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Este 21 de abril, casi 2 semanas después del inicio de la crisis diplomática en Ecuador por el asalto de la embajada mexicana en Quito, les ecuatorianes, a través de un plebiscito de 11 preguntas, pudieron votar a favor o en contra de la política militarista del gobierno de Noboa.
En un gobierno marcado por la violencia y la excesiva militarización con –supuestos– fines de seguridad, una de las poblaciones más afectadas son las mujeres y personas LGBT+.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México y el apoyo internacional por la vulneración del derecho internacional, sumado a la crisis del sistema energético que ha causado apagones en el país y la situación de inseguridad de Ecuador, resultó en un el plebiscito con mayor nivel de ausentismo en la historia del país. Aunque fueron 13 millones de ecuatorianes les convocades a votar en el referendo, más del 30% de las personas no asistieron a la jornada.
La condición de seguridad, o más bien, de inseguridad en Ecuador, es un tema de gran preocupación. Tan solo en enero de este año, Noboa declaró estado de excepción en el país y, en la noche del 7 de marzo, lo extendió durante 30 días. El 19 de abril, 2 días antes de las votaciones, el gobierno militarista volvió a declarar estado de excepción, esta vez por 60 días y como resultado de la crisis energética por la que atraviesa Ecuador. Así, plantearon evitar “ataques terroristas” contra la infraestructura de suministro eléctrico y aumentaron –aún más– la presencia de militares en las calles.
Por si no quedaba clara la estrategia militarista y punitivista de Noboa, uno de los puntos claves del plebiscito fue una enmienda a la Constitución que busca que las Fuerzas Armadas puedan actuar en conjunto con la Policía Nacional. O sea, una justificación para tener al ejército en las calles sin necesidad de declarar el estado de excepción –la estrategia favorita de Noboa para enfrentar la violencia con más violencia–. Justamente este punto recibió el 73% de votos a favor.
De hecho, en 9 de las 11 preguntas formuladas –precisamente las que apuntaban al recrudecimiento de las políticas de seguridad– ganó el sí, mientras que en sólo 2 –dirigidas a temas comerciales y de trabajo– ganó el no.
Los puntos que recibieron el apoyo de les ciudadanes fueron:
- Permitir la extradición de ecuatorianos
- El establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional
- Que las Fuerzas Armadas Realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente en la calle
- Incrementar las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recurso smineros.
- Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional
- Que las armas que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas
- Que el Estado proceda a ser propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado
Sin embargo, aún en pleno estado de excepción, la jornada no estuvo libre de violencia. Ese mismo día, el director de la cárcel El Rodeo fue asesinado en la provincia de Manabí, mientras almorzaba con su familia y, horas más tarde, los militares intervinieron un amotinamiento en la cárcel Los Ríos. Además, el hecho de que el plebiscito se da poco tiempo después de la crisis generada por la toma de la Embajada mexicana que vuelve a poner el foco en el tema de seguridad, no es ninguna casualidad.
El asalto a la embajada y el rompimiento de relaciones diplomáticas
Recordemos que durante la noche del 5 de abril, la Policía Nacional de Ecuador entró a la fuerza a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, fórmula de Rafael Correa durante los diez años de mandato Correísta. Glas estaba refugiado en la Embajada mexicana en calidad de ‘huésped’ desde el 17 de diciembre del año pasado y estaba a la espera de asilo político. Ese mismo día, en horas de la tarde, el gobierno de Manuel López Obrador (AMLO), había confirmado el status de asilado político de Glas, por lo que se esperaba que viajara de Ecuador a México en el transcurso de la noche.
Sin embargo, pocas horas después del anuncio de AMLO, cerca de 20 policías de grupos tácticos ingresaron a la Embajada forzosamente, tumbando la puerta y escalando los muros en busca de Glas. De acuerdo con Agentes de Inteligencia de Ecuador, tenían pruebas de un supuesto plan de fuga. A pesar de la resistencia de Glas a la captura y la oposición de Roberto Canseco, jefe de la misión consular de México que fue agredido durante el ‘operativo’, el político Correísta fue arrastrado fuera de la habitación e ingresado a uno de los carros blindados que lo esperaban fuera de la Embajada.
El asalto a la Embajada mexicana, ordenado por la Presidencia de Ecuador, fue el hecho que reventó la débil cuerda que mantenía las relaciones diplomáticas entre ambos países. Horas después del ingreso de las fuerzas policiales a la Embajada mexicana, López Obrador anunció el rompimiento de las relaciones entre ambos países por considerar el hecho una violación a la soberanía nacional. Un día después, el 6 de abril, AMLO declaró que México tomaría las medidas necesarias para denunciar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las violaciones de Ecuador al derecho internacional.
El apoyo a México por parte de organizaciones internacionales y países de latinoamérica también ha puesto sobre la mesa la amenaza de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y otros países de la región como consecuencia de la irrupción de la Embajada. La Organización de Estados Americanos (OEA) fue una de las primeras organizaciones en expresar su solidaridad con el Gobierno de México. En un comunicado publicado en su cuenta de X, mencionaron que rechazaban los hechos y reiteraban la “obligación que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Asimismo, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, los países que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), señalaron los hechos como una “inexcusable violación por parte del gobierno de Ecuador a la integridad territorial de la Embajada de México en Quito”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay también rechazó el asalto a la Embajada e hizo un llamado al diálogo entre ambos países. Por su parte, la Cancillería de Panamá y la Cancillería de Chile también expresaron rechazo y condenaron el accionar del Gobierno ecuatoriano.
