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Según la “Nueva” Historia de Colombia y según los dueños del relato, hombres blancos y acaudalados como Enrique Santos Calderón, el periodismo en Colombia nació el 9 de febrero de 1791 con la aparición del Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, fundado y dirigido por –sorpresa, otro señor– Manuel del Socorro Rodríguez, que había llegado de La Habana dos años antes al Nuevo Reino de Granada en calidad de amigo personal y asistente del virrey Ezpeleta. Sí, el periodismo en Colombia nació varón, blanco, con capital y muy cercano al poder. Posteriormente, la Ley 51 de 1975 que reglamentó el ejercicio del Periodismo, estableció esa misma fecha (9 de febrero) como el Día del Periodista Colombiano.
Esa misma Ley que reglamentó el ejercicio del periodismo, en su artículo 1º determina como objetivos de la profesión garantizar la libertad de información y expresión y establecer sistemas que procuren al periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores. 48 años después, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ser periodista, más aún si quienes lo ejercemos somos mujeres, pues esos “sistemas que procuren al periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores” han sido establecidos, pensados y diseñados por y para hombres. ¿Y las mujeres? Desprotegidas por décadas, por supuesto.
Tuvieron que pasar 46 años para que una Corte Internacional, la Corte IDH, ordenará al Estado colombiano la creación de medidas eficaces de protección y no repetición, al declararlo, en el 2021, responsable por los delitos de secuestro, tortura y violación sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurridos el 25 de mayo del 2000, mientras, en el ejercicio de su labor, iba a a realizar una entrevista en una cárcel de máxima seguridad. Aunque agradecemos a la corte por este acto de justicia, el mérito es todo de Jineth y su incansable y larga lucha. Fueron 21 años de inoperancia en los que el estado colombiano no solo no garantizó la seguridad del ejercicio periodístico de Jineth sino que la revictimizó por reclamarlo y le negó la justicia que pedía.
Incluso antes de los actos de violencia sexual y tortura de los que fue víctima, el estado ya tenía noticia sobre la falta de garantías para que Jineth pudiera ejercer el periodismo: en 1998 la periodista y su madre fueron víctimas de un atentado que nunca fue investigado y en 1999, el estado le negó la protección solicitada para ella y su madre, después de recibir múltiples amenazas, indicando que Jineth “no estaba en riesgo”. Luego de esto, la misma Inteligencia de la Policía sugirió que la mejor solución para detener las amenazas que continuaba recibiendo, era que se entrevistara con los paramilitares, de esta manera, le concretaron un encuentro con un exjefe paramilitar en la Cárcel Modelo. Al acudir a la entrevista el 25 de mayo del 2000, fue secuestrada en las puertas de una cárcel de máxima seguridad, frente a una patrulla de Policía, y fue torturada y violada con complicidad de agentes del Estado. Después de que Jineth denunciara lo ocurrido, la Fiscalía “perdió” las pruebas del caso que ella misma, junto con su equipo, había logrado conseguir, y terminó exigiéndole que investigara su propia tragedia y obligándola a narrar, al menos 12 veces, su violación. Tuvieron que pasar 11 años, y se tuvo que llevar el caso a un tribunal internacional, para que este fuera retomado. Durante todo este tiempo, la periodista no dejó de ejercer su labor y tampoco dejó de recibir amenazas (incluso fue secuestrada y estuvo en cautiverio durante 8 días) y cuando por fin se le asignó un esquema de seguridad, se descubrió que estaba asociado a una red de secuestradores. Después de esto, la Policía le dijo que ellos no podían garantizar su vida.
