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El pasado 8 de mayo, las instalaciones de la Universidad del Tolima, en el municipio de Ibagué, Colombia, amanecieron con pintas de la comunidad estudiantil exigiendo la renuncia del rector Omar Mejía Patiño. Ese mismo día, a través de un comunicado, estudiantes, docentes, trabajadoras y directivas reunidas en la Asamblea de Mujeres de la Universidad destacaron que, desde 2022, la institución “ha recibido una oleada de denuncias sin precedentes” por violencias basadas en género (VBG) por lo que también demandó la aprobación inmediata del Reglamento Disciplinario para casos de VBG y que este sea trabajado con estudiantes, feminismos y diversidades.
Paralela a las acciones estudiantiles, Valentina*, docente y expareja de Mejía, denunció al rector por presunta violencia laboral basada en género. Dos días antes, el 6 de mayo, la Universidad del Tolima aseguró que la Unidad de Género ha brindado acompañamiento psicosocial y que, con ello, reitera “su compromiso con la prevención y erradicación de todas las formas de violencia”. No obstante, la investigación del caso quedó en manos de la Procuraduría Regional.
En entrevista con Volcánicas, Valentina dio más detalles de la denuncia y el entorpecido proceso al que se ha enfrentado por más de dos meses. “Se produjo un movimiento espontáneo que se solidariza no solo conmigo por la ausencia de garantías institucionales, sino además con otros casos que no habían sido atendidos de estudiantes, funcionarias y trabajadoras”, introduce.
Mediante un comunicado a la comunidad universitaria, el 13 de mayo la institución informó que Omar Mejía Patiño se apartó temporalmente del cargo, asegurando que “siempre ha obrado con rectitud y transparencia” y que desconoce los señalamientos hacia su persona. Al día siguiente, el 14 de mayo, en sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Tolima se adoptaron las siguientes decisiones:
- Designar a la doctora Nancy Gómez Torres como rectora durante 45 días.
- Aprobar la propuesta de la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz de conformar una comisión de género independiente para así garantizar una investigación autónoma.
- Convocar a colectivos de género para la designación de vocerías para que estas sean escuchadas en una próxima sesión extraordinaria del Consejo Superior.
El 20 de mayo Volcánicas intentó establecer comunicación con Mejía Patiño y la Unidad de Género de la Universidad del Tolima vía correo electrónico. Esa tarde, la Universidad del Tolima hizo llegar un oficio en el que la Vicerrectoría de Docencia de la institución aclaró que “se ha garantizado el derecho al debido proceso y el acceso a los mecanismos institucionales establecidos, brindando acompañamiento permanente a todos los y las docentes, sin distingo alguno”. Después de la publicación de este artículo, la mañana del 29 de mayo, el rector Omar Mejía Patiño compartió con Volcánicas un archivo de Word con las preguntas planteadas por este medio. El resumen de las respuestas se encuentran en la última parte de este texto.
Para entender el caso
Valentina es abogada especializada en temas de género, específicamente en los referentes a la autonomía reproductiva. Desde hace 16 años es docente de planta de la Universidad del Tolima y dirigió el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la institución, espacio al que personas de bajos recursos se acercan para acceder a asesoría y representación legal.
Valentina conoció a Omar Mejía Patiño cuando él era su profesor. Ella tenía 19 años y él 34. Se casaron cuando ella cumplió los 22 años y tuvieron dos hijos (actualmente menores de edad). Valentina y Omar también trabajaban juntxs en la Universidad del Tolima. “Fuimos muy buenos compañeros”, dice Valentina y añade que, “por temas personales y económicos”, se separaron en 2021.
Si bien la docente afirma que “el divorcio fue por mutuo acuerdo, muy civilizado” y sin inconvenientes en la custodia de los hijos — “los niños se quedaron conmigo. Logramos establecer un régimen de visitas muy tranquilo en el que él los ve cada 15 días”, precisa—, la situación en el entorno laboral cambió.
En 2021, Colombia registró múltiples y multitudinarias protestas contra el gobierno del expresidente de Iván Duque (Paro Nacional). La respuesta represiva de las autoridades causó severa preocupación en organizaciones locales e internacionales. El Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la Universidad del Tolima brindó ayuda a jóvenes que fueron detenidos durante las manifestaciones. En más de una ocasión, la labor del Centro fue reconocida por la institución educativa, pero sin tomar en cuenta la dirección a cargo de Valentina. “Empecé a notar que el trabajo que yo hacía era invisible”, recuerda.