El impacto de la militarización sobre las mujeres
La declaración del conflicto armado interno y las acciones violentas que se han realizado como ‘mecanismo’ de defensa a la seguridad, han resultado en detenciones, denuncias por violaciones de derechos humanos, desaparición de personas encarceladas y ejecuciones extrajudiciales. La militarización, como explica Thalía Ponce, periodista y editora de Indómita Media, ha dejado un mensaje claro con cada declaración de estado de excepción y cada despliegue militar: “se debe combatir la violencia con violencia”. Esto, según Ana Acosta, periodista de Wambra Medio Comunitario, “en el caso específico de las mujeres y las disidencias, ha implicado que existan denuncias de torturas y tratos crueles”.
Las afectaciones sobre los cuerpos feminizados van más allá de la violencia física. Las mujeres son las encargadas de los trabajos de cuidado, incluyendo el de las personas encarceladas. “Todos los efectos negativos que hay en la sociedad los vamos a terminar cargando nosotras. Los pagamos con nuestros cuidados, con nuestro trabajo y con nuestro cuerpo”, menciona Thalíe. A esto se le suma la situación de las mujeres familiares de jóvenes perseguidos, detenidos y estigmatizados. “Esto hace que las mujeres tengan que estar sosteniendo toda la violencia que pasó por el crimen organizado, pero también por la violencia estatal”, describe Ana.
Priorización de la guerra y relegación de los asuntos de género
Cuando la militarización se convierte en prioridad, todos los demás temas de la agenda quedan en segundo plano, especialmente cuando se habla de asuntos de género. Para Thalíe, la priorización, tanto discursiva, como operativa del presupuesto para la guerra ha resultado en una reducción del dinero disponible para la prevención de las violencias basadas en género. “Vemos también cómo los cuerpos de las mujeres que ya tienen un papel secundario para los Estados, para el Estado ecuatoriano, empiezan a relegarse a un plan aún más secundario”, comenta. Todo esto a pesar de las ‘promesas’ de Noboa sobre la priorización de la prevención de la violencia de género durante su gobierno.
El Ministerio de Derechos Humanos y de las Mujeres fue uno de los primeros ministerios a los que se les redujo el presupuesto. Mientras que todos los recursos posibles son dirigidos a las Fuerzas Armadas, MIlitares y de Seguridad, los espacios sociales, de educación y salud, de los que las mujeres son las principales beneficiarias, han quedado desfinanciados. “La compra de armas sí tiene presupuesto, pero se ha abandonado el trabajo de atención social, donde las mujeres son las principales beneficiarias”, señala Ana. De hecho, a pesar de que Noboa declarara las casas de acogida –encargadas de darle refugio a mujeres e hijes víctimas de violencia de género–, para este mes, aún no recibían el presupuesto para 2024, que garantiza su funcionamiento.
Aún bajo la excusa de militarizar para aumentar la ‘seguridad’, en 2023, la Fundación Aldea registró 321 feminicidios en Ecuador. De estos, 178 ocurrieron en el contexto del crimen organizado. “Las mujeres y los cuerpos de las mujeres se están viendo también directamente impactados por la presencia del crimen organizado en el país”, explica Thalíe. Para empeorar la situación, “no existe ninguna estrategia ni intención política para enfrentar esto”, añade. Frente a esto, las mujeres se tomaron las calles en el 8M, exigiendo que los temas de género no sean opacados por la violencia, resultado de la militarización desbordada.
Por otro lado, la creciente preocupación de la sociedad por la seguridad también ha desplazado las conversaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes a un segundo –por no decir tercer– plano. Recordemos que el 19 de marzo de este año, el Movimiento Justa Libertad de Ecuador, que replica la estrategia de Causa Justa en Colombia para la eliminación del delito del aborto en el Código Penal, interpuso una demanda para eliminar del Código Orgánico Integral Penal (COIP) el delito del aborto. Sin embargo, la conversación pública en Ecuador no ha priorizado este tema.
El asalto de la Embajada mexicana en Ecuador no es un tema exclusivamente diplomático ni desvinculado de las mujeres y personas LGBT+. Esto ha mandado un mensaje de que “los derechos en general no importan, que la ley se puede pasar por encima, que de una manera muy autoritaria se pueden pisotear los derechos de las personas”, menciona Thalíe. Si ni siquiera el derecho internacional, con “estándares tan claros, tiene validez, los derechos de las mujeres peor aún”, añade.
El aumento de la violencia, el desplazamiento de los temas de género en la agenda del gobierno ecuatoriano y una política punitivista, violenta y machista solo son una muestra del panorama de inseguridad que termina privilegiando un modelo hegemónico de masculinidad. Mientras que el mundo se preocupa por qué pasará con las relaciones diplomáticas de Ecuador tras la toma de la Embajada, deberíamos cuestionarnos, en palabras de Thalíe, “si ni siquiera somo capaces de cumplir cosas tan básicas como no invadir una Embajada, ¿qué podemos esperar que suceda con las decisiones que tienen que ver con nosotras?”.