El fallo de la corte en el caso de Jineth puso por primera vez en evidencia todas las violencias diferenciales a las que las periodistas estaban expuestas al cubrir el conflicto armado, sentó por primera vez, las bases para que las condiciones de trabajo de todas las periodistas en Colombia fueran más justas e igualitarias y reconoció que, para prevenir e investigar la violencia en contra de las mujeres periodistas, es necesaria una perspectiva de género interseccional. Fue solo hasta el 2021, gracias al fallo de la Corte en el caso de Jineth que esos “sistemas que procuren al periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores” de los que se hablaba en 1975 empezaron a tener rostro de mujer y enfoque de género, exigiendo, entre otras medidas, el registro de las violencias basadas en género sufridas por las periodistas y programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género por el ejercicio de su profesión.
“Lo que me alivia el alma y compensa en parte tanto dolor que he tenido que padecer, es que no lo logré solo para mí. Miles de mujeres víctimas de violencia sexual, y mujeres periodistas violentadas perseguidas y estigmatizadas por hacer su trabajo de periodistas, por fin son reconcidas y escuchadas. Eso es justicia”.
El caso de Jineth dejó claro también que el periodismo y el activismo no solo podían ir de la mano sino que era necesario que lo hicieran para obtener, en casos como el suyo, algo de justicia: “En un tramo de todo este camino tan doloroso, entendí que si no hacia activismo no iba a poder encontrar justicia y no iba a poder llevar mi caso a una instancia en donde se reconociera que en Colombia se cometen crimenes tan atroces como la violencia sexual. En ese sentido nunca vi incompatibilidad entre el activismo y el periodismo. El activismo que hacen miles de mujeres periodistas en el mundo ha cambiado la realidad de sus comunidades”.
Después de que Jineth, con su lucha ejemplar y digna, nos enseñara a muchas que “No es hora de callar”, el silencio de las periodistas se rompió, lo rompimos para denunciar violencias machistas que ocurrían no solo afuera de los medios sino también en las salas de redacción.
La periodista Vanessa Restrepo rompió el silencio en el 2019 cuando denunció la violencia sexual de la que fue víctima por parte de un compañero de redacción cuando trabajaba como periodista en El Colombiano. Gracias a la valentía de Vanessa y a la tutela que interpuso contra el periódico por la respuesta insuficiente y revictimizante ante su denuncia, la Corte Constitucional condenó la violencia de género en los espacios laborales con la Sentencia T-140 del 2021, que reconoció los derechos de la periodista y que las mujeres periodistas sufren violencias diferenciadas en los espacios laborales y ordenó a El colombiano, así como a otras empresas privadas y públicas, garantizar el derecho al trabajo en espacios libres de violencias y discriminación. Se trató de una decisión histórica en casos de violencia sexual en ámbitos laborales en la que quedó expuesta la falta de rutas de atención que permitieran a Vanessa seguir gozando de su derecho al trabajo y la revictimización que sufrió al verse obligada a compartir espacios laborales con su agresor. Como muchas, Vanessa prefirió renunciar a su trabajo al no obtener garantías para ejercerlo sin violencias, no sin antes dar una pelea legal, por ella y por todas. La corte fue enfática al decir que Vanessa “fue revictimizada en varias oportunidades, sin ofrecerle una opción de protección real, concordante con las obligaciones de prevenir, investigar y erradicar la violencia contra las mujeres periodistas”.
La corte ordenó a El Colombiano reintegrar a Vanessa en un cargo de igual o superior jerarquía y pagarle, así ella decidiera no regresar, la remuneración completa que dejó de recibir desde que se vio obligada a renunciar. Una medida de reparación ejemplar que varios medios deberían considerar cuando las mujeres prefieren alejarse de sus trabajos por la falta de garantías para ejercer sus profesiones y oficios en espacios laborales libres de violencias machistas, como ocurrió recientemente con Simona Sánchez, contratista de Radiónica. Y es que la sentencia habla específicamente de la discriminación que sufren las mujeres en el periodismo y de la importancia de tener más mujeres en los medios:
“Sin la presencia de las mujeres en el periodismo, la democracia se vería seriamente comprometida (…) La libertad de expresión sin la equidad de género permanecería reducida en sus alcances, pues dejaría de lado las voces y el entendimiento de más de la mitad de las personas que habitan el mundo”.
