementación en 10 territorios de Colombia como Riohacha, Maicao, Cartagena, Santa Marta, Santander de Quilichao, Timbiquí, Cumbal, Antioquia, Meta y Villavicencio.
Dentro de los resultados alcanzados con la sociedad civil, más de 220 organizaciones de mujeres participaron en la formulación de los planes de desarrollo de sus territorios, además de incluir 45 artículos sobre igualdad de género, contribuyendo a la representación e incidencia de las mujeres.
“Ocho alcaldías y dos gobernaciones recibieron asistencia técnica durante todo el ciclo de planeación y presupuestación pública para usar eficientemente el Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer, mejorar sus índices de desempeño por la igualdad de género y destacarse como una buena práctica en la gestión pública”, sostiene ONU Mujeres en su comunicado.
- Paz Total
El proyecto de la Paz Total se ha convertido en una de las banderas principales del gobierno Petro. Concretamente, contempla adelantar diálogos de negociación, que impliquen acogimiento a la justicia, con diversos grupos armados ilegales que tienen presencia en Colombia.
Aunque la agenda del presidente ha priorizado estos diálogos, con un especial énfasis en zonas que históricamente han sido más afectadas por la violencia, hasta la fecha, son las mujeres y las personas LGBT+ algunas de las que siguen enfrentándose con mayor fuerza a la violencia. Pero no podemos hablar de un fenómeno aislado. En entrevista con Volcánicas, Inedpaz explica que, desde que ganó el “No” en el plebiscito de los Acuerdos de Paz, la perspectiva de género, que amparaba a las personas LGBT+ se perdió, lo que ha entorpecido también a la Paz Total, que incluyó los Acuerdos en sus bases.
“El tema de los derechos de las mujeres ha sido tocado muy tangencialmente, solo en la mesa del ELN se reivindica la perspectiva de género. Esa ausencia es una de las grandes críticas que se le ha venido dando desde los movimientos de mujeres a las mesas de negociación, y en el caso de la comunidad LGBT+ no hay avances. En resumen, durante el periodo conocido como la paz total las mujeres siguen siendo victimizadas y continúa la escalada de violencia contra ellas, subiendo del 12 al 14% según nuestros informes”, aseguran desde Indepaz.
Y es que el panorama continúa siendo desalentador: Durante 2024 han ocurrido 32 asonadas, en 2023 más de 121 mil personas fueron desplazadas internamente, han ocurrido 41 masacres en lo que va de 2024, y los asesinatos selectivos a líderes van en 97 (42 de ellas mujeres), sin contar las crecientes cifras de delitos como la trata de personas que afectan significativamente más a niñas y mujeres. Desde Indepaz nos aseguraron que en zonas como Putumayo y Caquetá, además de zonas con énfasis en migración ilegal como el Darién, la trata de mujeres es especialmente aguda.
Hasta la fecha, los grupos con los que han existido acercamientos han sido: “Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las FARC (disidencias de las antiguas FARC – EP), así como acercamientos para el sometimiento judicial y el desmantelamiento de otras organizaciones criminales de alto impacto”, señalan desde la oficina del Alto Consejero para la Paz. El 5 de agosto también se anunció el inicio de las negociaciones para el diálogo con el Clan del Golfo y alias “Chiquito Malo”, uno de los principales cabecillas, hará parte de las negociaciones.
Los números aún no son buenos, y la violencia contra las mujeres ha aumentado, por eso, una de las cosas que más preocupa es que en las mesas de negociación el papel de las mujeres y la comunidad LGBT+ está por completo invisibilizado: “En la representación de los grupos armados dominan los hombres. Las delegaciones del gobierno son más incluyentes. En los espacios de participación territorial hay un fuerte liderazgo de las mujeres indígenas y campesinas. En la representación técnica de entidades de gobierno la mayoría son mujeres. Aun así, las comunidades sienten que más que mujeres, se debe tener a representantes de movimientos que comprendan el alcance del daño a todo nivel. No es un asunto de cuantas estén sentadas en las mesas, sino que representen las luchas de las mujeres y las minorías. Sobre el caso específico de la comunidad LGBT+, es un tema absolutamente invisibilizado”, aseguran desde Indepaz.