Un par de meses más tarde, en octubre de 2021, Valentina pidió un año sabático, pero no recibió respuesta; luego para costear sus estudios de doctorado en una universidad mexicana, la abogada solicitó una comisión de estudios, “un derecho que tenemos como profesores”, resalta. No obstante, sus peticiones fueron atendidas a destiempo, y denegadas por silencio. Sobre este periodo Valentina expresa que “todo el proceso fue muy informal”.
** A través del oficio que digirió la Universidad del Tolima a Volcánicas, la institución explicó: “El año sabático debe radicarse la solicitud por parte de la o del docente con sus respectivos soportes ante el Departamento al que se encuentra adscrito, para posterior aval del Consejo de Facultad, remisión al Comité de Año Sabático para su estudio y recomendación previo al análisis y aprobación del Consejo Académico. Para las Comisiones de Estudio, el trámite inicia con la solicitud del o de la docente ante el(la) director(a) de Departamento con mínimo tres (3) meses de anterioridad a la fecha del inicio de los estudios, en compañía de los soportes correspondientes para su aval y posterior envío al Consejo de Facultad, remisión al Comité de Desarrollo de la Docencia, órgano colegiado que realiza el estudio y envía con todos los soportes para decisión y aprobación del Consejo Académico”, asegurando que se atendieron las solicitudes en los tiempos establecidos.
Por esas mismas fechas el Consejo Superior Universitario acordó asignar incentivos económicos (bonificaciones) a docentes de planta de la institución, medida de la que fue excluido el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico. La situación empeoró y en noviembre de 2024 Valentina renunció como directora de este espacio y a mediados de enero de 2025 se enteró de que lxs cuatro profesorxs que eran parte de su equipo se quedaron sin trabajo. “Esto, sin lugar a dudas, tenía móviles personales, asociados a que la dirección, a la cabeza del señor Rector, ese mismo que había sido mi esposo en el pasado y de quien fui la mejor coequipera en su rumbo a la rectoría, había señalado en su círculo más cercano, que debía darme una lección”, afirma Valentina en la denuncia escrita entregada a la Unidad de Género de la Universidad del Tolima y también compartida con Volcánicas.
A estos episodios se sumaron el esparcimiento de rumores respecto a su persona y tratos hostiles en su contra. En entrevista, la abogada relata: “[Después del divorcio] prontamente noté que todo el mundo tomó partido hacia él, que era mi jefe y rector de la universidad […] Esto te quita autoestima. Es muy doloroso. Ahora después de tantos años, si tú llegas a tu trabajo, a un sitio que amas, y te dicen: ‘es que ya no te podemos ayudar, ni tomarnos una foto contigo porque, probablemente, si estamos cerca de ti también nos van a sacar”.
Violencia en redes sociales y respuestas institucionales deficientes: lo que vino después de la denuncia
Tras los hechos anteriormente descritos, el 19 de febrero de 2025 Valentina se acercó a la Unidad de Género de la Universidad del Tolima para presentar una denuncia formal contra Omar Mejía Patiño por violencia laboral basada en género. A los ocho días de presentar este recurso, una consejera del Consejo Superior de la universidad , —quien “se ha proclamado una abanderada de los temas feministas y de mujeres”, resalta Valentina— la citó en su oficina para “tratar un tema personal”. En la reunión le dijo que “no quería que la institución entrara en crisis”.
Luego, la Unidad de Género contactó a Valentina para que ampliara su testimonio en una reunión de Zoom en la que estuvieron una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. En la videollamada las expertas de la Unidad de Género le dijeron a Valentina que no solamente se trataba de un caso de violencia laboral: “Ellas mismas me dijeron que había otro tipo de violencias, como la económica y la psicológica”.
Además de puntualizar ciertos detalles de la denuncia, en esa reunión de Zoom Valentina expresó preocupación por su seguridad digital. Sentía extrañeza por algunos correos que desaparecieron de su cuenta institucional y por esos días también se enteró de que perfiles de Facebook — “falsos”, sostiene— la estaban atacando, desestimando su denuncia —sin que esta haya sido pública— y haciendo comentarios sexistas sobre la relación con su exmarido:
“Estaba sufriendo hostigamientos […] En los comentarios me dijeron psicópata, depravada y abusadora. Me dijeron que era una señora ardida y que me había aliado con políticos y abogados corruptos en una campaña de desprestigio contra el rector. Decían que era una venganza mía contra él”, detalla Valentina a Volcánicas sobre la violencia digital frente a la que la Unidad de Género no se pronunció.