El caso de Vanessa nos trae a la denuncia realizada en Volcánicas por la realizadora de radio y podcastera, Laura Ubaté, quien en primera persona, cuenta su historia de acoso al interior de Radiónica, emisora del sistema de medios públicos de Colombia, RTVC. Al momento de sufrir acoso por parte de su entonces compañero de trabajo, Laura no contaba con las herramientas para nombrarlo así, como muchas, si no la mayoría de mujeres; aún así, informó a su supervisor, que evidenció total desconocimiento para atender este tipo de situaciones. Después de contarlo, ser revictimizada y ver cómo el sistema estaba hecho para protegerlos a ellos y no a las mujeres, decidió renunciar, al igual que Vanessa y muchas más. La columna de Laura llegó a otras mujeres que lograron identificar patrones que resonaron con sus propias experiencias y decidieron contarlas, confirmando que el acoso y conductas machistas de parte de empleados y contratistas de RTVC no eran casos aislados. Como resultado de ello, publicamos el reportaje RTVC: MACHISMO FUERA DEL AIRE, en el que queda se evidencia la ausencia de claridad en las rutas de denuncia y protocolos para atender y prevenir casos de violencia sexual en el sistema de medios públicas, así como el machismo normalizado y las conductas abusivas apalancadas en el poder mediático que pusieron en potencial riesgo incluso a oyentes de la emisora y menores de edad. Después de publicar el reportaje seguimos recibiendo casos.
Eso es lo que ocurre cuando las mujeres contamos nuestras historias y rompemos el silencio, y eso es lo que hace el periodismo feminista, un periodismo que, como explica Jineth, une fuerzas con el activismo para conseguir justicia. El periodismo feminista rompe el silencio, hace denuncia periodística con enfoque de género y destruye el relato que por siglos normalizó estas violencias, pero lo hace sin la revictimización con la que suelen denunciar las mismas violencias los medios herederos de ese relato de normalidad blanco, patriarcal y siempre cercano al poder. El periodismo feminista ha irrumpido con fuerza en Colombia para creerle a las víctimas desde el primer momento en que deciden romper ese silencio. Lo hicieron Las Igualadas, lo hacemos en Volcánicas, lo hicieron nuestras compañeras de Manifiesta, lo hemos hecho juntas también con Cuestión Pública, lo hacen las periodistas feministas que trabajan en medios hegemónicos y colegas que desde diferentes regiones asumen riesgos adicionales respecto a su seguridad. El periodismo feminista es, sobre todo, un acto colectivo, que no sería posible sin la confianza de las víctimas que nos buscan para compartir sus testimonios, o sin las abogadas feministas que defienden nuestro trabajo cuando se vuelve objeto de acoso judicial, otra herramienta al servicio de la violencia patriarcal con el único propósito de acallarnos y devolvernos al silencio.
Y es también nuestra respuesta ante la falta de justicia y garantías en el periodismo, que sigue siendo un escenario de discriminación y hostil para las mujeres, con horarios extremos incompatibles con las labores de cuidado y mayor riesgo para nuestra salud mental e integridad física por cuenta del acoso que puede llegar de parte de compañeros, jefes e incluso fuentes. Ahora creamos nuestros propios espacios y medios para poder ejercer nuestro trabajo, libres de violencias machistas. Según el informe de la CIDH ‘Mujeres periodistas y Libertad de expresión’, el periodismo es un oficio ejercido en su mayoría por hombres, en el que las mujeres suelen ser víctimas de comportamientos sexistas, en riesgo de agresión sexual y física que termina por traducirse en una censura indirecta, una censura y silenciamiento que resulta siendo doble, por ser mujeres y por ser periodistas, y además, colectiva. En palabras de la ex–relatora de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero: “al silenciar a las mujeres periodistas se silencian también aquellas historias que usualmente solo cuentan las mujeres”.