- Reforma Agraria y tierras
Otra de las principales apuestas del presidente Petro ha sido la Reforma Agraria y la redistribución de las tierras en el país. De acuerdo con Oxfam, el 81% de las tierras fértiles están reunidas en apenas el 1% de fincas que están en manos de grandes tenedores de tierra y esto genera una de las principales causas de la desigualdad. Otro panorama especialmente grave para las mujeres rurales pues, según el DANE, “en 2020 el 44,6% de las mujeres rurales en Colombia se encontraba en situación de pobreza monetaria, lo que es 3,2 p.p. superior a la pobreza monetaria registrada para los hombres rurales (41,4%) en el mismo periodo”.
En entrevista con Volcánicas, la ex ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explica que en la reforma, el presidente quiso dar un enfoque de género que realmente priorice “a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres negras, a las mujeres víctimas. Esto parte del reconocimiento de la economía del cuidado, del trabajo no remunerado que ejercen las mujeres rurales. Son una población que además, tiene múltiples situaciones de desigualdad que hacen que tenga que tener una voluntad estatal mayor para poder generar unas acciones afirmativas positivas y no quedarse solamente en enfoques tradicionales”, asegura.
Por ello, el proyecto de la Reforma Agraria, liderado por el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, planteó como prioridad brindar y formalizar títulos a mujeres campesinas. Los ejes en los que Petro basó su estrategia consisten en la compra de predios productivos a propietarios de grandes extensiones, formalizar títulos de propiedad de cerca de 1.5 millones de hectáreas, adjudicar a familias campesinas lotes baldíos de la nación y asignar fincas incautadas que están en manos de la SAE.
Para el logro del primer punto se destinaron 9,2 billones del presupuesto nacional para el Ministerio de Agricultura y, de ellos, 3 billones para la compra de predios, de los cuales se priorizaría la entrega a mujeres campesinas cabeza de hogar. Aunque se habló originalmente de las 3 millones de hectáreas (pactadas en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC) la cifra fue replanteada por el mismo presidente, cambiándola a 1.5 millones como meta en su periodo presidencial. Sin embargo, a julio de este año, sólo se han comprado 112.000 hectáreas, menos del 10% de la cifra prometida.
“La complejidad de la titulación y formalización es grande. Estamos avanzando en ello y un aproximado de la mitad de los títulos conseguidos está en manos de mujeres campesinas. Pero, a la vez, quisimos hacer una actualización en las políticas del proyecto de Mujer Rural. Además, se reactivó el Fondo de Mujer Rural, se le inyectaron una serie de recursos muy importantes de inversión, por que es un fondo destinado al financiamiento de las iniciativas y emprendimientos productivos de las mujeres rurales, especialmente en lo que tiene que ver con su impulso de la economía del cuidado y la seguridad alimentaria. Se han creado créditos con intereses reducidos para mujeres campesinas (que además brindan microcréditos y buscan sustituir los sistemas de gota a gota)”, asegura la exministra Mojica.
En cuanto a la entrega de predios baldíos, el gobierno recibió un espaldarazo de la Corte Constitucional, ya que cerró el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la ANT en materia de baldíos, plasmada en la Sentencia SU-288 de 2022. Esta sentencia unifica la interpretación y la aplicación del Régimen de Baldíos en Colombia. Esto, lo que quiere decir, es que la Corte ratifica que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es la única entidad que puede adjudicar baldíos de la Nación a la población rural. Sin embargo, aún hay problemas pues la Corte también determinó que el proceso había tenido vicios, en el artículo 61, y por ello lo tumbó. Esto, significará que 4 millones de hectáreas, que hoy están en manos de la ANT, quedarán aún en un limbo jurídico, a la vez que continuarán alejando a los campesinos de la posibilidad de acceder a esas tierras.
Esto se complementará con la aprobación en la Cámara de representantes, que el 4 de junio de 2024, y por iniciativa del gobierno, aprobó la Jurisdicción Agraria y Rural, con la que se busca garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales mediante el establecimiento de tribunales y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos agrarios y/o rurales (lo que, técnicamente, ayudará a aliviar los conflictos entre privados y públicos por la tierra en Colombia).
Para Mojica, existen aún diversas dificultades que complejizan todos los procesos. Las resume en cuatro puntos: “El historial violento y el genocidio que ha ocurrido contra el campesinado en Colombia por ser las principales víctimas del conflicto armado en el país. Esto dificulta la compra de nuevas tierras pues muchas de ellas fueron despojadas en medio del conflicto, no pueden ser compradas por el Estado y, además, están apresadas por la congestión judicial que se presenta en el país desde el 2011. La segunda dificultad es la negación de gobiernos anteriores para que las víctimas accedieran a las tierras que estaban reclamando. Un tercer problema es el incremento del valor de la tierra y la diferencia entre el valor catastral y el valor real de la tierra, que termina siendo excesivamente amplia. Finalmente, los riesgos de corrupción se amplían en este proceso; para ello hemos hecho un convenio con la Universidad de los Andes que permita encender alarmas para la mitigación de este riesgo”.
