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Siguiendo las condenas contra Ecuador y Nicaragua por los casos Norma, Lucía y Susana en enero de 2025 y contra Perú en 2023 por el caso Camila, se hizo justicia para Fátima con una condena histórica contra Guatemala por forzar a una niña guatemalteca víctima de violencia sexual a la maternidad forzada.
Después de un trabajo colectivo sostenido por el movimiento Son Niñas, No Madres, durante más de seis años, las voces de estas cinco niñas que fueron obligadas a maternar, finalmente fueron escuchadas y respaldadas por la justicia internacional.
El caso de Fátima
Fátima era una niña de escasos recursos de Guatemala. Entre 2009 y 2010, cuando tenía 13 años, fue violada reiteradamente por un profesor que, para colmo, había sido funcionario del organismo encargado de proteger la niñez. Como resultado de este abuso, quedó en embarazo y fue obligada a llevarlo a término y parir, negándole su derecho a interrumpir ese embarazo. Fátima se vio obligada a dejar la escuela estando en embarazo, tras hostigamientos del personal educativo. Después, cuando quiso volver a estudiar, condicionaron su reingreso a la escuela a que se casara pues no iban a aceptar a una niña embarazada sin casarse. Y aunque ocupaba el primer lugar en rendimiento académico en el instituto, no le permitieron llevar la bandera en el desfile de las fiestas porque “qué iba a decir la sociedad de que había una niña embarazada en el instituto”. Fátima y su familia tuvieron que conseguir acompañamiento legal para que pudiera volver a estudiar.
Como resultado de la violencia sexual y el embarazo no deseado, Fátima tuvo ideas suicidas. Como si no fuera suficientemente violento todo esto, el personal de salud la maltrató, responsabilizándola del embarazo. Aún hoy, sufre las graves consecuencias de la violencia sexual, de una maternidad forzada y de no haber obtenido justicia y reparación en su caso pues la justicia ni siquiera ha logrado capturar al agresor.
Una condena histórica
En 2019, el caso de Fátima fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el movimiento Son Niñas, No Madres. Seis años después, este 5 de junio, el Comité emitió una condena contra el Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos de Fátima. Con esto, se reafirma un principio fundamental: ninguna niña debe ser forzada a enfrentar un embarazo y una maternidad no deseada.
La condena indica que, al forzar a Fátima a mantener un embarazo que ella explícitamente manifestó no querer continuar, el Estado violó sus derechos a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, a recibir información y a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, resalta que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, educativos y profesionales de las niñas, y restringe gravemente su derecho a una vida digna.
El Comité reconoció que la violencia sexual, el embarazo y la maternidad forzada que Fátima tuvo que enfrentar le causaron un sufrimiento extremo, que incluyó intentos de suicidio, y que la negativa del Estado a prestarle los servicios de salud reproductiva a los que tenía derecho constituyeron trato cruel e inhumano, y una forma de discriminación basada en estereotipos sobre la función reproductiva de las mujeres.
También se establecieron medidas de no repetición para evitar que ocurran otros casos como el de Fátima, una decisión especialmente relevante dado el preocupante panorama guatemalteco en materia de embarazo infantil. Entre 2018 y 2024, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) documentó más de 14.000 partos en niñas de 10 a 14 años (un promedio de 2.000 partos por año). La tendencia se mantiene, como lo evidencia el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), que entre enero y marzo de 2025 documentó 556 nacimientos en niñas del mismo rango de edad.
Entre las medidas que el Comité le exigió al Estado de Guatemala se encuentran:
– Garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, eliminando barreras médicas, judiciales y administrativas, así como fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico existentes.
– Emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral.
– Crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada, abarcando educación, salud y acompañamiento psicosocial.
– Crear un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia sexual y embarazos forzados para diseñar políticas públicas efectivas.
– Capacitar obligatoriamente al personal de salud, justicia y educación en temas de género, niñez y derechos humanos.
Un precedente fundamental
Esta decisión representa un nuevo hito en la garantía de los derechos humanos, no solo en el ámbito local, sino también a nivel global, pues obliga a Guatemala y a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a modificar su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que ninguna niña enfrente embarazos o maternidades forzadas.
“Esta condena constituye un precedente fundamental en la protección de los derechos humanos de niñas víctimas de violencia sexual y reafirma la responsabilidad del Estado de Guatemala en garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la no repetición. Este es un momento no solo para celebrar y reconocer este avance, sino para que el Estado guatemalteco dé inicio, sin dilación, al cumplimiento de las recomendaciones, adoptando medidas estructurales que impidan que ninguna niña sea forzada a ser madre”, dijo el movimiento Son Niñas, No Madres.
“Con la decisión del caso Fátima, las Naciones Unidas han reconocido algo que no podemos seguir ignorando: ninguna niña en este mundo debe ser forzada jamás a convertirse en madre. Nuestras niñas nacieron para aprender, para jugar, para soñar con futuros brillantes—no para maternar ni cargar con las consecuencias de la violencia. La maternidad forzada es una forma de tortura. Así lo ha establecido la ONU. Es deber de los Estados actuar en consecuencia para erradicar la violencia sexual, asegurar servicios de salud esenciales y garantizar la protección de los derechos de las niñas, incluido el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida. Hoy, en honor a la valentía de Fátima, le recordamos al mundo entero una verdad fundamental: Son niñas, no madres”, afirma Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
“Cada condena no solo es una reivindicación para las niñas que sobrevivieron a estas violencias, y que por años esperaron justicia de parte de los sistemas judiciales de sus países, sino también un faro de esperanza para miles que aún enfrentan un panorama de desprotección luego de sobrevivir a un evento tan doloroso como la violación. Con esta condena ratificamos el poder que tienen las voces de las sobrevivientes , la importancia de la lucha colectiva, y la urgencia de los abordajes integrales para prevenir que ninguna otra niña deba abandonar su infancia por una maternidad forzada”, señala Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del movimiento.
El Movimiento Son Niñas, No Madres hace un llamado urgente al Estado guatemalteco a cumplir con sus obligaciones internacionales e implementar todas las medidas necesarias para que ninguna niña tenga que ser forzada a renunciar a sus sueños y proyectos de vida para asumir una maternidad forzada.