En Volcánicas conocemos muy bien esos intentos de censura y la violencia del acoso judicial. Tras la publicación de nuestro primer reportaje “Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”, en 2020, el cineasta Ciro Guerra emprendió una estrategia de acoso judicial en nuestra contra, instaurando una denuncia penal, una demanda civil y dos diferentes acciones de tutela sobre los mismos hechos. Un acoso que ha tenido muchas instancias y costos para el medio y el equipo, y también para las víctimas
Como resultado del segundo trámite de tutela, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá nos ordenó rectificar entregando más información de contexto para cada uno de los testimonios y eso hicimos: en mayo del 2021 publicamos una nueva entrega extendida, esta vez con nueve denuncias en contra del cineasta. En la primera publicación presentamos 14 testimonios y en la entrega extendida, 20 testimonios en total. Sin embargo, era evidente –como lo expresamos en la segunda publicación– que la denuncia cumpía desde el primer momento con los estándares periodísticos de verificación de información necesarios y que resultó, además de revictimizante, preocupante para todo el periodismo de investigación que los testimonios de las fuentes, corroborados y contrastados con documentos y testimonios complementarios, no fueran suficientes. La Corte Constitucional también lo notó, seleccionó dicha tutela para revisión y el pasado 31 de enero emitió la Sentencia T-452/22, fallando a favor nuestro y en contra de Guerra.
Se trató de una victoria sin precedentes para el periodismo feminista no solo en Colombia sino en toda la región, pues protege y garantiza la libertad de prensa, a las víctimas de violencia de género que deciden denunciar a sus agresores y a quienes creemos en ellas y acompañamos sus denuncias. La sentencia desestimó que la publicación del reportaje hubiera desconocido los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia de Ciro Guerra, y confirmó que el litigio iniciado por Ciro Guerra fue un caso de acoso judicial o abuso del derecho.
La corte dijo además que “el periodismo feminista, su responsabilidad social y la transmisión de denuncias sobre presuntos hechos de acoso, abuso o violencia sexual, como herramientas democráticas para propiciar la equidad de género, defender el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, y combatir la desigualdad estructural por razones de sexo y género.”
Esta noticia la recibimos el mismo día que conocimos el comunicado de RTVC, el sistema nacional de medios de Colombia, informando que no continuarán su relación laboral con Álvaro Gónzalez, “el profe” como director de Radiónica, uno de los nombres mencionados por varias mujeres en nuestro reportaje RTVC: MACHISMO FUERA DEL AIRE, por presuntamente abusar de su poder para intentar acceder sexualmente a oyentes de la emisora que dirigía. Después de conocer nuestro reportaje, RTVC anunció que abriría investigaciones y procesos disciplinarios, así que seguimos esperando los resultados de esas investigaciones. El anunció llegó, un día después de que se anunciara a Jenniffer Steffens como la nueva gerente del sistema de medios, después de meses de dilaciones en ese nombramiento y para el que sonaba muy fuerte otro presunto agresor, cercano al presidente Gustavo Petro: Hollman Morris.
Aunque el proceso civil y penal de Guerra contra las periodistas de Volcánicas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño continúa, el fallo de la Corte fue enviado tanto a la Fiscalía, encargada de la demanda penal, como al juzgado de Bogotá que tiene bajo su responsabilidad la demanda civil, a modo de lineamientos “sobre el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la administración de justicia y la necesidad de aplicar una perspectiva de género al resolver casos relacionados con escenarios de discriminación y violencia contra la mujer”.
Por estos pequeños grandes triunfos -que a muchas les costaron lágrimas, sufrimiento, dolor, salud física y mental, renuncias y pérdidas-, hoy, desde el periodismo feminista podemos celebrar que ahora el periodismo es un espacio un poco más seguro para las mujeres, las periodistas y las víctimas que confían en él para exponer sus historias, las historias de las mujeres, esas que el periodismo tradicionalmente no contaba o lo hacía desde una mirada hegemónica y patriarcal. Celebramos porque el periodismo feminista llegó para quedarse.