- Reforma Pensional
La reforma pensional, liderada por la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, fue aprobada. A través de sus tres pilares: el solidario, que acoge a lxs adultxs en condición de pobreza y sin pensión con edades entre los 60 años para mujeres y 65 para hombres; el semicontributivo, en el que se encuentran personas que cotizaron entre 300 y 1.000 semanas de pensión; y el contributivo, en el que trabajadorxs con contrato de trabajo e independientes con capacidad de pago en Colpensiones y fondos privados, las mujeres en Colombia podrían tener un camino más accesible para obtener su pensión.
Además de mantener las edades de jubilación intactas (las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62), la reforma del gobierno Petro propone reducir las semanas de cotización para aquellas mujeres que son madres de unx o hasta tres hijxs. La reforma supone que se reducirán 50 semanas por cada hijx, una medida que podrá reducir hasta 150 semanas de cotización si la mujer tiene tres hijxs.
Por su parte, mientras la reforma de Petro avanzaba en el Congreso la legislatura pasada, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia a favor de las pensiones de las mujeres en junio de 2023 al declarar inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para obtener la pensión.
“La diferencia en la edad pensional, que ha sido el esquema tradicionalmente usado por el régimen jurídico en el país, hoy en día resulta insuficiente de cara a profundizar la aplicación del mandato constitucional por superar la discriminación por razones del género e, inclusive, se desactiva al exigírsele a las mujeres la misma densidad cotizacional que a los hombres, en menos tiempo”, indicó el tribunal en el comunicado.
Juliana Morad Acero, directora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, en entrevista con Volcánicas, explica el panorama a futuro para las mujeres con la reforma pensional y se refiere a cada uno de los pilares de la Ley 2381 de 2024, que oficializa la transformación de las pensiones en Colombia.
“La creación del Pilar Solidario, que se enfoca sobretodo en personas vulnerables, pobreza extrema, determinados grupos poblacionales por cuestiones étnicas como raizales, palenqueros, afrodescendientes, campesinos, indígenas, y también incluye a las personas que ejercen el rol de cuidado frente a personas en situación de discapacidad o con invalidez, que esto seguramente va a amparar sobre todo a muchas mujeres, porque sabemos que el rol de cuidado lo hemos asumido preponderantemente las mujeres”, sostiene la filósofa y abogada.
La directora también explica los beneficios del Pilar Semicontributivo para las mujeres en Colombia, el cual está pensado para las personas que no cumplen con los requisitos para alcanzar la pensión y pueden acceder a una renta vitalicia hasta del 80% del SMLMV.
“Sabemos que las mujeres tienen menos semanas cotizadas por todas las brechas que hay en el mercado laboral. Concretamente, las mujeres no estamos o abandonamos el mercado cuando nos convertimos en madres o asumimos el cuidado de algún dependiente. Esto impacta en que no vamos a tener la misma densidad de semanas que se nos exigen tanto a hombres como mujeres, que son 1.300”, explica Morad. Al respecto, agrega que: “el Semicontributivo nos va a dar una renta básica mensual si tenemos entre 300 y 1.000 semanas, lo que resulta muy favorable para las mujeres”.
En cuanto al Pilar Contributivo, la abogada explica que también favorece a que las mujeres que están afiliadas al sistema puedan aspirar a pensiones más altas. Además, “establece una disminución de semanas hasta llegar a mil semanas en el 2036 en favor de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, entonces hay otra respuesta a otro tipo de mujeres que sí tienen la posibilidad de alcanzar entre 1.000 y 1.300 semanas, y nos va a hacer un poco más fácil el camino para pensionarse”.
En cuanto a la vigencia de la reforma pensional, empezará a regir en el país a partir del 1 de julio de 2025, por lo que las mujeres que cuenten con menos de 750 semanas cotizadas de pensión para la fecha podrán acogerse a ella.