Hasta el momento, solo el medio La Otra Verdad ha reportado el uso indebido de su identidad visual para crear y difundir información falsa para desacreditar a Valentina. La Otra Verdad hizo un llamado “a las autoridades y organismos de protección de libertad de prensa para que se investigue el caso y se sancione a los responsables”.
A casi tres meses de haber interpuesto la denuncia, Valentina no ha tenido avances administrativos y únicamente ha recibido dos sesiones de acompañamiento psicológico. El 28 de abril la Unidad de Género remitió su caso a la Procuraduría Regional bajo el argumento de que “como el rector ostentaba la máxima representación de la Universidad se percibía un conflicto de interés, máxime cuando él había sido el creador de la Unidad de Género”.
Valentina sabe que el proceso no será fácil. Pero le dará continuidad. Afirma que la Universidad del Tolima, una de las pocas opciones educativas públicas en Colombia, debe realizar investigaciones administrativas y responder con medidas de protección interna. Tras la negativa de la Unidad de Género, que tendría que funcionar como una instancia independiente, considera acercarse a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación o la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República. “Decidí alzar la voz no solo por mí, sino por todas las mujeres que atraviesan situaciones similares, muchas veces silenciadas por el miedo, la dependencia económica o la estigmatización. Esta denuncia busca justicia, reparación y promover la conciencia social”, asegura.
El 20 de mayo Volcánicas envió por correo electrónico una batería de preguntas. Textualmente, a la Unidad de Género de la Universidad del Tolima se cuestionó:
- ¿Existe actualmente en su posesión una carpeta de investigación contra Omar Mejía
Patiño por violencia laboral basada en género? - ¿Cuál ha sido el apoyo (acciones en concreto y comprobables) que ha brindado la
- Unidad de Género a la exdirectora del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico?
- ¿Por qué la unidad universitaria optó por remitir la denuncia contra Omar Mejía a la
Fiscalía regional? - ¿Qué acciones comprobables ha tomado la Unidad de Género respecto a las denuncias
por violencias basadas en género desde 2022 en la Universidad del Tolima?
Mientras que al rector se le preguntó:
- ¿En alguna ocasión usted participó en la fabricación y difusión de rumores en los
espacios de trabajo sobre la exdirectora del Centro de Conciliación y Consultorio
Jurídico? - ¿Ha cometido violencia laboral basada en género contra la exdirectora del Centro de
- Conciliación y Consultorio Jurídico?
- ¿Tuvo incidencia directa o indirecta en que la Universidad del Tolima decidiera excluir al
Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico y sus colaboradores de la asignación de
incentivos económicos (bonificaciones)? - ¿Ha interferido con las investigaciones y procesos de la Unidad de Género en el caso
que se le señala (violencia laboral basada en género contra la exdirectora del Centro de
Conciliación y Consultorio Jurídico? - Como rector, ¿qué acciones ha tomado respecto a las denuncias por violencias basadas
en género desde 2022?
A través de un archivo de Word compartido con Volcánicas, el rector Omar Mejía Patiño negó haber participado en la fabricación y difusión de rumores, así como cometer violencia laboral basada en género e interferir en las investigaciones, mismas que deben seguir lo establecido en el Protocolo de atención a Violencias basadas en Género, Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual Diversa de la Universidad del Tolima. Respecto a la violencia digital denunciada por Valentina, Mejía dijo que “en una ocasión una persona que integra la comunidad universitaria envió a su número personal una imagen que contenía señalamientos hacia la profesora”, información a la que “decidió no responder ni replicar” y, en su lugar, “informarle directamente” a la docente “para que estuviera al tanto y pudiera protegerse ante eventuales afectaciones”. Con relación a la exclusión del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico y sus colaboradores de la asignación de incentivos económicos (bonificaciones), Mejía Patiño compartió el proceso que siguió el Consejo Superior de la institución. Finalmente, en su respuesta hizo mención de las acciones impulsadas en su gestión para atender a las denuncias por violencias basadas en género desde 2022:
- Fomentar la producción de conocimientos con enfoque de género y diversidades, a partir de la creación y fortalecimiento de líneas de investigación y extensión social.
- Creación de espacios formativos y de divulgación enfocados en la diversidad, géneros y sexualidades
- Asignación presupuestal anual para la implementación de la política de género.
- Paridad en los espacios de dirección, participación y toma de decisiones universitarias
- Inclusión de causales de exclusión de la convocatoria relacionadas con VBG.