- Reformas Tributarias y pobreza multidimensional
Han sido dos reformas tributarias las que han circulado por el Gobierno de Gustavo Petro. La primera, aprobada en 2022, se encargaría de recaudar 20 billones de pesos entre 2023 y 2026, e implicaría una mayor carga tributaria a empresas extractivistas de gas y petróleo, otro cargo a las personas más ricas del país y, por primera vez en la historia, la implementación del impuesto saludable a alimentos ultraprocesados que se producen y venden en el país.
La segunda reforma está propuesta para ser presentada en 2025. Gustavo Petro anunció que, con ella, intentaría un nuevo ejercicio y en esta ocasión reduciría los impuestos a las empresas privadas. Así, pretendería reunir 12 billones de pesos y reducir la carga fiscal de las empresas del 35 al 30%.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, las dos reformas han priorizado la igualdad y la justicia social. Un posible efecto de esto sería la reducción porcentual de la pobreza multidimensional que, de acuerdo con el DANE, llegó a su mínimo histórico en el país, con una reducción del 0.8% en 2023, con respecto al 2022. Este indicador ya venía en reducción con respecto al 2021, cuando bajó 3,1%.
Sin embargo, el mismo DANE reportó que la incidencia de la pobreza continuó siendo más elevada en los hogares encabezados por mujeres en comparación con aquellos encabezados por hombres. El informe mostró que el porcentaje de pobreza en hogares liderados por mujeres alcanza el 13,2% a nivel nacional. En cambio, los hogares que tienen presencia de un hombre presentaron una tasa de pobreza del 11,2% en el país. Además, un estudio de la Contraloría mostró que las tasas de pobreza en el país siguen siendo muy elevadas. Pese a los avances, aún un 39% de lxs colombianxs viven en pobreza.
- Reforma a la Salud
Uno de los proyectos de ley más controvertidos del gobierno de Gustavo Petro es la reforma a la Salud. Aunque ya en abril de este año quedó archivada en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, con 9 votos en contra y 5 a favor de continuar con su debate, este 6 de agosto el presidente anunció que presentaría una nueva reforma.
La principal de las modificaciones a la primera reforma sería que se mantendrían las EPS y que, además, intentarían pasarla por la Comisión Primera del Senado para que se convierta en una Ley Estatutaria.
Esta reforma es especialmente importante pues una de las metas que planteó desde el principio fue priorizar la atención de mujeres y personas LGBT+: “Con la telemedicina y la teleeducación en salud, el Ministerio de Salud y Protección Social aporta a la innovación y tecnología para la igualdad de género. En Colombia, existen 12.613 puntos de Telemedicina que contempla servicios en medicina general, psicología, medicina interna, nutrición y dietética, pediatría, ginecoobstetricia, enfermería, psiquiatría y dermatología, entre otros”.
Adicionalmente, como lo explica Caribe Afirmativo, señala la creación del Consejo Nacional de Salud que se encargaría de: “La concertación de iniciativas de políticas públicas de salud, la presentación de iniciativas normativas y el proceso de evaluación y monitoreo del nuevo sistema de salud. Este Consejo estará conformado por representantes del Gobierno Nacional, empresariado, centrales obreras, asociaciones campesinas, organizaciones de pacientes, comunidades étnicas, organizaciones de población en condición de discapacidad, asociaciones de IPS, distintas entidades académicas, una representante de asuntos de la mujer y una representante de las comunidades LGBTIQ+.
Bajo el nuevo proyecto aún no es claro si estas políticas se mantendrían. Sin embargo, en Caribe Afirmativo insisten en que sería vital conservar esta propuesta pues, en Colombia, las personas LGBT+ y las mujeres sufren fuertes barreras a la atención, con procesos de victimización por discriminación basada en identidad de género, violencia obstétrica, revictimización en casos de violencias basadas en género, falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y una grave falta de acceso a centros de salud en la mayoría de zonas rurales del país.
Mientras tanto, tanto Cambio Radical, como el Centro Democrático, han decidido presentar sus propias reformas a la salud que se opondrán a las políticas planteadas por el gobierno nacional.
Las estrategias de la oposición, sumadas a una tensionante relación entre el presidente Petro y la prensa nacional, además de los proyectos que han sido detenidos por vicios en sus procesos, han retrasado gravemente la implementación de las diversas reformas y proyectos que, en su base, habrían beneficiado grandemente a las mujeres y las personas LGBT+. Desde Volcánicas, seguiremos monitoreando el avance y la implementación de estas propuestas a favor de quienes históricamente han enfrentado la peor parte de la desigualdad en el país.
